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(IAR-Noticias)
07-Jun-05
Por Rodrigo
Guevara
El Nuevo Herald (uno de los
operadores mediáticos más "calificados" de los procesos desestabilizadores y
golpistas contra Chávez en el mundo hispano-estadounidense), acaba de
publicar un artículo titulado sugestivamente: "Denuncian
"caos" en petrolera venezolana".
En dicho informe, firmado por su
corresponsal en Venezuela, se señala que las ganancias de la
petrolera estatal (PDVSA) alcanzaron niveles sin precedentes, pero también está
"afrontando quejas por la desaparición de
miles de millones de dólares, los fallos en la producción y el caos
administrativo".
"Y aunque PDVSA está bombeando miles de millones directamente a los programas
de bienestar social del presidente Hugo Chávez, algunos expertos temen que
se esté sacrificando la viabilidad a largo plazo de la compañía y de sus
exportaciones petroleras", señala el Herald.
"Las quejas han hecho que los legisladores de la oposición soliciten una
auditoría independiente de PDVSA, aun cuando el gobierno ha empezado a presionar
a las empresas petroleras extranjeras para que paguen mayores royalties y sus
impuestos atrasados y esté considerando vender partes de CITGO, la empresa dueña
de refinerías en Estados Unidos con capacidad para refinar 900,000 barriles
diarios, además de 14,000 gasolineras administradas independientemente", agrega
el vocero periodístico de la mafia-cubano americana "antichavista".
Según el Herald, "Los antiguos trabajadores de PDVSA dicen que la inexperiencia ha llevado a
accidentes y a problemas administrativos. Y "más importante todavía,
aparentemente, la producción nunca se ha recuperado", agrega.
"Los críticos de Chávez se han quejado insistentemente de la
mala administración de PDVSA, incluyendo la venta de hasta 100,000 barriles diarios de petróleo a
Cuba en términos financieros excepcionalmente favorables", añade.
El diario cita la opinión del
golpista Humberto Calderón, ex presidente de PDVSA y de la OPEC, diciendo:
''El país no tiene idea de lo mala que es la situación actual de PDVSA''.
Agregando: ``Nadie sabe lo
que está pasando porque los recursos de PDVSA se están gastando sin ningún
control''.
El informe del Nuevo Herald,
en todo su desarrollo, pone el acento en dos cuestiones: A) caos
administrativo y baja de la producción por la incapacidad de gestión estatal
del gobierno de Chávez, B) crisis financiera causada por la desaparición
de miles de millones de dólares que fueron orientados a programas sociales con
fines de clientelismo político.
"Sin embargo, pese a todos sus problemas productivos y financieros, la compañía
sigue siendo una fuente de efectivo para Chávez, al gastar casi $4,000 millones
el año pasado en programas sociales para los pobres de Venezuela", remata el
informe del Herald.
"Como consecuencia, esto ha generado más apoyo al presidente en ese
sector, puesto que los programas han aliviado parte de sus problemas, según
recientes estudios", añade.
Y agrega luego: ''PDVSA se ha convertido en un simple
apéndice del régimen", citando la opinión de Alberto
Quirós, otro ex ejecutivo golpista de la compañía estatal.
Vocero de la desestabilización
Para precisar la importancia que
revisten los artículos del Nuevo Herald en el proceso desestabilizador
contra Hugo Chávez, hay que señalar que, en forma habitual, los funcionarios
antichavistas del Departamento de Estado se valen de sus conceptos para
atacar en la prensa internacional al gobierno venezolano.
En general, la prédica periodística
del Nuevo Herald se orienta a fagocitar opinión en contra del
gobierno venezolano entre los sectores empresarios y la clase media alta de la
comunidad hispano-americana, que lo utilizan como fuente informativa valiosa
para saber lo "que pasa en Venezuela".
Un ejemplo que pinta de cuerpo entero
la sincronía del Herald con las operaciones del Departamento de Estado,
se demostró cuando el diario -días antes de la gira de Condoleezza Rice por
América Latina- publicó una zaga de artículos en contra de Venezuela englobados
en el título: "Redes chavistas penetran en EEUU".
