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(IAR-Noticias) 24-Feb-05
A
mediados del año 2004, el FBI ha puesto en práctica planes
y operaciones de espionaje interno orientados a intimidar y agredir a
los adversarios de la política belicista
del gobierno de Bush.
La metodología de persecución, acopio de información y
procedimientos operativos se basan en postulados de la "guerra
contraterrorista" externa. Se identifica a los adversarios de Bush como
incursos dentro de un "eje del mal" interno que amenaza la seguridad nacional
de EEUU.
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Protestas "anti-Bush" en
Nueva York, (Reuters)i |
La metodología "contraterrorista" del FBI
aplicada contra los activistas "antiguerra" busca
crear cierta mentalidad para confundir al terrorismo
externo con toda oposición que pueda producirse dentro del
país.
La premisa básica es que toda persona
que se oponga a la política extranjera o interna del gobierno es, por
obligación, culpable de auxiliar e incitar a los terroristas.
El ex Fiscal
de la nación, John Ashcroft, compareció ante el Comité Judiciario del
Senado en diciembre, 2001, para explicar
la lógica en la que el gobierno se basaba para
adoptar las medidas dictatoriales de "seguridad interna".
Ashcroft defendió las acciones del
gobierno para crear tribunales militares secretos en los cuales enjuiciar a
individuos acusados de ser terroristas y puntualizó que todo el
que criticara esas medidas "le estaba dando munición a los enemigos de
Estados Unidos".
Luego formuló una
advertencia: "A aquellos que les gusta asustar a la gente que aman la
paz con el fantasma de las libertades que han desaparecido les tengo este
mensaje: las tácticas de ustedes sólo ayudan a los terroristas, pues socavan
la unidad nacional y disminuyen nuestra determinación". [Ver en inglés
“Ashcroft
defends Bush’s war against the Constitution: Tells Senate hearing that critics
‘aid terrorists’”]
Espionaje y
amenazas
 Durante
la Convención Nacional Demócrata, celebrada en Boston
en agosto del año 2004, y la convención del Partido
Republicano en la ciudad de Nueva York a principios de septiembre, la
Fuerza de Tarea Conjunta Contra el Terrorismo (JTTF])
del FBI movilizó a sus agentes para que
espíen, interroguen y amenacen a los manifestantes contra la guerra,
inclusive interferir con sus actividades para rendirlas obsoletas.
Violando los
derechos democráticos básicos y constitucionales, la JTTF actualmente
mantiene bajo vigilancia y en varios casos ha interrogado a docenas de personas
en por lo menos seis estados acerca de sus acciones y opiniones en contra de la
guerra.
La JTTF ha visitado los
hogares y lugares de trabajo de opositores a la guerra,
así como también a amigos y a parientes. En ninguno de los casos
se comprobó evidencia de actividad delictiva—ni perpetrada ni
calculada—por parte de los individuos interrogados, no obstante
lo cual el grupo especial del FBI los tiene fichados e identificados como
"terroristas.
Siguiendo las pautas establecidas por
la política del gobierno de Bush tras los ataques terroristas del 11 de
septiembre, el FBI argumenta que se ve obligado a poner
en práctica estas medidas debido al estado de "guerra
contra el terrorismo", la cual -según el criterio oficial-
está por encima a todas las libertades civiles fundamentales, inclusive
la Primera Enmienda a la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y
la asociación libre.
Para las victimas,
este espionaje no es más que la resucitación del maccartismo,
cuyo objetivo es silenciar a los los grupos, activistas
y dirigentes que se oponen a la estrategia belicista y las distintas políticas
represoras de la administración Bush.
La Unión pro
Derechos Civiles de Estados Unidos (ACLU)
informó en varias oportunidades el año
pasado, que agentes del FBI vigilaban constantemente
las actividades de los activistas políticos
que planeaban manifestarse en
varios acontecimientos políticos protagonizados por Bush,
inclusive la Convención Nacional Republicana en septiembre.
El mismo esquema
"preventivo" repitieron antes de la gran fiesta de asunción del segundo
mandato de Bush en Washington, oportunidad en que fueron detenidas centenares de
personas fichadas como "terroristas" en los archivos del
JTTF.
El 16 de octubre
pasado,The New York Times reportó que tres
hombres en el Estado de Missouri, fueron perseguidos por agentes federales
por varios días durante el período previo a la realización de
la convención Demócrata.
 Según
el diario, agentes del FBI visitaron los hogares de los padres de los
jóvenes y los interrogaron acerca de las actividades y creencias políticas de
sus hijos.
