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(IAR-Noticias)  07-En-06 

Los Estados Unidos se ufana de ser la primera democracia del mundo. ¿Pero en realidad lo es? Existen fuertes indicios que bajo el gobierno del Presidente George Bush han comenzado a echar raíces procedimientos, tanto por parte de los servicios secretos como por las autoridades judiciales, que merman considerablemente la libertad de prensa en ese país.

Por  Peter Schenkel (*) - Chasqui

De acuerdo con la línea política de Washington, el propósito de los Estados Unidos es fortalecer la democracia en el mundo. Esto se desprende claramente de su política en Afganistán e Irak. En ambos países, las fuerzas ocupantes se esmeran en instalar gobiernos elegidos democráticamente, después de derrocar una teocracia autoritaria en un caso y una dictadura feroz en el otro. También favorecerían el amanecer de una progresiva democratización en países como Siria, Irán, Jordania y los ricos reinos petroleros desde Saudi Arabia hasta Kuwait, que de democracia no tienen nada.

La libertad de prensa es uno de los principios y pilares más destacados e importantes del sistema democrático. Donde ésta no existe, como en los regímenes totalitarios y autocráticos, no existe ni libertad ni igualdad, porque el Estado se convierte en el poder absoluto que decide lo que los ciudadanos pueden saber y lo que deben pensar.

Los Estados Unidos se ufana de ser la primera democracia del mundo. ¿Pero en realidad lo es? Existen fuertes indicios que bajo el gobierno del Presidente George Bush han comenzado a echar raíces procedimientos, tanto por parte de los servicios secretos como por las autoridades judiciales, que merman considerablemente la libertad de prensa en ese país. Sus fiscales se arrogan la potestad de obligar a periodistas a divulgar sus fuentes e informantes, y los que se niegan a hacerlo son declarados reos y suelen ser condenados a prisión. ¡Si esto es libertad de prensa, el sol nace por el oeste y se pone en el este!

Lo demuestra excelentemente el caso del reportero Jim Taricani, que hizo público un video secreto del FBI, que había recibido de un informante. El video comprobó que un político local había aceptado sobornos. Cabría pensar que esto era una evidente victoria de la libertad de prensa y de su papel para denunciar casos de corrupción. Nada de esto. Al contrario. A la fiscalía no le importó la corrupción denunciada, sino más bien la fuga de información. El periodista fue citado ante un juzgado y debía revelar su fuente. Al negarse, fue condenado a seis meses de cárcel, que se cambiaron por cuatro meses de arresto domiciliario por requerir tratamiento médico. El juez que condenó a Taricani ha propuesto recientemente una norma que prohibirá, en procesos judiciales de su corte, la divulgación de cualquier información que no sea de conocimiento público.

Judith Miller, la reportera estrella del The New York Times, y su colega Matthew Cooper enfrentaron procesos por haber realizado investigaciones en torno a la desenmascarada agente de la CIA Valerie Plame y la primera fue a prisión por negarse a divulgar sus fuentes. El mismo destino les espera a los periodistas Lance Williams y Mark Fainaru-Wada del San Francisco Chronicle, ambos candidatos al premio Pulitzer, por haber sacudido a la opinión pública con la noticia que dos famosos jugadores de baseball de los Yanquis y de los Gigantes de San Francisco se habían dopado con anabólicos. Tanto los fiscales como el FBI comenzaron a acosarlos, tratando de averiguar de donde habrían conseguido una copia de una declaración de un testigo. Los agentes hasta confiscaron la computadora del vendedor de los anabólicos, con el fin de averiguar si él fue la fuente de su información.

Pero estos no son los únicos casos. Agentes presionaron también a Los Angeles Times y a CNN sobre un supuesto escándalo de espionaje, en relación con Wen Ho Lee, un físico nuclear de Nuevo México. Dentro de un proceso judicial contra un individuo posiblemente involucrado en los ataques con ántrax en el año 2002, se citó a la agencia de noticias AP, las emisoras de televisión CBS y ABC, a The Washington Post y a la Nacional Public Radio. Se les exigía presentar fuentes y documentación obtenida. En el proceso contra Michael Jackson, la estrella del pop, por sus supuestas relaciones sexuales con menores, el periodista británico Martín Bashir, que impactó al mundo con su documental Viviendo con Michael Jackson, muestra a Jackson con su actual acusador, y en el cual admite haber compartido la cama con menores, sin tener sexo, enfrenta sanciones judiciales por negarse a divulgar más información de lo dicho por Jackson. En los Estados Unidos, 24 periodistas enfrentan similares juicios.