Según esa serie de informes del Herald "un
creciente número de organizaciones chavistas está penetrando silenciosamente los
Estados Unidos, conformando una amplia red revolucionaria que abarca desde
círculos bolivarianos, promotores académicos y grupos de cabildeo hasta
actividades de inteligencia en favor de la llamada revolución bolivariana de
Venezuela".
La
maniobra periodística coincidió "casualmente" con la gira latinoamericana de
Condoleezza Rice cuyo -fracasado- objetivo se centraba en conseguir una
condena general de la OEA a las actividades "desestabilizadoras" de los
gobiernos de Venezuela y de Cuba en la región.
La
semana pasada, y nuevamente coincidiendo con la estrategia del Departamento de
Estado y de la petroleras multinacionales, el Herald apuntó a un supuesto
"caos" y crisis financiera existente en la petrolera estatal venezolana
producida por el "desmanejo" y el desvío de fondos con fines electorales que
hace el gobierno de Chávez.
Aparte de admitir que la gestión
de Chávez en la petrolera estatal sirve a los pobres (los verdaderos dueños del
petróleo venezolano) para "aliviar parte de sus problemas", el
tradicional diario golpista de Miami considera que eso es "negativo" para los
intereses de las multinacionales petroleras que contratan con PDVSA.
Su táctica desestabilizadora consiste
en presentar a las políticas asistencialitas sociales de Chávez
-ejecutadas mediante la renta petrolera- coomo perjudiciales para el proceso
económico venezolano y altamente negativas para el posicionamiento de Venezuela
en el mercado internacional.
Pero los expertos (y el gobierno
venezolano) saben que esos argumentos son apenas una excusa para tapar lo
que realmente moviliza a la presente campaña de las petroleras contra Chávez: la
decisión oficial de elevarle los impuestos y cobrarles las regalías atrasadas,
además de someterlas a normas
más estrictas de control estatal anunciada recientemente por el Presidente
de Venezuela.
La guerra contra las petroleras

A principios de mayo
el presidente Hugo Chávez señaló que había decidido introducir efectivos
militares en las instalaciones petroleras, incluso de cuerpos de
inteligencia, para para hacer frente a acciones de sabotaje que han originado
una caída en la producción.
El presidente
venezolano reiteró que los problemas de sabotajes en la división de occidente de la
empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), han originado que Venezuela
tenga su producción "por debajo casi en 100 mil barriles".
Chávez vinculó a las petroleras extranjeras con una
"campaña mediática" contra PDVSA, y calificó de "sospechoso" que
ataques
contra la estatal hayan comenzado justo cuando su gobierno lucha por cambiar los
convenios que considera "lesivos" y "privatizadores".
Además, el mandatario prohibió, desde mayo, el pago de cualquier tipo de
servicio de las compañías petroleras en dólares, para hacerlo en moneda local, y
recordó la obligación de vender el remanente de divisas de las actividades
petroleras al emisor Banco Central de Venezuela.
Chávez precisó que la generación de crudos del quinto exportador del
mundo está ya por encima de 3 millones 100 mil barriles diarios.
El Secretario del Consejo Nacional para Defensa, General Melvin López Hidalgo,
había señalado a la prensa que desde mediados de abril los cuerpos de seguridad
y la fuerza armada activaron el plan "Oro negro 25" en el occidente del
país para detener las acciones de boicot contra las plantas petroleras.
Al ser consultado sobre la denuncia que hizo el Ministro de Defensa, general
Jorge García Carneiro, en cuanto a que la CIA podría estar implicada en los
sabotajes, López Hidalgo manifestó que se habían descubierto algunas
evidencias sobre la posible vinculación de la agencia de inteligencia
estadounidense, y diferentes organismos de seguridad, pero rechazó dar detalles.
Los anuncios de
sabotaje y caída de la producción coincidieron con la decisión que tomó
PDVSA a finales del mes pasado de rescindir los contratos que tenía con unos
8 mil empleados de la división del occidente de la corporación como parte de
un proceso de reorganización interna.
