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(IAR-Noticias)
14-Nov-05
¿Se ha convertido el
vicepresidente estadounidense Dick Cheney en un peso muerto del que conviene
deshacerse?
Por Jim Lobe -
IPS
La
pregunta puede parecer prematura cuando la suerte del principal
asesor político del presidente George W. Bush, Karl Rove, encabeza
la lista de especulaciones. Pero la duda sobrevuela la Casa Blanca
desde que renunció el consejero de seguridad y jefe de la oficina de
Cheney, Lewis "Scooter" Libby, el viernes 28 de octubre.
Libby fue acusado de perjurio y obstrucción a la justicia en la
investigación para descubrir quiénes revelaron a la prensa la
identidad de Valerie Plame, una agente encubierta de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), cuyo esposo, el diplomático retirado
Joseph Wilson, criticó al gobierno por llevar a Estados Unidos a la
guerra bajo falsas premisas.
La suerte de Cheney no depende tanto de que Libby diga a los
fiscales que su ex jefe lo alentó a filtrar la identidad de Plame,
sino de que la Casa Blanca juzgue que el vicepresidente más poderoso
de la historia de este país se ha vuelto una seria desventaja
política para Bush y para los legisladores del gobernante Partido
Republicano, que necesitan desesperadamente mantener el control del
Congreso en los comicios del año próximo.
La aprobación pública de Cheney registró su mayor caída, según los
últimos sondeos de la encuestadora Gallup. La mayoría de los
consultados creen que el vicepresidente sabía al menos de las
acciones de Libby.
Gran parte del problema es Iraq, y particularmente el rol que
desempeñó Cheney antes de la guerra iniciada en marzo de 2003, como
el funcionario más agresivo en promover la invasión.
Ahora, dos tercios de los encuestados creen que invadir Iraq fue un
error, y más de la mitad afirman que el gobierno "engañó
deliberadamente al pueblo" sobre las razones para la invasión. En
este contexto, Cheney es particularmente vulnerable.
Según Newsweek, el poder del vicepresidente se redujo prácticamente
a nada. La semana pasada, la revista citó a "un jerarca simpatizante
de las políticas de Cheney" que afirmaba: "Uno puede decir que la
influencia del vicepresidente va a disminuir, pero es difícil
disminuir desde cero".
Esto es seguramente una exageración burda y tal vez deliberada. Aun
si perdió influencia en política exterior, a manos de la secretaria
de Estado (canciller) Condoleezza Rice por ejemplo, Cheney continúa
ejerciendo un gran peso, inclusive decisivo, en asuntos que
considera prioritarios.
Algunos de ellos son la presunta amenaza nuclear de Irán y Corea del
Norte, y el mantenimiento de las facultades virtualmente absolutas
del Poder Ejecutivo para continuar con su "guerra contra el
terrorismo".
Cheney fue clave para vetar la propuesta de un viaje a Pyongyang del
secretario de Estado adjunto para Asuntos de Asia Oriental y del
Pacífico, Christopher Hill, previo a la ronda de conversaciones de
las "seis partes", este mes en Beijing, sobre el programa nuclear
norcoreano.
Las seis partes --Corea del Sur, Corea del Norte, China, Estados
Unidos, Japón y Rusia-- negocian un cronograma para detener el
programa nuclear norcoreano a cambio de asistencia al desarrollo de
ese país, en particular de su sector energético.
De modo similar, una propuesta del Departamento de Estado el mes
pasado para reanudar conversaciones directas con Teherán, dos años y
medio después de que Cheney ayudó a interrumpirlas, fue descartada
cuando el vicepresidente manifestó su firme oposición.
Si Cheney hubiera perdido tanta influencia, no habría podido
argumentar la semana pasada con tanta energía, en un encuentro con
senadores republicanos, que el país quedaría en riesgo inaceptable
si la CIA (y no sólo el ejército) se viera legalmente obligada a no
practicar torturas ni tratos inhumanos a prisioneros capturados en
la "guerra contra el terror".
