(IAR-Noticias) 27-Oct-05
Informe
especial
En
su última sesión anual, la Duma Estatal (Cámara Baja del
Parlamento) aprobó el viernes una polémica ley que regula y
restringe notablemente la actividad de las ONG
"Organizaciones No Comerciales", como se les denomina en
Rusia.
Entre ellas se incluye a las
asociaciones de defensa de los derechos humanos, que han venido denunciando
las violaciones de los servicios de seguridad rusos, especialmente en la región
del Cáucaso Norte y en asuntos que tienen que ver con la lucha contra el
"terrorismo islamista".
Esto significa que, una vez
promulgada la nueva ley, las ONG que denuncien los excesos del Ejército
en Chechenia, y los en la lucha contra el "terrorismo islámico" en el
Cáucaso, podrían ver retirados sus permisos para operar en territorio ruso.
Vladimir Putin, de 54 años,
presidente de Rusia desde el año 2001,consolidó su
liderazgo y su gestión presidencial a partir del combate contra el
"terrorismo checheno", así como Bush proyectó su administración combatiendo al "eje
del mal" representado por Bin Laden y la red Al Qaeda, y contra
todo lo que se asociara al "terrorismo musulmán" por el planeta.
No obstante, durante el tratamiento de la conflictiva legislación, el presidente
ruso instó a la Duma a suavizar el
polémico proyecto de ley que ya fue duramente criticado en Occidente
por imponer un rígido control estatal sobre la gestión de las
organizaciones no gubernamentales (ONG) en Rusia.
El
jefe del servicio de inteligencia extranjera de Rusia, Sergei
Lebedev, señaló hace dos semanas que espías extranjeros están usando
a las ONG como frente para
encubrir sus actividades.
Lebedev
dijo que era necesario imponer una mayor regulación al
sector de las ONG para resguardar la seguridad del
Estado.
El proyecto de ley ha
sido duramente criticado en distintas partes el mundo, y unas
1.300 ONG publicaron una declaración advirtiendo que apunta
particularmente contra las organizaciones de derechos humanos.
Los propulsores del proyecto afirman que el mismo busca prevenir los
distintos delitos vinculados al "narcoterrorismo", entre ellos el lavado
de dinero.
Por su parte el presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que su
país no tolerará a las ONG políticamente activas que reciben
dinero del exterior.
Según la corresponsal de la BBC en Moscú, el gobierno ruso teme que
estas organizaciones ayuden a fomentar una revolución semejante a
la que ocurrió en Ucrania el año pasado.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, también expresó
su preocupación por el tema durante su visita a Ucrania de hace dos
semanas.
Según el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia
(FSB, ex KGB), Nikolái Pátrushev, El contraespionaje ruso frustró este año la actividad de 20
espías extranjeros profesionales y de 65 personas vinculadas con
los servicios secretos de otros países.
El funcionario de inteligencia denunció en la agencia Interfax "la creciente actividad de los servicios de
espionaje extranjeros" en Rusia.
Según analistas parlamentarios rusos, la nueva ley, aprobada por
abrumadora mayoría, incluye una serie de enmiendas que vienen a
"suavizar" en cierta medida el texto original aprobado en la
primera lectura.
La presentación de la ley
provocó en su momento una ola de protestas internacionales
por parte de las organizaciones afectadas y de algunos gobiernos
occidentales, que obligó al presidente, Vladimir Putin, a
intervenir solicitando a los diputados que aprobasen una ley
conforme a normas más "flexibles".
En realidad, los
responsables de las ONG creen que las enmiendas no han
introducido ningún cambio sustancial e incluso alguno ve mucho peor
ahora el texto que antes.
Originalmente, la ley obligaba a todas las ONG a registrarse en un
nuevo organismo federal creado ex profeso para fiscalizar sus
actividades y sus finanzas, lo que constituía, según los
afectados, un medio de presión intolerable.
El nuevo texto enmendado
permite que las organizaciones ya registradas no tengan que hacer de
nuevo el trámite y retira al citado organismo federal la potestad de
controlar a las ONG, pero éstas quedarán sometidas a una estricta
vigilancia por parte de los cuerpos de seguridad y los servicios
fiscales del Estado.
El gobierno ruso ha justificado esta represiva y restrictiva
ley con el argumento de la utilización de las ONG como pantalla para
encubrir "actividades ilícitas", entre ellas servir de cobertura
para un plan de desestabilización de Rusia motorizado por agentes
de "servicios extranjeros".
