El caso reaviva la cuestión de los "prisioneros fantasmas" de la CIA que -según varias organizaciones internacionales- estarían alojados y sometidos a programas de tortura en bases secretas de la Agencia, además de Guantánamo e Irak.

Los documentos divulgados por la AP señalan que el prisionero murió en una posición conocida como "colgar al palestino", y no pudo determinarse si esa posición, que los grupos de Derechos Humanos califican de tortura, fue aprobada por el gobierno de Bush para su uso en los interrogatorios de la CIA.

Los ”detenidos fantasma” fueron descriptos por primera vez en el 2004, en un informe militar estadounidense que reveló  los abusos contra prisioneros iraquíes en la cárcel de Abu Ghraib, en Bagdad, tras la publicación en la prensa internacional de fotos que mostraban a los detenidos humillados o torturados por soldados estadounidenses.

Las técnicas de tortura con prisioneros secretos fueron aprobadas por el  más alto nivel del Pentágono y del Departamento de Justicia,  argumentando  que Bush tenía la autoridad de violar los tratados de la  Convencion de Ginebra en su "guerra contra el terrorismo".

La conclusión del llamado Informe Taquba (apellido del general que lo elaboró) sobre esas detenciones es que se trataba de ”una maniobra engañosa, contraria a la doctrina del ejército y violatoria del derecho internacional”.

l-Jamadi era uno de los "prisioneros secretos" de la CIA en Abu Ghraib, de cuya existencia no había constancia oficial.

Su muerte se dio a conocer en noviembre del 2003, cuando se divulgaron fotos de los guardias de Abu Ghraib que hacían una señal de victoria sobre su cadáver golpeado y conservado en hielo. Uno de esos guardas fue el cabo Charles Graner, que el mes pasado fue condenado a diez años en una cárcel militar por abusar de prisioneros en Abu Ghraib.

Según el documento citado por AP, Al-Jamadi murió en una ducha de esa cárcel durante un interrogatorio de media hora, antes de que los investigadores pudiesen extraer de él información alguna, según los documentos, que son declaraciones de guardias de la cárcel del Ejército. Las declaraciones fueron formuladas ante investigadores del Ejército y del inspector general de la CIA.

Un guardia del Ejército, el sargento Jeffery Frost, afirmó  que los brazos del prisionero estaban estirados detrás de él de una manera que no había visto nunca antes, y que se quedó sorprendido de que los brazos del reo "no se saliesen" de sus articulaciones en los hombros, según una constancia sumarial  de su entrevista.

El patólogo militar que examinó el cadáver y dictaminó que se trataba de un homicidio descubrió que el preso presentaba varias costillas fracturadas y murió debido a presiones en el pecho y dificultades para respirar.

Un patólogo civil, el doctor Michael Baden, declaró  en una entrevista que la posición en que se había suspendido a al-Jamadi podía haber contribuido a su muerte. El doctor Vincent Lacopino, director de investigaciones del grupo Médicos en favor de los Derechos Humanos dijo que la extensión de los brazos detrás de la espalda es un caso de "tortura simple y clara".

La central de espionaje  americano, que es sometida a una pesquisa del Congreso estadounidense en torno al arresto y la interrogación de sospechosos de "terrorismo" en la prisión de Bagdad y otros puntos, declinó hacer comentarios al respecto, al igual que el Departamento de Justicia.

La muerte del prisionero, Manadel al-Jamadi, se divulgó el año pasado en momentos en que estallaba el escándalo de los abusos de reos en Abu Ghraib. Los militares estadounidenses dijeron en aquel momento que había sido declarada un homicidio. Pero las circunstancias exactas del incidente no fueron divulgadas hasta ahora.

Los prisioneros "fantasmas" de la CIA

En octubre del año 2004, una   denuncia de la organización Human Rights Watch acusaba a la CIA por la "desaparición" de 11 detenidos de la red Al Qaeda, a la que se sumaba la información de un influyente diario israelí señalando que los integrantes de la organización se encuentran alojados en una base secreta de la CIA en Jordania.

