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13Dic03 (IAR-Noticias)
La
inesperada "confesión"
de un ex secretario parlamentario de la Cámara, Mario
Pontaquarto, sirvió para reeditar una denuncia por cobro de
coimas en el Senado de la Nación Argentina.
El ex funcionario
dijo a una revista
oficialista que él fue quien entregó a senadores del PJ y de la UCR cinco
millones de pesos para asegurar la aprobación una ley de reforma laboral en
abril de 2002.
Los senadores involucrados
-que ya no están en el Congreso- pertenecieron al bloque "menemista", como es el
caso de Augusto Alasino, José Ramón "Palito" Ortega, y José Luis Gioja, actual
gobernador de la provincia de San Juan.
Ese escándalo terminó con las renuncias del entonces
vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez, el ex ministro de Trabajo Alberto
Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, y el desplazamiento de
senadores peronistas y radicales de los lugares de poder que entonces ocupaban
en la cámara.
La
declaración involucra al ex presidente Fernando De la Rúa (a quien le
responsabiliza de haber dado la orden), a Flamarique ("Genoud me dijo que los
700.000 eran para él y Flamarique"), a Santibañes y a varios senadores del
PJ que ya no están, entre ellos el jefe de bloque Augusto Alasino.
También agregó el declarante
"arrepentido" que él personalmente llevó el dinero a
la casa del entonces senador Emilio Cantarero, quien habría hecho la
distribución de la coima.
Y -alimentando el clima de "revelación"- dijo que
Cantarero le dio una lista firmada con nombres y montos de dinero a
repartir, entre los que estarían Alasino, Alberto Tell, Remo Costanzo, Julio San
Millán, Carlos De la Rosa, Beatriz Raijer y José Luis Gioja, flamante gobernador
de San Juan.
Para reforzar el condimento "novelesco" Pontaquarto dijo que
se enteró que dos agentes de la SIDE retiraron más de 6 millones del Banco
Nación unos días antes de la aprobación de la ley en cuestión. Pero
afirmó que a él le dieron solamente cinco. O sea que un millón de pesos
se quedó por el camino.
El funcionario "arrepentido" declaró anoche ante
el juez Norberto Oyarbide (reemplazante del ausente Rodolfo Canicoba Corral) y
los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, tras haber conseguido
previamente la eximición de prisión.
Desde la tarde - y por medio
de una impresionante cobertura- los canales de noticias y las radios
presentaron el caso como la más importante "revelación en la causa" que
estaba a punto de cerrarse por "falta de pruebas" sobre las sospechas que
rodearon a la votación de la reforma laboral en abril del 2000.
Los conductores radiales y
televisivos concentraron la atención masiva presentando al caso como un
saludable "triunfo de la Justicia" que abre una nueva perspectiva de
combate contra la corrupción en la Argentina.
La declaración de Pontaquarto es publicada
en la edición de hoy por la revista TXT, que retrasó un día su salida.
Como parte del "escenario" montado, la entrevista de la
periodista Fernanda Villosio se realizó con el asesoramiento profesional del
estudio Wortman-Jofre que el semanario proveyó al arrepentido, y un acuerdo
para facilitar la salida del país de la familia de Pontaquarto por el temor
a represalias.
Por la tarde, y como parte de
ese mismo escenario, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández (quién
llamativamente había
recibido al denunciante en su despacho antes de su exposición ante el juez)
salió a efectuar declaraciones que concitaron previamente una "gran
expectativa nacional" a través del bombardeo mediático con que fueron
anunciadas.
En una rueda de consulta
off the récords que realizamos con senadores y diputados, la impresión
generalizada es que se trata de uno de los tantos montajes que
utiliza el Gobierno de Kirchner para distraer la atención pública y
seguir cosechando imagen de "ejecutivo y justiciero".
La mayoría coincidió en que
judicialmente las declaraciones del "arrepentido" no representan ninguna prueba
contra los acusados, salvo la espectacularidad mediática que les dio
trascendencia pública. "Nadie firma un recibo de coima, es palabra contra
palabra", coincidían más o menos todas las apreciaciones.
Si bien las coimas
existieron -agregan algunos- no hay manera de probarlas dado que ninguno
de los protagonistas se "va a autoincriminar" voluntariamente.
Lo más probable es que
distraigan la atención de la sociedad con la detención de algún "perejil",
o
hagan un show mediático con la citación judicial o la "prohibición de
salir del país" de los involucrados, sostiene la mayoría.
