Según el prestigioso pensador "una importante controversia política está encolerizando los medios de comunicación de Colombia y Venezuela, las páginas web izquierdistas y otros sitios, en relación con el secuestro de líder de las FARC Rodrigo Granda. Cada día ofrecen más declaraciones y revelaciones de ministros, militares y funcionarios policiales, así como de congresistas y de líderes de los movimientos sociales".

Refiriéndose al secuestro, Petras señala que "Durante casi dos semanas, las autoridades venezolanas, incluidos los Ministros de Defensa, de Interior y de Asuntos Exteriores, estuvieron prácticamente mudas; incluso cuando los principales periodistas colombianos y activistas venezolanos protestaron por el secuestro del prominente revolucionario. Tras los llamamientos locales e internacionales de escritores, periodistas, intelectuales y activistas, muchos de los cuales habían asistido a las mismas conferencias internacionales en Venezuela que Granda, el Ministro de Interior, Jessie Chacón, convocó una conferencia de prensa y anunció una investigación sobre el presunto secuestro de Granda."

"Dos semanas son mucho tiempo, bajo cualquier criterio, para empezar una investigación relacionada con uno de los líderes revolucionarios más importantes de América Latina, sobre todo en un país que afirma estar siguiendo un proceso revolucionario", subraya.

"El propósito de secuestrar a Granda era debilitar la capacidad de las FARC para dialogar con gobiernos, movimientos, partidos políticos y presentar sus puntos de vista sobre un acuerdo negociado a la guerra civil de 40 años. El régimen de Uribe al capturar a Granda esperaba que mediante presiones, torturas e interrogatorios Granda se derrumbara y obtendrían información sobre la ubicación de los líderes de las FARC y sus movimientos internos",  añade Petras.

Al contrario de la creencia generalizada entre los intelectuales y medios de izquierda James Petras afirma que "El propósito del gobierno de Uribe no era crear dificultades al gobierno de Venezuela sino aplastar a las FARC".

Luego se refiere a  las "buenas relaciones" existentes entre el gobierno de Chávez y el de Uribe, recordando que "los ministros de defensa de Colombia y Venezuela firmaron, varios días después del secuestro, un importante acuerdo de cooperación militar bilateral por el que compartirían operaciones de espionaje así como operaciones de adiestramiento conjunto".

"Explicablemente -señala Petras-  los ministros de defensa Venezolano y Colombiano no estaban afectados por el secuestro. Además los Ministros de Exteriores de Venezuela y Colombia poco antes del secuestro habían firmado una serie de acuerdos económicos, comerciales y de oleoductos que, según nos dijo el vicepresidente venezolano José Rangel, no se verían afectados en modo alguno por el secuestro".

Contraponiéndose a los que defienden públicamente desde la izquierda y el progresismo a Chávez, Petras sostiene que "Afirmar, como muchos escritores firmantes de una carta dirigida “A la Opinión Pública Internacional”, que el secuestro de Granda fue pensado “para crear dificultades entre ambos países (Venezuela y Colombia) y para debilitar al movimiento bolivariano,... para disminuir el prestigio internacional del presidente Chávez creando dudas sobre una posible implicación venezolana en el secuestro...” no tiene ningún fundamento y se contradice con los hechos más elementales relacionados con el secuestro".

"El terco intento de los firmantes por salvar (?) el prestigio de Chávez negando cualquier complicidad venezolana fue patentemente falso como ha quedado probado por los mismos ministerios venezolanos involucrados en la investigación", subraya.

Profundizando su crítica contra los defensores de Chávez, James Petras sostiene que "el fallo y/o la renuencia de estos extranjeros “Amigos de Venezuela” para ver que el Estado Venezolano tiene oficiales y funcionarios que están dispuestos a colaborar con el régimen Colombiano es parte de un problema más profundo y continuado de la izquierda: Su tendencia a dar un cheque en blanco a cualquier régimen progresista, a pasar por alto divisiones importantes dentro del régimen y a entender que entre los funcionarios militares y civiles hay algunos que valoran una cooperación estrecha con el régimen de Uribe por encima de y en contra del respeto al derecho de un revolucionario a no ser deportado (o secuestrado) a un sanguinario estado paramilitar donde no hay ninguna protección judicial".

