|
(IAR-Noticias)
13-Jun-05
 Por Darío Montero - IPS
"Prefiero mil veces ser acusado de prudente y no de
asesino de mujeres y niños”, se defiende el general
brasileño Augusto Heleno Ribeiro ante presiones para que
la fuerza militar de la ONU que comanda en el
convulsionado Haití adopte una actitud más agresiva.
Es que el contingente de la Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas en Haití (Minustah, por sus siglas en
francés) actúa muchas veces en función policial contra
grupos fuertemente armados, mimetizados entre miles de
inocentes que se apilan en las estrechas callejuelas y
casuchas de Puerto Príncipe y otras ciudades del país.
La delgada línea divisoria entre la imposición de la paz y
la represión indiscriminada corre continuo riesgo de
desaparecer en los barrios capitalinos de Bel-Air, Cité
Soleil y Carrefour o en la septentrional ciudad de
Gonaives, las zonas más calientes de este país caribeño.
En la capital y en el norte de Haití se han dado
situaciones extremas donde el empleo de la fuerza se ha
hecho sin demasiados miramientos, señalaron a IPS
oficiales de la Minustah. Allí el trato entre los
efectivos y la población es muy rudo, admiten.
Empero, el general Heleno Ribeiro afirma que se mantiene
la prudencia a pesar del caos que debe afrontar la misión
de paz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas),
compuesta por 6.700 militares de 12 países.
”Yo fui acusado de falta de agresividad y ahora
concretamente se me dice que soy tímido. No sé si lo soy,
pero prudente sí gracias a Dios, porque la imprudencia
termina en un tribunal penal”, dijo el militar brasileño a
la delegación de periodistas de Uruguay, entre ellos IPS,
de visita en Haití invitados por el batallón de ese país
en la Minustah, estacionado en el sudoeste.
”Mucha gente me pide acciones más violentas contra los
pandilleros, dentro de Bel-Air o Cité Soleil, pero eso no
me preocupa porque no voy a salir de mi línea de conducta,
pues yo tengo la experiencia de toda mi vida de ver que
esas cosas luego se pagan muy caro”, puntualizó.
El propio primer ministro interino de Haití, Gerard
Latortue, insinuó en rueda de prensa con la delegación
uruguaya la necesidad de mayor contundencia de la fuerza
de paz de la ONU, pero se cuidó de expresarlo abiertamente
y sólo señaló que pediría al Consejo de Seguridad
redistribuir o aumentar los efectivos en las áreas más
violentas de su país.
El jefe militar de la Minustah reconoció que la fuerza a
su mando realiza operaciones en lugares ”donde los
pandilleros utilizan métodos vejatorios, usando niños o
mujeres como escudo para atacar”. Pero aseguró que el
mandato de ONU de respeto a los derechos humanos es muy
claro y se cumple a rajatabla.
A propósito de ello, rechazó con énfasis el informe
conjunto de la organización no gubernamental brasileña
Justicia Global y la estadounidense Universidad de Harvard,
divulgado en marzo, que denuncia supuestas violaciones a
los derechos humanos por omisión e incluso acción de parte
de efectivos de la Minustah.
”Cada vez que yo escucho acusaciones contra las tropas (de
ONU) sobre abusos, por ejemplo, las rechazo de plano. Sólo
hubo el informe al respecto de unas personas que
estuvieron aquí, que dijeron eran de la Universidad de
Harvard”, respondió ante la pregunta expresa de IPS.
Heleno Ribeiro consideró que ese informe carece de
fundamento y que la investigación fue mal intencionada.
”Jamás pueden acusarnos de violaciones a los derechos
humanos”, pues ”todo nuestro contingente tiene en la
cabeza como prioridad el respeto de las libertades
básicas”, dijo.
La proliferación de grupos armados, elementos políticos y
mafias, con intereses y acciones muchas veces
entremezclados, complica de modo extremo el cumplimiento
de la tarea encomendada por el foro mundial de requisar
armas, controlar y estabilizar la paz.
En Haití no aparecen fuerzas definidas en pugna con las
que se pueda negociar, a diferencia de otros países en
conflicto interno, explican veteranos de otras misiones de
la ONU.