La empresa acordó además prorrogar por seis meses más los contratos de unos 4
mil trabajadores que fueron contratados a través de empresas privadas como parte
del plan de contingencia que se activó durante el paro petrolero de diciembre
del 2002.
El Ministro de Energía y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, informó el mes
pasado que había suspendido a unos 40 gerentes y empleados medios de la
división de occidente de la corporación por supuestos actos de corrupción.
A mediados de mayo pasado el gobierno de Chávez aumentó la presión para
adaptar los contratos de las petroleras extranjeras en Venezuela a la nueva ley
de Hidrocarburos, lo que implica mayor aporte de regalías e impuestos de las
trasnacionales.
Chávez conminó a las petroleras extranjeras a cancelar cerca de 2.000
millones de dólares por concepto de regalías atrasadas y anunció que se
estaba calculando
cuánto deberán pagar por Impuesto Sobre La Renta (ISLR) que no honraron desde
2001, cuando entró en vigencia una nueva Ley de Hidrocarburos.
Las trasnacionales petroleras aducen que los convenios de explotación vigentes
fueron firmados con anterioridad a la nueva ley, y por lo tanto no se les puede
aplicar, según indicó un ejecutivo extranjero a la agencia AFP.
Días antes
el presidente venezolano había amenazado con sacar del país a empresas
internacionales que no paguen los impuestos, insistiendo en que hay compañías
que deben dinero al Estado desde hace años.
''Las empresas tienen que pagar lo que nos deben'', dijo Chávez durante su
programa dominical Aló, Presidente. ''Si no pagan tienen que irse de aquí'',
agregó.
Chávez dijo que muchas empresas habían evadido impuestos durante años porque
declaraban pérdidas.
Afirmó que el gobierno cobrará "todo lo que nos deben con el retroactivo y los
intereses correspondientes de lo que no pagaron".
''Porque no puede ser que una empresa petrolera venga aquí, y pague 1 por ciento
de regalía y no pague impuesto sobre la renta y además declare pérdidas'',
señaló desde el estado oriental de Anzoátegui, uno de los estados de producción
petrolera y refinación del país.
De acuerdo al gobierno venezolano, si no cumplen con las normas, las corporaciones extranjeras deberían cerrar
sus puertas y marcharse, una opción improbable en estos tiempos de pingües
ganancias por los altos precios del crudo y sus derivados, con un mercado global
cada vez más sediento de energía.
”Vamos a determinar cuáles empresas trasnacionales dejaron de pagar tributos. No
se salvará ninguna. Si no pagan, juro que les voy a clavar un candado”, afirmó
ante el parlamento José Vielma, jefe del Seniat, la oficina nacional tributaria.
”No queremos que las trasnacionales se vayan, sino que cumplan con la ley”, dijo
el diputado oficialista Rodrigo Cabezas, quien dirige la comisión parlamentaria
que investiga los convenios de servicio y las asociaciones en la Faja.
Las sociedades que extraen más petróleo de lo inicialmente pactado deberán
regresar a los volúmenes originales, ”a menos que el Estado considere
conveniente la nueva cantidad producida. Pero en ese caso intervendrá el
parlamento”, dijo Cabezas.
Vielma afirmó que en cuestión de días presentaría los reclamos tributarios
a las
operadoras en los contratos de servicio, y Ramírez reiteró que a finales de este
año cesará esa modalidad de convenio y se ofrecerá a las compañías mudarse a un
esquema de sociedades con PDVSA.
Según diputados oficialistas, la Asamblea Nacional (AN) iniciará una investigación de las
petroleras internacionales que operan en el país, luego de que algunos
funcionarios oficiales señalaran que podrían estar evadiendo impuestos..
Nicolás Maduro, presidente de la AN, dijo que espera encontrar evidencia de
evasión de impuestos, deudas acumuladas de la regalía exigida por la ley
venezolana, explotación de crudo por encima de los niveles acordados y deterioro
irreversible de los pozos, según informó la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN).
Maduro dijo que una de las causas de estas infracciones pudieron haber estado en
los contratos negociados con las transnacionales a mediados de los años 90,
antes de la elección de Chávez en 1998.
