Por James Petras -
La Jornada

El concepto "globalización" no explica los vastos flujos de capital, utilidades, regalías, intereses y dinero lavado que salen de América Latina. No explica la red de bases y misiones militares estadounidenses, así como las operaciones militares y de inteligencia mediante las cuales Washington interviene en la región. Tampoco describe el control y explotación que ejercen los bancos, casas de inversión y empresas trasnacionales estadounidenses en la economía, el comercio, la energía y las materias primas del subcontinente.

"Hegemonía" no es un concepto útil, salvo en circunstancias y marcos temporales muy limitados. La mayoría de las políticas estadounidenses, desde el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) hasta la privatización de los principales servicios públicos, telecomunicaciones, agua y energía, son objeto de vehemente oposición de la gran mayoría de los latinoamericanos mediante protestas en masa, referendos o derrocamiento de regímenes clientes. Es claro que Estados Unidos no ejerce "hegemonía" sobre 70 por ciento de la población urbana y rural, en especial obreros, campesinos y empleados públicos. La influencia ideológica o hegemonía estadounidense se ejerce sobre la elite política y económica. Además, inclusive la elite política, bajo presión de las masas, huelgas generales o amenazas de levantamientos populares, rechaza también, al menos de forma temporal, las políticas de Washington, por ejemplo los intentos de derrocar al presidente de Venezuela, electo con el voto popular.

Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, en cuanto afectan a la gran mayoría del subcontinente, están basadas en la dominación, en amenazas económicas y militares, y en la intervención directa e indirecta. La noción de imperialismo captura mejor la naturaleza dual de estas relaciones -dominación, explotación y colaboración con las elites clientes- que las de globalización y hegemonía.

El imperialismo es una estructura y una relación. La estructura imperial comprende la vasta red económica que explota a Latinoamérica; las agencias del Estado imperial y su penetración en las instituciones internacionales -Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional (FMI) y demás-, y sus activos políticos en las estructuras gubernamentales de los regímenes latinoamericanos. Los conflictos de clase y nacionales entre el imperio y las organizaciones sociopolíticas de masas desempeñan un papel decisivo en la definición de las políticas hacia América Latina, sus estructuras y su dirección. El ejercicio del poder imperial es contingente, según la correlación de fuerzas de clase y nacionales en un país y en un momento dados.

En los 30 años pasados, el imperialismo estadounidense, con apoyo de las elites latinoamericanas, ha tenido éxito en gran medida en imponer un "mercado libre" o el modelo político-económico neoliberal en todo el continente, lo cual ha producido enormes transferencias de riqueza a los bancos estadounidenses y trasnacionales: las estimaciones llegan a mil 500 billones de dólares en los 15 años pasados.

El resultado de este modelo de acumulación "con centro en el imperio" ha sido el vasto empobrecimiento de la población rural y urbana, la movilidad hacia abajo de todos los empleados del sector público y otros trabajadores, y la expansión de un "sector informal" mal pagado que representa hoy entre 50 y 80 por ciento de la fuerza laboral.

Dados los estrechos vínculos entre el modelo de "libre mercado" centrado en el imperio y la aguda polarización social, no es sorprendente que los regímenes clientes respaldados por Washington y las políticas neoliberales hayan sido el blanco de sostenidas protestas de masas, levantamientos e incluso desafíos electorales.

Del decenio de 1990 a 2005 han sido derrocados presidentes clientes de Washington en Venezuela, Brasil, Ecuador (tres veces), Bolivia (dos veces), Perú y Argentina. Los referendos preparados para privatizar empresas públicas han sido derrotados en Uruguay (sistema de agua potable y de puertos), Perú (agua) y Bolivia (agua). Han ocurrido levantamientos importantes para renacionalizar el petróleo y el gas (Bolivia), poner fin al pillaje financiero de bancos foráneos (Argentina) y detener los injerencistas programas de erradicación del cultivo de coca (Perú y Bolivia). Dos importantes movimientos guerrilleros que cuentan con 25 mil combatientes han logrado repeler un programa de contrainsurgencia dirigido por Estados Unidos a un costo de 3 mil 500 millones de dólares y retienen control sobre la tercera parte de Colombia. En Venezuela, mayorías populares hasta de 60 por ciento han respaldado al presidente Chávez y su programa nacional popular, sus iniciativas constitucionales y sus aliados en el gobierno y el Congreso. Un golpe de las elites civiles y militares, apoyado y financiado por Washington, fue derrotado por una gigantesca movilización popular en unión con oficiales constitucionales del ejército.

Los principales movimientos por la democracia y la justicia social en toda la región se oponen de manera unánime a las políticas imperiales estadounidenses y en muchos casos han llevado a cabo significativos programas de redistribución social. El Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil ha ocupado miles de predios y asentado a más de un millón 500 mil de campesinos. Las agrupaciones de cocaleros en Perú y Bolivia han desarrollado y cultivado tierras e incrementado sustancialmente los ingresos. El movimiento de trabajadores desempleados ha tomado el control de 200 fábricas en Argentina, mientras 3 millones de desempleados lograron pensiones de subsistencia del gobierno nacional, en contra de los programas de austeridad del FMI. En Ecuador los sindicatos obreros y los movimientos indígenas han bloqueado la privatización total de la industria petrolera estatal.

