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(IAR-Noticias)
14-Mar-05
Por Emiliano Guido
- APM
El chantaje de la renuncia marcó el fin de las
fluctuaciones del presidente, ahora claramente aliado con los partidos
conservadores. Se unifica el bloque popular.
El presidente
sigue siendo Carlos Mesa pero esta semana ha asumido un nuevo gobierno en
Bolivia. Habíamos referido en un anterior artículo (ver “Bolivia debate su
futuro”, APM 11 de febrero) que este año era el de la grandes definiciones
para Bolivia después del compás de espera que había abierto la renuncia de
Sánchez de Losada por el levantamiento popular contra su política. Mesa
fue el primero en hacerlo: estableció un pacto con los deslegitimados
partidos tradicionales para oxigenar el viejo programa de las
multinacionales y los organismos internacionales de crédito.
El pedido de renuncia al Congreso cotizó su papel en la
institucionalidad democrática ya que era inconveniente su paso al costado
para los diversos intereses en juego. Los movimientos sociales, y
especialmente Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS), razonaron
con la teoría del mal menor: no deseaban la llegada del presidente del
Senado Hormando Vaca Diez al ejecutivo, un legislador que impulsa por
ejemplo la inmunidad de las tropas norteamericanas. Las bancadas
tradicionales valoran aún la impronta de Mesa en la opinión pública,
especialmente en la clase media urbana.
En su mensaje televisivo del domingo, Carlos Mesa, dejó en claro que la
llamada Agenda de Octubre era perjudicial para la comunidad internacional.
Y pidió auxilio a los sectores de poder para promulgar una Ley de
Hidrocarburos que no afecte las inversiones extranjeras. Mesa refundo un
programa de gobierno que dejaba inconforme a todo el abanico de las clases
sociales.
Este pacto de gobernabilidad sirvió también para que los distintos
referentes populares alcancen importantes grados de unidad política. Evo
Morales despegó totalmente del gobierno -lo había acompañado hasta el
referéndum de la Ley de Hidrocarburos- y con un peso parlamentario
importante decidió poner su fuerza en la calle junto al líder aymara
Felipe Quispe y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto donde la
población sigue conservando un inigualable poder de movilización cada vez
que decide cerrar los caminos a La Paz.
Carlos Mesa comenzó su nueva etapa criminalizando la protesta social,
el mandatario pidió el procesamiento de los ciudadanos que bloqueen rutas.
Acciones de ese tipo fueron aplicadas en la capital del país contra
chóferes en huelga que bloqueaban las calles, con un saldo de más de 80
detenidos y varios lesionados.
También llamó a la “mayoría silenciosa” a que concurra a las
principales plazas del país para repudiar a las organizaciones sociales
que siguen con su plan de lucha. Con esta polarización social busca ser la
garantía de la paz y el orden, demanda que ya causo una alarmante
receptividad en la clase media poderosa que en sus primeras movilizaciones
coreaba insistentemente: “mano dura para Evo Morales”.
En Bolivia permanecen alrededor de 30 cortes de rutas. Las
reivindicaciones principales siguen siendo son tres. Que se promulgue una
Ley de Hidrocarburos que contemple regalías del 50 por ciento a las
empresas extranjeras y no un 18 por ciento como piden las multinacionales
petroleras, que se convoque a una Asamblea Constituyente para reformular
el contrato social de un país que tiene 62 por ciento de indígenas y 63
por ciento de pobres, que se expulse a la empresa trasnacional Suez-Lyonesse
des Eaux -la más grande corporación mundial de distribución de agua
potable- de El Alto por incumplir los contratos.
Carlos Mesa ha dado finalmente el vuelco hacia la derecha que la
oligarquía nacional, los empresarios cruceños y las potencias extranjeras
esperaban de él. Como periodista sabe del poder de las palabras, el
mensaje televisivo por cadena nacional terminó con el “viejo” Mesa que
intentaba con medidas populistas navegar en un territorio de claras
contradicciones sociales. Pero como historiador conoce mejor la dinámica
interna del país.
Ahora que se ha colocado definitivamente contra las demandas del
pueblo, Bolivia vuelve al escenario del 2003 cuando la política neoliberal
chocaba con la resistencia de las organizaciones sociales. El anterior
Presidente huyo en Octubre.
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