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(IAR-Noticias)
05-Dic-05
Annan y Bush en la cumbre de
la ONU, en septiembre, que priorizó la "guerra contra el terrorismo".
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Reunida
a mediados de septiembre en el marco de la 60 Asamblea General, el Consejo de Seguridad de la ONU
aprobó dos resoluciones de forma unánime haciendo un llamamiento a los Estados a
reforzar la "guerra contra el terrorismo", tal como lo impusieron en
agenda EEUU y Gran Bretaña.
De esta manera la Cumbre, integrada
por 172 países, priorizó el "terrorismo" sobre otros temas en discusión
como la ayuda al desarrollo y
el combate a la pobreza, la promoción de la "democracia", el manejo de crisis
humanitarias y de derechos humanos.
Cumpliendo con los deseos de Washington, mediante la la Resolución del
Consejo 1624, los líderes condenaron "en los más fuertes términos todos los
actos de terrorismo con independencia de su motivación, cuando y por quien
sean cometidos, como una de las más serias amenazas a la paz y la seguridad" y
reafirmaron "la imperativa necesidad de combatir el terrorismo en todas sus
formas y manifestaciones por todos los medios, de acuerdo con la Carta de
Naciones Unidas".
La resolución hizo un llamamiento a todos los Estados a adoptar todas las
medidas necesarias, incluida la prohibición por ley del incitamiento a cometer
actos terroristas, denegando asilo a cualquier involucrado en estos actos,
y cooperación para fortalecer las fronteras y combatir el tráfico fraudulento de
documentos.
 En
lo que se interpreta como un primer efecto de esa cumbre los 25 Estados miembros
de la Unión Europea llegaron este viernes al acuerdo de guardar entre seis y 24
meses los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas para "luchar
contra el terrorismo".
Esta práctica, que aún debe ratificar el Parlamento Europeo, será obligatoria
a partir de la segunda mitad de 2007 y permitirá saber quién ha hecho una
llamada y a quién, el lugar de procedencia y su duración, pero no el contenido,
que seguirá sujeto a la decisión de la autoridad judicial.
La Presidencia británica intentará la
aprobación de la normativa en primera lectura con el Parlamento europeo en
la próxima sesión de Estrasburgo, que comienza el 12 de diciembre.
Dadas las enormes divergencias
entre los Gobiernos para llegar al acuerdo todos tuvieron que hacer concesiones,
según reconoció el ministro británico del Interior, Charles Clarke, en nombre de
la presidencia de turno de la UE que ocupa su país.
Los ministros de Justicia e Interior
de la Unión Europea acordaron requerir a las compañías de
telecomunicaciones que almacenen datos entre seis meses y dos años para
"luchar contra el terrorismo".
"Hay un acuerdo", dijo a Reuters la ministra danesa de Justicia, Lene Espersen.
"Estoy muy feliz porque la UE pueda enviar una señal conjunta de que podemos
luchar contra el terrorismo muy seriamente. He luchado para que la iniciativa no
se diluyera", añadió.
La UE ha discutido durante meses qué tipo de medidas imponer para el
almacenamiento de datos y si las compañías de telecomunicaciones deberían ser
compensadas por los costes implicados.
El texto contempla que el costo de esta medida
se tratará a nivel nacional y no europeo, por lo que habrá la posibilidad de
que los gobiernos reembolsen a las operadoras por el coste de este
almacenamiento extra.
Se responden así a las preocupaciones mostradas
por los países con fuertes operadoras como Finlandia y Alemania, pero también la
Eurocámara.
Según cálculos del Consejo, la creación de una base de datos con todas las
llamadas efectuadas y recibidas por cada usuario tendría un costo para cada
compañía de 100 millones de euros para crear la infraestructura necesaria, así
como 50 millones de euros anuales por su mantenimiento.
El ministro del Interior británico, Charles Clark, se mostró muy satisfecho del
resultado, puesto que "las organizaciones terroristas y de narcotraficantes
actúan de forma internacional y usan las telecomunicaciones para comunicarse a
través de una red muy eficaz".
Tenemos que ver cuál es su red y cómo funciona a
través de procedimientos con las debidas garantías, señaló el ministro
británico.
"En Reino Unido este sistema ha permitido detener
a diversas personas gracias a estos datos", subrayó Clark, al tiempo que confió
en que los eurodiputados aceptarán los términos de esta propuesta que calificó
de "flexible".
En contra de los países nórdicos y Alemania que argumentaban problemas
financieros, España ha defendido durante toda la negociación la conservación de
las llamadas perdidas, puesto que fueron determinantes en las investigaciones de
los atentados del 11-M.
La norma afectará a las llamadas
telefónicas y electrónicas, así como a los correos electrónicos, mientras
que en el caso de las llamadas perdidas o no atendidas -un punto esencial para
España- estarán incluidas pero sólo de forma parcial.
Se retendrán las informaciones
relativas a las llamadas realizadas y contestadas; se excluyen las "totalmente
fallidas", es decir, que no han sido recibidas, y las no atendidas aparecen de
forma parcial.
Tendrán obligación de retener los
datos relativos a las llamadas no atendidas sólo las compañías que ya lo hacen
en la actualidad, lo que responde a la petición de Alemania, Finlandia y
Austria.
Para el caso de Internet, las compañías deberán
conservar los datos de los correos electrónicos, así otros datos sobre la
navegación en páginas web.
En cuanto al ámbito de la directiva, ésta
se aplicará a los delitos considerados graves, y se centrará en la conservación
de la información (hora, localización geográfica del origen, destino,...)
relacionada con dos tipos de llamadas: las contestadas y las no contestadas
siempre que la compañía ya las conserve. "No forzaremos a almacenar este tipo de
llamadas", afirmó.
El texto de la directiva recibió el voto en contra de Irlanda, Eslovaquia y
Eslovenia, pero al ser aprobado por la vía del mercado interior no requería
la unanimidad.
Los datos a retener son "los
necesarios para localizar e identificar la fuente de un comunicación".
Son los números de teléfono de origen
y destino; los nombres y direcciones de las personas que llaman y de aquellas
para las que están registradas los números de teléfono en el momento de la
conexión, así como el servicio telefónico utilizado.
En el caso de los teléfonos móviles,
se añade el identificador del equipo y para Internet las direcciones IP
dinámica y estática asignadas por el proveedor de acceso a la conexión; el
nombre y dirección del usuario y los datos sobre la hora, fecha y duración de
una comunicación.
El ministro español de Justicia, Juan
Fernando López Aguilar, señaló hoy que la medida puede jugar papel
enormemente relevante en la lucha contra el terrorismo y recordó que ese fue
el caso de los atentados en España del 11 de marzo de 2004.
La comisión de Libertades civiles del
Parlamento Europeo debatirá el próximo miércoles el acuerdo logrado hoy para
introducir las enmiendas que considere necesarias de cara a su debate y voto en
sesión plenaria en la semana del 12 de diciembre.
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La
norma fue aprobada este viernes y afectará a las llamadas telefónicas, correos
electrónicos y navegación en páginas web cuyos datos serán retenidos.
