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(IAR-Noticias) 01Abr04 Por
Manuel Freytas
Un
proceso de investigación realizado por legisladores y medios
de comunicación permitió detectar
que un gobernador argentino
contrató un servicio de espionaje privado
vinculado al Mossad (servicio secreto israelí) con la finalidad de realizar tareas
de seguridad e inteligencia
para su gobierno, sustituyendo áreas de competencia
institucionales reservadas a las fuerzas de seguridad de esa provincia.
Se trata de
Jorge Alperovich, gobernador de la provincia deTucumán, una provincia
situada en el norte argentino, quien contrató los servicios
privados de la empresa
Security and Intelligence Advising (SIA),
una organización internacional especializada en la planificación y organización
de programas de seguridad, inteligencia y protección, para las compañías
privadas más importantes, como así también para instituciones y gobiernos en
todo el mundo.
Security
and Intelligence Advising está especializada en la
consultoría en seguridad, inteligencia y protección, fundada en
Israel y formada por un grupo selecto de
profesionales con probadas aptitudes, vasta experiencia y reconocida
trayectoria.
Según su propia
descripción SIA
está compuesta por un equipo de expertos oficiales senior
retirados de diversos servicios de seguridad e inteligencia (GSS) y de varias
unidades de elite del Ejército de Defensa de Israel, y
reúne un grupo altamente calificado de profesionales con años de
experiencia sin igual en la evaluación, planificación y aplicación de
programas de seguridad, inteligencia y protección.
Asimismo, SIA
cuenta entre su grupo de profesionales a varios oficiales
retirados de los servicios de inteligencia europeos, que suman a
la empresa su probado conocimiento y experiencia
en tareas de contrainteligencia y operaciones especiales.
En otras palabras: SIA forma parte de la red
multinacional de empresas que hacen sus ganancias en el
mercado de "seguridad e inteligencia" que se desarrollan
bajo el paraguas de la "guerra
internacional contra el terrorismo" impulsada
planetariamente por el presidente George W. Bush, y para la cual
Washington y el Congreso estadounidense han
autorizado unos US$ 30.000 millones de
presupuesto desde el 11 de septiembre en adelante.
Entre la variada gama de servicios que ofrece
a sus
clientes SIA (que vocalmente suena como CIA)
hay uno que particularmente define
su competencia
en un área
altamente sensible a la estrategia del Imperio norteamericano
en la región:
Investigación en Antiterrorismo.

La "guerra contraterrorista"
Es en ese punto donde la SIA se toca y se entrelaza con la
red
latinoamericana de espionaje
montada por la
Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y el servicio de inteligencia
israelí (Mossad), cuyo objetivo
central -sostenido institucionalmente tanto por el gobierno de Bush como por el de Sharon- es la "guerra contraterrorista" desarrollada en el campo de la
inteligencia y de las operaciones especiales.
Como escribe
Heinz Dieterich Steffan, estas células operativas de la CIA-Mossad
(como es el caso de la SIA)
se valen del intento
de
ciertos gobiernos y clases políticas de privatizar determinadas funciones de
soberanía del Estado, y convertir a los cientos
de miles de empleados armados de esas compañías en una reserva paramilitar para
funciones represivas del Estado, tal como se observa, por ejemplo, en Argentina.
Mas
preocupante aun -sostiene Dieterich - es la zona gris de
operadores de las guerras sucias,
en la cual los servicios de inteligencia y fuerzas militares estatales, los
productores, comerciantes y lobbyistas de la industria armamentista y los
escuadrones de la muerte, interactúan, tal como sucedió recientemente en la
venta de armamento israelí a los escuadrones de la muerte de Colombia: los
paramilitares.
En
el área de Centroamérica y el Caribe, ex agentes y militares
israelíes jugaron un papel fundamental
en el entrenamiento profesional de los primeros
escuadrones de la muerte de los narcotraficantes colombianos
del Cartel de Medellín, en 1990.
El jefe de este grupo, el teniente coronel Yair Klein, de la
unidad de elite Harub, formó en 1989 su empresa "Punta de Lanza", especializada
en la venta de armamento y tecnologías bélicas, que después de entrenar a los
paramilitares latinoamericanos regresó a Israel con los bolsillos llenos de narcodólares.
No obstante -y según las investigaciones de Dieterich- la
intervención de los servicios secretos israelíes en esa región se
remonta una década más atrás, cuando a inicios de los
ochenta el know how de "contrainsurgencia" de esos servicios fue puesto
al servicio de los primeros terrorismos de
Estado en Honduras y Guatemala, para convertirse pronto en engranaje
integral de la agresión de los mercenarios del gobierno de Ronald Reagan
y del padre de W. Bush (los "contras") contra el gobierno
sandinista de Nicaragua.
El verdadero
rol imperial de estas empresas de inteligencia -además de su
millonario negocio en el área empresarial- consiste
en la privatización de la inteligencia y de las áreas de seguridad estatal
en las naciones latinoamericanas, con la finalidad de controlar
sectores claves de información sobre personas, instituciones y organizaciones
políticas
y sociales de esos países.
