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(IAR-Noticias)
19-Dic-05
Presionado por la comunidad internacional y el
Congreso legislativo, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, contuvo
su repugnancia y aceptó la prohibición de la tortura contra los detenidos en su
"guerra contra el terrorismo"
Por William Fisher - IPS
El mandatario, que durante varias semanas insistió en que las fuerzas
estadounidenses debían contar con diversas "herramientas" para obtener
información de los sospechosos de terrorismo, cambió de opinión ante la presión
del senador John McCain, del gobernante Partido Republicano.
McCain, quien fue prisionero de guerra en Vietnam (1964-1975), propuso incluir
una prohibición al "tratamiento cruel, inhumano o degradante" de toda persona
bajo custodia estadounidense, dentro o fuera del país, en la ley de gastos del
Departamento de Defensa para la ocupación de Afganistán e Iraq.
La moción de McCain fue sancionada el jueves en la Cámara de Representantes por
308 votos contra 122, tras ser aprobada por el Senado por 90 votos contra nueve.
La decisión del Congreso legislativo envió así una fuerte señal al presidente
Bush, quien finalmente abandonó la idea de vetar la ley tras reunirse el jueves
en la Casa Blanca con el propio McCain para analizar la situación.
La administración, en especial a instancias del vicepresidente Dick Cheney,
había procurado un compromiso de los legisladores para exceptuar a la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) de la prohibición a las torturas.
Pero la abrumadora mayoría en el Congreso a favor de la propuesta de McCain
limitó drásticamente las opciones de la Casa Blanca.
"No podemos torturar y retener una moral elevada. No debe haber torturas ni
excepciones", señaló el representante John Murtha, del opositor Partido
Demócrata.
La enmienda de McCain también exige a todos los funcionarios del Departamento de
Defensa que sigan al pie de la letra las pautas incluidas en el Manual de Campo
del Ejército referidas a interrogatorios.
El manual está bajo revisión, y se pretende incluir en él 10 páginas con
especificaciones para que los soldados sepan diferenciar claramente entre los
métodos legales y los ilegales de interrogatorio.
Las nuevas reglas prohíben prácticas que antes no habían sido mencionadas
explícitamente, como obligar a los prisioneros a adoptar posturas corporales
humillantes o amedrentarlos con perros.
Doscientos representantes demócratas, 107 republicanos y un independiente
apoyaron una moción de Murtha para designar a un grupo de legisladores que
negocien esos cambios con el Departamento de Defensa. Contra la propuesta
votaron 121 republicanos y un demócrata, el representante del sudoriental estado
Georgia, Jim Marshall.
Murtha señaló que mediante torturas con frecuencia se obtiene información falsa,
ya que el detenido "dice lo que los interrogadores quieren escuchar" para poner
fin a su dolor.
El legislador dijo creer que con estas técnicas de interrogatorio se obtuvo
información de inteligencia errada que llevó a Washington a afirmar que Iraq
poseía armas de destrucción masiva antes de la invasión a ese país en 2003.
Luego de esa invasión, las torturas cometidas por soldados estadounidenses se
confirmaron tras la divulgación de una serie de fotografías de abusos a
prisioneros en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Luego fueron revelados casos
similares en la base militar de Guantánamo, Cuba, y en otras prisiones de
Afganistán e Iraq.
El Departamento de Defensa realizó unas 15 investigaciones independientes sobre
torturas, procesó a varios uniformados de bajo rango y degradó y reprendió a
varios oficiales superiores, incluyendo al general a cargo de Abu Ghraib.
Críticos acusan a la Casa Blanca y al Pentágono (sede del Departamento de
Defensa) de haber creado deliberadamente un ambiente en el que los soldados
pierden la noción de lo que pueden y lo que no pueden hacer al interrogar a los
detenidos. También acusaron al Ejército de no haber entrenado adecuadamente a
sus efectivos y, en algunos casos, usar a mercenarios que no están obligados a
respetar las reglas militares.
La preocupación aumentó luego de que el periódico The Washington Post reveló que
la CIA estaba utilizando sus aviones secretos para trasladar a sospechosos de
terrorismo a cárceles clandestinas en Europa oriental.
El diario señaló que estos "prisioneros fantasmas" no están registrados ni
tienen acceso a abogados, familiares o al Comité Internacional de la Cruz Roja.
Aunque The Washington Post no mencionó a ningún país en particular, trascendió
que esas cárceles podían estar ubicadas en Polonia y Rumania.
El periódico informó que los prisioneros eran continuamente torturados con
técnicas como la de la "tabla de madera" (waterboarding), una de las variantes
del "submarino" en la cual se ata al interrogado a una tabla y se lo hunde en
agua hasta el límite del ahogo.
También se aplican ejecuciones simuladas, reclusiones prolongadas en calabozos,
amenazas con perros y la llamada "celda fría", en la que los prisioneros son
puestos desnudos en habitaciones con bajas temperaturas y mojados con agua
helada.
Durante la última visita a Europa de la secretaria de Estado (canciller) de
Estados Unidos, Condoleezza Rice, la práctica de las torturas en las cárceles
secretas fue asunto central de casi todas sus conferencias de prensa.
El Consejo de Europa, entidad política de 46 naciones que defiende los derechos
humanos y la democracia, calificó el miércoles de "creíbles" los informes sobre
las prisiones secretas. El Consejo investiga el asunto en forma paralela al
Parlamento Europeo.
Las revelaciones impactaron sobre todo en Alemania, donde el ciudadano Khaled Al
Masri presentó una denuncia contra el ex director de la CIA, George Tenet, por
haber permitido que sus agentes lo secuestraran y lo llevaran contra su voluntad
desde Macedonia a Afganistán, donde estuvo incomunicado por cinco meses.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos presentó una demanda en
este país en nombre del ciudadano alemán.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise
Arbour, sostuvo que el combate estadounidense al terrorismo socavaba la
histórica prohibición internacional de la tortura y de otras formas de trato
cruel o degradante de los prisioneros.
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