Pese al anuncio de retirada de sus ciudadanos, EEUU reiteró que está comprometido en su misión de "asegurar unas buenas elecciones en 2005" y de "promover la seguridad y la estabilidad en Haití".

Pero en Puerto Príncipe, sumido en un contexto de violencia y anarquía, dominan la duda y el temor a un mayor desborde, no sólo entre los funcionarios haitianos, sino también en la comunidad internacional, la ONU y los países occidentales involucrados en la llamada "reconstrucción del país" tras la destitución por un golpe de Estado del presidente Aristide.

La capital haitiana -según los observadores- se encuentra atenazada por dos fenómenos convergentes: 1) el estallido social y los robos provocado por la hambruna colectiva, y 2) los desórdenes y enfrentamientos violentos provocados por partidarios del ex presidente Aristide que desbordan la capacidad de contención de los cascos azules de la ONU.

Aunque la orden de evacuación de los estadounidenses tiene más un peso simbólico, dado el bajo número de familias implicadas, a juicio de funcionarios y observadores occidentales es "una mala señal" en el presente escenario de violencia y saqueos que vive el país.

A cinco meses de las elecciones generales, la administración haitiana  emergente del golpe Estado contra Aristide  intenta sobrevivir con ayuda internacional de la ONU, y atraviesa "momentos difíciles" en su relación con Estados Unidos como lo revelan las duras críticas de los funcionarios  a la partida del país de familias estadounidenses.

"Es un duro golpe el que los estadounidenses nos han dado (...), no comprendo el juego que están jugando", declaró el viernes a la AFP el primer ministro haitiano, Gérard Latortue, colocado en el poder por Washington tras el derrocamiento de Aristide.

"Es una decisión lamentable en este momento cuando necesitamos a los amigos", agregó el mandatario haitiano.

Las elecciones en Haití se realizarán el 9 de octubre, el 13 noviembre y el 18 de diciembre de 2005, según lo anunciado por  el Consejo Electoral Provisional de Haití.

El 9 de octubre se llevarán a cabo las elecciones municipales; el 13 de noviembre la primera vuelta de las legislativas y las presidenciales, y el 18 diciembre la segunda vuelta en el caso de que se presente una elección cerrada.

Durante más de un año, partidos políticos, funcionarios de la ONU y "expertos" extranjeros han planeado los comicios de octubre y noviembre en Haití. Pero el proceso  electoral parece muy endeble e insostenible en el tiempo dentro del actual escenario de caos y enfrentamiento que vive el país.

Uno de los principales partidos, el Lavalas del depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide, se mantiene al margen de la puja, y convoca permanentemente a  protestas con miles de simpatizantes para cuestionar la legitimidad de las elecciones previstas.

Aristide fue derrocado y puesto en un avión militar de EEUU  el 29 de febrero del año pasado, luego de dos años de manifestaciones opositoras y una breve rebelión armada protagonizada por paramilitares y mercenarios, según los expertos, dirigida desde el exterior por la CIA y el departamento de Estado norteamericano.

El ex sacerdote y dos veces presidente dejó el país a custodiado por un grupo de marines que lo condujo a África, y horas después Haití fue ocupado por una fuerza multinacional encabezada por Estados Unidos.

Aristide dijo posteriormente haber sido secuestrado tras caer en un ”moderno golpe de Estado” patrocinado por Estados Unidos y Francia.

Pero la oposición de Lavalas no es el único escollo para las elecciones. El Consejo Electoral Provisional (CEP) tiene apenas tres meses de plazo para registrar a 4,2 millones de votantes, en un proceso que incluye tomarles fotografías y huellas dactilares, a un pueblo donde campean por doquier el analfabetismo y la pobreza extrema.

Además, la "seguridad" parece ir de mal en peor, sobre  en la capital, Puerto Principe, donde los asesinatos y secuestros son el pan de cada día, en medio de una guerra de pandillas y ataques frecuentes contra policías y militares de las fuerzas de paz de la ONU.

