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(IAR-Noticias)
25-Jul-05
 Informe especial
Las
dos cámaras del Congreso de EEUU lograron el jueves un acuerdo para prorrogar la
controvertida y cuestionada ley "antiterrorista" conocida como "Patriot
Act" ("Ley Patriota") antes de que expiren dos de sus conflictivas cláusulas
a finales de año, informaron fuentes legislativas citadas por agencias
internacionales. Esta legislación represiva
que se aprobó el 26 de octubre de 2001,fue introducida como respuesta a los ataques producidos el 11 de septiembre
de 2001 y otorga superpoderes poderes sin precedentes a los aparatos de seguridad para
investigar y detener indiscriminadamente a "sospechosos" de actos
relacionados con el "terrorismo".
La Cámara de Representantes y el Senado negociaron el pacto de prórroga,
especialmente de los apartados de la "Ley Patriota" que dan carta blanca al
espionaje de EEUU para grabar clandestinamente conversaciones telefónicas de
los ciudadanos sospechosos de "terrorismo".
Otro de los capítulos polémicos que será prorrogado antes de que expire el 31 de
diciembre es el que autoriza órdenes judiciales secretas para escudriñar
libros, documentos y otros artículos en negocios, hospitales y algunos
instituciones, como bibliotecas, dentro de la lucha contra el terrorismo.
Bajo el acuerdo, la vigencia de ambos capítulos ha sido extendida por un
período de cuatro años, según dijeron fuentes de los partidos demócrata y
republicano que hablaron con la condición del anonimato, ya que todavía no se ha
hecho el anuncio oficial.
El Gobierno de Bush ha defendido la "Ley Patriota" como el mejor y más eficaz
instrumento con que cuenta EEUU en su "lucha contra el terrorismo".
"La Ley Patriota es fundamental en nuestros esfuerzos para combatir el
terrorismo y proteger a los estadounidenses", señaló el mandatario
estadounidense al iniciarse las negociaciones entre las doas cámaras
legislativas para prorrogar el instrumento legal represivo.
Los efectos represivos de la Ley
Patriota
 Cuando
fue aprobada la Ley Patriota los ciudadanos norteamericanos y
residentes en el país vieron vulnerados y pisoteados sus
más elementales derechos humanos y libertades civiles.
Las
metodologías represivas utilizadas por las autoridades
y los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría, en plena euforia del
"anticomunismo" paranoico, volvieron a ser implementadas por
la administración Bush utilizando como pretexto el ataque
terrorista del 11-S en EEUU.
Al igual que la criminal Ley McCarthy-Walter,
empleada durante la Guerra Fría, la USA Patriot socavó las libertades públicas y
civiles en EEUU, desató una "cacería de brujas " contra la
comunidad islámica, y convirtió al país en una orgía desatada del espionaje
represivo.
Siguiendo las pautas establecidas por
la política del gobierno de Bush tras los ataques terroristas del 11 de
septiembre, el FBI argumenta que se ve obligado a poner
en práctica estas medidas debido al estado de "guerra
contra el terrorismo", la que -según el criterio oficial-
está por encima a todas las libertades civiles fundamentales, inclusive
la Primera Enmienda a la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y
la asociación libre.
Para las víctimas,
este espionaje no es más que la resucitación del maccartismo,
cuyo objetivo es silenciar a los los grupos, activistas
y dirigentes que se oponen a la estrategia belicista y las distintas políticas
represoras de la administración Bush.
 Desde la arbitraria detención de los
ciudadanos sin una acusación formal, la persecución de inmigrantes, procesos
judiciales sin garantías y en secreto, sin excluir la detención indefinida
sin juicio, hasta la más feroz persecución de
"sospechosos" sin pruebas, volvieron a predominar en
el panorama político norteamericano.
La Ley Patriota otorga
al gobierno la potestad de imponer "orden mordaza" a las personas e
instituciones que son obligadas a dar registros e información bajo pena de
cárcel si se niegan.
Amparado en esta ley, desde
mediados del año 2004 el FBI ha puesto en práctica planes
y operaciones de espionaje interno orientados a intimidar y agredir a
los adversarios de la política belicista
del gobierno de Bush.
La metodología de persecución, acopio de información y
procedimientos operativos se basan en postulados de la "guerra
contraterrorista" externa. Se identifica a los adversarios de Bush como
incursos dentro de un "eje del mal" interno que amenaza la seguridad nacional
de EEUU.
La metodología "contraterrorista" del FBI
aplicada contra los activistas "antiguerra" busca
crear cierta mentalidad para confundir al terrorismo
externo con toda oposición que pueda producirse dentro del
país.
La premisa básica es que toda persona
que se oponga a la política extranjera o interna del gobierno es, por
obligación, culpable de auxiliar e incitar a los terroristas.
Creada
a partir del "atentado terrorista"
a las Torres Gemelas, la legislación avasalla y quebranta
el derecho de amparo otorgado por la Constitución, la
cual impedía las persecuciones arbitrarias así como los
registros y arrestos ilegales.
La
Patriot USA de Bush permite que,
sin autorización expresa, todas las dependencias
represivas (policiales o de inteligencia)
tengan acceso a correos electrónicos, conversaciones por teléfono y
hasta videos de las actividades cotidianas de cualquier ciudadano.
Todo este
espionaje lanzado sobre cualquier ciudadano, puede ser presentado sin más
trámite como
prueba y testimonio ante un gran jurado.
La suspensión de los
derechos civiles, tanto como la manipulación masiva de la
psicosis
"antiterrorista" a través de
los medios de comunicación, fueron utilizados por la
administración Bush como argumento principal para
justificar las invasiones y ocupaciones militares
en Afganistán e Irak.
En el
presente se la sigue utilizando para justificar las persecuciones represivas
contra los opositores internos, y constituye la piedra basamental de las
"guerras contraterroristas" (doctrina de la Guerra Preventiva) lanzadas por
el Imperio norteamericano para apoderarse de recursos estratégicos en todo el
planeta.
La
imposición de la "Ley Patriot" a los gobiernos latinoamericanos
constituye el "marco legal" de la "Guerra Contraterrorista" que la CIA, el
Pentágono y el Departamento de Estado ya están aplicando en Latinoamérica.
El ex Fiscal
de la nación, John Ashcroft, compareció ante el Comité Judiciario del
Senado en diciembre, 2001, para explicar
la lógica en la que el gobierno se basaba para
adoptar las medidas dictatoriales de "seguridad interna".
Ashcroft defendió las acciones del
gobierno para crear tribunales militares secretos en los cuales enjuiciar a
individuos acusados de ser terroristas y puntualizó que todo el
que criticara esas medidas "le estaba dando munición a los
enemigos de Estados Unidos".
Luego formuló una
advertencia: "A aquellos que les gusta asustar a la gente que aman la
paz con el fantasma de las libertades que han desaparecido les tengo este
mensaje: las tácticas de ustedes sólo ayudan a los terroristas, pues socavan
la unidad nacional y disminuyen nuestra determinación". [Ver en inglés
“Ashcroft
defends Bush’s war against the Constitution: Tells Senate hearing that critics
‘aid terrorists’”].
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Prorroga
de la "Ley Patriota" en EEUU
