Durante el último mes, sin embargo, el gobierno electo, que incluye a los Partidos Comunista y Socialista, así como también al Movimiento de Participación Popular, dirigido por ex militantes del grupo guerrillero Los Tupamaros, ha dado señales inconfundibles que tienen toda intención de seguir una política fundamentalemente igual a la del gobierno derechista que acaba de reemplazar.

El indicio más asombroso apareció a mediados de la semana festiva entre Navidad y el Año Nuevo tras una reunión entre el presidente electo, Tabaré Vázquez, y el presidente derrotado, Jorge Batlle, del Partido Colorado.

El periódico El País, publicado en la ciudad capital de Montevideo, reportó el 19 de diciembre que Vázquez le había ofrecido a Batlle el puesto de embajador uruguayo en Washington.

Para muchos la noticia pareció increíble. No cabe duda que Batlle ha sido uno de los presidentes más impopulares de toda latinoamérica. Durante las elecciones de octubre pasado, su partido gobernante, el Colorado, quedó en un distante tercer puesto con apenas un 10 porciento del voto popular.

Muchos de los trabajadores que votaron en contra de esta posibilidad—la de Batlle asumir un puesto en el nuevo gobierno—fue como un chiste cruel. Una de las reacciones típicas fue que Batlle debería trabajar para el circo, como el tipo que sale del cañón, o como payaso, papel que bien sabe como desempeñar.

El odio hacia el presidente, quien llegara al poder en 1999, tienen sus raíces en la manera en que ha dirigido la economía nacional, que entró en una recesión tan profunda que, durante el 2002, dejó sin empleo a por lo menos el 17 porciento de la población económicamente activa y a casi el 33 porciento del país por debajo del umbral de la pobreza. También se le ha implicado en un gran escándalo bancario que contribuyó al desastre económico. Fielmente ha obedecido las exigencias del Fondo Internacional Monetario para que Uruguay pague una deuda aplastante de $13.400 millones que equivale a un poco más del Producto Nacional Bruto del país.

Batlle también ha sido de los líderes latinoamericanos más serviles a Washington. Actuó como perro de ataque del gobierno de Bush contra Cuba en foros regionales y se solidarizó con la invasión estadounidense de Irak. Condenó a la Organización de las Naciones Unidas por no respaldar la política de Washington basada en la guerra preventiva.

Enviar a un individuo de semejante calaña a Washington es como poner el mando de los asuntos extranjeros del país en manos de la Casa Blanca de Bush. Con todos los vínculos que tiene con los militares uruguayos y otros sectores con íntimas relaciones a la antigua dictadura—por ejemplo, el ministro del turismo en el gobierno Colorado es hijo del ex dictador Juán María Bordaberry—el nombramiento de Batlle a Washington efectivamente convertiría a la embajada uruguaya en la capital de Estados Unidos en oficina central de todo golpe de estado militar que pueda ocurrir en el futuro.

Las noticias de la reunión entre Vázquez y Batlle dejaron al Frente Amplio en desorden total. Vázquez aparentemente reaccionó a la ira que había despertado entre sus propios partidarios cuando inicalmente le dijo a la prensa que todo había sido un "chiste". Su asesor principal negó que el tema siquiera se había tratado.

Pero el compañero electoral de Vázquez, el vicepresidente electo Rodolfo Nin Novoa, inmediatamente contradijo esta versión de la conversación. Confirmó que la oferta se había presentado y elogió al presidente electo por su "pragmatismo". El mismo Batlle declaró que se le había ofrecido el puesto que lo había rechazado.

Un corresponsal de la revista semanal, Búsqueda, por fin le preguntó a Batlle lo que habría hecho si hubiera aceptado la oferta, no importa cuales hayan sido sus intenciones. Vázquez, por su parte, declaró que se tenía que pensar más allá de la circunstancias de la manera en que la oferta se hizo, porque, Batlle, quien tenía buen conocimiento de Estados Unidos y del gobierno de ese país y era, además, amigo del presidente Bush, podría ofrecerle al país un "importante servicio".

Este episodio tan extraño fue sólo uno entre varias declaraciones y acciones tomadas por el Frente Amplio cuyo objetivo era aparentemente aplacar al imperialismo estadounidense a la clase gobernante criolla.

Anteriormente en el mes de diciembre, los legisladores nacionales de la coalición ya se habían unido en masa para votar a favor de un incremento del contigente del ejército uruguayo que forma parte de la llamada fuerza de paz en Haití. Los diputados del Frente Amplio en la Cámara inferior que votaron contra la medida fueron pocos.

Eleuterio Fernández Huidobro, ex guerrillero tupamaro y ahora senador uruguayo, defendió el voto con palabras que pudieron haber sido pronunciadas por un senador Republicano de Estados Unidos pidiendo fondos para la invasión de Irak. Puntualizó que su gente y sus contingentes estaban al frente de la lucha en ese país bajo situaciones muy difíciles, y que no se les podía negar lo que pedían. Pero en este caso, la "gente" y los "contingentes" a que alude representan a los mismos militares que hace tres décadas liquidaron a tantos de los antiguos camaradas del Fernández Huidobro.