Un proyecto con ese fin, redactado por el senador republicano John
McCain, está en proceso de aprobación en el parlamento.
Su agresiva reacción a la "enmienda McCain" le valió a Cheney el
mote de "vicepresidente para la tortura" puesto por el consejo
editorial del diario The Washington Post, pero también reveló que el
polémico funcionario creía seguir contando con la confianza de Bush
y sentía un gran desprecio por los legisladores republicanos que,
por abrumadora mayoría, votaron a favor de prohibir la tortura.
De aprobarse, la enmienda McCain haría ilegal el "trato o castigo
cruel, inhumano o degradante", tal como lo define la Constitución de
Estados Unidos, y cualquier técnica de interrogatorio no autorizada
por el Manual de Campo del Ejército de este país, que fue elaborado
para respetar las Convenciones de Ginebra que protegen a los
prisioneros de guerra.
Bush respaldó a Cheney en esta cuestión, si bien sostuvo que
"nosotros no torturamos". Respondiendo a preguntas de la prensa en
Panamá el lunes, el presidente afirmó: "Cualquier cosa que hagamos
(para proteger al pueblo estadounidense), cualquier actividad que
dirijamos, está dentro de la ley".
Sin embargo, está en duda si el respaldo de Bush continuará
incondicional como hasta ahora, sobre todo ante la variedad sin
precedentes de fuerzas que se alinean contra el vicepresidente.
Según un informe publicado el lunes en The Washington Post acerca de
la batalla interna del gobierno sobre la enmienda McCain, Cheney
afronta cada vez más oposición de otros funcionarios, "incluyendo a
miembros del gabinete, personal de confianza y legisladores
republicanos que habían apoyado firmemente a la administración en
todo lo concerniente al terrorismo".
No sólo el Departamento de Estado se opone a Cheney en cuanto al
trato a los detenidos, como ya lo había hecho en el primer mandato
de Bush (iniciado en 2001). Según el Post, el neoconservador Elliot
Abrams, consejero adjunto de Seguridad Nacional para la Democracia,
y su jefe, Stephen Hadley, consejero de Seguridad Nacional,
polemizaron con el vicepresidente sobre esta cuestión.
Más destacable fue la oposición de Gordon England, el nuevo número
dos del secretario (ministro) de Defensa, Donald Rumsfeld.
Una fuente del Departamento de Estado describió al sector de Cheney
como "una isla menguante".
La posición de England en materia de torturas a los detenidos, que
refleja la de los militares, está dañando particularmente a Cheney,
pues sugiere que el propio Rumsfeld, un animal político de gran
percepción, abandonó al vicepresidente en un momento delicado.
El octubre, quien había sido jefe de personal del ex secretario de
Estado Colin Powell, el coronel retirado Lawrence Wilkerson, acusó a
Cheney y a Rumsfeld de haber liderado una "conspiración" para
secuestrar la política exterior estadounidense luego de los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y
Washington.
Cheney y Rumsfeld, que habían trabajado juntos como jefe de personal
de la Casa Blanca y secretario de Defensa, respectivamente, durante
el gobierno de Gerald Ford (1974-1977), eludieron los procedimientos
formales de toma de decisiones para salirse con la suya, sostuvo
Wilkerson.
Wilkerson desarrolló este tema en una entrevista que concedió la
semana pasada a la Radio Nacional Pública, en la que sugirió que la
autorización de malos tratos a los detenidos provino de Cheney.
"Hubo una evidente supervisión desde la oficina del vicepresidente
hacia el secretario de Defensa y a los comandantes en el terreno"
autorizando prácticas que condujeron al abuso de los detenidos, dijo
Wilkerson, agregando que el nuevo jefe de personal de Cheney, David
Addington, jugó un rol particularmente importante.
Es poco probable que la cuestión de las torturas, por sí sola, haga
caer al vicepresidente.
Pero la creciente y agresiva presión del opositor Partido Demócrata
para investigar la manipulación de información de inteligencia antes
de la guerra contra Iraq plantea otro campo de batalla en el que
Cheney deberá jugar a la defensiva.
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