|
(IAR-Noticias) 26-Sept-05
El gobierno impidió el ingreso a la histórica Plaza de Mayo de una columna
de piqueteros, docentes universitarios, trabajadores de la salud y organismos de
derechos humanos. Tras la reacción de organismos sociales, abogados y
constitucionalistas, dio marcha atrás y solamente reclamó cordura a los
manifestantes. Todo en menos de una semana y a 44 días de las elecciones
parlamentarias.
Por Fabián Kovacic - Brecha
La decisión del Ministerio del
Interior de impedir la expresión de la protesta social en la Plaza de Mayo
generó reclamos y sospechas en plena campaña electoral. Si bien la decisión fue
del presidente Néstor Kirchner, la voz oficial de las medidas fue el titular de
Interior, Aníbal Fernández, uno de los duros y más verborrágicos ministros en el
gabinete presidencial. La medida forma parte de la nueva política oficial de
impedir los reclamos callejeros que afecten al espacio público, inaugurada el 26
de agosto pasado cuando la Policía Federal impidió el tradicional corte del
puente Pueyrredón en reclamo de justicia por los asesinatos de los piqueteros
Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en junio de 2002.
Pero impedir el ingreso de
manifestantes a la Plaza de Mayo, el pasado viernes 2 de setiembre, generó
suspicacias de todo tenor en la opinión pública. “Quienes quieran manifestarse
deberán pedir permiso con anticipación al gobierno para tomar las medidas
necesarias y evitar que el derecho a circular de otros ciudadanos se vea
coartado”, anunció el viernes Aníbal Fernández. Resulta difícil imaginar un 17
de octubre de 1945 donde los manifestantes pidieran permiso para marchar sobre
la histórica plaza. O las Madres de Plaza de Mayo solicitando a los responsables
de la dictadura de 1976 autorización para concentrarse y marchar por sus hijos
desaparecidos. O ahorristas, desocupados y trabajadores comunes solicitando el
17 de diciembre de 2001 permiso para protestar contra el corralito de Domingo
Cavallo, 48 horas después. Las Madres de Plaza de Mayo expresaron su
“preocupación por las medidas tomadas por el gobierno para impedir el acceso de
los manifestantes que se dirigían el viernes 2 de setiembre de 2005 a Plaza de
Mayo, exhortamos a que el límite impuesto desde la fuerza no derive en una
represión no deseada. Si bien entendemos que el derecho de cada persona termina
donde comienza el de los demás, corresponde al Estado de derecho conciliar
pacíficamente el interés de todos. La Plaza de Mayo debe ser el símbolo de
reclamos y celebraciones populares”, advirtieron.
El miércoles el propio Fernández
admitió que no se volverá a impedir el ingreso de manifestantes a la tradicional
plaza. “Apelamos a la cordura de quienes reclaman para que reflexionen sobre lo
que van a hacer”, suavizó. Al mismo tiempo desde el Ministerio de Desarrollo
Social se anunciaba un incremento autorizado en las partidas de planes sociales
para 2006 en casi 400 millones de pesos. Sin embargo la idea del ministro
Fernández movió las aguas de la jurisprudencia. Constitucionalistas y fiscales
opinaron que efectivamente la protesta social cercena derechos de quienes no se
pliegan a ella, pero su raíz no permite a quienes la ejercen más remedio que
reclamar del modo que puedan ser escuchados en un Estado de derecho. El
constitucionalista Alejandro Carrió consideró “necesario tener mucho cuidado con
reprimir la manifestación de reclamo porque reclamar es un derecho
constitucional. Pero también es cierto que sin llegar a esta vía hay que
garantizar la libre circulación de las personas”.
