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(IAR-Noticias) 10-Mar-05
Informe especial
Evo
Morales y los más importantes referentes de
la oposición boliviana sellaron
este miércoles un pacto para continuar con las
marchas y las protestas contra el gobierno
oligárquico y pro-multinacionales de Carlos Mesa.
El MAS hizo un acuerdo con
los principales grupos sindicales para seguir con las protestas. (AP)
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El jefe
del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales; el
titular de la central obrera boliviana COB, Jaime Solares; los
representantes de El Alto, Abel Mamami y Roberto de la Cruz; y el
líder aimará Felipe Quispe, entre otros, unieron sus fuerzas
para seguir combatiendo al régimen de Mesa.
La noticia
se conoció después del anuncio de un
acuerdo (motorizado por el "gonismo") firmado por
fuerzas políticas oficialistas y del
rechazo de las mismas en el Congreso a la renuncia del
presidente Carlos Mesa.
De acuerdo a lo informado por sus firmantes, el
acuerdo implica la continuidad de las marchas contra el gobierno para exigir
la nacionalización de los hidrocarburos y el reajuste de regalías petroleras
hasta el 50 por ciento.
Las trasnacionales
petroleras han condicionado la supervivencia del
Estado de Bolivia a mantener la leonina
Ley de Hidrocarburos de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL),
amenzando que si se la cambia
presionarán para que las regiones con gas y petróleo avancen de la autonomía al
separatismo.
Según el
economista Roger Ortiz Mercado, Bolivia está siendo disgregada por
las transnacionales mineras y petroleras, por el Presidente Carlos Mesa y por la
oligarquía andino-cruceña,
Según la agencia boliviana Econoticias, las reservas gasíferas del país, valuadas por expertos y especialistas en más
100 mil millones de dólares , están en manos de las transnacionales desde
mediados de la segunda mitad de los años 90. Esta riqueza equivale al más del
doble del capital que tiene Bolivia y a más de 12 veces el valor de la
producción de bienes y servicios generados anualmente en el país.
Informes oficiales del gobierno boliviano
consignan que las
transnacionales, que han tomado el control de los ricos yacimientos de petróleo
y gas en el centro de Sudamérica, tienen los costos de producción más bajos del
mundo, al haber recibido sin mayores inversiones los gigantescos pozos y campos
desarrollados por el Estado, pagar impuestos casi simbólicos y vender su
producción en el mercado interno y de exportación al precio internacional.
La privilegiada posición de las petroleras extranjeras se ha visto consolidada,
además, por la decisión del presidente Mesa de que los ciudadanos y consumidores
bolivianos paguen por los combustibles que se producen en el territorio nacional
como si éstos fuesen importados de Arabia Saudita o Kuwait.
 Las
movilizaciones en la ciudad de El Alto obligaron a Mesa a romper un contrato con
la empresa "Aguas del Illimani", de la transnacional Suez, en tanto la embajada
de EEUU continúa exigiendo que la Cámara de Diputados
ratifique el tratado de impunidad para sus tropas, el ingreso de Bolivia al
ALCA y la aprobación de una
nueva Ley de Hidrocarburos que no toque los privilegios de las transnacionales.
El dirigente de la
COB, Jaime Solares, anunció que el objetivo
del frente contra Mesa es exigir al Legislativo que se
apruebe una ley energética que obligue a las trasnacionales a subir la
regalía que pagan del 18 al 50 por ciento, opción considerada inviable por
el Ejecutivo ante la posibilidad de que ahuyente a la inversión foránea.
No
obstante la movida oportunista realizada por el gobierno con la
"renuncia" de Mesa, al menos 22 puntos de bloqueo afectaban
el miércoles las rutas de todo el país, un día
después que el Parlamento rechazara
que el presidente abandone el gobierno.
En una conferencia de
prensa con periodistas extranjeros, antes de que Mesa lo desafiara llamando a
los bolivianos a manifestarse en todo el país contra los piquetes, el líder del
Movimiento al Socialismo (MAS), reiteró que "la dimisión de Mesa no es más
que una jugada política" y un "chantaje" a los bolivianos.
"De
ninguna manera. No vamos a aceptar chantajes. Las movilizaciones son para
hacer valer los derechos del pueblo, y con esta jugada el presidente está
haciendo desaparecer ese derecho. Jamás hemos pedido su renuncia y no la vamos a
aceptar por más que sea irrevocable. El tiene que dar la cara. Ahora sólo quiere
distraer a los bolivianos para no aprobar la ley de hidrocarburos",
señaló el líder de los cocaleros.
Por su parte, el comandante general de la Policía
Nacional, el coronel David Aramayo, dijo a una emisora de radio que
miles de de manifestantes mantienen bloqueada la
carretera troncal en varios puntos: a la salida de El Alto en dirección a Oruro,
y entre Cochabamba, en el centro del país, y Santa Cruz, en el oriente.
Durante una
conferencia de prensa, el viceministro de Justicia, Carlos Alarcón,
advirtió de que se ha instruido al Ministerio Público para que "a través de
todas sus fiscalías de distrito interponga todas las acciones de amparo
constitucional y penales que correspondan" contra los ciudadanos que alteren
el orden público.
