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(IAR-Noticias)
20-Jun-05
 Por Franz
Chávez - IPS
La negativa de legisladores a renunciar para habilitar
elecciones generales anticipadas y la amenaza de una
inminente reanudación de las protestas populares son las
mayores piedras puestas en el camino de Eduardo Rodríguez
en su primera semana como presidente de Bolivia.
Rodríguez tropieza con las demandas de grupos sociales del
occidente del país resueltos a recuperar los hidrocarburos
para el Estado y convocar una asamblea constituyente, y
con las exigencias de empresarios y político del oriente
de imponer las autonomías departamentales.
Son los mismos reclamos que llevaron a la renuncia el 7 de
este mes de su antecesor, Carlos Mesa, tras 20 días de
virtual paralización de este país de 9,2 millones de
habitantes.
Sin prometer nada, el nuevo presidente ha trazado un
camino discreto que debería finalizar a fin de año con la
entrega del mando a un presidente elegido en las urnas,
tal como lo dispuso el Congreso legislativo cuando lo
designó en el cargo de modo interino en la madrugada del
día 10.
Pero el trámite no resulta fácil. El período
constitucional, que continúa Rodríguez por decisión
parlamentaria, es de cinco años y lo comenzó en agosto de
2002 Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció el 16 de
octubre de 2003 y fugó del país, tras una revuelta popular
que culminó con la muerte de 67 personas a manos de la
represión policial y militar.
A Sánchez de Lozada lo sucedió al día siguiente el hasta
ese entonces vicepresidente Mesa, que asumió el mando
constitucional también por orden parlamentaria para
finalizar el mandato original de esa administración en
agosto de 2007.
Tras la dimisión presentada por Mesa y en medio de una
creciente desconfianza por el sistema de partidos
políticos y sus actores, las organizaciones sociales
forzaron a su vez la renuncia a sus legítimas pretensiones
de sucederlo por orden constitucional del presidente del
Senado y del Congreso, Hormando Vaca Díez, y de su par de
la Cámara de Diputados, Mario Cossío.
Los sucesivos alejamientos le abrieron paso a Rodríguez
por su condición de presidente de la Corte Suprema de
Justicia, quien asumió el gobierno convencido de ser
prenda de ”unidad y paz” para reencaminar la golpeada
institucionalidad democrática.
Pero su tarea afronta graves problemas. Las encuestas
expresan que la ciudadanía, además de elegir a presidente
y vicepresidente en los previstos comicios de este año,
quiere también la renovación del hoy desprestigiado
parlamento,
Para poner los escaños parlamentarios en juego se requiere
como paso previo la renuncia de los 157 miembros del
Congreso, salvo, claro está, que se reforme la
Constitución a través de una ley específica. Empero, su
aplicación, en caso de conseguirse, sólo sería posible
para la próxima legislatura, a partir de agosto de 2007,
explicó a IPS el constitucionalista, Benjamín Miguel Harb.
La impopularidad de los parlamentarios û27 senadores y 130
diputados-- se acrecentó luego que algunos solicitaron,
para renunciar, el pago de una compensación económica que
puede llegar a cinco veces la retribución mensual si se
aplica la legislación laboral boliviana para los casos de
despido.
Los legisladores cobran el equivalente a 2.716 dólares al
mes, mientras que el salario mínimo nacional que sirve de
referencia para las distintas actividades económica
equivale a unos 50 dólares.
Pero Harb aclara que la función de los congresistas es de
representación política en un poder del Estado y, por lo
tanto, no tienen una dependencia patronal como para exigir
indemnización ante un retiro anticipado.
La desaprobación popular hacia el Congreso se hizo sentir
a gritos el jueves, cuando los presidentes de las cámaras
parlamentarios intentaron acompañar al presidente
Rodríguez, mientras recibía honores de las Fuerzas
Armadas.
Los calificativos y críticas frente a la sede del gobierno
obligaron a los representantes del Congreso a abandonar
uno de los balcones antes que concluyera el acto de
reconocimiento militar a su comandante en jefe o Capitán
General, como es el presidente del país según la
Constitución.
Minutos antes, en un acto en que se entregaron los
símbolos presidenciales a Rodríguez, una medalla, banda y
bastón de mando, el mandatario y el titular del Congreso
libraron una suave puja discursiva.
