El lunes pasado, tres días después de que Bush anunciara una nueva ofensiva contra el
terrorismo en un fuerte militar, apareció sorpresivamente en escena
Richard Clarke, un "experto" de
la CIA que se desempeñó como
consejero de seguridad de cuatro presidentes estadounidenses y
como coordinador para la lucha antiterrorista,
diciendo que Bush y la Casa Blanca
ignoraron la creciente amenaza
que representaba Al-Qaeda,
y que sólo les obsesionaba la invasión a
Irak.
En una entrevista concedida al programa
"60 Minutes" de la cadena CBS, Richard
Clark dijo que "es ultrajante que el presidente esté buscando la reelección
basándose en que ha obtenido grandes logros contra el terrorismo cuando él lo
ignoró durante meses, y quizás podría haberse hecho algo para frenar los ataques
del 11S".

Además acusó a la
administración Bush de tratar de vincular a Irak con los atentados del 11 de
septiembre debido a su interés en derrocar a Sadam Hussein. Según Richard Clark,
"no hay absolutamente ninguna prueba de que Irak estuviese respaldando a Al Qaeda".
Coincidente con estas acusaciones, y durante una entrevista
concedida al programa "Meet the Press" de la NBC, el senador demócrata
Edward
Kennedy acusó a Bush de "distorsionar y manipular los informes de inteligencia
para llevarnos a la guerra, lo cual nos ha hecho retroceder en lo que se refiere
a la guerra contra el terror y a Al-Qaeda".
Rápidos de reflejos, los funcionarios y asesores
de Bush detectaron el origen de la
nueva maniobra en la relación política y comercial que une a Clarke con
Rand
Beers, el principal consejero y asesor de campaña de
John Kerry,
quien a la postre resultó el principal beneficiario de las promocionadas
denuncias del ex funcionario contra la administración republicana.
El
portavoz de la presidencia estadounidense, Scott McClellan,
acusó el lunes a Clarke de
favorecer a Kerry con sus denuncias,
y todo el gabinete de Bush salió a desestimar su rol en la Casa Blanca con el
argumento de que el ex funcionario nunca tuvo acceso a las reuniones claves donde
se decidían los temas de seguridad.
En el libro
"El precio de la lealtad’"escrito por el
periodista Ron Suskind con la colaboración del ex Secretario
del Tesoro, Paul O’Neill, éste
último acusaba al presidente George Bush de haber querido
deshacerse de Saddam Hussein desde su llegada al poder en enero
de 2001.
Ahora en otro libro titulado
‘Against All Enemies’ (Contra todos los enemigos), que se
puso a la venta en EE.UU., el ex asesor antiterrorista de
la Casa Blanca, Richard Clark, acusa al presidente de
ignorar las amenazas terroristas de Al Qaeda antes de los ataques del
11-S, de no haber hecho caso a los informes dejados por la
administración Clinton y de haber convertido a Estados Unidos
en un país menos seguro.
Utilizando este libro, y por medio de
nuevas presiones políticas, los demócratas volvieron a sentar
de nuevo a Bush en el banquillo de los acusados y
lo obligaron a que declare, el miércoles,
ante
una comisión del
Senado estadounidense que investiga los atentados del 11 de septiembre de 2001
en Estados Unidos.
La Casa Blanca negó las acusaciones de Clark
por medio de la asesora de Seguridad Nacional
, Condoleezza Rice, quien dijo que la administración Bush
continuó la
política antiterrorista del ex presidente Bill Clinton hasta que pudo
desarrollar la suya y recordó que Bush llevaba sólo 230 días en la presidencia
cuando tuvieron lugar los ataques terroristas del 11-S.
El vicepresidente de
EE.UU., Dick Cheney, afirmó
por su parte que Clarke desconocía gran parte de lo
que estaba sucediendo cuando trabajaba como asesor
de la administración Bush.
Asimismo, Cheney cuestionó
el desempeño de Clarke en su lucha contra el terrorismo, citando como ejemplo
los atentados en las embajadas estadounidenses en África Oriental en 1998 y
otros incidentes.