Salario,
encuestas y elecciones
Para algunos sectores se trata de una medida bien vista por el votante potencial
de clase media que ya dejó atrás en su memoria los días aciagos del corralito y
los escraches a los bancos, se recuperó económicamente con la devaluación y
empieza a marcar en las encuestas que está cansado de la protesta social
callejera. Frente al duhaldismo, el menemismo y la dupla de centroderecha
integrada por Ricardo López Murphy y Mauricio Macri, el Frente para la Victoria,
expresión electoral del gobierno, es visto como blando e indulgente con los
sectores piqueteros y en las encuestas pierde votos en favor de esa franja de
centroderecha. En la misma línea de análisis, se agrega la confluencia de
algunos gremios con las organizaciones de desempleados generando un bloque más o
menos homogéneo o, al menos, con reclamos similares: recibir parte de la bonanza
anunciada en las estadísticas del Ministerio de Economía y declamada por los
responsables políticos del gobierno nacional. Aislar a quienes reclaman es una
estrategia implementada desde el retorno de la democracia por todos los
presidentes. Desde el viernes 2, el aumento otorgado a los docentes de 14
universidades nacionales que venían reclamando una recomposición salarial, con
un paro de casi tres semanas, permitió oxigenar al gobierno en su camino a las
elecciones parlamentarias del 23 de octubre, donde según el propio Kirchner se
plebiscitará su gestión. La tregua alcanzada por los trabajadores de la salud
del hospital Garrahan y la fuerte advertencia a los piqueteros duros parecen
haber aquietado las aguas de los reclamos callejeros que ahora se trasladaron a
las mesas de negociación paritaria y en algunos casos con la intervención
directa del Ministerio de Trabajo.
Lo que está en juego es la recomposición del salario real a partir de los
primeros avances firmes registrados en la economía nacional luego de la
devaluación de 2002. Resulta lógico si se tiene en cuenta que desde las tribunas
políticas tanto Duhalde como Kirchner, en sus roles presidenciales, se
encargaron de festejar la recuperación económica mostrándola como un logro de
sus gestiones a favor de todos los argentinos. Se trata ahora de redistribuir
los primeros excedentes generados en casi cuatro años de gobiernos peronistas.
En buen romance las protestas sociales de ocupados y desocupados, tanto como los
reclamos de los sectores empresariales, pueden traducirse como la pelea por la
redistribución del ingreso nacional.
Mirada la cuestión desde la perspectiva de los trabajadores ocupados y
desocupados las cosas son un poco más complejas. Desde 1998 no se produjeron
aumentos de salarios y recién a fines de 2002 la gestión de Kirchner autorizó
incrementos no registrados como salario. Se trató, en el caso de los docentes
universitarios, los maestros de escuelas públicas primarias y secundarias y los
empleados, de sumas no incorporadas al salario, es decir no computables para los
aportes jubilatorios. “No son aumentos, son dineros en negro que el gobierno
ofrece a los trabajadores. Es una paradoja que el Estado pague parte del salario
en negro”, asegura el secretario general de los docentes universitarios, José
Luis Molina.
Numeritos
Según el economista Miguel Ángel Broda, ex asesor de Domingo Cavallo durante los
años de Menem, “la recuperación lleva ya 14 trimestres. Luego de haber tocado
fondo en el primer trimestre de 2002, el pbi acumula una suba del 27 por ciento;
la producción industrial creció el 45 por ciento; la construcción, el 100 por
ciento; las exportaciones, el 30 por ciento y la inversión en términos del pbi
pasaría del 11 por ciento en 2002 al 19 por ciento en 2005. A su vez, la
economía en el segundo trimestre mostraría una expansión interanual del 10 por
ciento y en todo el año un aumento del orden del 8 por ciento”. Para Claudio
Lozano, economista de la cta y diputado nacional, “el gobierno está orgulloso
del superávit tanto en la balanza comercial como en la esfera fiscal con el
aumento de la recaudación impositiva de casi un 11 por ciento respecto del año
pasado, pero no piensa volcar ese excedente en la recomposición de los salarios
sino en mantenerlo en reserva para seguir pagando a los organismos
internacionales de crédito”. Lo cierto es que el ministro de Economía, Roberto
Lavagna, artífice en buena medida de los logros económicos desde marzo de 2002,
aún no ha decidido medidas para impulsar el consumo interno como motor del
crecimiento. La inflación sigue siendo su preocupación y nadie espera para lo
que resta del año nuevas medidas económicas que ayuden a los presupuestos
familiares y de paso den una mano en la campaña electoral oficial. “Es lo que
hay”, suele repetir en privado.
|
EN VIVO
TELEVISION