Cada gobernante que ocupó la llamada Casa Blanca de Haití,
entre frágiles democracias y golpes de Estado desde la
sangrienta dictadura de la dinastía Duvalier (1957-1986),
dejó a la deriva a sus grupos de paramilitares, que se
suman a las bandas de narcotraficantes y a los dispersos
miembros de las fuerzas armadas desmovilizadas en 1994.
Ese cóctel de violencia perenne tuvo su punto culminante
el 29 de febrero de 2004, cuando fuera derrocado el
presidente Jean Bertrand Aristide, hoy exiliado en
Sudáfrica.
La casi ausencia del Estado en Haití se nota especialmente
en la menguada policía, compuesta por unos 5.000 efectivos
mal armados, cuando según expertos deberían ser por lo
menos 100.000 para los 8,5 millones de habitantes del
país, la mitad de ellos hacinados en Puerto Príncipe.
”Nosotros terminamos haciendo el papel de policía ante las
carencias que tiene esa fuerza local, una función para la
cual no fuimos formados”, aclara Heleno Ribeiro.
La extrema debilidad de la policía, que además carga con
un nefasto prontuario de crueldad por décadas, y un poder
judicial nada confiable, llevaron a fuerzas militares de
la ONU a intervenir para evitar linchamientos, una
práctica a la que recurren los haitianos con asiduidad,
comentaron oficiales uruguayos que pasaron por esa
experiencia límite.
Precisamente, oficiales del Batallón Uruguay de la base de
Jeremie, en el sudoeste, pudieron rescatar de las manos de
un grupo de vecinos exaltados y poner a disposición de la
justicia a un policía que le había quebrado las piernas
con su bastón a un detenido. Las piedras que recibieron
los efectivos fueron al otro día cambiadas por disculpas
de arrepentimiento, contaron.
La Minustah, además de los militares, se compone de
personal civil con delegados del Alto Comisionado de la
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asesores
electorales para preparar los comicios de octubre y
noviembre, y 1.622 policías procedentes de 17 países bajo
el rótulo de Civpol.
La función es reestructurar, organizar y supervisar a la
Policía Nacional Haitiana, para que adopte las normas
internacionales y se transforme en eficaz auxiliar de la
justicia, con un mandato que pone énfasis en enseñar el
respeto de los derechos humanos y las libertades de la
población civil, como explicó un comisario uruguayo
destinado a Puerto Príncipe.
Hasta ahora, los enviados de ONU sólo lograron convocar a
unos 600 nuevos funcionarios, entre ellos 200 ex
militares, a la academia policial distribuida por las
comisarías, muchas de ellas en estado calamitoso y
nauseabundo, como pudo comprobar IPS en Les Cayes, la
principal ciudad del sudoeste del país.
En ese marco de promoción de los derechos humanos, la
Civpol es asistida por expertos que buscan fortalecer la
legislación haitiana, con muchas falencias en la materia,
para evitar que ”se tomen acciones que puedan ir en contra
de la población” como ha ocurrido hasta ahora, precisó a
IPS el colombiano Juan Miguel Osorio.
Pero la formación y profesionalización de esta fuerza para
terminar, por ejemplo, con la práctica de justicia por
mano propia, choca con la falta de recursos locales,
señaló este experto responsable de la tarea en Jeremie, un
departamento que cuenta con 161 policías, un automóvil,
dos motos y siete bicicletas para atender 30.000
habitantes distribuidos en territorio montañoso.
Por eso, entre otras cosas, Heleno Ribeiro cree que este
”país en estado de coma”, donde 80 por ciento de sus
habitantes son pobres y la expectativa de vida apenas pasa
los 50 años, sólo podrá sobrevivir si llega la asistencia
financiera externa prometida para impulsar la economía y
crear puestos de trabajo auténticos.
Ochenta por ciento de los haitianos no tienen empleo
regular ni seguro. Muchos de ellos, en especial las
mujeres, están en el comercio informal callejero, pero eso
no es un empleo sino una manera de sobrevivencia. Setenta
por ciento comen una vez al día.
”Esa es una tarea para los organismos multilaterales. Y si
quieren, lo pueden hacer”, remarcó sin rodeos.
|
EN VIVO
TELEVISION
