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(IAR-Noticias) 31-Mar-05 /
InSurGente
Por Antonio Maira
Los
ingleses alardean de que fue su país el primero que hizo ley, norma jurídica con
mayúsculas, allá por 1689, una declaración de derechos, la Bill of Right, que
protegía al súbdito de las arbitrariedades del poder soberano. También fueron
ellos los que en 1679 promulgaron el Habeas Corpus, una ley del Parlamento que
garantizaba contra las detenciones abusivas y, sobre todo, protegía a los
detenidos contra la invisibilidad y por lo tanto contra las detenciones
ilimitadas, las torturas y las desapariciones o ejecuciones encubiertas.
En la Francia anterior a la Gran
Revolución una de las instituciones más odiadas era la de las "letters de
cachet", órdenes de prescripción y detención arbitrarias, no sometidas a ningún
control, emitidas por el soberano.
Hace unas semanas, el ministro británico del Interior, Charles Clarke, presentó
ante el Parlamento la Ley de Prevención del Terrorismo que establece "órdenes de
control" por las que el propio ministro puede restringir hasta límites
insoportables los derechos y las libertades de los ciudadanos. La ley especifica
el contenido posible de alguna de las medidas de control, un amplio abanico de
medidas de coerción y privación de libertades, e incluye además una cláusula
abierta estableciendo la posibilidad de que el gobierno utilice "las medidas que
considere necesarias para controlar las actividades de los sospechosos".
La ley fue presentada con urgencia
para evitar "vacíos legales" porque el día 14 de marzo expiraba la normativa que
permitía la prisión preventiva e ilimitada de extranjeros sospechosos de
terrorismo. Estas normas, similares a las que permiten los encarcelamientos en
Guantánamo, habían sido heridas de muerte por la última instancia judicial, la
Cámara de los Lores, que las había declarado ilegales, discriminatorias y
desproporcionadas, en diciembre de 2004.
El "vacío legal" que tanto preocupaba al gobierno Blair fue rellenado con
verdadero celo, la nueva ley de Prevención del Terrorismo se aplicará, cuando
sea aprobada, no sólo a los extranjeros, sino también a los ciudadanos
británicos. La Cámara de los Lores no podrá acusar de discriminación al gobierno
de Tony Blair.
Lo escandaloso de la nueva ley, lo
que constituye un retorno al pasado remoto del poder sin control, es que las "letters
de cachet" contemporáneas, se aplican precisamente cuando no hay pruebas que
permitan el procesamiento de los "sospechosos". O cuando las pruebas procedan de
los Servicios de Inteligencia -los que proporcionaron las evidencias de las
armas de destrucción masiva de Iraq- y el gobierno no quiera revelarlas. La
"sospecha gubernativa" y las "pruebas" de los servicios secretos se convierten
en justificación y autorización para la represión.
Son precisamente las condiciones en las que debe funcionar la "presunción de
inocencia" como barrera contra la arbitrariedad del poder, la falta de pruebas,
las que justifican las medidas liberticidas que quiere poner en marcha el
político guerrerista y tramposo, el inventor de pruebas que justificaban la
guerra contra Iraq, el premier Tony Blair.
"No hay mayor libertad que la de vivir libres de un ataque terrorista", "la
seguridad nacional está por encima de los derechos civiles" justificaba, en un
artículo publicado en The Daily Telegraph, con argumento de evidente inspiración
bushiana y de reminiscencias nazis, la introducción de la ley de Prevención del
Terrorismo. "Mi primera responsabilidad es proteger al país" le coreaba su
ministro de Interior Charles Clarke.
En la emisión de las "ordenes de control" no tienen intervención alguna los
jueces. Sólo lo hacen a posteriori con la capacidad de derogarlas en el plazo de
una semana. Resulta totalmente absurdo que los jueces a los que no se les
permite intervenir en la decisión de limitación de las libertades de los
"sospechosos", para preservar el secreto de las pruebas de los servicios de
inteligencia, sean autorizados inmediatamente después a evaluar esas pruebas o a
decidir sin poder consultarlas. La facultad de intervención para anular órdenes
de control parece una simple coartada para asegurar la aprobación de la ley.
Las medidas de control que se imponen son tan amplias como "considere necesario
el ministro del Interior para controlar las actividades de un sospechoso". Las
que se citan expresamente suponen una situación próxima a la de arresto
domiciliario e incomunicado. El arresto domiciliario como tal no se ha incluido
por el momento, aunque si se hará en el plazo máximo de 40 días, ya que requiere
una discusión más intensa al implicar la suspensión de la Convención Europea de
Derechos Humanos.
