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El vicepresidente y su principal asesor en el centro de las denuncias

Se cierra el círculo sobre Cheney y las torturas

 

(IAR-Noticias) 01-Dic-05    

Hace dos semanas la revista Newsweek había revelado que David Addington, sucesor de Libby en la jefatura de gabinete, es el verdadero "autor" del memorando con que la Casa Blanca justificó los programas de tortura en Irak.

Esa revelación coincidió con una semana en que Cheney dijo a los parlamentarios republicanos estar muy molesto por la aprobación de una enmienda que prohíbe el tratamiento inhumano a terroristas detenidos.

Aseguró a los legisladores que esta ley ataría las manos del Presidente y terminaría costando “miles de vidas” y dramatizó el punto estableciendo un escenario en el que un operativo capturado de Al Qaeda, otro Khalid Shaikh Mohammed, rehúsa dar a sus interrogadores los detalles de un ataque inminente.

Antes de la reunión de Cheney con los senadores, y pese a la presión sobre la Casa Blanca para que revele detalles del llamado sistema encubierto de prisiones de la CIA, George W. Bush justificó enérgicamente  los programas de interrogatorio en la "guerra antiterrorista" y se opuso a la iniciativa del Congreso para proscribir la tortura.

Esta semana trascendió nuevamente que el vicepresidente  Cheney podría quedar en el centro de una investigación judicial por su presunta autorización de torturas contra prisioneros extranjeros, volvieron a reseñar medios y analistas estadounidenses citados por varias agencias.

Un prisionero, aterrorizado por un perro en la prisión de Abu Ghraib. (The Washington Post)Según acusaciones del coronel Lawrence Wilkerson, jefe de gabinete del ex secretario de Estado Colin Powell,  las órdenes que llevaron a militares norteamericanos a torturar presos en el Medio Oriente habrían partido del despacho de Cheney,

Wilkerson señaló en rueda de prensa que había hallado rastros de una serie de directivas de colaboradores del Vicepresidente donde se consentía la tortura. Tales recomendaciones fueron dirigidas al Departamento de Defensa, apuntó.

Estas orientaciones contradicen formalmente una disposición del presidente George W. Bush, de 2002, cuando dictaminó que el ejército estadounidense debía respetar la Convención de Ginebra en relación con los abusos contra reclusos.

Lawrence Wilkerson acotó que las directivas fueron redactadas en términos prudentes, pero daban libertad de acción a los comandantes en los escenarios bélicos de Irak y Afganistán.

También el diario The Washington Post comentó recientemente que Cheney había intercedido en el Congreso para que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fuera liberada de respetar una ley antitortura.

El senador demócrata Edward Kennedy apoyó enmiendas parlamentarias en contra del martirio de prisioneros, y recordó que el escándalo por los abusos en la prisión iraquí de Abu Ghraib se debió precisamente a la ausencia de una guía legal en el Ejército.

Hasta hace muy poco la propia autoridad de Cheney se había mantenido incólume en el Washington republicano.

Pero una parte de los senadores republicanos, conscientes del giro de desgaste que han experimentado el presidente y el vicepresidente, comienzan a desafiar abiertamente su política de línea dura, como sucedió con la presentación de la "enmienda anti-tortura".

”ImagenVarias figuras poderosas, en la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono, ahora se están alejando, preocupados por el escándalo que envuelve a Bush y a Cheney en varios frentes.

Todo este proceso, y la encarnizada campaña mediática llevada a cabo por los medios opositores a Bush con los influyentes The New York Times  y The Washington Post a la cabeza, agrega combustible a la guerra por el poder lanzada por los demócratas aprovechando la caída pronunciada del presidente George W Bush en las encuestas.

Fotos que mostraban a un iraquí con electrodos atados al torso, hombres desnudos simulando actos sexuales, y el cadáver de la víctima de una paliza, desencadenaron este año una serie de condenas internacionales que indujeron los debates en el Senado.

Los informes sobre las arbitrariedades son demasiado numerosos como para ignorarlos, expresó el senador Kennedy (el primero que anticipó el "sindrome Vietnam" para Irak) , al comentar las imágenes que suscitaron la ira de la comunidad mundial, particularmente en árabes y musulmanes.

Según explicó el director de la CIA, Porter Goss, los métodos de interrogatorio de la Agencia son "únicos", pero entre ellos no figura ningún tipo de suplicio contra seres humanos.

En una entrevista citada por el diario USA Today, Goss repitió la justificación de la administración Bush y el argumento de la polémica lucha antiterrorista, pero no reveló indicios sobre las "técnicas" empleadas por la CIA para extraer información.

La semana pasada The Washington Post reveló que  la CIA mantiene prisiones secretas en países de Europa Oriental y de Asia para interrogar a sospechosos de ser miembros de Al Qaeda.

La revelación hizo que nuevamente la atención se concentrara en en el vicepresidente Cheney y su nueva "mano derecha".

No por casualidad, quien acompañaba a Cheney en sus reunión con los senadores de la semana pasada, era el remplazante de Lewis Libby en la jefatura del gabinete vicepresidencial: David Addington.

Al estar Libby "fuera del tablero de jugada" (renunció a causa del "Cia-gate) , el vicepresidente ascendió a David Addington, un asesor leal, para que reviste como su nueva mano derecha y  Jefe de Estado Mayor.

