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(IAR-Noticias)
25-Abr-05
Por Juan
Francisco Martín Seco - Estrella Digital
Los funcionarios internacionales constituyen un rebaño curioso.
Presentan por término medio un nivel intelectual bastante
modesto. En realidad, para su reclutamiento sólo se exige que
repitan disciplinadamente los eslóganes y tópicos oficiales.
Pero eso no es óbice para que sus sueldos y pensiones sean
soberbios.
Desde ese baluarte de satisfacción económica pontifican con
absoluta petulancia a diestro y siniestro y se creen con derecho
a indicar a los Estados por dónde deben ir, despreciando por
supuesto las soberanías nacionales y los mecanismos por los que
se conforma la voluntad popular.
Viene esto a cuento de que el otro día uno de los economistas
jefes del Fondo Monetario Internacional, Raghuram Rajam, declaró
con toda contundencia que al ritmo de crecimiento potencial,
Europa no puede permitirse el actual Estado de bienestar,
afirmación que en realidad tiene poco de nueva, puesto que los
portavoces de las fuerzas económicas de todos los países vienen
afirmando algo parecido hace ya tiempo. Es decir, pertenece a
los tópicos que todo el mundo da por buenos y repite sin mayor
análisis. Por lo mismo, sería conveniente que nos preguntásemos
qué profundos razonamientos se encuentran debajo de tal
aseveración.
Cuando los defensores de esta tesis se ven en la necesidad de
justificarla suelen recurrir a la pirámide de población, a las
proyecciones demográficas y a cómo se va deteriorando la
relación entre activos y pasivos. Hace más de quince años que se
publicaron estudios interesados, patrocinados normalmente por
las instituciones financieras que profetizaban las situaciones
más catastrofistas. Pues bien, ninguno de esos augurios se ha
cumplido en lo más mínimo. No obstante, hoy se continúan
haciendo proyecciones similares. A diez, quince, veinte años
vista, es difícil tener en cuenta todas las variables. Fenómenos
tales como la incorporación de la mujer al mundo laboral o la
entrada masiva de emigrantes han incrementado y van a
incrementar aún más la población activa.
Pero, con todo, no es la relación activos-pasivos la variable
significativa para hablar o no de sostenibilidad. El problema
debería plantearse desde la óptica de la renta nacional y el
nivel de población total o, expresado de otra manera, de la
renta per cápita, que no es más que el cociente de la primera
por la segunda. En los últimos treinta años, la población de la
mayoría de los países europeos apenas ha cambiado; sin embargo,
la renta nacional por término medio se ha incrementado un ciento
por ciento, multiplicándose así por dos la renta per cápita. Es
decir, que somos el doble de ricos, y nada indica que la
evolución futura en los próximos treinta años no vaya a ser
similar. Y si somos por término medio el doble de ricos, por qué
no vamos a poder mantener aquello que hace treinta años nadie
dudaba que se pudiera conservar. Y si dentro de treinta años
vamos a ser aproximadamente el doble de ricos que ahora, por qué
va a ser insostenible entonces lo que ahora sí lo es. Lo único
que puede justificar la aseveración de que la economía del
bienestar es inviable es pensar que la renta nacional de los
estados europeos va a reducirse en el futuro, lo cual no parece
demasiado probable.
Pero existe otra hipótesis según la cual los países europeos no
pueden sostener el Estado del bienestar, sólo que esa hipótesis
no se explicita porque provocaría todo tipo de reacciones,
aunque está implícita en el razonamiento de sus detractores. Y
es que la distribución de la renta tiene que evolucionar a favor
del capital y de las empresas. Es decir, que el excedente
empresarial debe absorber una parte cada vez mayor de la renta
y, por el contrario, la parte destinada a salarios y a impuestos
tendrá que ser cada vez menor. En esas condiciones, aun cuando
la renta per cápita se incremente, es posible que el nivel
salarial disminuya, por lo menos en algunos sectores, y los
ingresos del Estado se reduzcan, imposibilitando la protección y
los servicios sociales.
Pero cómo decir a la mayoría de la sociedad que la economía del
bienestar resulta imposible de mantener porque los empresarios
necesitan engullir una parte cada vez mayor de la renta
nacional. Papeleta ciertamente difícil. Ahí interviene la
globalización o fenómenos tales como la Unión Europea. El libre
cambio y la libre circulación de capitales proporcionan la
coartada perfecta. Los costes laborales, sociales y fiscales
deberán reducirse; de lo contrario, el capital y las empresas
emigrarán a otras latitudes. Habrá que aceptar que el beneficio
empresarial sea tan elevado como deseen los empresarios y, en
consecuencia, los salarios y los ingresos estatales, cada vez
más reducidos. En esos parámetros el Estado del bienestar
resulta, desde luego, imposible. "Cuando los llamados call
centres están ayudando a las empresas a exprimir 24 horas la
jornada laboral, Europa no puede estar debatiendo todavía una
jornada semanal de 35 horas", afirma Rajam.
Hoy, el capital y las empresas han encontrado el sistema ideal.
Producir en países de bajos salarios y reducida carga fiscal, y
vender en otros de elevada renta. Producir en China y vender en
Alemania. De lo que no se dan cuenta es de que este paraíso
empresarial no es sostenible a medio plazo. De lo que no son
conscientes es de que en su esquema, antes o después, Alemania
dejaría de ser un país de fuerte demanda, bien sea porque las
empresas se trasladarían a China, originándose un fuerte
desempleo, bien sea porque, para impedirlo, los salarios y los
impuestos se acabarían acercando a los de ese país.
Algo de esto está comenzando a suceder. Curiosamente, el
discurso oficial explica el bajo crecimiento económico de
Alemania por su baja competitividad echando la culpa a los
salarios y a la protección social de que goza el trabajador
alemán. Pero no es la competitividad lo que falla. De ninguna
manera el sector exterior está estrangulando el crecimiento
económico alemán, todo lo contrario, Alemania goza de superávit
en su balanza de pagos. El problema de Alemania en estos
momentos es la demanda interna. Algo tendrá que ver en ello la
Agenda 2010, pretendiendo reducir los beneficios sociales.
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