Los halcones en el
banquillo
Dos altos funcionarios del
gobierno de Washington -el secretario de Estado, Colin Powell y el secretario de
Defensa, Donald Rumsfeld, comparecen este martes ante una comisión del Senado
estadounidense que investiga los atentados del 11 de septiembre de 2001 en
Estados Unidos.
"Estas audiciones serán una
ocasión histórica para comprender como se ha producido el 11 de Septiembre
y nos ayudará en la formulación de recomendaciones encaminadas a hacer de EE.UU.
un lugar más seguro", ha estimado el vicepresidente de la comisión bipartita
conformada por 9 miembros, el antiguo representante demócrata Lee Hamilton,
uno de los promotores de la nueva estrategia contra Bush.
El objetivo de los dos días
de audiciones, martes y miércoles, es el de "preguntar sobre la formulación y la
conducción de la política de lucha contra el terrorismo con una atención
particular sobre el período que va de agosto de 1998, con los atentados contra
las embajadas americanas de Kenia y Tanzania, al 11 de Septiembre de 2001", han
explicado fuentes parlamentarias.
La Comisión, que acaba de
obtener del Congreso una ampliación suplementaria de dos meses, debe emitir su
informe final confidencial el 26 de julio y una versión pública a finales
de agosto.

Colin Powell
ya se ha presentado frente a la Comisión, donde afirmó que el equipo de Gobierno
de Bush tenía su atención puesta sobre la amenaza de la red terrorista Al Qaeda
incluso antes de asumir el poder, según informó la cadena CNN.
Powell indicó que cuatro
días después de que Bush lo designara secretario de Estado, funcionarios del
Gobierno saliente del presidente Bill Clinton se reunieron con él para ponerlo
al tanto de la información disponible sobre Osama Bin Laden.
George Tenet,
director de la CIA, comparecerá el miércoles,
en tanto que
Sandy Berger,
ex consejero para la seguridad nacional de Bill Clinton y Richard Clarke,
el denunciante, que ha
sido el director de la célula antiterrorista en las administraciones
de Clinton y Bush, serán igualmente entrevistados el miércoles.
La actual consejera por la
seguridad nacional, Condolezza Rice, rechazó testimoniar
públicamente ante la Comisión, argumentando
que su función no la
obliga a ser interrogada públicamente por el Congreso.
El presidente George
W.Bush y su vicepresidente Dick Cheney, así como sus predecesores,
Bill Clinton y Al Gore, aceptaron ser entrevistados en privado por el
presidente y el número dos de la Comisión.
Un miembro demócrata de la
misma,
Bob Kerrey,
ha indicado que preguntará a los responsables de las administraciones de Bush y Clinton "por las razones del uno y el otro para no declarar la guerra a
Al Qaeda" luego de los ataques mortales contra las dos embajadas americanas en
África en 1998.
¿Cuánto durará el show?
Difícilmente este show, armado con
fines electorales, consiga aclarar lo que, tanto demócratas como
republicanos, ocultaron celosamente sobre los verdaderos autores y el
objetivo central de los ataques terroristas del 11-S en Nueva York.
Ni al lobby judío del Pentágono, ni al
capitalismo financiero de Nueva York, ni a las armamentistas y petroleras
que se beneficiaron económicamente con las invasiones militares que se
implementaron tras el 11-S, les interesa saber lo que ya saben: que la CIA,
su "brazo terrorista" Al Qaeda, y la administración Bush fueron los
ejecutores y planificadores de ese hecho terrorista.
Lo que falta saber es si esta nueva
estrategia de campaña contra Bush, basada en las denuncias superficiales de
Clarke, les va a alcanzar a los demócratas para neutralizar la iniciativa
presidencial de explotar los atentados terroristas de Al Qaeda en favor de
la imagen electoral del actual jefe de la Casa Blanca.