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(IAR-Noticias) 08-Mar-05
Por Guillermo Navarro Jiménez - La
Haine
 En
el campo ideológico, el imperialismo, apoyado por los sectores
más reaccionarios de la intelectualidad europea, desarrolló
tres líneas de pensamiento concurrentes a sus objetivos: la
“post modernidad”, los “movimientos sociales” y el “discurso
de la ciudadanía”.
El primero, puso énfasis en el
carácter fragmentario, heterogéneo y plural de la realidad, negaban al
pensamiento humano la capacidad de recrear una explicación holísticas de esa
realidad (metarelatos), y, con ello, la pertinencia de las utopías. Si la utopía
hegeliana, como lo proclamaba Fukuyama en su obra “El fin de la historia”, se
había alcanzado con la imposición del neoliberalismo y la democracia liberal a
escala mundial, resultaba obvio que el planteamiento de la post modernidad
enfilaba su propuesta contra la utopía marxista: la construcción del socialismo.
La abierta ofensiva contra la utopía socialista, se fortaleció con el
derrumbamiento de los países socialistas burocratizados y en los cuales se había
creado las bases para un desarrollo capitalista al aprobar la vigencia de la
teoría del valor, así como por el reflujo revolucionario posterior a los 70. La
nueva situación histórica, condujo al aparecimiento de una intelectualidad de
izquierda “desencantada” y “desencontrada”, lo que determinó su éxodo hacia la
social democracia, la “postración” ante el imperialismo en términos de Petras, y
hasta el alineamiento en las fuerzas más reaccionarias, a las cuales siguen
sirviendo hasta la fecha. Baste recordar a toda la intelectualidad expulsada del
Partido Marxista Leninista en 1972, hoy en la socialdemocracia; a los Maugé y
Ponce ex militantes del Partido Comunista, hoy a sus anchas en la Izquierda
Democrática; a los Castillo y Galarzas, hoy comensales en el PRIAN y en el PRE;
a los Celi y los Bonilla, ex miembros de Liberación Nacional y del MIR, hoy al
servicio del gobierno de Lucio Gutiérrez, de la Dirección Nacional de
Inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Democracia Cristiana Internacional.
La negación de la capacidad para explicar los fenómenos en forma holística,
posibilitaba que la propuesta post modernista insista en la importancia de las
“diferencias”, proponiendo que la preocupaciones políticas se centren en las
“identidades impuestas o adaptadas”: etnias, color, género, preferencias
sexuales. Al privilegiar tales identidades la propuesta post moderna, enfilaba
su artillería contra el análisis de clase, apoyada en un hecho evidente: es
mucho más aprehensible, fácil de reconocer la pertenencia a un “genero” que a
una clase social.
La negación de la utopía marxista, posibilitó a los intelectuales funcionales
del imperialismo proponer como elemento central de la lucha política los
denominados movimientos sociales, entendidos como: “un concepto que alude a un
sector de la sociedad que se convierte en actor social (que emerge en un
determinado conflicto social) a través de sus prácticas (acciones colectivas de
protesta, manifestaciones, etc) y discursos (valores, ideas) encaminadas a
modificar una condición social determinada”[1], cita que permite advertir que el
concepto actor social es temporal, adquiere tal carácter ante un determinado
conflicto social, y deja de serlo tan pronto se resuelve el conflicto. Todo
ello, en el marco de la formación económica y social capitalista, cuya
existencia no cuestionan.
Los actores sociales, al no cuestionar al capitalismo, no responden a las
contradicciones determinadas por las relaciones de explotación propias del
sistema , por lo que no es procedente asimilarlos a clases sociales, como muchas
veces lo pretenden los defensores de estos conceptos. Por ello y en
consecuencia, el concepto actor social fue formulado en vano intento por
remplazar al de clase social, en tanto que el privilegiar los “conflictos
sociales” tenía por objetivo el tratar de ocultar las contradicciones
principales del capitalismo. En el Ecuador, la “avanzada del imperialismo” lo
representó la denominada Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), cuyos más
altos dirigentes Napoleón Saltos y Fernando Villavicencio, terminaron trabajando
para el Banco Mundial, en investigaciones indispensables para la política
intrusiva del imperialismo norteamericano.
