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(IAR-Noticias) 29-Sept-05
 Las
tensiones en la oriental provincia de Kivu Norte, República Democrática de
Congo, pueden causar un nuevo conflicto generalizado que agrave aún más la
situación humanitaria en ese país centroafricano, advirtió este miércoles
Amnistía Internacional.
Por Moyiga Nduru - IPS
Las rivalidades
políticas y militares en Kivu Norte ponen en peligro el incierto proceso de paz
congoleño y pueden conducir a graves violaciones a los derechos humanos en una
región cuyo nombre se ha vuelto sinónimo de abusos, previno la organización de
derechos humanos, con sede en Londres, en un nuevo informe.
Actualmente, "unos 31.000 congoleños mueren cada mes por actos de violencia
directos, enfermedades de fácil prevención o hambre causadas por la inseguridad,
el desplazamiento y la falta de acceso a atención humanitaria y médica", dice el
informe, titulado "Kivu Norte: Los civiles pagan el precio de la rivalidad
política y militar".
Amnistía documentó cómo los presuntos socios en el reparto de poder del gobierno
de transición de la República Democrática del Congo (RDC, ex Zaire)
contribuyeron a deteriorar la situación en Kivu Norte inflamando las tensiones
étnicas para perseguir sus propios intereses políticos, económicos o militares.
"Kivu Norte es actualmente el escenario en el que se exhiben los antagonismos
políticos y militares nacionales y regionales, y el resultado es cada vez más
trágico para los habitantes de la región", afirmó Kolawole Olaniyan, director
del Programa para África de Amnistía Internacional.
La actual inestabilidad de Congo tiene su origen en 1996, cuando rebeldes de un
grupo de la etnia tutsi conocidos como Banyamulenge se levantaron en armas
contra el presidente Mobutu Sese Seko y lo derrocaron un año después.
Los insurgentes contaron con el respaldo de los gobiernos de Uganda y Ruanda.
Este último estaba preocupado porque militantes hutu que en 1994 perpetraron la
matanza de hasta un millón de tutsis y hutus moderados en Ruanda usaban el
territorio congoleño como base de operaciones.
Una segunda serie de combates estalló en 1998 tras el deterioro de las
relaciones entre el nuevo presidente, Laurent Kabila, y sus ex aliados de Ruanda
y Uganda. La nueva guerra, que duró cinco años, enfrentó a rebeldes apoyados por
Ruanda y Uganda contra fuerzas gubernamentales, respaldadas por Zimbabwe, Angola
y Namibia.
Se estima que unos 3,5 millones de personas perdieron su vida en el conflicto,
principalmente por enfermedades y desnutrición.
Conforme a los acuerdos de paz firmados en diciembre de 2002, ex combatientes de
la guerra civil unieron fuerzas en un gobierno de poder compartido que supervisa
los preparativos de una elección nacional a celebrarse el 30 de junio de 2006.
Sin embargo, el gobierno es rehén de disputas políticas entre facciones que
también tienen un interés económico en el mantenimiento del status quo, afirmó
Amnistía.
"Lejos de mejorar el clima de seguridad en Kivu Norte, las autoridades
provisionales a nivel central y provincial han permitido un deterioro de la
situación, incluso una inflamación de las tensiones étnicas", sostiene el
informe.
Las radios y las manifestaciones públicas son los medios más utilizados para
alentar diferencias tribales.
Según Amnistía, las facciones congoleñas muestran una gran renuencia a
desarmarse, lo que dificulta su integración al ejército nacional. Un ejército
unificado es esencial para asegurar elecciones libres y justas, así como la
estabilidad del país a largo plazo.
La falta de integración fue uno de los motivos de un enfrentamiento militar en
gran escala en diciembre de 2004, en el que centenares de civiles fueron
víctimas de homicidio, tortura, violación y otros abusos, muchos de ellos de
motivación étnica.
Además de integrarse, el ejército debe excluir de sus filas a violadores de los
derechos humanos, instó la organización.
Amnistía también acusó a Ruanda y Uganda de seguir inmiscuyéndose en los asuntos
de la RDC apoyando grupos armados del este del país y, en el caso de Ruanda,
desplegando tropas en territorio congoleño.
La organización recomienda incluir en el proceso de integración militar un
mecanismo independiente que investigue los antecedentes de los candidatos a
entrar en el ejército nacional, para excluir a los individuos bajo sospecha de
haber cometido abusos contra los derechos humanos.
Asimismo, las autoridades de la RDC y la comunidad internacional deben convertir
en prioridad la rehabilitación del destruido sistema judicial del país, y tomar
medidas para impedir la incitación de la discriminación o la violencia étnica,
además de recuperar y destruir las armas distribuidas a los civiles de Kivu
Norte, instó Amnistía.
También se debe reforzar la Misión de las Naciones Unidas en la RDC (MONUC) en
las regiones en las que existe el peligro de una escalada de violencia, y debe
aplicarse su mandato de protección a la población civil, agregó.
La MONUC tiene 16.000 soldados para una población de 53 millones de habitantes.
Jean-Marie Gasana, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad, con sede
en Pretoria, cree que la violencia en Kivu Norte puede contenerse. "Lo
fundamental es respetar el calendario electoral", dijo a IPS.
Denis Kadima, director ejecutivo del Instituto Electoral de África Austral, de
Johannesburgo, considera que hay razones para el optimismo.
"El proceso de registro avanza en paz. Aun en Kivu-Norte y en Kivu-Sur no parece
haber problemas", dijo en entrevista con IPS. El Instituto Electoral tiene un
equipo en la RDC para vigilar los preparativos electorales y asesorar a las
autoridades en el proceso. |
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