Muy didáctico en su explicación y casi anticipando el
comportamiento del presidente, Vaca Díez explicó en un
discurso que la falta de consenso sólo permitirá la
convocatoria a elecciones para presidente y
vicepresidente.
En cambio, Rodríguez respondió con voz firme que ”el
Congreso debe interpretar las demandas de elecciones
generales para fortalecer el sistema democrático.
El descontento social puede provocar nuevas movilizaciones
que presionen hasta alcanzar la clausura del Congreso,
advirtió a IPS el profesor universitario y sociólogo
Joaquín Saravia.
A todo esto, la sociedad boliviana ya muestra la pugna por
la silla presidencial, donde aparecen entre las
principales figuras el empresario de la industria del
cemento Samuel Doria Medina, el líder campesino y del
Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, y el ex
presidente Jorge Quiroga (2001-2002).
Doria Media, quien encabeza la intención de votos según
últimas encuestas, fundó el partido Unidad Nacional (UN)
tras apartarse del Movimiento de la Izquierda
Revolucionaria (MIR), que gobernó entre 1989 y 1993 a
través de su líder, Jaime Paz Zamora, y luego formó
coalición con el gobierno Sánchez de Lozada, del
Movimiento Nacionalista Revolucionario.
La UN participó por primera vez en las elecciones
municipales de diciembre del pasado año.
En cuanto a Morales, el desgaste sufrido en las última
crisis políticas del país, al encabezar movilizaciones
callejeras y bloqueos de tránsito, ha minado en algo su
antigua convocatoria electoral, que lo llevó a quedar en
segundo lugar y a muy pocos votos de Sánchez de Losada en
los comicios generales de 2002. Empero, expertos aclaran
que la campaña aún no arrancó.
Por su parte, Quiroga aún se maneja sin partido político,
aunque goza de una licencia de la Acción Democrática
Nacionalista (ADN) que dirigió tras el fallecimiento de su
jefe Hugo Banzer, dictador de Bolivia de 1971 a 1978 y
luego presidente elegido en las urnas de 1989 hasta su
muerte en 2001.
Al margen del Poder Legislativo, el presidente Rodríguez
tratará de persuadir a los habitantes de El Alto, vecina a
La Paz, que amenazan con volver a sus marchas y bloqueos
callejeros hasta obtener la nacionalización de los campos
petroleros y gasíferos, ahora cedidas en concesión a
empresas transnacionales.
La Federación de Juntas Vecinales de El Alto mantiene por
ahora la declaración de cuarto intermedio en su lucha por
la recuperación de los recursos naturales y la asamblea
constituyente.
Rodríguez pidió a las organizaciones alteñas un compás de
espera y la realización de elecciones generales para
derivar la demanda al próximo gobierno.
Durante 20 días, las huelgas y movilizaciones de El Alto
asfixiaron el aparato productivo de esa empobrecida ciudad
y de La Paz, con pérdidas estimadas en 100 millones de
dólares, la cuarta parte del déficit fiscal de Bolivia, y
el cierre de 80 fábricas pequeñas, según estimaciones de
la Federación de Empresarios Privados de La Paz.
Mientras y tras el cambio de mandatario, las expectativas
de la región oriental de Bolivia por la realización de un
referéndum sobre autonomías departamentales se han
fortalecido.
Luego de los frustrados intentos parlamentarios de fijar
fecha, un comité regional organizado por empresarios y
dirigentes cívicos resolvió seguir su propio camino.
Ese comité dispuso que la consulta se realice el 12 de
agosto, en coincidencia con las elecciones de prefectos
(gobernadores) departamentales, una convocatoria que no se
ajusta a las normas constituciones para los referendos,
que el presidente Rodríguez pretende hacer cumplir fiel a
su formación en derecho.
Uno de los actores de las movilizaciones de junio, el MAS
entregó al presidente dos proyectos de decreto encaminados
a realizar el referéndum sobre autonomías y la
convocatoria a asamblea constituyente.
”El presidente tiene la disposición de autorizar el
funcionamiento de una comisión que facilite la realización
de una asamblea constituyente para garantizar justicia,
igualdad, equidad y la recuperación de los hidrocarburos”,
dijo Morales.
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