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(IAR-Noticias) 27-Sept-05
 Considerable
oposición soporta una propuesta de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la
Unión Europea (UE), para que las empresas de telecomunicaciones retengan datos
personales de los usuarios.
Por Magda Fahsi - IPS
De
aprobarse, la directiva obligaría a estas compañías a almacenar
datos sobre todas las llamadas de telefonía fija y móvil durante
un año, incluyendo las efectuadas pero no contestadas, los faxes
y los mensajes de correo electrónico (por seis meses), dentro
del bloque de 25 países, con el fin de que sirvan para un
eventual rastreo de sospechosos de terrorismo.
Los proveedores de servicios de conexión a Internet tendrán que
almacenar información como fecha, hora, duración y tipo de
comunicación (mensajes de voz, de texto y otros). Y en el caso
de los teléfonos celulares, se incluiría la ubicación al
comenzar y al finalizar la llamada.
La propuesta, presentada el 21 de este mes, no abarca el
contenido de la comunicación.
La Comisión no argumentó sobre la necesidad de implementar estos
controles. Simplemente anunció que se necesitaban "reglas que
garanticen la disponibilidad del tráfico de datos para
propósitos antiterroristas a través de los 25 estados miembros".
Algunos países de la UE han presionado por estas medidas desde
los ataques contra cuatro trenes que el 11 de marzo de 2004
dejaron casi 200 muertos en Madrid.
Finlandia, Austria y Alemania se opusieron a un proyecto
anterior, preparado por Gran Bretaña, Irlanda, Francia y Suecia,
y presentado a los ministros de Justicia y del Interior,
preocupados por los costos que implicaría para los operadores de
telecomunicaciones.
El texto de los ministros también fue criticado por el
Parlamento Europeo --el único organismo democráticamente elegido
de las instituciones de la UE-- y por organizaciones defensoras
de las libertades civiles.
"La retención de datos es una herramienta invasiva que
interfiere con las vidas privadas de todos en Europa", dijeron
en una carta abierta al Parlamento Europeo en junio las
organizaciones European Digital Rights (Derechos Digitales
Europeos), Privacy International (Privacidad Internacional) y
Statewatch (Control de los Estados), que defienden los derechos
civiles.
Allí declararon que "retener datos personales de todos es una
práctica ilegal en términos del artículo ocho de la Convención
Europea sobre Derechos Humanos".
Varios miembros del Parlamento Europeo también se opusieron a la
propuesta. "¿Hasta qué punto el sistema es compatible con el
derecho a la vida privada y familiar tal como está definido en
el artículo ocho de la Convención Europea?", se preguntó
Alexander Nuno Alvaro, el relator alemán durante el debate
parlamentario.
"¿Hasta qué punto es compatible con las garantías fundamentales
consagrados en nuestras constituciones nacionales, tales como el
derecho a determinar la apertura y el uso de los datos
personales y el derecho a la privacidad telefónica?", agregó.
Muchos legisladores afirmaron que el registro y retención de
datos sería una medida desproporcionada y cuestionaron su
necesidad y eficacia, y los altos costos para la industria y los
usuarios de las telecomunicaciones.
Un problema considerable del primer proyecto fue el papel
estrictamente consultivo dado al Parlamento Europeo, pues los
legisladores intentaron obtener poderes equiparables a los del
Consejo Europeo (de ministros de los 25 países) sobre el texto.
La nueva propuesta de la Comisión apunta exactamente a eso.
También propone periodos de retención más cortos que el texto
inicial. Pero esto no significa que haya consenso sobre el
contenido.
"Rechazamos la propuesta de la Comisión tanto como el proyecto
de los ministros de Justicia e Interior", dijo a IPS un portavoz
de European Digital Rights. "Ambos son muy similares. La
propuesta de la Comisión sólo difiere en un periodo de retención
más corto".
European Digital Rights y Transparencia Internacional se oponen
a cualquier forma de retención sistemática, y han emitido una
petición en Internet bajo la consigna "la retención de datos no
es la solución", que aseguran ya ha sido firmada por más de
47.600 personas.
Pero el relator Alexander Alvaro, señaló en un comunicado que
"haber logrado un poder de decisión conjunto (de ministros y
legisladores) en esta área importante es un éxito para las
prerrogativas del Parlamento". A primera vista, el proyecto de
la Comisión parece estar "en la dirección correcta", añadió,
pero se rehusó a hacer más comentarios sobre su contenido.
Además, no es seguro que el proyecto de los ministros sea
retirado. Gran Bretaña, que ocupa la presidencia del Consejo
Europeo hasta fin de año, aspira a adoptar un acuerdo antes del
fin de su período.
"Si la presidencia (del Consejo) puede obtener garantías del
Parlamento de que la propuesta de la Comisión será adoptada
antes de fin de año, probablemente estará de acuerdo con retirar
la propuesta ministerial", dijo a IPS un funcionario de la
Comisión.
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