''Muchos contratos fueron escondidos o destruidos, pero comienzan a aparecer'',
dijo Maduro, citado por ABN.
Por su parte,
Chávez ha acusado a directivos petroleros y políticos de ese tiempo de haber
malversado los fondos petroleros para su propio enriquecimiento. Maduro dijo que
se interpelarán a directivos de la empresa que negociaron esos contratos.
Por órdenes del Presidente, el Seniat revisa las cuentas de 28
compañías trasnacionales que en conjunto extraen diariamente 500.000 barriles
(de 159 litros) de crudo con la modalidad de contratos de servicio, es decir,
que operan por encargo del grupo estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
El ministro de Energía, Rafael Ramírez, informó al parlamento que en el primer
trimestre de este año, con precios que rondaban los 34,67 dólares por barril,
los contratistas presentaron costos promedio de 52 por ciento, equivalentes a
unos 18,17 dólares por barril, mientras que PDVSA extrae su crudo a un costo
medio de sólo 4 dólares por unidad.
Entre las operadoras figuran gigantes como la angloholandesa Shell, la
estadounidense Chevron y la británica British Petroleum, estrellas ascendentes
como la española Repsol, la brasileña Petrobras y la china CNPC, y pequeñas como
la argentina CGC o la venezolana Suelopetrol.
El petróleo representa casi la mitad del Producto Nacional Bruto del país y un
poco más de la mitad del presupuesto gubernamental del año pasado. En el 2004,
sus exportaciones llegaron a casi $30,000 millones.
Pero PDVSA, que inició sus operaciones en 1976, se vio arrastrada a los procesos
desestabilizadores contra Chávez desde que éste llegara a la
presidencia en 1998.
Desde el principio, Chávez tomó medidas
para poner bajo control estatal a PDVSA, lo que irritó a los ejecutivos y profesionales de la compañía que
(con la complicidad del aparato mediático de la oposición) iniciaron una huelga nacional
(golpe petrolero) contra el gobierno bolivariano en el 2002.
Aunque abortada por el gobierno de Chávez, la huelga golpista provocó miles de millones en pérdidas y daños a las instalaciones
petroleras, y llevó a que la producción bajara aproximadamente a un millón de barriles
diarios, en comparación con unos 3 millones barriles diarios que se obtenían
anteriormente.
La contundente derrota sufrida por la
oposición golpista en el referéndum presidencial, el año pasado, trazó una
tregua precaria en las actividades "desestabilizadoras" contra la administración
bolivariana, las que volvieron a agudizarse tras el anuncio de Chávez de
elevar los impuestos y cobrarle las regalías a los pulpos transnacionales del
petróleo.
En este contexto, y como viene
sucediendo históricamente con cada preludio de golpe, comienzan a surgir
acusaciones de "corrupción" contra el gobierno de Chávez, además de las
afirmaciones sobre la "crisis del sector petrolero" que la usinas
mediáticas de la mafia cubano-americana, entre ellas el Nuevo Herald,
comienzan a difundir.
¿En vísperas de un nuevo golpe?
A la luz de las evidencias, puede
decirse que las editoriales y los artículos del Nuevo Herald,
revelan, casi con precisión de relojería, el pulso y el estado de los planes
golpistas desarrollados por Washington y la mafia cubano-americana de
La Florida, usina disparadora del golpe militar de abril de 2002, el
"golpe petrolero" de diciembre de 2002, y el "golpe democrático" con el
referéndum
revocatorio presidencial en septiembre del 2004.
En los últimos días, un
encadenamiento secuencial de denuncias oficiales corrobora las dos
preocupaciones centrales que aquejan al gobierno bolivariano de Venezuela: un
posible atentado contra la vida de Chávez, y un proceso de
desestabilización que conduzca un nuevo golpe petrolero como en en febrero
de 2002.
Refiriéndose a una nueva intentona
golpista, el viernes pasado, en un foro antiterrorista de La Habana y en presencia del líder cubano, Fidel Castro,
el vicepresidente de Venezuela, Vicente Rangel, denunció que la CIA "mueve los
hilos" para asesinar al presidente Hugo Chávez.