Entre los que votaron contra el aumento se encuentra el diputado del Partido Socialista, Guillermo Chifflet, cuya defensa de su postura fue como una acusación contra los dirigentes del Frente Amplio. Declaró que "los integrantes de la misión militar que ahora irán a integrarse al contingente enviado por el gobierno uruguayo contribuirán a consolidar el régimen que usurpó el poder, con el clásico desembarque de marines, destituyó al presidente electo e impuso un gobierno ilegítimo." Añadió que se trata de "respaldo a un régimen fruto de un golpe de estado perpetrado con intervención extranjera" y una intervención violatoria del derecho a la "autodeterminación de un pueblo hermano."

Se reportó que el voto del Frente Amplio a favor del aumento de las tropas había sido una reacción a la amenaza explícita de la embajada de Estados Unidos: si no votan por el aumento, puede que impongamos sanciones económicas.

Por otra parte, el nuevo ministro que asumirá las riendas de la economía, Danilo Astori, le ha asegurado a los bancos extranjeros y al FMI que el Frente Amplio seguirá poniendo en práctica el programa de ajustes estructurales impuesto por sus predecesores.

Astori también se reunió con la Asociación Rural de Uruguay, que representa a los poderosos latifundistas del país, y les garantizó una política basada en el "libre mercado". La reunión se llevó a cabo para disipar todo miedo que el nuevo gobierno adoptaría medidas, propuestas por sectores del Frente Amplio, para fomentar el desarrollo de industrias nacionales relacionadas con la agricultura. Las propuestas incluyen restricciones sobre las exportaciones de ganado en pie y cueros y lana sin procesar.

En una señal muy similar a las corporaciones multinacionales y a los capitalistas uruguayos, Vázquez nombró a Jorge Lepra, ex director de la Texaco y ex presidente de la Cámara de Comercio de Uruguay-Estados Unidos, como Ministro de la Industria. El nombramiento de este ejecutivo de las empresas petrolíferas provocó murmullos de protesta por parte de los dirigentes sindicalistas, quienes consideran que semejante movida constituye una amenaza para continuar la privatización de las empresas estatales.

Aunque se esperaba ampliamente en Uruguay que la victoria del Frente Amplio por fin llevaría a la justicia a aquellos responsables por la enorme represión que ocurrió durante las décadas del 70 y el 80, aparentemente esto no va a suceder. En una conferencia pre electoral del año pasado, el Frente Amplio votó para continuar la amnistía que protege a los militares de ser enjuiciados por las ejecuciones, las desapariciones, la tortura y el encarcelamiento político de decenas de miles de uruguayos que tomaron lugar durante los doce años que siguieron a la toma del poder por la dictadura en el 1973.

Únicamente una persona—el ex Ministro de Asuntos Exteriores, Juán Carlos Blanco—ha sido acusado y enjuiciado por estos crímenes. Fue encontrado culpable en el 2002 en conexión con la desaparición y asesinato de Elena Quinteros, maestra activa en la política que fuera detenida por las fuerzas militares mientras se encontraba en la embajada venezolana. Blanco pasó solamente seis meses en la cárcel, período tras el cual fue puesto en libertad para luego ser nombrado por el gobierno de Batlle a una junta arbitral del mercado común Mercosur.

Al ex dicatdor Juán María Bordaberry anteriormente se le había imputado el cargo de haber ultrajado a la constitución con sus acciones del 1973, cuando disolvió el parlamento y efectivamente le entregó el poder a los militares. El mes pasado, en medio de las negociaciones políticas de transición gubernamental, un juez de la Corte Suprema desestimó el cargo y declaró que proceder el caso para someter a la justicia al ex dirigente del golpe sería lo mismo que enjuiciarlo dos veces por el mismo delito. Pero el hecho es que el precedente al cual el juez aludió fue un dictamen de la Corte Suprema—basado en una tecnicalidad jurídica—para no aceptar los cargos relacionados con el golpe. La causa nunca compareció ante los tribunales.

El nuevo caso, no obstrante, incluye cargos que nunca se imputaron en 1986, inclusive quien fue responsable por la tortura, los asesinatos y la colaboración de la policía secreta de Uruguay con la Operación Cóndor, acción en conjunto de varias dictaduras latinoamericanas para seguir la pista de, y asesinar a, adversarios políticos en el exilio.

Fue una asociación que representa a los parientes de los individuos asesinados por la dictadura que le imputó a Bordaberry los nuevos cargos. La confederación principal de sindicatos obreros del país, la PIT-CNT, le ha brindado su apoyo al caso. Anteriormente Bordaberry había logrado frustrar a los fiscales que habían tratado de ponerlo en tela de juicio por su papel en ordenar la masacre, en 1972, de ocho sindicalistas de izquierda.