El primer camino llevará a Chávez, Lula y Kirchner a coadyuvar en la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) o, por el contrario, a ser cómplices de la desintegración de Bolivia, como pretenden Repsol, Total, British Gas y la Enron, que sigue operando en el país.

La pugna se produce en momentos en que el Congreso paraguayo ha aprobado el tratado de inmunidad para las tropas norteamericanas. Inmediatamente después, EEUU anunció que instalará una base militar en territorio paraguayo, a cien kilómetros de los mega campos de Tarija.

Chávez es el eje de la resistencia al poder petrolero foráneo en nuestra región. Millones de latinoamericanos confiamos en que no abandone esta trinchera. Kirchner, en cambio, se ha sumado a las presiones de Repsol y Pluspetrol para obtener gas boliviano al precio “solidario” de un dólar el millar de pies cúbicos (MPC), en tanto el consumidor local, con apoyo de subsidios estatales, paga siete dólares por la misma cantidad.

Kirchner y Repsol han exigido que Bolivia amplíe sus ventas de 6 millones a 30 millones de MCD, a $US 0.60 el MPC, precio que paga Pluspetrol Argentina a su filial, Pluspetrol Bolivia, de cuya suma el Tesoro General de la Nación (TGN) percibe el 18 % en regalías, o sea diez centavos de dólar. Cómo no envidiar a los norteamericanos cuando venden gas a México o Canadá a 7 dólares el MPC.

Lula y Petrobrás, así como sus socias norteamericanas y europeas, que tienen el 35 % de acciones en la estatal brasileña, están utilizando un lenguaje imperial para obligar a Bolivia a integrar el anillo energético de las transnacionales. La Ministra de Lula, Dilma Roussef, ha declarado que Brasil no permitirá que se cambien los contratos suscritos por Gonzalo Sánchez de Lozada , quien rebajó las regalías a las petroleras del 50 al 18 %.

Todos sabemos que las reservas peruanas de gas son insuficientes para atender las necesidades de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además del compromiso de venta a México.

El gobierno de Asunción ha dicho que no podrá comprar el gas de Perú a $US 8, cuando debería adquirirlo de Bolivia a $US 1.50. Los proyectos que las transnacionales están llevando a cabo dentro del tratado argentino-chileno de minería están basados en el barato gas boliviano. En el año 2001, ya se trató de obtenerlo, con el pretexto de enviarlo de Bolivia a California. No es casual que el Presidente Lagos hubiera lanzado la iniciativa del “anillo”.

El transitorio gobierno boliviano está muy mal preparado para resistir las presiones foráneas. El nuevo Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé fue Sub Contralor de la República, cuando Antonio, hermano de GSL, era el Contralor. El Ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn, contribuyó a desmantelar a YPFB, en el primer gobierno de GSL.

Luego fue ejecutivo de Gas Petro, empresa de servicios petroleros, subsidiaria de Petrobrás. Volvió a YPFB para ayudar a vender las refinerías, en el gobierno de Hugo Banzer (1997 – 2001). Fue uno de los beneficiarios del “anexo D” (pagos de las petroleras a funcionarios estatales).

El canciller Armando Loaiza fue cónsul general en Santiago, cuando GSL pretendía, en 1993 y 1994, construir el gasoducto Tarija (Bolivia) a Tocopilla (Chile), donde están las minas de la inglesa Río Tinto Zinc (RTZ), socia del ex Jefe de Estado. El nuevo presidente de YPFB es Carlos D’Arlach, quien trabajó 23 años para la Occidental Petróleum.

El Vicepresidente de YPFB es José Kreidler, cuya empresa de servicios es cliente de las transnacionales. Cierran el lote, el Ministro de Desarrollo Económico, Carlos Díaz, vinculado a Petrobrás, el Ministro de Economía, Juan Carlos Jemio, hombre del BID, y el Ministro de Gobierno, Gustavo Avila Bustamante, ejecutivo en Bolivia de la farmaceútica “Bagó”, en la que tienen acciones Petrobrás, City Bank, Dow Chemical, Bank Boston, Techint, Repsol y otras joyas por el estilo. El movimiento popular no sólo tiene que vigilar a las petroleras, sino, con mayor ahínco, a su propio gobierno.