Desde otra perspectiva, el concepto “actor social” -al depender exclusivamente y
al ser su único límite los conflictos sociales que emerjan-, permite la
inclusión tanto de actores nacionales como extranjeros, naturales o jurídicos.
Esta posición, por cierto, tenía por objetivo el lograr se aceptase la
intromisión del FMI y del BM en los asuntos de todo orden en el país cuando
“emergía” un conflicto que los involucraba. En el Ecuador, los estudios
preparados por la Universidad de Cuenca como por la Universidad Católica del
Ecuador, sin vergüenza alguna, incluyen a esos organismos como “actores
sociales” del contexto nacional, sin reparar la cesión de soberanía que ello
implica.
El privilegiar las “diferencias”, “actores sociales”, sobre el de clase social,
y los “conflictos sociales” sobre el de las relaciones de explotación, permitió
a los intelectuales funcionales plantear, como innecesaria la intermediación de
los partidos políticos, puesto que estos, en su definición clásica, representan
los intereses de las distintas clases o a estratos de las mismas. Esta propuesta
tuvo como soporte la campaña mediática que anunciaba la incapacidad de los
partidos políticos para cumplir su tarea de intermediación, por su elevado grado
de corrupción, por lo que se volvían obsoletos, dignos de ser reemplazados por
otro mecanismo: la participación ciudadana, cuyo sustento ideológico es conocido
como el “discurso de la ciudadanía”.
El discurso de la ciudadanía tuvo un gran desarrollo en los últimos veinte años,
discurso que, al igual que el del post modernismo y el de los movimientos
sociales, asumieron los sectores más reaccionarios de la burguesía, facciones de
la pequeña burguesía que se auto califican como "progresistas", sindicatos y
corrientes de la clase trabajadora e incluso de partidos y movimientos que se
reivindican como pertenecientes a la izquierda. Es también común su uso en los
medios de prensa alternativos, como en los discursos de dirigentes de los
principales partidos de la izquierda revolucionaria, fenómeno que, en América
Latina, se halla igualmente presente en el PT brasileño, el EZLN de México y el
FMLN de El Salvador.
En el Ecuador, como en toda América Latina, es común un cruzamiento del discurso
de ciudadanía con el de los movimientos sociales, en especial en quienes militan
en la socialdemocracia, posición que se explica por cuanto el logro de los
derechos civiles y sociales de los ciudadanos, según los teóricos de estas
posiciones, es rol que deben cumplir los movimiento sociales.
El discurso de la ciudadanía, como lo afirma José Welmovick: “Sería la conquista
de los derechos civiles y sociales mínimos por parte de los ciudadanos. Al mismo
tiempo, la concepción de la ciudadanía implica que los ciudadanos, además de
derechos, tienen obligaciones. La ciudadanía exige un compromiso de los
ciudadanos con las leyes vigentes, como la contrapartida de la inclusión de esos
derechos en el orden legal. Exige, en nombre de la defensa de la extensión de
esos derechos a los excluidos, una defensa del orden en el que se quiere
garantizar la inclusión de esos ciudadanos”[2].
Definición que devela que los ciudadanos, para lograr lo que se denomina
ciudadanía plena, deben también defender el orden constituido, lo que en buen
romance dice de la defensa del statu quo, del sistema capitalista. La garantía
de los derechos y el respeto al orden constituido que según ellos determinan la
denominada ciudadanía plena se observaría en los países capitalistas avanzados,
modelo que lo convierten en paradigmático, en el único modelo de desarrollo a
seguir, en abierta defensa de esa formación económica y social, con lo que
convergen con el post modernismo al negar la posibilidad cierta de alcanzar la
utopía marxista: el socialismo.
El “discurso de ciudadanía”, en la etapa actual, pone énfasis en la necesidad de
preservar la separación entre los tres poderes del Estado, como un elemento
fundamental de la institucionalidad democrática. Esta posición es de especial
importancia para los intereses del imperialismo norteamericano, específicamente
para desestabilizar al gobierno del Presidente Hugo Chávez.
