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(IAR-Noticias) 06Feb04
La
Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este jueves que no permitirá ninguna
excepción al aislamiento que sufren centenares de detenidos en la base naval
de Guantánamo hasta que el gobierno presente su caso respecto a estos
prisioneros sospechosos -según EE.UU.- de "actividades terroristas".
La decisión del máximo tribunal norteamericano
-según una información de la BBC- responnde a un pedido del gobierno de George W.
Bush para impedir cualquier contacto entre un tribunal federal de apelaciones
estadounidense y Falen Gherebi, un ciudadano libio capturado en Afganistán y
confinado en Guantánamo.
En diciembre pasado, el Noveno Tribunal de
Apelaciones en San Francisco falló a favor de este prisionero, quien presentó
una demanda colectiva por el tratamiento que reciben él y sus compañeros de
encierro, sin acceso a un abogado o a los derechos que otorga la Convención
de Ginebra.
El tribunal se preparaba para notificar a
Gherebi que su reclamo había sido exitoso, pero la Corte Suprema suspendió todo
tipo de contacto hasta que el gobierno presente su alegato contra el prisionero.
El abogado del gobierno ante el máximo
tribunal, Theodore Olson, argumentó la semana pasada que cualquier comunicación
con este sospechoso podía interferir con los esfuerzos de las autoridades de
obtener información sobre la lucha "antiterrorista".
Estados Unidos mantiene
prisioneros en la base de Guantánamo a ciudadanos de al menos 38 países,
según un informe extraoficial dado a conocer hoy por medios de prensa
norteamericanos.
El gobierno de Bush sostiene
que los cautivos no pueden gozar de los derechos de prisioneros de guerra bajo
las normas internacionales porque son "combatientes ilegales".
La mayoría de los 650 detenidos
en el Campamento Delta, que sirve de prisión en la base naval de Guantánamo,
están tras las rejas desde el año 2001 tras la guerra contra Afganistán.
Según informa la agencia cubana
Prensa Latina, Estados Unidos ha mantenido allí en secreto a varios menores de
edad, algunos de los cuales liberaron y repatriaron la pesada semana. Tres
sauditas fueron transferidos a Ryad bajo el compromiso de que allí serían
encarcelados y varias decenas de detenidos están a la espera de esa medida.
Ciudadanos de Rusia, Francia,
Gran Bretaña, Kuwait, Libia, Bangla Desh, España, Mauritania, Kazajstán,
Tayikistán, Qatar, Suecia, entre otros, están tras las alambradas del Campamento
Delta.
Varios gobiernos reclaman a
Estados Unidos la repatriación de sus ciudadanos, a quienes se les ha negado sus
derechos a tener abogados y ayuda consular, lo cual le ha valido a la
administración de George W. Bush críticas por incumplir compromisos
internacionales relativos a los prisioneros de guerra.
Aunque la prensa centra su
interés en el Campamento Delta, de Guantánamo -informa Prensa Latina- la
Casa Blanca mantiene prisioneros bajo presunta vinculación con el terrorismo en
diversos puntos de la geografía mundial, incluido en la isla de Diego
García, en el Océano Indico, y la base aérea de Bagran, en las afueras de Kabul.
Según Prensa Latina, el
Campamento Delta fue construido a un costo de más de cerca de 10 millones de
dólares por la empresa Brown and Root Services, casualmente subsidiaria de la
Haliburton, favorecida por contratos del Pentágono en Iraq e involucrada en
operaciones fraudulentas en ese país árabe.
P ara
levantar la edificación esa firma contrató a trabajadores procedentes de la
India y Filipinas. Campo Delta reemplazó al Campamento Rayos X, construido en
enero del 2002 para albergar a los prisioneros en Afganistán.
Al menos un cuarto de ese total
son ciudadanos sauditas. También hay 85 yemenitas, 82 paquistaníes mientras que
jordanos y egiptos suman unos 60.
Los afganos conforman la cuarta
mayoría, con 80 prisioneros, pero el total de países representados puede ser
mayor, pues el Pentágono se ha negado a revelar la identidad y nacionalidad de
todos los detenidos.
En noviembre del 2003 -según informó la agencia
BBC- funcionario de alto rango de la Cruz Roja, que visitó a los más de
600 detenidos por Estados Unidos en la base militar de Guantánamo, dijo que es
"inaceptable" que continúen como prisioneros indefinidamente sin ninguna
clase de proceso legal.
El abogado Stephen Kenny
visitó en diciembre pasado a un prisionero australiano, David Hicks, y señaló a
la BBC que los reclusos australianos recibían un trato inferior al de los
estadounidenses, y los ciudadanos de otros países enfrentaban condiciones
todavía peores.
Kenny dijo que su cliente,
un converso al Islam que fue detenido en Afganistán hace dos años, se encontraba
en buen estado físico, pero tenía un gran anhelo de regresar a su país.
En una entrevista con el diario estadounidense
The New York Times, en noviembre pasado, el integrante del Comité
Internacional de la Cruz Roja Christophe Girod criticó las condiciones
físicas de la detención, y señaló que la incertidumbre sobre su condición
de detenidos está afectando la salud mental de los presuntos miembros del
Talibán y al-Qaeda confinados en la base naval de EE.UU..
En declaraciones efectuadas a la BBC, Girod explicó que "luego de más de 18
meses de cautiverio, los internados no tienen ni idea acerca de su destino y
ninguna posibilidad de recurrir a ningún mecanismo legal".
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