"¿No están los firmantes de la declaración exonerando de algún modo a los cómplices venezolanos que debilitan la seguridad del régimen de Chávez? ¿Se defiende a una revolución negando sus debilidades internas y sus enemigos? Después de lo que sucedió en el pasado, sobre todo con los antiguos países socialistas, ¿tenemos que repetir los mismos errores culpando a los críticos de sectores del régimen de Chávez de preparar “el terreno para la intervención armada estadounidense”, para acallarlos?", se pregunta Petras en su artículo.

En cuanto a la actitud del gobierno venezolano frente al secuestro, Petras puntualiza que "en lugar de ver al revolucionario Colombiano como una víctima de un crimen odioso (una víctima de la lucha de clases internacional como habríamos dicho en los viejos tiempos), fue criminalizado sobre la base de tecnicismos de inmigración, como cualquier funcionario de inmigración de bajo nivel podría apreciar".

"¿Cuál fue el propósito para distraer la atención de un importante delito político -secuestro- a un asunto trivial de un visado caducado? ¿Había intención de decir que debía de haber sido expulsado a Colombia y los secuestradores colombianos simplemente lo hicieron de mala manera? ¿No quedaba el prestigio de Venezuela más empañado por su tardía investigación y el subsiguiente cuestionamiento del derecho de Granda a participar en una Conferencia Internacional en Defensa de la Humanidad que por una denuncia directa de la violación del régimen de Uribe a su soberanía con la complicidad de algunos de sus funcionarios policiales y militares?" , continúa preguntándose Petras.

"Es ya de conocimiento público en todos los medios de comunicación colombianos más importantes (Tiempo) que los funcionarios venezolanos recibieron millón y medio de dólares por secuestrar y entregar a Granda. Si los secuestradores también estaban en la nómina de la CIA no se sabe, pero sus interrogatorios y declaraciones no revelan tal conexión. Tenían el signo del dólar, no las barras y las estrellas, en sus ojos", señala en otro tramo de su escrito.

Para James Petras "La amenaza real a la seguridad venezolana y al régimen de Chávez viene de los nuevos acuerdos de defensa de Venezuela con Colombia - donde podemos estar completamente seguros de que las Fuerzas Especiales norteamericanas, CIA y DIA que están trabajando con los militares colombianos harán todo tipo de esfuerzos por reclutar oficiales, conseguir datos para sus servicios de inteligencia y fomentar sentimientos anti Chávez entre los oficiales de defensa menos comprometidos".

"Lo mejor para la salud y el futuro de una revolución venezolana es declarar clara y francamente lo obvio - que Granda estuvo allí y que tenía derecho a estar allí donde nosotros pudiéramos discutir y debatir nuestros principios, nuestras diferencias, tal como otros líderes burgueses y regímenes han hecho en otros momentos y en otros países", subraya el  prestigioso pensador.

A juicio de Petras "el asunto de Granda no es simplemente una provocación de los EE.UU. y de Colombia que puede minar las relaciones bilaterales, sino un reflejo de la división interna de millones de personas que desean profundizar en la transformación social y aquellos funcionarios que desean reconciliarse con los EE.UU., Colombia y las élites locales".

Al final de su artículo James Petras se refiere al presidente de Venezuela  diciendo que "aunque Chávez declaró una reforma agraria radical hace tres años, ni un solo latifundio privado fue expropiado - los 100.000 beneficiarios de la reforma agraria recibieron únicamente terrenos públicos e incluso sin créditos adecuados ni asistencia técnica debido a la incompetencia burocrática o al sabotaje político".

"En diciembre del 2004, Chávez ha renovado su petición a los gobernadores y a los campesinos sin tierra para radicalizar el proceso de reforma agraria. Los gobernadores respondieron entrevistando a varios terratenientes para estudiar si su tierra es productiva o está en barbecho. Entretanto, miles de ocupantes sin tierra le han estado tomando la palabra a Chávez e improvisaron su propio programa de distribución de la tierra a pesar de la violencia de las impunes milicias que están defendiendo a los latifundistas".

Finalmente, y dirigiéndose nuevamente a los "defensores" progresistas de Chávez, Petras señala que "los intelectuales occidentales, cualquiera que tenga duda de que la revolución nacional se esté volviendo social; mejor sería que prestaran más atención a las emergentes luchas internas de clase que a firmar peticiones tan mal informadas".

Artículo completo de Petras