Efectivamente, los Estados Unidos pretende modificar la Carta Democrática de la
OEA en la próxima Asamblea General de los 34 países, que se realizará en junio
en la ciudad de Fort Lauderdale (Florida), como lo anticipan las declaraciones
de Robert Zoellick, segundo al mando en el Departamento de Estado, cuando
menciona que la Carta Democrática debería contrarrestar la práctica por la cual:
"Hay una persona que gana las elecciones, luego va minando desde el poder a la
oposición, luego pone restricciones a la prensa, luego se apropia del poder
judicial. Es una nueva forma de autoritarismo que está germinando y que hay
enfrentar".
José Miguel Vivanco, del Observatorio de los Derechos Humanos (Human Rights
Watch), en apoyo sumiso a las pretensiones de Washington y en forma
desvergonzada afirma que: "La reestructuración que ha hecho Chávez del poder
judicial en su país, compromete directamente la viabilidad de la democracia en
Venezuela, porque rompe con un principio fundamental del estado de derecho que
es la separación de poderes. Valiéndose de una mayoría simple en el Congreso,
amplió el cupo de magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, de 20 a 32,
para llenar los nuevos cargos con representantes del chavismo"[3].
En consecuencia con lo antes expuesto, de acuerdo al discurso de ciudadanía y el
carácter temporal de los movimientos sociales, será necesaria la creación de
organizaciones que apoyen la “participación ciudadana” ante conflictos sociales
o políticos que afecten o pretendan afectar el “orden constituido”, la
“institucionalidad democrática”, en el objetivo de mantenerlo o restituirlo.
Antes de entrar en el estudio de esas organizaciones, es necesario agregar un
elemento de análisis que ratifica la afirmación de que tales organizaciones
constituyen “avanzadas del imperialismo en el Ecuador”: la total dependencia de
los recursos financieros proporcionados, directamente por los países
imperialistas o a través de organismos multinacionales como el Banco Mundial
(BM), tanto para su creación como para su acción.
Si se revisan las justificaciones del presupuesto que los gobiernos de los
Estados Unidos ponen a consideración de Congreso para las operaciones en el
extranjero (“Congressional Budget Justification for Foreign Operations”), se
constata que:
- Los recursos están destinados en su totalidad para el involucramiento en la
guerra de Colombia, como se infiere de la aseveración de que la “Iniciativa
Andina Contradrogas”, es un programa complementario al Plan Colombia[4].
Evidencia igualmente lo dicho el que en la justificación para el año 2005, el
gobierno de George W, Bush, haya eliminado la división que había mantenido
entre los recursos asignados para el Plan Colombia, respecto a los destinados
para la Iniciativa Andina Contra Drogas;
- A partir del 2003, a los objetivos estrictamente militares el imperialismo
agrega como objetivos estratégicos: el “fortalecimiento de la democracia”, la
“aplicación de las leyes” y el “velar por los derechos humanos”, programas
manejados directamente por la Agencia para Desarrollo Internacional de Estados
Unidos (USAID, por sus siglas en inglés); y,
- En el ejercicio fiscal del 2002, por ejemplo, “la Agencia para Desarrollo
Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) administró
390 millones de dólares del programa para promover el desarrollo social y
económico y fortalecer la democracia, la aplicación de las leyes y para velar
por los derechos humanos”[5], de un total de 882 millones de dólares,
asignaciones que se mantienen, más menos, en todos los presupuestos
posteriores.
Las conclusiones anteriores indican la existencia de dos circunstancias que no
deben soslayarse: los fondos asignados como ayuda para el Ecuador tienen como
objetivo fortalecer su involucramiento en el Plan Colombia; y, que las entidades
que defienden el “fortalecimiento de la democracia”, la “aplicación de las
leyes” y el “velar por los derechos humanos”, trabajan en el territorio nacional
en cumplimiento de los mandatos y objetivos estratégicos de los Estados Unidos,
como verdaderas “avanzadas” del Plan Colombia y del imperialismo.
