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(IAR-Noticias)
01-Ag-05 Informe especial
 Como extraña paradoja de una
situación desbordada por la corrupción política -tanto del partido oficial como
del resto del sistema político- la tan mentada "conspiración de derecha"
contra Lula se tornó en un fenómeno inverso: la "protección de la derecha"
que está recibiendo el presidente para seguir en su puesto.
El destape de la olla de la
corrupción llegó a tales grados que hoy un juicio político contra Lula pondría
en riesgo a todo el sistema político brasileño involucrado -como todo el
resto de las administraciones latinoamericanas- en una red de coimas y de
enriquecimiento a cambio de administrar el Estado y legislar para los grandes
intereses de los bancos y transnacionales.
El Partido de los Trabajadores
de Lula (PT) está acusado de formar parte de una importante red de
financiación ilegal de campañas electorales y de sobornos a legisladores,
pero mirado en perspectiva estratégica ese es el daño "menor" que se le puede
imputar a la administración de Lula.
Esa red de
sobornos a legisladores sirvió, entre otras cosas, para que con leyes del
Parlamento el gobierno de Lula aplicara los programas del FMI y a aprobara
las leyes que exigían los bancos y corporaciones que controlan la economía
capitalista de Brasil.
La preocupación que sintió el
establishment de poder brasileño cuando Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido
presidente en el 2002, con una votación sin precedentes de más de 50 millones de
votos, se disolvió rápidamente cuando el gobierno "izquierdista" del PT comenzó
a gobernar para sus intereses.
A pesar de prometer que crearía
10 millones de empleos, y de que recuperaría las capacidades industriales y
agrícolas de Brasil por encima de los intereses financieros,
el gobierno
"nacional y popular" de Lula siguió entregando el Estado brasileño a la
voracidad del sector financiero, y siguió pagando las viejas tasas de
interés, mayores que las que paga Argentina, que se multiplican en dólares
como consecuencia de la revaluación de la moneda brasileña.
En resumen -y como señala el líder
del PO argentino, Jorge Altamira- la corruptela era el método necesario de
gobierno de un frente de colaboración de clases, en el que el ‘proletariado’
corrompía a la burguesía que ya había corrompido a ese ‘proletariado’ durante
largos años y que lo corrompía definitivamente al tolerar su acceso formal,
condicionado y parcial al ‘poder’.
Con el escándalo de la corrupción y
las coimas en el partido de Lula el Departamento de Estado norteamericano
vio la posibilidad de provocar un giro en la política de Brasil con
Venezuela y avanzar en la desestabilización de Hugo Chávez.
Pero la oligarquía brasileña no
tiene la misma visión y teme que una caída de Lula, un juicio político que
le impida terminar el mandato, provoque la desestabilización del sistema y
condene al país ( y a los negocios capitalistas) a un proceso de caos e
"ingobernabilidad".
Un juicio
político a cargo de un Congreso debilitado por las denuncias de corrupción,
cuyos efectos pueden llevar a la inhabilitación de decenas de parlamentarios
tampoco tendría credibilidad para juzgar a Lula.
Este cuadro de
situación llevó a que la mayoría de los
dirigentes del "arco político" brasileño, sin distinción de partidos,
busquen acuerdos para mantener la
crisis bajo control, y con la certeza de que con su agravamiento ”de ahora en adelante todos pierden”,
como opinó el politólogo Wanderley
Guilherme dos Santos.
La
convergencia de distintos sectores del establishment brasileño buscando un acuerdo para
superar la crisis se acentuó después de una fuerte caída de las acciones en la
Bolsa de Valores de San Pablo y de una depreciación de 2,67 del real
frente al dólar, registrada el lunes pasado.
El foco de
descontrol económico se sumaba a las campañas mediáticas con la difusión
de las investigaciones sobre los interminables casos de de corrupción
protagonizados por funcionarios del gobierno, dirigentes del PT y legisladores
investigados desde fines de mayo en los ámbitos de tres comisiones
parlamentarias, la Policía Federal y la Fiscalía, también contribuyeron a
contener el ímpetu opositor.
En virtud de las pesquisas, se descubrió que dirigentes del opositor Partido de
la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), en especial su presidente Eduardo Azeredo,
también recibieron dinero ilegal por medio del personaje central de la
crisis.
El empresario Marcos Valerio de Souza declaró haber movilizado centenares de
millones de dólares a través de sus empresas de publicidad en negocios
clandestinos con partidos, empresas estatales y funcionarios de gobierno.
 Ante este giro de la situación los lobbies
económicos y sus usinas mediáticas lanzaron "señales de alarma" y
comenzaron a alertar sobre el inminente contagio de la crisis política al
mercado financiero y al resto de la economía brasileña con efectos letales sobre
la "gobernabilidad" del país.
A ese
objetivo apuntaron las declaraciones públicas del presidente del Supremo
Tribunal Federal, Nelson Jobim, quien advirtió a los líderes políticos
sobre el peligro de poner en marcha un proceso para destituir a Lula en el
Parlamento.
El alto funcionario judicial advirtió que la remoción
del presidente mediante juicio político en el parlamento fomentaría un
clima de confrontación y de crisis institucional que "haría ingobernable al
país por muchos años".
Las declaraciones del presidente del Supremo activaron
la "luz roja" y alentaron temores de que el escándalo de las coimas
detonara un peligrosos desmadre del proceso constitucional de Brasil.
Jobim, un vocero calificado del establishment de poder, es señalado como posible
candidato a la Presidencia en los comicios de 2006, dado que se lo visualiza
como aglutinador de las llamadas "fuerzas de centro" (los sectores más
influyentes del neoliberalismo brasileño) a partir del Partido del Movimiento
Democrático Brasileño.
La presión por mantener a Lula en el sillón
presidencial hasta el final de su mandato (y consecuentemente mantener la
"gobernabilidad democrática") fue tal que hasta el ultraderechista Partido del
Frente Liberal (PFL), debió resignar su embestida para promover el juicio
político de Lula y se prestó a un acuerdo de concertación.
”No se actuará para interrumpir el gobierno de
Lula y agravar la crisis”, declaró ante la prensa el senador Heráclito
Fortes, uno de sus más importantes dirigentes.
Ante el giro de los acontecimientos,
en la última semana la mayoría de los analistas brasileños coincidían en que
Lula está siendo "preservado" sin excepción por la mayoría del
establishment (tanto político como económico-financiero) del poder capitalista
en Brasil.
Los principales medios de
comunicación (propiedad de la oligarquía brasileña) realizan una feroz
campaña de difusión mostrando la "corrupción" de los funcionarios,
legisladores y dirigentes del PT, pero también "preservan" cuidadosamente la
figura de Lula.
A punto tal -y como lo dijo
recientemente el pensador brasileño Helio Jaguaribe- que la opinión pública
brasileña está convencida de que Lula "no sabía nada".
En última instancia -y como sostienen
algunos analistas- utilizan como "fusible" de la crisis al PT y a los
funcionarios del gobierno, y de esa manera seguir controlando a un Lula aislado
hasta el fin de su mandato.
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