Por lo menos en dos episodios –la desaparición de María Claudia García de Gelman y los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz– la exclusión de esos crímenes de la ley de caducidad amenazaba la impunidad de varias decenas de oficiales retirados del Ejército. La cuestión es que quienes aparecen implicados en el secuestro en Buenos Aires y asesinato de María Claudia, después del robo de la hija recién nacida, forman de hecho el núcleo central de la bandita que cometió el largo y aterrador catálogo de crímenes en el marco del Plan Cóndor.
Era la famosa “caja de Pandora” de la inteligencia de las Fuerzas Conjuntas. Algunos oficiales se inclinaban por “entregar” cuatro o cinco chivos expiatorios para calmar los ánimos y establecer un escenario de “negociación”; otros (en especial aquellos que debían “sacrificarse”) se negaron rotundamente. Y fue entonces que se inauguró la política de los “trascendidos” a la prensa, un jueguito de inteligencia que dio sus resultados porque permitió “orientar” el proceso, incluso en los ámbitos más exclusivos, como lo fueron las reuniones del comandante del Ejército con sus generales. La solución que prosperó fue intermedia: una “investigación interna” donde los oficiales implicados “aportaban” en forma reservada la información que permitiría ubicar los restos de algunos desaparecidos.
Pero se pasaron de listos: entregaron una información que dilata el desenlace y que deja en orsai al comandante Ángel Bertolotti –que se hizo responsable de la autenticidad– y al presidente Tabaré Vázquez, que anunció la inminente ubicación de los restos de María Claudia con un 99,99 por ciento de posibilidades. Después de 700 metros cuadrados de tierra removida en los fondos del Batallón 14, en Toledo, la paciencia del presidente llegó a su límite: el lunes 26 anunció a sus ministros que si no aparecen los cuerpos la Presidencia comunicará oficialmente al Poder Judicial que no declarará muertos a los desaparecidos. Colaboradores muy cercanos al presidente comentaron que Vázquez está muy irritado ante la evidencia de que los oficiales que brindaron la información no fueron honestos, y que, si se comprueba la manipulación, será en extremo severo. Con todos.
Los “condoritos” están inquietos. La afirmación presidencial respecto a la eventual declaración sobre los desaparecidos instala un nuevo horizonte: los desaparecidos son, en la calificación penal, víctimas del delito de privación de libertad; un delito continuado, es decir, que se comete día a día mientras no aparezca la víctima, viva o muerta. En la medida en que es un crimen que se sigue cometiendo hoy, 30 de setiembre de 2005, queda fuera de la ley de caducidad. Ese detalle fue debidamente advertido por los abogados defensores de Juan Carlos Blanco, que aconsejaron al ex canciller de la dictadura a que se declarara culpable de asesinato en el caso de Elena Quinteros, precisamente para ponerle fecha al crimen y ampararse, así, en una posible aunque discutible prescripción del delito por el paso del tiempo. Así ocurrió, aunque no se aportaron evidencias sobre el asesinato, generando un antecedente de expectativa para los demás culpables.

Delito permanente

La prescripción era una de las coartadas que proponían aquellos oficiales que se inclinaban por entregar algo para aquietar las aguas: “confesamos pero no vamos en cana”. Pero la advertencia de Vázquez instaló otra situación: los desaparecidos siguen siendo desaparecidos mientras no aparezcan los restos, y esto de los restos introduce algo nuevo. Una declaración pública al respecto activaría las denuncias, sería una clara señal de la voluntad presidencial y amenazaría –en la medida en que no haya clonaciones del fiscal Enrique Moller, el prestidigitador de la impunidad– con la cárcel para los condoritos.
Esa advertencia desactiva otra coartada: si las causas por desapariciones cobraban impulso en los juzgados a los solos efectos de decretar la prescripción, entonces automáticamente quedaban suspendidos los posibles pedidos de extradición que se anunciaban desde Argentina. Mientras existe una causa penal abierta no procede la extradición; pero además, si hay un fallo firme sobre la prescripción, la extradición se desactiva, según ciertas interpretaciones.
Pero ahora, mientras corre el “plazo razonable” para que aparezcan los restos de María Claudia, la voluntad del juez federal argentino Daniel Rafecas puede desencadenar una andanada de solicitudes de extradición que involucraría a todos los oficiales acusados de haber actuado en Automotores Orletti, base del Cóndor en Buenos Aires. La amenaza pende sobre los oficiales involucrados en la desaparición de María Claudia; en la desaparición en Buenos Aires de los militantes del PVP (que según todas las evidencias fueron trasladados clandestinamente a Uruguay en el “segundo vuelo”) y aquellos implicados en los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. La alternativa es de hierro: si las causas están archivadas, las extradiciones corren porque son delitos cometidos en Argentina.