Si bien los movimientos sociales de masas han demostrado los "límites" del poder imperial estadounidense -tanto económico como militar-, no se puede decir lo mismo de los partidos electorales de "centroizquierda" que han capitalizado el descontento popular para ganar elecciones.

La mayoría de los periodistas y académicos continúan refiriéndose a los gobiernos de Lula da Silva en Brasil, de Néstor Kirchner en Argentina, de Ricardo Lagos en Chile y, en fecha más recientes, al de Tabaré Vázquez en Uruguay, como de "centroizquierda", pese a que estos regímenes han adoptado casi sin excepción toda la agenda neoliberal. Esta caracterización errónea se basa en la trayectoria pasada de esos líderes (su pasado izquierdista), y en algunos casos en las demagógicas afirmaciones que hacen sobre sí mismos.

El imperio estadounidense no ha logrado avances contra los movimientos de masas mediante políticas coercitivas, injerencia militar y represión, pero sí mediante los partidos electorales de centroizquierda. La desventaja para él es que las masas pronto muestran su profundo desencanto con lo que se percibe como la traición de las elites centroizquierdistas y se vuelven hacia los únicos métodos probados de acción directa: protestas de masas, huelgas generales, bloqueos carreteros y ocupaciones de tierras. Si bien los movimientos sociales han sido los principales vehículos por los que las clases obrera, campesina y de empleados han desplazado a políticos venales, llevado a cabo reformas sociales y bloqueado las políticas más aparatosas de Washington, no han logrado adueñarse del poder del Estado. Cada presidente derrocado por estos movimientos es remplazado por otro salido de la misma elite, que aplica las mismas políticas neoliberales. Esta "rotación" o "circulación" de elites, que los publicistas del imperio llaman con aprobación "cambio constitucional", ha frustrado los esfuerzos de los movimientos por lograr cambios estructurales amplios e irreversibles.

Dentro de algunos de los principales movimientos de América Latina, sobre todo en Bolivia, Ecuador, México y Brasil, existe debate y discusión en torno a crear un nuevo instrumento de clase para tomar el poder del Estado. Sin embargo, la relación entre la dinámica de los movimientos sociales y la cuestión del poder del Estado es muy problemática. Lo que ha inclinado la balanza en una dirección más favorable en la gran disputa entre los movimientos latinoamericanos y el imperio estadounidense es la enérgica estrategia "regionalista" propugnada por el presidente de Venezuela. Sus amplios programas de bienestar social, sobre todo en salud y educación, plantean un serio desafío al modelo centrado en el imperio promovido por Washington. La derrota infligida por Chávez a los esfuerzos estadounidenses por desestabilizar su gobierno; su oposición a la invasión de Haití y su venta subsidiada de petróleo y gas a los países caribeños le han ganado simpatía en lo que solía llamarse "el patio trasero de Estados Unidos". Chávez diversificó relaciones con China, Irán, Libia, India y Rusia, y su propuesta de una empresa y un bloque comercial regionales del petróleo en América Latina ha demostrado, sin lugar a dudas, inclusive a las elites latinoamericanas, que las alternativas a la dominación estadounidense son viables y prometedoras.

Las estrechas relaciones de trabajo y políticas entre Venezuela y Cuba ofrecen un modelo de colaboración regional: Venezuela surte petróleo a precios subsidiados y Cuba lleva a cabo programas de salud y educación para los venezolanos. El surgimiento de un modelo venezolano basado en economía mixta, bienestar social, política exterior independiente y nacionalista y participación de las masas populares en el proceso político, bajo el liderazgo de un presidente afrovenezolano, presenta un formidable "punto de referencia" para los florecientes movimientos sociales latinoamericanos.

La declaración de Chávez de junio pasado, en la que se define como socialista del siglo XXI que no ve futuro en la explotación capitalista e imperialista, tendrá el efecto de volver a legitimar un marxismo renovado, que se propone vincular la nueva configuración de fuerzas sociales radicalizadas -indígenas, negros, trabajadores informales y empleados públicos empobrecidos- con los sectores militantes de trabajadores sindicalizados y movimientos campesinos.

La agenda extremista de Washington, su postura beligerante hacia Venezuela y Cuba, han polarizado a América Latina en su contra, como se mostró en la reciente reunión (junio de 2005) de la Organización de Estados Americanos, en la que se rechazó la propuesta de Condoleezza Rice de "monitorear" medidas autoritarias adoptadas por regímenes latinoamericanos (léase Chávez).

En el futuro previsible, las relaciones Estados Unidos-América Latina continuarán marcadas por severo conflicto, en especial en los movimientos de masas. Washington seguirá beneficiándose del reciclamiento de regímenes putativos de "centroizquierda", pero es probable que éstos sigan contando con respaldo popular de escasa duración. Es posible que en un futuro no muy lejano una u otra de las coaliciones populares de pobres del campo y la ciudad lleguen "a la cima" y se adueñen del poder, probablemente en alguno de los países andinos, lo cual pondrá en marcha un nuevo desafío al imperio y a los movimientos internacionales y regionales de solidaridad.