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líder bolivariano Hugo Chávez Frías levantó la puntería
de su enfrentamiento con EEUU retándolo, incluso, en el plano
del dominio económico en la región.
El presidente de Venezuela, con su
plan, llamado Petrocaribe, muy pronto venderá hasta 190.000 barriles de
combustible diarios a países desde Jamaica a Santa Lucía, ofreciendo
financiamiento favorable al tiempo que embarca el petróleo directamente para
reducir costos.
En la visión del gobierno venezolano se espera que el plan ayude a esos países a
ahorrar millones de dólares.
Se trata -según los bolivarianos- de
una alternativa para un comercio internacional basado más en la solidaridad
regional que en el comercio capitalista practicado por las corporaciones y
el gobierno estadounidense.
Chávez, aliado estratégico del presidente cubano Fidel Castro, dijo que el nuevo
plan es parte de una concepción de un mundo "multipolar" no controlado
por el "imperialismo norteamericano".
El plan incluye un fondo de 50 millones de dólares para pagar por programas
sociales en el Caribe, similares a los que Chávez ha iniciado en Venezuela
con los crecientes ingresos petroleros.
Chávez sostiene que el Area de Libre Comercio de las Américas va a
enriquecer a las grandes empresas estadounidenses a expensas de países
latinoamericanos, utilizando sus recursos naturales y sin combatir la
pobreza sistemática de la región, que esas propias corporaciones generan.
Las declaraciones y las acciones del mandatario venezolano agregan nuevos
"condimentos" a la conflictiva relación entre Chávez y Washington, que
no se expresa con tanta claridad en el plano de las relaciones económicas donde
Estados Unidos sigue siendo el principal comprador de petróleo venezolano.
Hugo Chávez, víctima de un golpe
militar en 2002, y de otros dos intentos fracasados atribuidos a
operaciones de la CIA y del Departamento de Estado, ha acusado reiteradamente a EEUU de apoyar complots
para derrocarlo o asesinarlo, y recientemente dijo que
Washington preparaba una invasión a su país.
Ofensiva contra la oligarquía
La
intervención de dos plantas y cuatro haciendas en Venezuela, a lo que la
oposición golpista venezolana llama "expropiaciones" ha precipitado un nuevo
enfrentamiento entre el gobierno de Chávez y la oligarquía que sigue controlando
las tierras y todo el sistema económico-productivo del país.
Las nuevas medidas han iniciado una nueva pugna entre el gobierno, en su lucha contra el latifundio y
las empresas que considera sub-utilizadas, y los empresarios capitalistas, que
defienden con uñas y dientes la propiedad privada, base de su poder económico y
político.
La prensa de la oposición golpista
destaca que gobierno de Hugo Chávez lanzó en los últimos días un
"ataque" contra empresas transnacionales norteamericanas y europeas, y
grupos agroindustriales privados en Venezuela, expropiando decenas de miles de
hectáreas de haciendas y confiscando miles de cabezas de ganado, una ofensiva
que según analistas supone una radicalización de la revolución bolivariana.
En un anuncio que, según los diarios
opositores, encendió las alarmas en sectores económicos nacionales
e internacionales, el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI),
Richard Vivas, indicó que está en estudio la expropiación de 317 fincas, con un
total de tres millones de hectáreas, porque se trata de tierras "ociosas".
Según el diario venezolano El Nacional, sin embargo, el INTI ya intervino la
semana pasada 160.000 hectáreas de seis grandes propiedades, a las que declaró
latifundios y terrenos ociosos, para su repartición entre 1400 familias y
cooperativas campesinas.
Viivas dijo anteayer que se
entregarán cartas agrarias a campesinos para que se apoderen oficialmente de
tierras pertenecientes a las haciendas de La Bendición Ramera, La Marqueseña,
Jovito, San Pablo Baeño, La Vaca y Barrera, ubicadas en diversas regiones del
país.
En otro anuncio, la coordinadora de la chavista Unión Nacional de Trabajadores,
Marcela Máspero, dijo que emprenderán la ocupación de 800 empresas "que
permanecen inoperantes", incluyendo instalaciones pertenecientes a compañías
nacionales y transnacionales.
Utilizando soldados el gobierno
bolivariano ha intervenido complejos agroindustriales en diversos estados
productores del país, incluyendo propiedades de grupos como el norteamericano
Heinz, el italiano Parmalat, el venezolano Polar y el británico Vestey, el mayor
productor de carne de Inglaterra.
