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(IAR-Noticias) 21-Mar-05
Por Andrés Soliz Rada
- Rebelión
El país cree que el tema básico de la próxima Ley
de Hidrocarburos está en saber si las petroleras pagarán el 50 % de regalías o
si la tributación se desglosará en 18 % de regalías y 32 % de impuestos,
cuando la esencia del problema está en saber si los precios de exportación del
gas natural serán fijados por las transnacionales o por el Estado nacional.
Felizmente, el Centro de Información y Documentación (CEDIB) hizo notar que si
Bolivia exporta el millar de pies cúbicos (MPC) a un dólar (a la Argentina lo
hizo a 0.98 dólares), recibirá, en el mejor de los casos, el 50 % de esa
cantidad, o sea 0.50 dólares por MPC. Entre tanto, EEUU vende el MPC a Canadá
y México a 6 dólares y los bolivianos pagamos también 6 dólares en el mercado
interno.
El proyecto del gobierno indica que las ventas se regirán “por el precio real
de exportación del Titular”. Donde dice “Titular” léase la transnacional y
donde se escribe “precio real” quiere decir precio ficticio. En Argentina,
Bolivia y Chile, las empresas exportadoras y compradoras del gas son las
mismas. Pluspetrol”, filial Bolivia, le vende a “Pluspetrol” Argentina; Repsol
Bolivia a Repsol Argentina y Chile, y Petrobrás Bolivia a Petrobrás Brasil. En
otras palabras, las empresas se venden a si mismas el gas que Gonzalo Sánchez
de Lozada les entregó de campos clasificados como "inexistentes", a fin de
rebajar la tributación del 50 al 18 %. Los nuevos dueños se apropiaron también
de nuestros gasoductos y refinerías.
En esas condiciones, el gas boliviano, al cruzar la frontera, se convierte en
termoelectricidad, GLP, GNC, Metanol (con destino a EEUU y Europa) y otros
productos petroquímicos, los que permiten a las transnacionales obtener
enormes ganancias, a costa de Bolivia. En el actual debate, solo se discutió
la forma en que Bolivia compartirá la torta pequeña, o sea el producto de la
venta -ficticia- de materia prima, ocultando la torta grande, vale decir el
valor agregado que solo beneficiará a las transnacionales. Las dimensiones del
daño afectarán a la totalidad de las reservas del país, cuyo valor mínimo
asciende a 53 mil millones de dólares.
A mayores tributos, las petroleras disminuirán el precio de exportación fijado
por ellas mismas. El daño se incrementará al imponerse precios congelados, en
momentos de continuo ascenso del precio del petróleo y de angustia cada vez
mayor de industriales chilenos y argentinos por la escasez de gas en sus
respectivos países. Es vital, en consecuencia, que el gas boliviano tenga un
precio similar al precio en boca de pozo vigente en EEUU y que Bolivia
participe en proporciones significativos en la globalidad del negocio de la
refinación y comercialización de derivados de sus materias primas. Los
especialistas calculan que el precio del MPC equivale a un séptimo del precio
del barril de petróleo. Si un barril cuesta 49 dólares, el MPC es de 7 Dls.
Bolivia vende su gas al Brasil al precio promedio de una canasta de fuels
sustituidos por nuestro energético. Esta es otra irracionalidad, ya que el gas
es un combustible limpio, de gran valor ecológico. Los fuels, en cambio, son
sucios y muy contaminantes. Brasil, por su parte, presiona para que Bolivia
rebaje su gas a un dólar el MPC, lo que sería otro crimen, si se piensa que se
pretende ampliar el contrato de exportación de 30 millones a 70 MPC, con el
pretexto de explotar el hierro del Mutún. Entre tanto, Bolivia ha vuelto a
incrementar los volúmenes de venta a la Argentina (ahora llega a 7.5 millones
de metros cúbicos día), a precios fijados por Pluspetrol (dos dólares).
El Estado, además de fijar los precios de exportación, debe recuperar el 70 %
de las reservas de gas y petróleo en poder de las compañías, las que
incumplieron la obligación legal de perforar un pozo por parcela, bajo pena de
reversión. YPFB tiene que refundarse con las acciones que los bolivianos
tenemos en Transredes, Chaco y Andina. Las AFPs pretenden cobrar una
indemnización por esa transferencia, cuando son apenas depositarias (y no
propietarias) de las mismas. Finalmente, planteamos que por lo menos el 30 %
de los volúmenes exportables de gas sean industrializados en territorio
nacional
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