(IAR-Noticias) 06-En-05
El
"Cholo" Toledo, salvo su nacionalidad peruana, se parece a cualquiera de los
especimenes políticos que los pueblos latinoamericanos "eligen en las urnas",
y que luego, ya instalados en el gobierno, comienzan a administrar para los
verdaderos dueños del poder: los bancos y empresas trasnacionales.
Cuando
acceden a la administración colonial de sus países se olvidan de sus
"discursos populares" y se convierten en celosos aplicadores de la
doctrina estratégica del Departamento de Estado norteamericano y en verdugos
de los movimientos sociales en sus países.
En
ese rol, el presidente peruano, Alejandro
Toledo, reclamó a la Justicia un "castigo ejemplar"
para los integrantes del movimiento rebelde "Etnocacerista"
que durante cuatro días protagonizaron un levantamiento en la ciudad de
Andahuaylas, al sur del país.
El grupo que
protagonizó el levantamiento estaba mayormente integrado por algo más de un
centenar de reservistas del Ejército, que reclamaban la renuncia de Toledo por
considerarlo un "corrupto".
El líder de los
insurrectos, el ex mayor Antauro Humala,
describió a su grupo como "oficiales de mando medio que queremos poner
fin al colapso moral de la vieja generación de militares en Latinoamérica que
están vinculados al narcotráfico y otros crímenes de guerra".
Humala fue trasladado a Lima y se encuentra detenido en la sede de
la policía antiterrorista.
El "Etnocacerismo"
toma su nombre del mariscal y ex presidente de Perú Andrés Avelino Cáceres y
sostiene un discurso de orientación nacionalista y popular
que incorpora reivindicaciones indigenistas.
Durante el
levantamiento mantuvieron como rehenes a 17 soldados y policías en una comisaría
de Andahuaylas, que fueron liberados tras la rendición.
Los rebeldes
depusieron las armas y se entregaron a la policía este
martes, luego de que su líder, el mayor retirado Antauro Humala, fuera
engañado y detenido por las autoridades mientras
negociaba las condiciones para su rendición.
Hoy en medios peruanos trascendió que la investigación de la
fiscalía para casos de "terrorismo"
trata de conseguir el procesamiento de los
responsables por los delitos de terrorismo, homicidio, asociación ilícita y
tenencia ilegal de armas.
Esto es, a los que se levantaron contra el gobierno corrupto y entreguista de
Toledo se les aplique lisa y llanamente la figura universal de la
doctrina "contraterrorista" de Bush a modo de ejemplo para otros casos de
rebelión social que puedan presentarse en Perú o en la región.
De ser hallados
"culpables" la condena podría
ascender a un máximo de 35 años de cárcel.
El presidente
peruano acusó al grupo de ser "una organización paramilitar, fascista,
terrorista de origen fundamentalista, que ejecuta acciones armadas y terroristas
con el propósito de destruir el Estado de Derecho para reemplazarlo por una
dictadura".
También
dijo que "el Etnocacerismo es una organización vinculada a los objetivos y las
acciones de los narcotraficantes y financiada por estos".
Las palabras del "Cholo", cambiadas algunas comas, están extraídas de las
paginas del manual de "guerra preventiva" contra el "eje del mal"
escrito por la nominada secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y su
aplicación es de uso corriente para cualquier presidente títere latinoamericano
amenazado por los movimientos de protesta y los levantamientos sociales.
El
gobierno del insípido "Cholo" traidor, Alejandro Toledo, es un ejemplo claro, y
a seguir, por otras administraciones títeres en materia de "endurecimiento"
de legislaciones y leyes orientadas a reprimir "legalmente", con el
código penal, los levantamientos populares que empiezan a perfilarse desde el
sur del Río Grande hasta la Argentina.
De
esta manera, la figura del "terrorista" sustituye en el tiempo a la del
"subversivo" de la década del setenta, y la represión ya no es ejercida
por dictaduras militares formadas en la doctrina de seguridad nacional,
sino por gobiernos constitucionales legitimados en las urnas.
Mientras en Chile, por ejemplo, el
ex dictador militar Augusto Pinochet (impuesto por
el Departamento de Estado para reprimir a los movimientos revolucionarios
en el setenta) es juzgado por las "leyes de la
democracia", el gobierno de Lagos -el nuevo servidor de Washington- prepara una
batería de leyes "contraterroristas" para cumplir el mismo objetivo al
que sirvió el hoy anciano "Chacal del Pacifico".
Uno de los
representantes más emblemáticos de este nuevo estilo de represión con el
"código penal" es el presidente argentino, Néstor Kirchner, quién
profundizó como nadie los encarcelamientos y las legislaciones "duras"
-inspiradas en las leyes contra el terroorismo de Bush- contra los piqueteros y
los dirigentes del campo popular levantados contra los programas del FMI.
El
enano presidente Toledo, más allá de su escasa dimensión y protagonismo,
embarcado en un proceso de corrupción y entreguismo sin limites, está expresando
la "nueva agenda" de los halcones que hoy controlan sin fisuras el Departamento
de Estado, y cuyo objetivo central es limpiar de "terroristas" las
colonias latinoamericanas de Washington.
El
ex presidente argentino Juan Domingo Perón tenía
una máxima para delimitarle el campo a sus opositores: "con la
ley todo, fuera de la ley nada".
En
el caso de Toledo y de los otros presidentes títeres latinoamericanos, la ley a
aplicar es la ley "contraterrorista" de Bush en defensa de los supremos
intereses de los bancos y transnacionales con base de despegue en territorio
norteamericano o europeo.
|