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(IAR-Noticias)
26-Nov-05
 Los acuerdos de exploración de crudo que negocia el gobierno
iraquí con empresas multinacionales podrían representar pérdidas por 194.000
millones de dólares para ese país, y la transferencia de más de dos tercios de
sus reservas a manos de firmas extranjeras.
Por Emad Mekay
- IPS
"En síntesis, quienes obtendrán el control del petróleo iraquí serán Estados
Unidos, Gran Bretaña y sus empresas petroleras", dijo Steve Kretzmann, de la
organización Oil Change International y coautor del estudio "Diseños crudos: la
estafa de la riqueza petrolera de Iraq", divulgado el 22 de este mes.
 "Los perdedores son los iraquíes", agregó.
El informe afirma que, atando al gobierno interino de Iraq a un tipo de contrato
que da ventajas a los ejecutivos de las petroleras transnacionales, éstas se
asegurarán márgenes de ganancia de 42 a 162 por ciento, muchísimo más que las
metas usuales de la industria, establecidas en el entorno de 12 por ciento.
Las petroleras de Estados Unidos y Gran Bretaña presionaron por semejantes
márgenes para invertir en Iraq, citando la inseguridad y la inestabilidad
política que vive el país, ocupado militarmente por ambas naciones desde marzo
de 2003.
La resistencia violenta a la invasión, los ataques militares a civiles, los
secuestros y los atentados suicidas son moneda corriente desde entonces.
"El formato de los contratos es el más costoso y antidemocrático posible", dijo
Greg Muttitt, de Platform, una organización de vigilancia de la industria
petrolera con sede en Londres. "El petróleo de Iraq debería beneficiar al pueblo
iraquí, no a las empresas extranjeras".
Los contratos de reparto de producción (PSA, por sus siglas en inglés), suelen
tener una vigencia estimada de entre 25 y 40 años y están fuera de cualquier
control público.
Esta modalidad de acuerdos es defendida por algunos funcionarios iraquíes, según
los cuales darán vía rápida al desarrollo de la industria, muy deteriorada por
los embargos internacionales de los años 90 y por la guerra.
"Para obtener aumentos considerables en la producción de petróleo, necesitamos
contratos de reparto de producción", dijo el viceprimer ministro iraquí Ahmad
Chalabi.
Pero los críticos señalan que los términos de esos contratos, que promueven con
entusiasmo Estados Unidos y Gran Bretaña, prohíben a las autoridades locales
enmendarlos en el futuro y están sujetos a disposiciones de confidencialidad.
Desarrollado en los años de 1960, este formato de contrato mantiene la propiedad
legal de las reservas en manos del Estado, evitando acusaciones de que la
riqueza nacional es transferida a manos extranjeras.
Pero en la práctica, dan a las compañías petroleras los mismos resultados que
los acuerdos de concesión que reemplazaron. Los PSA aseguran a los inversores
impuestos fijos durante la vida del proyecto.
Los iraquíes no podrán impugnar los contratos en sus propios tribunales, porque
se requiere que todas las disputas sean ante tribunales internacionales
privados. Estos organismos suelen fallar con base sobre los intereses
comerciales, en lugar del interés de las naciones, el derecho internacional o
los derechos humanos.
"Este informe exige un debate completo y abierto en Iraq sobre la manera en que
van a desarrollarse los recursos petroleros, no acuerdos de 30 años negociados a
puertas cerradas", dijeron los autores en un comunicado.
Las empresas petroleras, respaldadas por el poderío de Estados Unidos y Gran
Bretaña, pueden aprovecharse más de la fragilidad institucional de Iraq,
añadieron.
"Las instituciones de Iraq son nuevas y débiles", dijo Muttitt. "La experiencia
en otros países muestra que las empresas petroleras generalmente obtienen
ventajas en las negociaciones de los PSA con los gobiernos. Las compañías
inevitablemente utilizarán la inestabilidad para presionar por términos muy
ventajosos y encerrar al país durante décadas".
La nueva Constitución iraquí, aprobada en octubre, abrió el camino a una
participación extranjera mucho mayor en las riquezas de crudo. Ya están en curso
las negociaciones con empresas, antes de las elecciones previstas para diciembre
y a la aprobación de una nueva ley petrolera.
El estudio señaló a un grupo de poderosos políticos y tecnócratas iraquíes que
están presionando por este sistema de contratos a largo plazo con las empresas
extranjeras. Estos arreglos "estarán fuera del alcance de los tribunales
iraquíes, del conocimiento público y del control democrático", advirtió el
estudio.
Los autores del informe afirman que sus hallazgos confirman lo que muchos
iraquíes creen desde hace tiempo: que una de las razones de la invasión liderada
por Estados Unidos fue el botín de guerra de Iraq: las terceras mayores reservas
petroleras del mundo.
"Muchos iraquíes creen que la guerra fue por el petróleo, y la opinión pública
está abrumadoramente en contra de la ocupación estadounidense, de modo que los
arreglos secretos con petroleras extranjeras sólo abonarán las causas de la
inestabilidad política", dijo el coautor del informe, Erik Leaver, investigador
del Instituto de Estudios Políticos, con sede en Washington, una de las
organizaciones que los auspiciaron.
Los PSA no son las únicas opciones disponibles, afirma el informe citando cifras
de la Agencia Internacional de Energía Atómica según las cuales, este tipo de
contratos se utilizan para explotar apenas 12 por ciento de las reservas
petroleras mundiales, la mayor parte en países con elevados costos de producción
y resultados de exploración inciertos.
El informe sugiere como alternativa que Iraq financie su producción firmando con
las empresas contratos con plazos más cortos y condiciones menos restrictivas.
Éstas podrían inclusive financiar la exploración con sus propios recursos o
apelar a préstamos internacionales, que pagarían con los futuros flujos de
crudo.
Si el país árabe, cuyos ocupantes se declaran promotores de la libertad, sigue
adelante con los PSA, "podría terminar entregando su democracia tan pronto como
la consiga", advierte el documento.
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