A inicios de 2004, en la víspera de la caída del derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, cuando el país estaba convulsionada por una insurrección armada, Washington, París y Ottawa, encabezaron la intervención de una fuerza internacional de "paz" en el empobrecido país.

El actual presidente Latortue, quien en ese entonces vivía en Florida, fue "escogido" por Washington que  fundamentó su elección alegando su "experiencia" en relaciones internacionales.

Según fuentes haitianas, hoy los funcionarios consideran que las relaciones con los estadounidenses son "complicadas". "Al contrario de lo que sucede con los canadienses o los franceses, ellos (los norteamericanos) no nos comprenden, se paralizan rápidamente y los problemas son difíciles de solucionar", precisan esas fuentes.

Pese a la presencia de 6.000 cascos azules, la incapacidad del gobierno haitiano  en establecer la "seguridad"  en Puerto Príncipe -donde desde hace unas semanas se han multiplicado los secuestros extorsivos-, es esgrimida como  una de las razones de la "pérdida de confianza" por parte de Washington, según la AFP.

El miércoles pasado, desconocidos armados tomaron como blanco a un vehículo de la embajada estadounidense sin provocar víctimas.

Con oficinas dispersas en Puerto Príncipe, los estadounidenses son vulnerables en un momento en que la "criminalidad está incrementándose". Por ello, para no exponerse tanto, iniciaron la construcción, en un barrio excéntrico, de una gran embajada que reagrupe todos sus servicios, señala AFP.

Pero mientras 91 partidos tratan de atraer a un electorado que muestra desinterés e incluso sospecha, los partidarios de Aristide siguen negando legitimidad al proceso electoral.

”No habrá auténticas elecciones hasta que Aristide esté de nuevo en Haití. Si quieren seleccionar a uno de los mercenarios que trabajan para los imperialistas, que lo hagan, pero no pueden llamar a eso elecciones”, dijo a la prensa el viernes John Joel Joseph, integrante del comité político de Lavalas en Cité Soleil, un costero y populoso barrio pobre de Puerto Príncipe.

Durante las últimas semanas varios miles de partidarios del ex presidente marcharon por las calles de ese barrio y del de Bel-Aire, también pobre, para demandar el retorno de Aristide.

Esas zonas de la capital han sido también escenario de violentas batallas entre pandillas rivales, y también de policías contra "pandilleros" que se declaran militantes de Lavalas.

Ese proceso ya ha causado más de 400 muertes desde que comenzara el 30 de septiembre del año pasado.

”Sin Aristide no habrá paz, Aristide por cinco años”, corearon exaltados manifestantes el 29 de marzo, en torno a una hoguera en la que quemaron simbólicos ataúdes para el presidente estadounidense George W. Bush, el embajador estadounidense en Haití, James B. Foley, y numerosos funcionarios haitianos.

La semana pasada, el presidente Latortue  expresó ante la prensa su descontento y "frustración" ante el desempeño de la misión de la ONU en el país.

”Oficialmente, la comunidad internacional está en Haití para ayudarnos, pero no siempre los encontramos cuando los necesitamos”, comentó.

Según un estudio conjunto de activistas humanitarios brasileños y estudiantes de derecho de la estadounidense Universidad de Harvard, la misión de la ONU ”ha hecho poco para lograr estabilidad, proteger a la población o frenar las violaciones de los derechos humanos”, de modo que ”Haití es tan inseguro como siempre”.

Expertos y analistas creen que ,ante el fracaso de los cascos azules para detener la violencia y las protestas sociales, escuadrones paramilitares de ultraderecha controlados por la CIA (igual que lo hicieron durante el derrocamiento de Aristide) podrían comenzar a actuar nuevamente en las calles de Puerto Príncipe.

En este caso -señalan- esos escuadrones de la muerte podrían iniciar una escalada de asesinatos selectivos con la finalidad de disuadir a los seguidores de Aristide de continuar con las protestas y los desórdenes violentos.

En tal contexto, las versiones sobre una inminente intervención paramilitar resulta sintomático y demostrativo de  la "mala señal" que auguran los funcionarios haitianos tras el retiro de los ciudadanos estadounidenses.