Las "órdenes de control" especificadas, dirigidas a "sospechosos" contra los que
no hay pruebas aceptables por los tribunales de justicia, tienen una amplitud
tan grande que hacen difícil concebir la necesidad de intervenciones no
especificadas. Son las siguientes:
-Prohibición de poseer determinados artíículos o substancias.
-Impedir o restringir el uso de determinnados servicios o instalaciones.
-En el terreno laboral, los controles puueden restringir el trabajo o los
negocios, o prohibir el ejercicio de determinadas actividades profesionales.
-El ministro o su policía pueden prohibiir la asociación o la simple comunicación
con ciertos individuos o "con otras personas en general".
-También pueden restringir el lugar de rresidencia o la gente que puede acceder a
ella.
-Los ciudadanos sometidos a un control ppolicial autorizado por la ley de
Prevención pueden ser obligados a estar en determinado lugar o zona durante
horas especificadas. También podrá prohibírseles el acceso a determinados
lugares.
-Pueden ser limitados sus derechos a la libre circulación, restringiéndoles los
movimientos dentro del Reino Unido o los viajes al extranjero. También puede
prohibírsele todo desplazamiento durante 24 horas.
-La ley permite el registro de los domiccilios de las personas "sospechosas" y la
incautación de sus pertenencias. También permite el seguimiento electrónico de
las personas sometidas a las "órdenes de control".
La situación de los "presuntos inocentes" sometidos a los desvelos por la
"seguridad del país" de los señores Blair y Clarke, o de sus sucesores, puede
llegar a límites absolutamente intolerables. Inmovilizados, incomunicados,
desposeídos, vigilados a todas horas, registrados, con las visitas prohibidas,
sin posibilidad de trabajo si así lo determina la policía, obligados a estar o
condicionados a no estar en determinados lugares, la vida puede convertirse en
un auténtico infierno sin intervención judicial ni sentencia condenatoria
alguna.
"La democracia -corean continuamente Bush, Blair y los demás aliados- se basa en
el respeto al estado de Derecho y a los derechos humanos".
Los paladines de los derechos humanos en el mundo expresan, con sus detenciones
arbitrarias y a perpetuidad de personas sobre las que no recae cargo alguno, con
las limitaciones de las libertades vitales de ciudadanos presuntamente inocentes
aunque sometidos a "sospecha", con un sarcasmo cruel, la calidad de ese estado
de derecho al que se refiere constantemente, en nombre de todos ellos, el
Presidente de los Estados Unidos.
"EE.UU cree en los valores" -resume Bush, reiterando el fondo ético de su
barbarie-. "Y el Reino Unido, también ", le contestaría de buen grado el Primer
Ministro Tony Blair.
Ciudadanos sometidos a proscripción
No sólo en el Reino Unido, la Europa que se nos viene encima, con sus criminales
intervenciones exteriores y sus procesos de limitación interior de los derechos
humanos, se ha puesto de manifiesto.
Si en el Reino Unido los jueces quedan al margen de atentados gubernativos
contra las libertades básicas de las personas, y no pueden decidir sobre
"pruebas" que se verían obligados a considerar insuficientes, o sobre "pruebas"
confidenciales aportadas por unos servicios de inteligencia que mienten bajo
dirección del Gobierno para crear justificaciones a guerras de agresión con
decenas de miles de muertos, en el Reino Borbónico las cosas suceden de manera
diferente.
En este último los jueces del
Tribunal Supremo no tienen demasiados problemas para aceptar casi cualquier cosa
como prueba para la proscripción de candidaturas electorales: referencias
indirectas y genéricas en conversaciones telefónicas y periódicos a una
estrategia de concurrencia de determinadas opciones políticas de la ciudadanía
que promueven la independencia; reparto de peticiones de firmas para avalar la
plataforma ciudadana en manifestaciones en las que participan miembros de la
prohibida Herri Batasuna; concurrencia a la campaña electoral sin un "programa
típico", que en cualquier caso no es vinculante, sino con la propuesta -bastante
densa y comprensible en Euskadi- de "luchar contra la conculcación de los
derechos civiles y políticos"; solicitudes de firma de avales realizada a
ciudadanos a los que ninguna sentencia les ha privado de los derechos políticos
por otros ciudadanos en la misma situación legal; reuniones de miembros de la
candidatura con políticos vascos de Herri Batasuna; antigua elección para cargos
representativos en ayuntamientos, en procesos electorales como miembros de
organizaciones posteriormente ilegalizadas; localización de documentos de la
candidatura Aukera Guztiak junto a otros "pertenecientes inequívocamente a Herri
Batasuna"; negativa a contestar a una pregunta sobre el fin de la violencia en
los términos y en el marco planteado por una entrevista para el periódico El
País.
Del Bill of Right a las Letters de cachet, de las garantías ciudadanas al abuso
de poder, tal es el camino de las libertades y los derechos humanos en la Nueva
Europa.
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