Los tres habían planeado
participar con un grupo activista en una manifestación
contra Bush durante la convención, pero no pudieron salir
del estadoadebido a una orden jurídica
que los obligó a comparecer ante un gran jurado federal el 29 de julio.
Denise Lieberman, directora de
asuntos jurídicos de la ACLU en la sección oriental de Missouri,
señaló: "La experiencia de ser vigilados por la JTTF debido a sus
actividades de protesta han dejado a estos tres jóvenes muy aterrorizados. Las
interrogaciones del FBI han tenido un efecto escalofriante sobre la
libre expresión."
En Denver,
Estado de Colorado, en el mismo periodo agentes
policiales visitaron el hogar de Sarah Bardwell, estudiante de 21 años de edad
haciendo un cursillo con el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, grupo
cuáquero contra la violencia.
La joven fue
interrogada por cuatro agentes del FBI y dos oficiales de la policía de
la ciudad de Denver, oportunidad en que, (según
denunció la estudiante a la
ACLU)
los agentes le dijeron a ella y a sus compañeras de casa que
"estaban tomando ciertas medidas de precaución e investigatorias".
Según la ACLU, las preguntas que los
agentes le hicieron a Sarah fueron muy similares a las que se le hicieron a
otros que la JTTF había previamente interrogado: "¿Tiene usted planes para
perpetrar actos criminales en la convención nacional? ¿Conoce a alguien que
tenga esos planes? ¿Sabe usted que es un crimen tener conocimiento de, o
prestarle ayuda a, alguien que tiene planes para perpetrar dicho delito y no
denunciarlos?"
Los "planes" de los
activistas contra el belicismo de Bush consisten simplemente en expresar
públicamente su descontento con la política oficial de la Casa Blanca.
Paranoia
persecutoria
 Para
las organizaciones de derechos humanos y los grupos de activistas la
persecución que el FBI ha puesto en marcha es un elemento muy importante de la
"guerra contra el terror" del gobierno de Bush.
Y es con esta "guerra"
-señalan- que el gobierno ha buscado, desde un principio,
la manera de sembrar el pánico proveniente de peligros externos y así justificar
las medidas dictatoriales puestas en práctica por el
estado mismo. Inmediatamente tras los ataques del 11 de septiembre, el blanco
principal de estos ataques fueron inmigrantes árabes y musulmanes.
Varias redadas terminaron en el
encarcelamiento de miles de personas por el solo hecho de su
militancia contra el gobierno de Bush, o por pertenecer a la comunidad árabe o
musulmana.
Muchos permanecieron detenidos por
meses sin imputárseles ningún cargo. Otros fueron
deportados sólo por haber infringido ciertos reglamentos
insignificantes de inmigración. Este ataque contra los derechos básicos cada vez
más se dirige contra los propios ciudadanos de Estados Unidos,
denuncian las organizaciones de derechos humanos.
Para esas
organizaciones, Bush y los Republicanos, con el apoyo de la gran mayoría
de los Demócratas en el Congreso de EEUU, se aprovecharon
de los eventos del 11 de septiembre, 2001, para socavar, de una manera sin
precedente, derechos civiles muy antiguos: el derecho
a la privacidad, la protección contra los registros y las incautaciones
ilegales, la presunción de la inocencia y el derecho de habeas corpus.
A instituciones del Estado,
tales como el FBI y la CIA, se les ha concedido poderes sin paralelo para
compartir información por medio de enormes bases de datos
computarizados, en tanto que el Acta Patriota de Estados Unidos de
América y el Ministerio para la Seguridad de la Patria han integrado estas
medidas anticonstitucionales a la estructura jurídica del país.
La paranoia
persecutoria de la administración Bush se puso de manifiesto el día de la
asunción del segundo turno presidencial enmarcado por el despliegue de
más
de 6.000 efectivos policiales, 10 mil soldados
de fuerzas especiales (sin contar un número no
especificado de agentes del servicio secreto y policías sin uniforme),
mientras el área era vigilada por helicópteros
y
sistemas electrónicos de última generación.
Según el corresponsal de la BBC, unas cien cuadras del centro de
Washington fueron cerradas al tráfico, en otras cien
había restricciones a la circulación, y, a diferencia de
ceremonias anteriores, esta vez se han establecido controles estrictos para
presenciar el desfile.
En esa oportunidad
los grupos operativos del
JTTF practicaron. antes y durante la ceremonia, centenares de
detenciones que fueron cuidadosamente omitidas por la gran prensa en su
cobertura de información.
Un titular de The New
York Times justificó ímplicitamente las
detenciones realizadas por el gobierno y pintó de "agitadores
políticos" a las víctimas del espionaje del FBI.