En el Ecuador, las acciones que se realizan en este campo las dirige una
organización denominada “Participación Ciudadana”, creada por USAID, como lo
comprueban las declaraciones de Lars Klassen, Director de la Oficina en Quito,
quien expreso el 12 de septiembre de 2.002: “Para mi fue una sorpresa darme
cuenta que no existía un grupo dedicado a las elecciones. Estamos destinando
420.000 dólares para la creación de ese grupo (Participación Ciudadana), y
varias de esas iniciativas” [6], grupo creado[7] y dirigido por César Montúfar,
catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, en su calidad de Director
Ejecutivo.
Las actividades de “Participación Ciudadana”, a partir de su creación se
financian totalmente con recursos de USAID. En el año 2003 la suma alcanzó a los
685,359 dólares, en el 2004 a 1.656.823,42, según los Planes operativos de
“Participación Ciudadana”correspondientes a esos años. Al total del año 2003 que
alcanza a la suma de 2’342.182,42 dólares, deben agregarse los valores
correspondientes a los años 2004 y 2005, cifras no incluidas en la página web de
“Participación Ciudadana”, a pesar de la pregonada transparencia en las
actividades públicas, que, por cierto, según parece, o incluyen a las de la
propia entidad,. Si ante la carencia de información asumimos que el aporte de
USAID es igual a la cifra del 2003, a pesar de que las actividades de
“Participación Ciudadana” se han incrementado por la mayor conflictividad
política qu ese registra en el país, puede estimarse que los fondos de USAID han
superado los 4 millones de dólares, lo que dice de la total dependencia de los
Estados Unidos y el porque se su accionar en apoyo total a los objetivos del
imperialismo en nuestro país.
Pero la dependencia no solamente es económica, “Participación Ciudadana”
contribuye con la dependencia ideológica de sus directivos: todos ellos forman
parte de otras ONG’s que dependen económica, ideológica y políticamente del
imperialismo norteamericano (Cornelio Marchán de la “Fundación Esquel”, Valeria
Merino de “Transparencia Internacional”); son parte de la burguesía industrial,
comercial e intermediaria (Joaquín Zevallos ex Presidente de la Cámara de
Industriales de Guayaquil, Gustavo Pinto ex Presidente de la Cámara de Comercio
de Quito, Benjamín Rosales quien aportó la suma de 529 millones de sucres a la
campaña presidencial de Jamil Mahuad, en pago de lo cual fue luego designado
Gobernador de la Provincia del Guayas[8]); son destacados miembros de la
Democracia Cristiana, sobre cuyo compromiso con el mantenimiento del capitalismo
y de la democracia liberal no cabe duda alguna (Galo García Feraud ex Ministro
Gobierno de Osvaldo Hurtado, Mae Montaño recientemente removida de la Embajada
del Ecuador en los Estados Unidos y privatizadora del puerto de Esmeraldas,
Claudio Malo ex Ministro de Educación de los gobiernos de Osvaldo Hurtado y
Jamil Mahuad, Mario Jaramillo ex Ministro de Educación de los gobiernos de Sixto
Durán Ballén y de Gustavo Noboa ). A ellos se suman, a pesar de sus proclamas
revolucionarias de juventud o cuando desempeñaron las funciones de rectores:
Víctor Bastidas (ex rector de la ESPOL), Reinaldo Valarezo (ex rector de la
Universidad Nacional de Loja); y, Vinicio Baquero (ex rector del Escuela
Politécnica Nacional y actual Presidente del CONESUP), quien se proclamaba
defensor de la Universidad Pública a pesar de lo cual terminó tratando
privatizar a la Politécnica Nacional.
En la nómina de directivos igualmente consta el periodista Jorge Vivanco, ex
Presidente de la Comisión Anticorrupción, quien se ha destacado por sus
posiciones éticas, su defensa de los intereses nacionales, por lo que su
membresía admira a la vez que preocupa, cuanto más que fue el diario Expreso, en
el cual labora Vivanco, el que develó las actividades de la Fundación Esquel
dirigida por Cornelio Merchán, miembro de “Participación Ciudadana”.