Según
los
organizadores los
puntos más
importantes que permanecían bloqueados eran los de la ciudad de El Alto
(próxima a La Paz); la ruta que une Cochabamba y Santa Cruz; y la que va de
Potosí a Tarija. También permanecían bloqueados los
alrededores de la ciudad de Sucre.
El presidente de Bolivia anunció este miércoles la
detención y el enjuiciamiento de quienes bloqueen carreteras y continuó sus
críticas al líder izquierdista Evo Morales, aunque negó que su régimen se
"derechice".
En tanto se conocía una carta abierta de los
pueblos indígenas en la que se afirma que Mesa "pone como
condición" para seguir en el cargo que "resignemos nuestras demandas, lo que
equivale a que traicionemos a nuestras comunidades, a nuestros pueblos y al país
en su conjunto".
El "acuerdo
democrático"
 Carlos
Mesa, continuador del "gonismo" (régimen del ex presidente Sánchez de Lozada) y
títere de las decisiones del Departamento de Estado norteamericano, ingresó el
martes al Congreso boliviano
convertido en un "orador de masas"
tras ser rechazada su renuncia al presidencia.
Apenas concluido el voto
de los legisladores, una delegación fue a buscar a Mesa hasta sus oficinas del
Palacio del Quemado, a pocos metros del Parlamento, y luego el
presidente, con un escenario montado, cruzó
la plaza y se llegó hasta el Congreso exultante, rodeado por
manifestantes oficialistas que le gritaban ¡Mesa,
Mesa!
Acostumbrado a las cámaras de televisión, Mesa destacó que la
presentación de su renuncia no había sido fruto de "un cálculo político" ni "la
búsqueda de un fortalecimiento personal". "Quiero agradecerle a un país que
una vez más le ha dicho no al bloqueo de Bolivia, no a la violencia",
señaló con tono demagógico.
El llamado
"acuerdo democrático" sellado el martes
entre el gobierno y fuerzas oficialistas marcó el final
de la "crisis" entre Mesa y los
partidos tradicionales (distintas facciones representativas de
las multinacionales) con representación parlamentaria,
que se vino dando desde la renuncia del entonces
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
"Hoy hemos abierto un espacio de confianza para generar una nueva dinámica en
Bolivia. Es esto lo que el pueblo esperaba. Por eso vamos a trabajar",
dijo el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez.
Aunque no se lo nombra, este acuerdo marca la ubicación
política de las distintas fuerzas del Parlamento en relación al
"modelo económico" transnacional
que propicia el gobierno, a partir de la nueva Ley de
Hidrocarburos, que ambas partes se comprometieron a aprobar a la brevedad
posible.
El acuerdo entre las facciones
parlamentarias de las multinacionales energéticas,
tomó un nuevo cauce cuando el Congreso rechazó por
unanimidad la renuncia presentada por el presidente Carlos Mesa.
En el discurso que dio ante
ambas cámaras tras la decisión del Legislativo,
el martes, Mesa anunció al país el acuerdo logrado con
todas las fuerzas políticas excepto el MAS de Evo Morales sobre cuatro
puntos sensibles.
Con respecto a lo acordado
sobre la ley de hidrocarburos, eje de los enfrentamientos
entre el gobierno y el MAS -que
exige que se les suba a las petroleras a un 50% de regalías del 18% actual-,
esbozó algunas propuestas pocos claras, que
parecieron apuntar al temor empresario.
Se refirió a "un giro en lo ideológico y lo
político", y aseguró que se tratará de una ley "que garantiza ingresos muy
grandes en favor del Estado boliviano", y garantizará al mismo tiempo "que la
inversión extranjera y nacional es bienvenida".
Mesa habló de "seguridad
jurídica" en relación con la ley (impuesta por las
multinacionales) que rige y condiciona el futuro
de las riquezas nacionales y aseguró que se cumplirá con los "compromisos
contraídos",
obviamente, no con el pueblo boliviano sino
con sus mandantes: la embajada de EEUU y las transnacionales energéticas.
Criticó
al diputado cocalero Evo Morales que lidera las protestas
contra "el modelo", y convocó a la población a que se
manifieste pacíficamente en todas las plazas del país en contra de los bloqueos
y cortes de rutas, una
convocatoria considerada riesgosa
por los observadores.
Mesa negó validez al argumento
esgrimido por los sindicatos y las organizaciones
sociales que el miércoles firmaron un pacto de
lucha contra el proyecto oligarco-parlamentario de las
energéticas y exigir una ley de hidrocarburos nacionalista.
Sostuvo muy suelto de
cuerpo que "no hay diferencia esencial ni
ideológica" entre ese proyecto y el que estaba a
punto de aprobar completamente la Cámara de Diputados, el cual será modificado a
tono con la primera versión, en virtud del pacto firmado el
martes.
Luego descalificó comentarios que "ponen
en duda la efectividad del convenio" y señaló que este
establece un ámbito de convergencia y relación fluida entre el ejecutivo y el
legislativo, contra la violencia y los bloqueos, lo cual fortalece su
administración.
Evo Morales y los
firmantes del pacto contra Mesa y las trasnacionales energéticas que lo
restituyeron en el cargo, parece que piensan lo contrario.
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