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(IAR-Noticias) 17-Mar-05
 Por
Eduardo Tamayo
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ALAI
En medio de un clima enrarecido por
violentos atentados y una pugna no resuelta en torno a la Corte Suprema de
Justicia, el gobierno de Lucio Gutiérrez trata de imponer el Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos que sería la culminación del proyecto
neoliberal.
El enfrentamiento político en torno al control de la Corte Suprema de Justicia
ya lleva tres meses sin resolución. Como se recordará, el pasado 8 de diciembre,
el gobierno de Gutiérrez logró conformar una mayoría en el Congreso que cesó a
la Corte Suprema de Justicia y a otros organismos del Estado y nombró en su
lugar a funcionarios allegados al Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), liderado
por Adala Bucaram, y del Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN),
dirigido por Alvaro Noboa. Otros partidos de izquierda, como el Movimiento
Popular Democrático y el Partido Social Ecuatoriano (PSE), también apoyaron al
gobierno a cambio de sus respectivas cuotas de poder.
Si bien Gutiérrez logró desplazar del control de la Corte Suprema de Justicia,
del Tribunal Supremo Electoral y de la Tribunal Constitucional a León Febres
Cordero, su ex aliado del Partido Social Cristiano (PSC), ahora, en estas
instituciones del Estado, tienen una gran influencia el ex presidente Abdala
Bucaram, prófugo en Panamá, y el multimillonario Alvaro Noboa.
La heterogénea oposición a Gutiérrez, conformada por el PSC, la Izquierda
Democrática (socialdemócrata) y el Movimiento Pachakutik ha señalado que esta
Corte tiene un origen ilegítimo pues fue nombrada inconstitucionalmente, ya que
una mayoría parlamentaria no tenía atribuciones para reformar la Constitución y
reorganizar la función judicial. Desde amplios sectores ciudadanos y desde los
movimientos sociales también se ha cuestionado la política de concentración de
poderes de Gutiérrez, cuyo punto culminante fue la multitudinaria marcha del
pueblo de Quito, llevada a cabo el pasado 16 de febrero.
La situación que vive el Ecuador “es consecuencia de un proyecto autoritario que
se ha generado en los últimos 20 años”, dijo a ALAI el doctor Santiago Ortiz,
catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
“El asunto de la Corte es la punta del iceberg. Los desafueros y amenazas que se
están cometiendo son la consecuencia de la constitución de un proyecto de Estado
autoritario que deja de lado todo lo que tiene que ver con las políticas
sociales o con la garantía de derechos. Este es un gobierno autoritario, aquí
hay un problema de violación de derechos humanos que es consecuencia de un
modelo que no solo impulsa el libre comercio sino que también es un modelo
político. En ese sentido requiere, como requirió el modelo de un Menem o de un
Fujimori, de un presidencialismo fuerte que implica que todo se concentra
alrededor del Ejecutivo: el control de los recursos del Estado, y de los otros
poderes, como el Legislativo y la Corte Suprema. Este alto grado de
concentración del poder no es invento de Gutiérrez, esto es parte de un proceso
largo que ya se reflejó en la Constituyente de 1998 en que se le dio todo el
peso al Ejecutivo.
“En medio de esta dispersión y fragmentación tanto de los sectores dominantes
como de los sectores populares, y ante la ausencia de un arco de resistencia al
neoliberalismo, se quiere imponer el Tratado de Libre Comercio y consolidar la
transición al modelo neoliberal”, expresa Ortiz.
La situación política se encuentra empantanada. Por una parte, la oposición
parlamentaria plantea que la actual Corte Suprema de Justicia debe cesar y que
se debe nombrar otra, pero no logra reunir una mayoría de 51 votos para
viabilizar su proyecto. Del lado del gobierno, el presidente Gutiérrez insiste
en que la única salida es la convocatoria a una consulta popular, planteando en
la misma que los jueces deben ser designados por un colegio electoral
constituido por delegados de la sociedad civil.
La propuesta del Ejecutivo ha sido rechazada por la oposición y recibida con
indiferencia por sus propios aliados, el PRE y el PRIAN, que no la ven con
buenos ojos pues temen perder las cuotas alcanzadas en la actual Corte. Se debe
recordar que “la alianza del gobierno con el PRE, el PRIAN y los sectores
llamados independientes no es muy fuerte, son acuerdos de corto plazo y que
tienen que ver con cesiones del aparato estatal hacia esos sectores, pero no hay
un proyecto de largo plazo”, dijo Ortiz.
El diputado del Movimiento Pachakutik, Antonio Posso, calificó como una tomadura
de pelo al pueblo ecuatoriano la propuesta de consulta formulada por el
Presidente de la República, mediante la cual busca aplicar la teoría de los
hechos consumados, ganar tiempo y continuar con la debacle existente en el
ámbito jurídico nacional.
Clima de violencia
Mientras el conflicto político se mantiene, en el país se vive un clima de
confusión caracterizado por amenazas y ataques a opositores del régimen, que
comienza a preocupar a los organismos internacionales de defensa de los derechos
humanos. Uno de los más graves, es el atentado que sufrió el diputado socialista
Enrique Ayala, en la noche del 5 de marzo, por parte de pistoleros que
intentaban victimarlo. Este es uno más de una cadena de atentados, que, según
los organismos de derechos humanos, llegan a veinte, solo en el último año.
Desde el 1 de febrero de 2004, cuando el entonces presidente de la CONAIE,
Leonidas Iza, fue atacado a bala por desconocidos, las amenazas de muerte y los
ataques a domicilios u oficinas de opositores y los procesos judiciales contra
periodistas, han estado al orden del día.
La situación reviste tal gravedad que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), solicitó, el pasado 28 de febrero, a la Cancillería ecuatoriana
la adopción de medidas cautelares para los periodistas Paco Velasco, Diego
Oquendo y Orlando Pérez, para el productor de televisión Carlos Vera, para el
dirigente de las cámaras de comercio Blasco Peñaherrera Zola, para el ex
ministro de Bienestar Social y ex colaborador de Gutiérrez Patricio Acosta, para
el concejal de Pachakutik Antonio Ricaurte y para los miembros de ONGs: Diego
Guzmán, María Paula Romo y César Montúfar. Varios de ellos rechazaron la
protección policial dispuesta por las autoridades aduciendo que “mejor estar
solo que mal acompañados”. Según organismos de derechos humanos, en el país
existe una estructura parapolicial dedicada a perseguir a los opositores.
En casi todos los casos, las víctimas han sido críticos al gobierno de
Gutiérrez. Pero en los últimos días, la violencia afectó a Rosa Cabezas,
gobernadora de la provincia de Esmeraldas, una funcionaria de la agrupación
oficialista Partido Sociedad Patriótica, quien recibió un disparo en la espalda
mientras se movilizaba con dirección a Quito.
El gobierno ha deslindado cualquier responsabilidad en los atentados, sin
embargo, la impunidad en todos ellos es el denominador común. La policía no ha
presentado informes sobre el avance de las investigaciones, no hay detenidos, ni
se ha esclarecido los móviles de los ataques.
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