En cuanto al funcionario
"arrepentido" que efectuó la denuncia, los que lo conocen de su paso por
el Senado afirman que "está quebrado" económicamente, y que la denuncia
lo habría hecho a cambio de dinero oficial.
Citan como "llamativo" que no
bien terminó su exposición ante el juez, este dictó -pese a la repercusión
política de la denuncia- su eximición de prisión en el acto.
A esta desvalorización
jurídica de las denuncias del ex secretario parlamentario, se agrega la
propia condición de "participante" del hecho denunciado.
Además
-agregan- el 1º de diciembre pasado Pontaquarto
fue exonerado por el
vicepresidente Daniel Scioli, porque no devolvió los 36.200 pesos que se le
habrían adelantado para un viaje a Portugal que no realizó.
El otro punto de sospecha de
"connivencia con el Gobierno" del declarante está motivado por la
estrecha vinculación que lo une
con el ex
vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez. El ex segundo de De La Rúa mantiene una
aceitada relación con el Gobierno de Kirchner quién trató de colocarlo sin
suerte en un alto cargo diplomático en la OEA.
Nadie duda en el ambiente
político de los proyectos de "regreso a la política" de Chacho Alvarez,
uno de cuyos primeros peldaños es un pacto que estaría anudando con
kirchner y su aparato político.
Las gacetillas de prensa que
circulaban ayer por las redacciones hablaban de que el "arrepentido "
Pontaquarto fue
un funcionario de carrera por casi veinte años en el Senado, hasta que se
convirtió en mano derecha de Genoud y hombre de confianza de Alasino al mismo
tiempo".
Para los legisladores
consultados tanto
Pontaquarto como
el ministro de Trabajo de entonces, Alberto Flamarique, formaban parte del
entorno íntimo del ex vicepresidente Alvarez quien se convirtió ayer en la
"pieza principal" de toda la maquinaria informativa sobre el caso.
Un aspecto llamativo
resulta la condición de "retirados" que registran la mayoría de los involucrados.
Salvo el gobernador de San Juan, no revistan actualmente en cargos públicos o
legislativos.
Ninguno de ellos forma parte de las "bandas legislativas" actuales que
aprueban leyes para el Gobierno a cambio de dinero o prebendas, tanto en el Senado
como en la Cámara de Diputados.
Tampoco deja de llamar la
atención que el diario oficialista Pagina 12 -vocero habitual de la
SIDE kirchnerista- publique hoy un extenso informe con detalles "pormenorizados"
de los pasos de
Pontaquarto
antes de presentarse al juzgado,
y revelando una copia de lo
declarado por el denunciante ante el juez.
El el ámbito parlamentario se
cree que este escándalo está "armado para la prensa", y que su falta de
consistencia lo convertirá en una pieza burocrática más en el marco de la
Justicia, que continúa siendo "adicta" al oficialismo de turno.
Y no deja de llamar la
atención al "mundo político" la oportunidad del lanzamiento mediático de
este escándalo.
Como se sabe, Kirchner y
algunos de sus ministros venían sosteniendo una pelea pública con los piqueteros
"duros" que no le resultaba del todo favorable, dado que saca a la luz el tema
de la desocupación y la pobreza.
Un asunto del que el Gobierno
prefiere "no hablar".
Asimismo, por canales no
oficiales trascendió que la plana mayor presidencial recibió por estos días
"señales de alarma" por parte de la embajada norteamericana y empresarios
"amigos", en relación al riesgo de "violencia social" que entraña el
conflicto con los piqueteros.
Dentro de siete días se cumple
el segundo aniversario del Cacerolazo. Una jornada que -según estimaciones de la
propia Casa Rosada- podría generar episodios de violencia y de
represión policial con inmediata repercusión en la estabilidad del gobierno
de Kirchner.
Según los enemigos del
Presidente
en el Congreso, el escándalo de las coimas en el viejo Senado, con su
trama de "novela policial atrapante" y su galería de personajes odiados
por la sociedad, puede distraer a la opinión pública durante toda la
semana que viene.
Esa situación -en
opinión de los legisladores- les puede restar "clima social" a los grupos
de piqueteros que el 19 y 20 de diciembre avanzarán sobre la Plaza
de Mayo en recordación de los muertos y heridos causados por la represión
policial durante el Cacerolazo.
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