Por su parte el  diario israelí Haaretz, que citaba "fuentes de servicios de inteligencia internacionales", señalaba que la CIA tendría en Jordania a 11 miembros de la red terrorista dirigida por Osama Bin Laden, entre ellos a su número 3 y jefe de operaciones del grupo, el kuwaití, Khalid Sheikh Mohammed.

Haaretz afirmaba  que la cárcel se encuentra en un lugar desconocido de Jordania, que tiene la autorización del reino hachemí y que puede ser una instalación de los propios servicios de espionaje jordanos o una base secreta.

Los representantes diplomáticos de EEUU en Ammán no formularon comentarios  sobre esta información, que coloca en una posición muy delicada a Jordania, un país aliado clave para EEUU que se encuentra en la mira de los islamistas por su apoyo a la ocupación militar de Irak.

No es la primera vez que Jordania se ve implicada en la cuestión  de los detenidos en la "guerra contra el terrorismo" de la Administración  Bush.

La información de Haaretz consignaba que el  centro de detención secreto en Jordania está destinado a prisioneros relevantes, y en él se utilizarían  técnicas y programas de interrogatorios extraídos de los manuales más siniestros de la inteligencia militar norteamericana.

El diario trazaba un paralelo de lo que sucede en esa base con Guantánamo, Afganistán, Irak, donde la administración Bush afronta acusaciones de torturas y mal trato a prisioneros por parte de organizaciones de derechos humanos y de familiares de los detenidos.

En su libro Rumsfeld's war, el periodista Rowan Scarborough, de The Washington Post, afirma que interrogadores jordanos han colaborado con la inteligencia de EEUU  en la cárcel de Guantánamo.

Según la  denuncia efctuada  la organización Human Rights Watch, esos detenidos "fantasmas" son objeto de presiones físicas y psicológicas como ahogos simulados bajo el agua, escuchar música a todas horas a un volumen muy elevado, impedirles conciliar el sueño, y aislamientos prolongados destinados a quebrar su voluntad.

En el documento de Human Rights Watch se señalaba asimismo que, en conocimiento de la aplicación de estas técnicas, George W. Bush habría pedido a sus colaboradores más cercanos que no le revelaran el lugar exacto en el que se encuentran los prisioneros "desaparecidos".

Los desaparecidos son un símbolo del abuso de las dictaduras militares latinoamericanas en su "guerra sucia" contra la llamada subversión", dijo el consejero especial de HRW, Reed Brody.

"Ahora se han convertido en una táctica de Estados Unidos en su enfrentamiento con Al Qaeda", agregó Brody.

Brody reconoció que EEUU tiene derecho a combatir el terrorismo, pero insistió en que los detenidos deben ser sacados a la luz pública y "los culpables de delitos graves deben ser llevados ante la justicia para ser sometidos a juicios justos".

El funcionario Brody recordó que las desapariciones fueron "un sello característico de las dictaduras militares latinoamericanas durante la guerra sucia" contra lo que consideraban elementos subversivos, y ahora son "una táctica de EEUU" en su lucha contra Al Qaeda.

HRW afirmó que el Gobierno de Washington, al no divulgar el paradero de algunos detenidos o no reconocer que los tiene en su poder, ha violado varios tratados internacionales y la Convención de Ginebra.

Reconociendo el derecho de Estados Unidos a obtener información para defenderse de ataques de Al Qaeda y sus aliados, HRW argumenta que la detención clandestina de sospechosos a los que se mantiene incomunicados, viola "los principios más elementales" de una sociedad libre.

"Quienes sean culpables de serios crímenes deben ser llevados ante la justicia en juicios justos", señaló  Brody. "Si Estados Unidos legitima la tortura y la "desaparición" de oponentes, abandona sus ideales y obligaciones internacionales y se convierte en una nación de menor grado".

Después de exigir a Estados Unidos que ponga a todos los detenidos, donde sea que se encuentren, bajo la protección de la ley, el informe solicita que se otorgue al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acceso irrestricto a todos quienes fueron detenidos durante operaciones antiterroristas.