El
punto de confluencia
con
la estrategia militar y geopolítica de EE.UU. se traza a partir de la
"guerra contra el terrorismo"
que reemplaza en la lógica doctrinaria imperial a la
"guerra antisubversiva"
de la década del setenta y de la era reaganiana en Latinoamérica.
El alto
ejecutivo (Security Senior Expert) de la SIA, Amar Salmar,
quien intervino como invitado especial
de un evento de empresarios latinoamericanos y
estadounidenses de organizaciones privadas de
"seguridad e inteligencia" realizado en Miami por la
Latin American Security Association (ALAS), pronunció
una conferencia sobre
"El rol de la inteligencia en
la lucha contra el Terrorismo Global en el Siglo XXI".

Ejércitos privados
Con la desaparición de la
guerra por áreas de influencia con la URSS , las viejas consignas
"antimarxistas"
de las dictaduras militares formadas en la Escuela de las Américas fueron
sustuidas
gradualmente por las banderas de la
lucha contra el terrorismo,
las drogas y el crimen organizado
con las que EE.UU. justifica su injerencia intervencionista en la región
latinoamericana.
Con la desaparición del
"peligro marxista",
y acorde con las nuevas metodologías expansivas del capitalismo transnacional,
surgió el nuevo objetivo imperial: la
"privatización"
de la obsoleta maquinaria de los ejércitos y servicios de inteligencia que ya habían cumplido su rol represivo militar con la
doctrina de seguridad nacional
exportada desde el
Pentágono hacia el Comando Sur de los EE.UU..
Los ejércitos de "seguridad e
inteligencia" privados fueron sustituyendo más eficientemente en el control
social y político a las vetustas y desmovilizadas tropas de los
ejércitos represores
latinoamericanos que habían perdido vigencia con el ingreso de las
democracias made in USA en los ochenta y los noventa.
De esta manera -en el área de la inteligencia y la seguridad- estas células privadas de
la CIA y el Mossad israelí, cierran el proceso de desmantelamiento de
los estados nacionales latinoamericanos iniciado con el modelo de
libre mercado y
privatizaciones lanzado por Washington en la década de
los noventa, y cuyo paradigma más significativo
fue la dupla Menem-Cavallo en la Argentina.
Dentro de este nuevo esquema los servicios de información latinoamericanos -salvo Cuba y Venezuela-
se convirtieron en sucursales operativas de las
políticas de inteligencia diseñadas para el control
operativo y estratégico de Washington en la región.
Sistemáticamente, y durante
los nuevos "gobiernos democráticos" controlados por EE.UU., la
inteligencia norteamericana-israelí fue imponiendo a las administraciones de
turno -a través de campañas mediáticas o de presiones políticas- ajustes
presupuestarios y reducción de agentes en las estructuras oficiales de
inteligencia.
A través de gigantescas
campañas mediáticas contra las drogas, el terrorismo y el crimen organizado,
los ejércitos privados -convertidos en verdaderas máquinas de facturación
comercial- fueron ocupando el rol que antes ocupaba el Estado
en la implementación de políticas de seguridad e inteligencia.
Una provincia Argentina
¿controlada por el Mossad israelí?
En un
trabajo titulado
"Espionaje en Tucumán" el
periódico electrónico Seprin difunde una denuncia (confeccionada con pedidos de
informes legislativos y por investigaciones periodísticas) sobre la
contratación, por parte del gobernador de Tucumán, Jorge Alperevich, de un
servicio de "espionaje privado"
provisto por la empresa SIA.
Según Seprín, el
gobernador, que cuenta con respaldo de la DAIA (organización
representativa de
la comunidad judía en la Argentina), realizó la contratación
en un momento que desde
"el Gobierno Nacional se busca la destrucción de las FFAA y
FFSS a partir de desmantelar sus servicios de inteligencia, bajar presupuesto y
destrucción moral de las Fuerzas Armadas".
Según
la publicación "muchos
consideran que se estableció una base del Mossad en
Tucumán, mas que nada porque creen que hay células terroristas dormidas en esa
provincia (comunidad árabe)".
Luego
la publicación presenta las pruebas documentales de la investigación:
1 -
DECRETO Nº 191/1(MSC) mediante el que se establece que la seguridad de todas las
dependencias públicas está a cargo de la Policía de la Provincia
2 -
Decreto Nº 344/1 contratación directa de la empresa Security and Intelligence
Advising (S.I.A.)
3 -
Pedido de informes del Leg. A. Sangenis al Ministerio de Seguridad Ciudadana;
17/03/2004
4 - Pedido de informes ampliado por un grupo de legisladores
5 –
AnAntecedentes de la empresa S.I.A.
6 – Repercusión periodística
7 – Ley Nº
24.059 de SEGURIDAD INTERIOR
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