Cuando acceden a la administración colonial de sus países se olvidan de sus "discursos  populares" y se convierten en celosos aplicadores de la doctrina estratégica del Departamento de Estado norteamericano y en verdugos de los movimientos sociales en sus países.

En ese rol, el  presidente peruano, Alejandro Toledo, reclamó a la Justicia un "castigo ejemplar" para los integrantes del movimiento rebelde "Etnocacerista" que durante cuatro días protagonizaron un levantamiento en la ciudad de Andahuaylas, al sur del país.

El grupo que protagonizó el levantamiento estaba mayormente integrado por algo más de un centenar de reservistas del Ejército, que reclamaban la renuncia de Toledo por considerarlo un "corrupto".

El líder de los insurrectos, el ex mayor Antauro Humala, describió a su grupo como "oficiales de mando medio que queremos poner fin al colapso moral de la vieja generación de militares en Latinoamérica que están vinculados al narcotráfico y otros crímenes de guerra".

Humala  fue trasladado a Lima y se encuentra detenido en la sede de la policía antiterrorista.

El "Etnocacerismo" toma su nombre del mariscal y ex presidente de Perú Andrés Avelino Cáceres y sostiene un discurso de orientación nacionalista y popular  que incorpora reivindicaciones indigenistas.

Durante el levantamiento mantuvieron como rehenes a 17 soldados y policías en una comisaría de Andahuaylas, que fueron liberados tras la rendición.

Los rebeldes depusieron las armas y se entregaron a la policía este martes, luego de que su líder, el mayor retirado Antauro Humala, fuera engañado y detenido por las autoridades mientras negociaba las condiciones para su rendición.

Hoy en medios peruanos  trascendió que la investigación de la fiscalía para casos de "terrorismo" trata de conseguir el procesamiento de los responsables por los delitos de terrorismo, homicidio, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas.

Esto es, a los que se levantaron contra el gobierno corrupto y entreguista de Toledo se les aplique lisa y llanamente la figura  universal de la doctrina "contraterrorista" de Bush a modo de ejemplo para otros casos de rebelión social que puedan presentarse en Perú o en la región.

De ser hallados "culpables" la condena podría ascender a un máximo de 35 años de cárcel.

El presidente peruano acusó al grupo de ser "una organización paramilitar, fascista, terrorista de origen fundamentalista, que ejecuta acciones armadas y terroristas con el propósito de destruir el Estado de Derecho para reemplazarlo por una dictadura".

También dijo que "el Etnocacerismo es una organización vinculada a los objetivos y las acciones de los narcotraficantes y financiada por estos".

Las palabras del "Cholo", cambiadas algunas comas,  están extraídas de las paginas del manual de "guerra preventiva" contra el "eje del mal" escrito por la nominada secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y su aplicación es de uso corriente para cualquier presidente títere latinoamericano amenazado por los movimientos de protesta y los levantamientos sociales.

El gobierno del insípido "Cholo" traidor, Alejandro Toledo, es un ejemplo claro, y a seguir, por otras administraciones títeres en materia de "endurecimiento" de legislaciones y leyes orientadas a reprimir "legalmente", con el código penal, los levantamientos populares que empiezan a perfilarse desde el sur del Río Grande hasta la Argentina.

De esta manera, la figura del "terrorista" sustituye en el tiempo a la del "subversivo" de la década del setenta, y la represión ya no es ejercida por dictaduras militares formadas en la doctrina de seguridad nacional, sino por gobiernos constitucionales legitimados en las urnas.

Mientras en Chile, por ejemplo, el ex dictador militar  Augusto Pinochet (impuesto por el Departamento de Estado para reprimir a los movimientos revolucionarios en el setenta) es juzgado por las "leyes de la democracia", el gobierno de Lagos -el nuevo servidor de Washington- prepara una batería de leyes "contraterroristas" para cumplir el mismo objetivo al que sirvió el hoy anciano "Chacal del Pacifico".

Uno de los representantes más emblemáticos de este nuevo estilo de represión con el "código penal" es el presidente argentino, Néstor Kirchner, quién profundizó como nadie los encarcelamientos y las legislaciones "duras" -inspiradas en las leyes contra el terroorismo de Bush- contra los piqueteros y los dirigentes del campo popular levantados contra los programas del FMI.

El enano presidente Toledo, más allá de su escasa dimensión y protagonismo, embarcado en un proceso de corrupción y entreguismo sin limites, está expresando la "nueva agenda" de los halcones que hoy controlan sin fisuras el Departamento de Estado, y cuyo objetivo central es limpiar de "terroristas" las colonias latinoamericanas de Washington.

El ex presidente argentino Juan Domingo Perón tenía una máxima para delimitarle el campo a sus opositores: "con la ley todo, fuera de la ley nada".

En el caso de Toledo y de los otros presidentes títeres latinoamericanos, la ley a aplicar es la ley "contraterrorista" de Bush en defensa de los supremos intereses de los bancos y transnacionales con base de despegue en territorio norteamericano o europeo.