Addington, un halcón de ultraderecha,  ha estado al lado de  Cheney  desde la década de 1980, cuando Cheney era miembro del Congreso y Addington revistaba como abogado del comité de Inteligencia de la Cámara.

Cuando Cheney fue nombrado Secretario de Defensa, bajo el mandato del primer presidente Bush, Addington estuvo a su lado, y desde entonces se convirtió en uno de sus hombres de máxima confianza y vivió a la sombra del vicepresidente.

Addington, considerado un "adicto al trabajo", quien, al contrario de Libby, luce bajo perfil y rehuye a los reporteros, es, aparte de Cheney, el principal defensor de la utilización de programas de tortura contra los "sospechosos de terrorismo".

Luego se conoció que David Addington fue el verdadero autor de uno de los "memorandos sobre tortura" de la Casa Blanca, en los que se sostenía  que el presidente George Bush tenía la autoridad de violar las Convenciones de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra, en la "guerra contra el terrorismo".

La revelación de que Addington fue el autor del borrador del memorando del 25 de enero de 2002 dirigido al Presidente, apareció el 3 de julio en un reportaje de internet del semanario  Newsweek.

Un asistente anónimo del entonces asesor jurídico de la Casa Blanca, Alberto González, le dijo a Daniel Klaidman de Newsweek que "el memorando en realidad no lo escribió González, sino el principal abogado de Dick Cheney, David Addington, un halcón muy agresivo".

El memorando que firmó Alberto González decía que la lucha contra el terrorismo es una "guerra de nuevo tipo", que "hace obsoletas" y hasta "peregrinas" las provisiones de Ginebra.

Fue Addington el "verdadero autor"  del memorando de Alberto González de enero de 2002, que argumentaba que los combatientes talibanes y de Al Qaeda capturados no deberían ser amparados por la Convención de Ginebra.

Según Newsweek fue Addington quien estuvo detrás de la orden presidencial que establecía los tribunales militares y fue él quien argumentó apasionadamente que el Presidente posee poderes casi ilimitados en tiempos de guerra, un punto de vista que fue deletreado en el “Memorando sobre torturas”, y del que la administración Bush se vio forzada, en su momento, a retractarse bajo la presión pública.

Addington, cercano colaborador del embajador estadounidense en la Organización de las Naciones Unidas, John Bolton, muestra un abierto desprecio hacia el derecho internacional.

El funcionario fue criticado por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch por defender dentro del gobierno de George W. Bush la exclusión de todos los detenidos en el marco de la "guerra contra el terrorismo" de todo derecho a proceso justo y de las protecciones de la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra.

Según la publicación National Journal, Addington se ha resistido en forma constante -y hasta ahora exitosa, pese a las objeciones de algunos consejeros de Bush- a entregar al parlamento la información de inteligencia que manejó la Casa Blanca antes de lanzar la guerra contra Iraq, en marzo de 2003.

Tanto Cheney como Addington (ahora su jefe de gabinete) , utilizaron su influencia posteriormente para aplastar las ideas de cambio.

Según la agencia IPS,  Addington trabajó para Cheney en diversos "puestos" desde mediados de los 80, cuando éste era miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, defendiendo al presidente Ronald Reagan (1981-1989) en el escándalo "Irán-Contras", la venta encubierta de armas a Irán y el uso de esas ganancias para financiar la contrarrevolución nicaragüense.

El nuevo jefe de gabinete del vicepresidente es un fuerte defensor del unilateralismo en la política exterior de Washington y de la extensión del poder presidencial, sobre todo en tiempos de "guerra".

Según informes noticiosos y testimonios ante el Congreso, altos funcionarios del Pentágono, incluyendo a Rumsfeld y al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea estadounidense Richard Myers, fueron informados de la existencia de fotografías y videocintas de las torturas en Abu Ghraib en una llamada que les hizo por la línea confidencial el general John Abizaid, jefe del Comando Central, a mediados de enero de 2004.

Ya desde el 1 de julio de 2003, cuando Amnistía Internacional dio a conocer un informe en el que acusaba al Ejército estadounidense de someter a los prisioneros iraquíes a condiciones "crueles, inhumanas o degradantes", se sabía de las torturas.

Cuando el Pentágono nombró el 31 de enero al general Antonio M. Taguba para que dirigiera una investigación formal sobre las torturas en Abu Ghraib, altos funcionarios militares y civiles del departamento de Defensa intentaron evitar que la historia llegara al público.

Dentro del gabinete de Bush, el vicepresidente Cheney y sus dos inmediatos consejeros, Libby y Addington, fueron los impulsores y sostenedores de que los programas de interrogatorios no se modificaran.

Nesweek afirma que  los abogados de la administración intentaron sin suerte convencer a Cheney y Addington de que se retractaran de la política de negar a los “combatientes enemigos” el acceso a apoyo legal.

Tanto Cheney como Addington se siguen rehusando, y el vicepresidente, utilizando su influencia, sigue proyectando su voluntad personal en las decisiones presidenciales de George W. Bush.

Con las denuncias que se van sumando en su contra, analistas en Washington estiman como altamente probable que Cheney -en el corto plazo- sea citado en algún tribunal de justicia  para responder preguntas sobre los programas de tortura en las cárceles secretas de EEUU.

 

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