Estos casos demuestran, de una manera muy fehaciente, que hay un notorio cambio de actitud y de procedimiento por parte del Estado norteamericano respecto a los medios y los periodistas. De repente existe un interés inusitado por las actas internas, mensajes telefónicos confidenciales e informaciones anónimas, por poner al desnudo todo lo que, de acuerdo con las normas internacionales, está protegido por el derecho de mantener las fuentes de información secretas.


Esto es lamentable porque desde el 11 de septiembre de 2001 existe lo que el poder estatal desea ocultar, desde la no existencia de armas de destrucción masiva, hasta los abusos abominables en la prisión Abu Ghraib en Irak. Es un claro y reprochable intento de resquebrajar el derecho de la opinión pública para enterarse de la verdad. Escándalos como Watergate, descubierto por los reporteros Carl Bernstein y Bob Woodward del The Washington Post, y que obligó al Presidente Richard Nixon a dimitir de su cargo, ahora ya serán difíciles de revelar, pues los periodistas están amenazados con cargos de prisión si no divulgan sus fuentes. En el caso de Watergate, el juez protegió a los dos periodistas a base del principio de la libertad de prensa. Ahora todo cambió.


Estos nuevos procedimientos se encuentran -por cierto- avalados por un vacío en el derecho norteamericano que regula la prensa. Al contrario de lo que ocurre en muchos otros países, los periodistas en los Estados Unidos no tiene el derecho de rehusarse a declarar como testigos frente a un gran jurado respecto a conductas criminales que han presenciado y sobre las que han escrito. En esto se apoyan las nuevas prácticas abusivas. En 1972, en el caso Branzburg v. Hayes, (408 U.S. 665), la Corte Suprema dictaminó en este sentido. Sin embargo, la Corte instó que la libertad de prensa debía respetarse. En consecuencia, muchos estados de la Unión introdujeron leyes que protegen este derecho, pero con la limitación de solo tener validez en sus respectivos estados. En general, los fiscales observaron una prudente reserva. Pero todo esto cambió en la administración del Presidente Bush, a raíz de lo ocurrido después del atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono. Ahora, los agentes del FBI ya pueden operar sin trabas, y de este modo se le ha abierto una gran entrada al método de amordazar a la prensa.
“La prensa -dice el famoso periodista Seymour Hersh del The New York Times- ya no puede cumplir con su obligación de informar al público, si se le corta el acceso a sus fuentes de información”. ¡Resulta oneroso el que reporteros vayan a la cárcel por el único delito de hacer su trabajo! Con razón el Comité de los Reporteros para la Libertad de Prensa señala: que se han creado nuevas categorías para la libertad de prensa, que se encuentran a contrapelo con lo que se espera de un país realmente democrático.

Bajo el pretexto de concernir a la seguridad del Estado se mantienen secretas las cosas de las cuales el público tiene derecho a enterarse, y se controla eficazmente el flujo de información hacia fuera. Esta nueva práctica ya va tan lejos, que algunas autoridades obligan a sus colaboradores a firmar declaraciones que no hablarán con periodistas.

En vista de esta campaña de la administración Bush, de amordazar a la prensa y de amedrentar a los periodistas, el editor del The New York Times, Arthur Sulzberger, exige que se introduzca una ley que cubra a todos los sectores, también al periodístico, que respete el derecho a rehusarse dar testimonios. Hasta ahora este derecho lo tienen solo los abogados, psiquiatras y sacerdotes, en relación con sus interacciones de carácter profesional.

Los Estados Unidos pretende ser una democracia ejemplar. Quisiera que otros países se inspiren en este ejemplo y lo adopten como suyo y que de esta manera fortalezcan al estado democrático. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con su sede en Florida, no pierde una sola oportunidad para criticar sobre todo a los países de este hemisferio, en los cuales existe aún el abuso de la libertad de prensa. Sería muy oportuno que esta honorable institución comience a barrer el patio de su propia casa.

(*) Peter Schenkel, nació en Yugoslavia, de nacionalidad alemana. Estudió Ciencia Política en Austria. Trabajó en América Latina con la Fundación Frederich Ebert. Autor de muchos libros. Reside desde hace más de 30 años en Ecuador.
 

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