"Se han multiplicado las
informaciones, los datos, que confirman la disposición de grupos que han
perdido toda esperanza en derrocar a Chávez, porque no tienen ninguna
posibilidad en los cuarteles, no tienen ninguna posibilidad en la calle, no
tienen ninguna posibilidad electoral", aseguró Rangel.
Vinculados con el plan para matar a Chávez
se hallan paramilitares y sicarios colombianos, junto con "elementos
cubanos" que viven en Miami (EEUU), y "moviendo los hilos está la Central de
Inteligencia de los Estados Unidos".
Según Rangel, el gobierno venezolano dispone de "información privilegiada"
sobre los pasos que se están dando para desestabilizar Venezuela y "acabar con la vida de Chávez".
A fines de mayo pasado el
vicepresidente, Vicente Rangel, señaló que en todas las encuestas Chávez cosecha
aproximadamente el 75 por ciento del respaldo popular, mientras la oposición
recibe el 83 por ciento de repudio de la población.
En ese contexto, advirtió Rangel, "viene un segundo asalto contra la industria petrolera,
contra Venezuela"
Agregó que tres años después del golpe de estado de abril de 2002 "la derecha
nacional unida al imperialismo se dispone a golpear nuevamente a PDVSA".
En febrero pasado, ante el parlamento
nacional, José Vicente Rangel alertó de la existencia en la Florida y otros
puntos de Estados Unidos de "campos de entrenamiento de mercenarios" que
se estarían preparando para una "eventual invasión" a Venezuela.
El vicepresidente venezolano cuestionó que en altas esferas de Estados Unidos se
desestimara el alerta e insistió en que existe una conspiración contra Venezuela
para crear inestabilidad en todos los sectores hasta llegar al asesinato.
También en febrero, el propio
Nuevo Herald publicó un informe en primera plana titulado: "Chávez
armándose para ataque de EEUU". En otro artículo sostenía que Chávez se
estaba preparando para la "guerra contra EEUU".
El canal de noticias por cable
abiertamente pro-Bush, Fox News, transmitió un documental de tres partes
a principios de febrero titulado "El Puño de Hierro de Hugo Chávez", que
caracterizaba al Presidente venezolano como "un dictador brutal",
quien está "amenazando los intereses estadounidenses".
Pero la evidencia más firme de
que un nuevo proceso golpista se está desarrollando contra Venezuela, fue
proporcionada por el propio jefe de la CIA, Porter Goss, en un informe ante el
Comité de Inteligencia del Senado sobre las principales amenazas que enfrenta
EEUU en el 2005.
En esa oportunidad Goss señaló a
Venezuela como un "punto de alarma" y un área de "posible
inestabilidad", agravado por la alianza de Chávez con el gobierno cubano de
Fidel Castro.
Estas "preocupaciones" de la CIA
fueron recogidas por los funcionarios del Departamento de Estado -con Rice y
Noriega a la cabeza- quienes ampliaron el espectro acusando a Chávez de
"desestabilizar" la región por medio de una "carrera armamentista"
que podría beneficiar a las FARC, supuesta aliada del gobierno venezolano.
Este rosario de argumentos contra el
gobierno de Venezuela fue utilizado luego por la secretaria de Estado,
Condoleezza Rice, quien lo desplegó durante su gira por América Latina con el
objetivo de conseguir una condena de la OEA y aislar a Chávez y a Cuba de los
gobiernos de la región.
La maniobra del Departamento de
Estado fracasó, pero -y a raíz del conflicto con las multinacionales del
petróleo- en los últimos días la estrategia contra Chávez volvió a cobrar fuerza
en la prensa internacional, principalmente en las clásicas usinas de la mafia
cubano-americana como es el caso del Nuevo Herald.
Es en este contexto donde adquieren
consistencia las afirmaciones de Rangel de que en los últimos días se "se han multiplicado las
informaciones, los datos, que confirman la disposición (de asesinar a Chávez) de grupos que han
perdido toda esperanza en derrocar a Chávez, porque no tienen ninguna
posibilidad en los cuarteles, no tienen ninguna posibilidad en la calle, no
tienen ninguna posibilidad electoral".
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