En
mayo pasado, en una exposición ante el Parlamento, el
director del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB), Nikolai Patrushev,
aseguró que la inteligencia rusa
había frustrado intentos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita y
Kuwait de realizar actividades de espionaje mediante organizaciones no
gubernamentales (ONG).
El jefe
del FSB señaló en su informe ante los legisladores -sin precisar detalles-
que "otros gobiernos están usando a las ONG" para influir en la actividad
económica y política rusa en interés propio y apoyar cambios de gobierno en ex repúblicas soviéticas.
En sintonía con el servicio secreto algunos dirigentes rusos
dijeron en medios locales que las revueltas
opositoras en Asia Central fueron
motorizadas por Occidente, más
precisamente por Washington y la Unión Europea.
En su exposición ante el parlamento
Patrushev afirmó que el servicio secreto ruso dispone de los datos que
confirman que algunas organizaciones extranjeras no gubernamentales están
preparando nuevas "revoluciones de terciopelo" en el espacio postsoviético.
Entre
las organizaciones no gubernamentales a las que utilizan los servicios secretos
"extranjeros" mencionó el Cuerpo de Paz de EE UU, la
Medialuna Roja saudí y algunas organizaciones de Kuwait.
"En
Occidente determinadas fuerzas, agarrándose a los estereotipos de la "guerra
fría", están promoviendo la política de estándares dobles respecto a Rusia
en el intento de debilitar sus posiciones en el espacio de la antigua URSS",
afirmó Patrushev y agregó que lo confirman los sucesos en Ucrania, Georgia y en
otros países.
En opinión de algunos expertos y analistas rusos las llamadas "revoluciones de
terciopelo" de Georgia, Kirguistán y Ucrania no fueron tales sino movimientos golpistas
"democráticos" orientados a sustituir gobiernos fieles a Moscú por otros que
respondieran a los intereses de Washington.
En su informe de mayo pasado el
jefe del servicio secreto ruso señaló que detrás de las
revueltas en Georgia en noviembre de 2003; en Ucrania, en diciembre del pasado
año, y más recientemente en Kirguistán, se ha podido comprobar la participación
de esas agrupaciones, que financian a movimientos opositores.
"Los
servicios secretos extranjeros apuestan en su actividad por los métodos no
tradicionales, promocionan sus intereses mediante los programas educativos de
distintas organizaciones no gubernamentales y recogen información en el
espacio de la CEI", manifestó el director de FSB, Nikolai Patrushev, durante la
comparecencia ante la cámara baja del parlamento.
Añadió
que según los datos que obran en el poder de la inteligencia rusa cierta
organización occidental destinó 5 millones de dólares a los fines de preparar
la "revolución de terciopelo" en Bielorrusia.
"Es
posible que los opositores "naranja" que protagonizaron la revolución en Ucrania
participen en el adiestramiento de los integrantes de la oposición bielorrusa",
dijo Patruchev.
En la nueva ley aprobada
este viernes, las ONG en Rusia podrán ser borradas del registro
si "crean una amenaza a la soberanía, la independencia política, la
intangibilidad territorial, la unidad nacional, la herencia cultural
o los intereses nacionales de Rusia", según reza el texto.
Según la prensa rusa, las
organizaciones temen que cualquier crítica bastará para que las
autoridades les retiren la licencia. Las que se encuentran de forma
más clara en el punto de mira son las de defensa de los derechos
humanos y también las ecologistas.
La ley establece asimismo
la prohibición para las ONG de actuar en "zonas cerradas", y
dificultará a las organizaciones de derechos humanos la posibilidad
de llevar a cabo misiones específicas de observación en
regiones como el Cáucaso Norte.
Según informaron algunas agencias rusas, Algunas ONG estudian la
posibilidad de cambiar su status para convertirse en empresas con
ánimo de lucro, único medio para continuar realizando su trabajo sin
las temidas interferencias ni amenazas burocráticas.
El jefe del servicio de seguridad ruso, por su parte, manifestó que a iniciativa de FSB, el Ministerio de Justicia y las
instituciones judiciales ya reconocieron el carácter "terrorista" de 15
organizaciones.
Nikolai Patrushev indicó que en Rusia hay organizaciones de las que proviene
la "amenaza terrorista" clasificadas como de "interés para el FSB".
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