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(IAR-Noticias)
15-Ag-05
 ¿Qué duda cabe, a casi cuatro meses de iniciado el “juicio del Puente
Pueyrredón”, de que se trató de un plan deliberado para destruir al movimiento
de lucha surgido del Argentinazo? ¿Qué duda cabe de que estamos frente a uno de
los más escandalosos operativos de encubrimiento de la historia, de lo que fue
un verdadero crímen contra el pueblo? Estamos ante una masacre comparable a las
de Tlatelolco (México, 1968), Kent State (EEUU, 1970), Ezeiza (Argentina, 1973)
o Tienanmen (China, 1989); es decir de un caso de terrorismo de Estado contra la
lucha popular.
Por Néstor Rivas - Prensa
Obrera, Argentina
Las pruebas que se han ido acumulando a lo largo de una treintena de audiencias
son más que suficientes para llevar al banquillo de los acusados a la cúpula del
gobierno duhaldista y a buena parte de los actuales gobernadores. Pero no sólo
no han sido imputados: el fiscal se ha ocupado de que ni siquiera comparezcan a
brindar testimonio, cuando no tenían posibilidad de ampararse en cuestiones de
agenda. Empezando por el propio Kirchner: el actual presidente participó el 14
de mayo de 2002, poco más de un mes antes de la Masacre de Avellaneda, en su
calidad de gobernador de la provincia de Santa Cruz, de una reunión de
gobernadores en la que, según distintas fuentes periodísticas, se pidió al
entonces presidente Duhalde una represión “aleccionadora” que “disciplinara” la
protesta social. Las distintas coberturas periodísticas señalaron a los
gobernadores Juan Carlos Romero, de Salta; Rubén Marín, de La Pampa, y José
Manuel de la Sota, de Córdoba (todos ellos actuales aliados del gobierno) como
quienes exigían una represión violenta que pusiera freno al creciente clima de
protesta política y social. El proyecto era salvar el mandato de Duhalde hasta
2005, cuando la crisis política se lo devoraba a pasos acelerados. La escalada
represiva que se montó fue comandada desde el poder político e incluyó a la
Justicia y a los organismos de seguridad. Este “viraje” (operado ante el
manifiesto fracaso de los “consejos consultivos” y en la cooptación de las
asambleas populares) fue anunciado con bombos y platillos por toda la plana
política del entonces gobierno Duhalde, como lo refleja todo el archivo
periodístico que forma parte de las pruebas del juicio.
¡El propio Carlos Soria, ex director de la Side en época de Duhalde, reconoció
que el informe de esa cartera concluye que la movilización del 26 de junio
“deberá ser un caso testigo para reafirmar la autoridad del Estado”! Justificada
por el hecho de que “se estaba radicalizando la protesta cada vez más y se
estaban empezando a integrar los diferentes reclamos, piqueteros, asambleas,
ahorristas... eso constituía un peligro institucional para la democracia”, ante
el cual “había que poner orden, ya que la democracia funciona con orden”
(Audiencia 18, 14/7). El eje de ese supuesto “plan” de desestabilización pasaba
por la ANT del 22 y 23 de junio de 2002. ¡A confesión de partes...!
A tal punto estaba todo montado, que la misma noche de aquel 26 de junio y
durante todo el día 27, hasta entrada la noche (cuando una imponente
movilización le dio el mazazo final al gobierno Duhalde), el conjunto del
gobierno operó para presentar la masacre como “un enfrentamiento” (tesis que
esgrime la defensa de Fanchiotti).
El gobierno de Kirchner es él mismo producto del fracaso de esa política
represiva, siempre vigente, siempre latente, bajo el régimen de los banqueros y
capitalistas. Kirchner se “borró” del juicio para no comprometerse él mismo ni
comprometer a sus actuales “ahijados” y a su ex “padrino”. Existe un claro pacto
de impunidad entre ambas camarillas criminales del PJ.
Todos los funcionarios comprometidos deben ir al banquillo de los acusados. Hace
al interés de todos los explotados y de todo el movimiento democrático
desbaratar una nueva provocación y un nuevo golpe contra el pueblo.
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