La cúpula empresarial Fedecámaras
(integrante activa del golpe que destituyó a Chávez por unas horas en 2002)
''rechaza contundentemente la agresión contra la propiedad privada y demás
formas legales de régimen de tenencia de la tierra que viene realizando el
Ministerio de Agricultura y Tierras y el Instituto Nacional de Tierras (INTI)'',
señaló en un comunicado leído por su presidente, José Luis Betancourt.
Bentancourt,
participó en todos los golpes contra Chávez.
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Betancourt calificó las acciones oficiales como ''un atropello al Estado de
derecho y a la Constitución'' al tiempo que exigió ''el cese inmediato'' de
las intervenciones y la ``restitución de propiedades a sus legítimos dueños''.
El presidente de Fedecámaras (que participó activamente junto a los empresarios
del sector en el golpe de Estado de 2002 y el llamado "golpe petrolero"
en el
2002 y el 2003) llamó "a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo, a la
Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo que se aboque inmediatamente a la
restitución del orden legal y constitucional''.
“La discrecionalidad con la que
actúan los funcionarios públicos (...) en contra de las empresas privadas
-empleando la Fuerza Armada como instrummento de intimidación- evidencia el
propósito de debilitar y someter a la empresa privada”, reza textualmente la
proclama leída por Betancourt.
El dirigente estuvo acompañado de un "estado mayor golpista empresario"
integrado por por el presidente de la Confederación Nacional de Industriales de
Venezuela (Conindustria), Eduardo Gómez Sigala; el titular del Consejo Nacional
del Comercio y los Servicios (Consecomercio), Noel Álvarez y el máximo directivo
de la Confederación Nacional de Agricultores y Productores Agropecuarios (Fedeagro),
Gustavo Moreno Lleras.
El gobierno de Chávez intervino, como paso previo a la expropiación de los silos del
grupo monopólico Polar, el mayor del país, y la planta procesadora de
tomate de la corporación estadounidense Heinz, argumentando que estaban cerradas
o subutilizadas.
Igualmente intervino cuatro haciendas en los estados Apure y Barinas, uno
de estos predios es el segundo intervenido este año propiedad del grupo
británico Vestey Ltd, por estar presuntamente improductivas o no demostrar la
titularidad de las tierras.
Polar, que asegura tenía sus silos en funcionamiento, pidió al Tribunal Supremo
un recurso de amparo contra la medida y los 37 trabajadores de la empresa
llamaron al gobierno al cese de la intervención.
En una clara manipulación contra
Chávez esos 37 trabajadores aparecieron en la cadena televisiva golpista
Globovision en una serie de reportajes desde la finca.
''Señor ministro, le solicitamos que ponga fin a la toma arbitraria de la planta
Barinas .... La posición asumida por usted pone en riesgo nuestros puestos de
trabajo y constituye una amenaza al sustento económico de nuestras familias y de
los 250 productores pequeños y medianos con los cuales estamos trabajando'',
señalaron esos trabajadores claramente identificados con la patronal.
Para los especialistas, dentro y
fuera de Venezuela, la nueva posición asumida por Chávez -de
profundizarse- marcaría un statu quo nuevo entre el gobierno
bolivariano y los grupos económicos que nunca han parado de conspirar para
derrocarlo.
La relación entre Chávez y la
oligarquía golpista, tras el referéndum ganado por el mandatario en septiembre
pasado, estuvo marcada por una especie de "tregua precaria" que se
fue deteriorando a partir de que Chávez amenazara, este año, aumentarles los
impuestos a la trasnacionales y petroleras que operan en Venezuela.
Sus partidarios y cuadros militantes,
desde las trincheras más combativas, le piden a Chávez que profundice las
medidas orientadas a controlar el aparato económico-productivo, el latifundio y
la banca que se encuentran en manos de la oligarquía que históricamente convirtió
a Venezuela, edificada sobre una monumental riqueza petrolera, en uno de los
países más pobres de la región.
El punto está en saber si Chávez
profundizará en los hechos la expropiación de recursos y medios
económicos-productivos orientados a una mejor distribución de la riqueza, o se
quedará en el marco del "asistencialismo" como vino sucediendo hasta ahora.
Y -por supuesto- saber que actitud
tomarán EEUU y la oligarquía golpista si el líder bolivariano decide terminar
con su reinado y sus negocios en Venezuela.
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