|
(IAR-Noticias)
22-Dic-05
Prensa Latina
 El obispo de Misiones, Mario Medina, le solicitó al
presidente paraguayo, Nicanor Duarte, que autorice la búsqueda en cuarteles
militares de restos de detenidos-desaparecidos de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Organizaciones de derechos humanos imputan al régimen al menos 900 asesinatos,
entre ellos 200 desaparecidos, millares de presos políticos y más de un millón
de exilios forzados.
"Visité al presidente Nicanor Duarte para que en su condición de comandante en
jefe de las fuerzas de seguridad permita que los miembros de nuestra Comisión
Verdad y Justicia ingresen a los cuarteles", refirió el prelado a la prensa.
Explicó que la asociación tiene el respaldo de la Cancillería y el Congreso, y
que fue "creada para encontrar a los desaparecidos y permitir que sus familiares
pusieran fin al duelo".
La Comisión tiene pruebas de la existencia de "una alianza macabra (Operativo
Cóndor) durante los años 60 y 70 entre las dictaduras militares de la región
(Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil) para el intercambio de presos
políticos y su eliminación física".
Según los informes de Medina, las unidades de Infantería y Caballería "estaban
complotadas".
También Santiago Rolón, presidente de la Comisión de Víctimas por Torturas,
aseguró que poseen una "lista inicial de 38 desaparecidos de opositores quienes
ingresaron vivos a las unidades de seguridad y nunca más los vimos salir vivos o
muertos".
El miércoles, representantes de la Comisión Verdad y Justicia se manifestaron
en el Palacio de Justicia contra el comisario Lucilo Benítez, a quien
identifican como "uno de los más reconocidos torturadores policiales".
Rolón recordó que el militar fue condenado a 25 años de cárcel en 1991 por
violación de derechos humanos, pero que una jueza recibió una solicitud para
cumplir prisión domiciliaria.
"Pedimos a la jueza Ana María Llanes que no envíe a su casa a este torturador y
que, por el contrario, lo siga manteniendo en la cárcel", reclamó en una
conferencia de prensa.
Stroessner, por su parte, vive exiliado en Brasil desde su derrocamiento por un
movimiento cívico-militar en 1989.
En cuatro oportunidades, la justicia paraguaya ha solicitado la detención y
extradición del ex dictador de 94 años, por la desaparición de tres opositores
que habrían sido arrestados durante la Operación Cóndor.
Otras ordenes de extradición fueron emitidas en 2000 (por el asesinato del
médico Agustín Goiburú), en el 2001 (por el secuestro y muerte de dos personas
en 1976), y en agosto de 2002, por el crimen de una mujer en 1979.
Asimismo, hace dos años el juez penal paraguayo Arnaldo Fleitas ordenó a la
jefatura de la policía que, a través de la Interpol, proceda a la captura en el
ámbito internacional de Stroessner, en una causa por tortura y muerte.
El juicio fue promovido por el abogado Martín Almada, secuestrado por la policía
política del ex general en diciembre de 1974 a causa de una tesis doctoral
presentada por el afectado sobre el sistema educativo paraguayo.
|
EN VIVO
TELEVISION