La estructura de la directiva de “Participación Ciudadana”, antes detallada
permite reconocer el predominio de miembros militantes de la Democracia
Cristiana, lo cual, desde otra perspectiva, explica el por qué del rol pro
imperialista y pro capitalista y, en consecuencia anti socialista, que cumple
esa ONG. Basta recordar el papel subversivo que desempeñó la Democracia
Cristiana en Chile contra el gobierno constitucional del Presidente Salvador
Allende, así como para la instauración de la dictadura pinochetista. En el
Ecuador, su participación en el asesinato de Jaime Hurtado, lider popular
miembro del Partido Marxista Leninista y la prisión y torturas de Arturo Jarrín
directivo del movimiento Alfaro Vive Carajo, es innegable, puesto que el
asesinato y la tortura se cometieron en los gobiernos de los democratacristianos
Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado, respectivamente.
“Participación Ciudadana”, por cierto no es la única ONG que opera como
“avanzada” del imperialismo en el Ecuador, gracias al financiamiento que recibe
del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID. Según el diario Expreso,
junto a aquella debe alinearse a la “Fundación Esquel”, puesto que con los
fondos entregados por USAID, Esquel: “ejecutó un plan de generación de consensos
en áreas políticas clave, que fue el origen del “Grupo Ruptura 25”, proyecto
coordinado por María Paula Romo, (militante de la Democracia Cristiana N.A.)
quien igualmente coordina “Coalición por la Democracia” [9], proyecto igualmente
financiado por USAID y ejecutado a través de Esquel, en donde también participan
los abogados; Gustavo Jalk, ex director de “Projusticia”, Alberto Wray ex asesor
jurídico del ex presidente Jamil Mahuad, Farith Simon miembro de la Academia
Constitucional de la Universidad San Francisco.
En el “Grupo Ruptura 25”, igualmente activa Norman Wray, quien actualmente
trabaja en Esquel, coordinando otro proyecto de juventud, también financiado por
USAID. Norman Wray es primo hermano del ya mencionado Alberto Wray.
Si “Participación Ciudadana” cumple con el objetivo del imperialismo de
“fortalecer la democracia”, “Projusticia” lo será para tratar de alcanzar todos
los objetivos incluidos en lo que los estrategas del imperio llaman “aplicación
de las Leyes”. Pero no sólo para ello, puesto que si la Fundación Esquel es el
instrumento para la transferencia de recursos de USAID y de fundaciones como la
Rockefeller, Ford o Kellog para “fortalecer la democracia”, “Projusticia” lo es
para la transferencia de recursos hacia ONG’s que operan en el territorio
ecuatoriano y cuya función es apoyar a la “aplicación de las Leyes” y el “velar
por los derechos humanos”, como lo analizaremos en documento aparte.
A forma de conclusión
La “avanzada imperialista”, como se infiere de lo antes expresado, responde a
los planteamientos teóricos e ideológicos de la derecha europea más
reaccionaria: el post modernismo, los movimiento sociales y el discurso de la
ciudadanía, los cuales responden y satisfacen plenamente los intereses del
imperialismo norteamericano, en su afán estratégico de imponerse vanamente a
escala mundial. A nivel de los países andinos, los Estados Unidos ha definido
objetivos adicionales, sobre la base de los requerimientos de la guerra impuesta
en el marco del Plan Colombia.
Para lograr esos objetivos, ha procedido a crear y financiar las actividades de
una serie de ONG’s, cuyos principales responden al ideario y militan
fundamentalmente en dos partidos reformistas: la Democracia Cristiana y la
Izquierda Democrática (socialdemócrata), los cuales no tienen reparo en
convertirse en mercenarios, al servicio de una potencia extranjera. No olvidemos
que todos ellos reciben salarios de las ONG’s en las que trabajan para el
enemigo de los intereses del pueblo ecuatoriano.