Ultimátum

De hecho, Vázquez lanzó un ultimátum y otorgó un plazo de un mes o un mes y medio para resolver el problema. Y porque fue puesto en una situación en extremo delicada, en especial por sus compromisos con el presidente argentino Néstor Kirchner, es que la Presidencia invitó al secretario de Derechos Humanos de la Casa Rosada, Luis Eduardo Duhalde, a que visitara el predio contiguo al Batallón 14, donde se están realizando las excavaciones en busca de los restos de María Claudia. Duhalde pudo confirmar el esfuerzo del gobierno uruguayo y admitió que “la tarea es difícil”, asumiendo una explicación para la falta de resultados concretos. Sin embargo, sobre los trabajos en el Batallón 13, donde las excavaciones tienen por objeto obtener evidencias sobre la existencia de un cementerio clandestino y sobre las exhumaciones de la llamada Operación Zanahoria, Duhalde hizo una precisión: los criterios de los técnicos de la Facultad de Humanidades, que hacen trabajo manual y mecánico, difieren de las técnicas de los antropólogos forenses argentinos, que en tales casos hacen sólo trabajos manuales. Esa diferencia, anunció Duhalde, inclina a los argentinos a retirar la colaboración que venían prestando.

Técnicas

Otro problema para la Presidencia: Vázquez informó a sus ministros, en la reunión del lunes 26, que las excavaciones en el 13 de Infantería no habían arrojado evidencias sobre la Operación Zanahoria, elemento que completaba su malestar con los oficiales que brindaron información “imprecisa”. Sin embargo, hay que recordar que la cuestión de los criterios fue debatida entre los técnicos de la Facultad de Humanidad y los de la Facultad de Ciencias, que ya habían establecido importantes indicios sobre el cementerio clandestino, a partir del estudio de las fotografías del relevamiento aéreo de la zona. Coincidiendo con el criterio de los antropólogos argentinos, los técnicos de Ciencias se inclinaban por un trabajo meticuloso de relevamiento antes de iniciar cualquier excavación, y en ese relevamiento fue que encontraron restos óseos, la mayoría de los cuales serían de origen humano. Estos técnicos consideraban fundamental la utilización de un georradar para efectuar previamente una especie de ecografía del terreno. Pero el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, optó por la vía rápida de las excavaciones masivas, que encomendó a los técnicos de Humanidades, y a tales efectos realizó gestiones para obtener la pala mecánica que se viene utilizando.
Así las cosas, la irritación presidencial ha llegado a niveles de desborde, y para los condoritos el escenario no puede ser peor: en el horizonte se dibujan dos opciones, o cárcel en Argentina o la cárcel en Uruguay. Hay una tercera posibilidad: que pasen a la clandestinidad y huyan del país, como hizo el coronel retirado Manuel Cordero, quien se refugió sin dificultades en Brasil gracias al juez Pedro Hackenbruch, demasiado lento de reflejos, quien cerró las fronteras cuando Cordero ya las había cruzado.
Todo indica que la situación ha cambiado: no sólo por la irritación presidencial, también por la irritación de la gente. Para esta noche, a las 19 horas, 11 organizaciones de derechos humanos convocan a una manifestación desde la Universidad hasta la plaza Libertad, reclamando verdad, justicia y nunca más.