En los momentos de crisis políticas, como los que atraviesa actualmente el
Ecuador, hacen activa presencia, arguyendo la necesidad de “defender la
institucionalidad y la democracia”, por lo que su acción, simultáneamente, pone
énfasis en impedir que las movilizaciones populares avancen hacia la destitución
de Lucio Gutiérrez. La razón es simple: Lucio Gutiérrez no sólo se proclama el
“mejor amigo de los Estados Unidos”, lo es cuando negocia a contra cincha el
TLC, cuando acepta la ocupación paulatina del territorio nacional mediante la
construcción de nuevas bases militares al servicio del imperialismo cuyo ejemplo
más claro, evidente e innegable es la de San Lorenzo, cuando recibe la ayuda
militar que involucra cada vez más al Ecuador en la guerra de Colombia, cuando
abroga en el seno del Grupo de Río para la constitución de un ejército
multinacional para intervenir en la guerra de Colombia, cuando negocia en forma
ilegal e inconstitucionalmente el otorgamiento de la inmunidad para las tropas
de ocupación norteamericanas, etc, etc.
Para ello tienen el desenfado de interpretar las demandas populares, como si
aquellas se limitasen a pedir un nuevo reparto de puestos en la Corte Suprema de
Justicia, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo Electoral y en
el Consejo de la Judicatura, desoyendo el clamor popular que pide un nuevo
ejercicio de democracia “real” que termine con el gobierno de Gutiérrez, y, que
avance hacia la instauración de un gobierno popular, perspectiva que no halaga
en absoluto a los detentadores de siempre del poder económico y político.
Las cartas están echadas. El futuro dirá si fuimos capaces, al mismo tiempo que
descubrimos los objetivos del imperialismo y a sus obsecuentes servidores: los
manipuladores socialdemócratas y democratacristianos, responsables de la
flexibilización laboral, de la contratación por horas, de las privatizaciones,
del despido masivo de servidores públicos y municipales, de la dolarización, de
la sucretización de la deuda privada, del atraco bancario, de la inmigración
masiva, de la entrega de la Base de Manta; de construir un gran Frente de la
izquierda anticapitalista, que nos permita desvincular al movimiento popular de
los manipuladores de siempre y de conducirlo en la línea de sus propios
intereses: la construcción de un gobierno popular.
Quito, 1 de marzo del 2005
* El autor es miembro del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores
Notas
[1] Delgado, Eduardo: “Iglesia y Movimientos Sociales”, Op. Cit. página 9.
[2] Welmovick, José: “El discurso de la ciudadanía y la independencia de clase”,
Marxismo Militante, Ediciones Zitra, Quito, Ecuador, 2002, página 68.
[3] El Tiempo: “Estados Unidos busca modificar la Carta Democrática de la OEA
para aislar a Hugo Chávez”, Bogotá, Colombia, 26 de febrero del 2005.
[4] CNN: “EE.UU. anuncia la Iniciativa Regional Andina, que complementa el Plan
Colombia”, 17 de mayo del 2001.
[5] CNN: “EE.UU. anuncia la Iniciativa Regional Andina, que complementa el Plan
Colombia”, 17 de mayo del 2001.
[6] Diario El Universo, Guayaquil, Ecuador, 12 de septiembre del 2002, página A2
[7] “Participación Ciudadana fue creada el 12 de julio de 2002, mediante acuerdo
ministerial Nro 01068 del Ministerio de Bienestar Social”.
[8] Navarro, Guillermo: “Ecuador: corrupción, política económica y
gobernabilidad”, Ediciones Zitra, Quito, Ecuador, 2000, página 40.
[9] Diario Expreso: “La ayuda de EE.UU. es cuestionada”, Guayaquil, Ecuador, 20
de febrero del 2005. Correspondencia de Prensa - Sitios de la red solidaria de
revistas en español, portugués, francés, inglés
www.revistamovimiento.com.br www.marxismorevolucionarioatual.org
www.convergenciasocialista.org.mx
www.alencontre.org www.carre-rouge.org www.isreview.org
Fuente: Correspondencia de Prensa
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