 En
distintas ediciones, el influyente diario estadounidense críticó
a estas "investigaciones burdas" del FBI, llamándolas ineficaces y un desvío de
la verdadera "lucha contra nuestros enemigos extranjeros".
El 5 de octubre, 2003, el Boletín
sobre el Espionaje del FBI admitió que el "FBI no posee ninguna información que
indique que se están planeando actividades violentas y terroristas como parte de
las manifestaciones [en contra de la guerra], pero si sostuvo que "existe la
posibilidad que elementos de grupos activistas puedan tratar de participar en
actos violentos destructivos para causar el desorden".
Las organizaciones de
derechos humanos sostienen que existe una similitud
muy nefasta entre esta política "preventiva" contra ciudadanos y residentes que
respetan las leyes y, por otra, la política oficial por la cual
el gobierno de Bush lanza "guerras
preventivas contra otros países, pretextando la "amenaza a la
seguridad nacional".
La edición del
Times del16 de agosto pasado,
señala que el periódico ha obtenido una "opinión
jurídica" de cinco páginas, previamente clasificada, del
Asesor Jurídico del Ministerio de Justicia, quien asegura que la interrogación
de los manifestantes, y el espionaje al cual han sido
sometidos, no constituyen ninguna
infracción de la primera enmienda a la Constitución, la cual protege la
expresión libre.
Según el experto
oficial citado por el Times: "Dada la índole limitada de semejante
espionaje llevado contra el público, todo efecto ‘escalofriante' que dichos
informes posiblemente causen [del espionaje del FBI] serían mínimos y mucho
menos importantes que la imperativa de defender la seguridad y el orden para
proteger al público durante manifestaciones tan enormes".
Los funcionarios del gobierno de Bush
repetidamente han negado toda intención de restringir los derechos civiles e
insinúan que estas acusaciones se basan en la "política
de la calumnia".
Joe Parris, vocero del FBI en
Washington, defiende las nuevas medidas contra los manifestantes
en The New York Times: "el FBI no tiene que
ver nada con la restricción de los derechos que la Primera Enmienda a la
Constitución le garantiza a todos".
En sus comentarios al New York
Times, Parris añadió que "la Primera Enmienda no protege la acción criminal.
Lo que nos preocupa son los daños físicos que los convencionistas, los
ciudadanos, los policías y los que primero llegan a esas situaciones podrían
sufrir".
Esta declaración
demuestra que el FBI cree en la existencia de una relación
interactiva entre la expresión libre protegida por la
Constitución y la "criminalidad violenta".
De esta manera puede
justificar el acoso y la intimidación de personas contra quienes, según la misma
agencia policíaca del gobierno admite, no existe
ninguna prueba de actividad delictiva.
El verdadero blanco
El Comité de Redacción del Sitio de
la Maya Mundial Socialista (World Socialist Web Site:
WSWS) lanzó su propia declaración el 7 de noviembre,
2001, en la que advirtió: "Aunque por el momento la mayoría de los que han
caído víctimas de las redadas del gobierno son inmigrantes con raíces en el
Oriente Medio y el Asia central, sólo es cuestión de tiempo antes de que estos
mismo métodos antidemocráticos se usen de manera más amplia".
Para esa organización
"cada vez queda más claro que estas medidas dictatoriales, las
cuales aumentan cada vez más, no han aparecido para contrarrestar el peligro del
terrorismo extranjero, sino para suprimir la creciente oposición a la
política del gobierno. ¿Es mera coincidencia que los que el Comité Unido
Contra el Terrorismo del FBI ha acusado de promover la violencia son
inevitablemente oposicionistas a la política militarista del gobierno de Bush?"
"El
gobierno todavía tiene que explicar por qué los oposicionistas izquierdistas a
la política del gobierno son aliados conscientes o inconscientes del terrorismo",
señala
"Vale la
pena recordar el acto terrorista más sangriento que haya tenido lugar en suelo
etadounidense anterior al 11 de septiembre: el bombardeo en la ciudad de
Oklahoma City en abril, 1995, perpetrado por elementos fascistas relacionados a
las milicias y a otros grupos vinculados a individuos muy destacados del Partido
Republicano", continúa.
Luego el World Socialist Web Site y el Partido
Socialista por la Igualdad advierten que "las acciones
del FBI muestran que a partir del 11 de septiembre, los derechos civiles han
sido enormemente socavados en Estados Unidos. Todas las medidas que se han
adoptado—el Acta Patriota, la creación del Ministerio para la Seguridad de la
Patria, los arrestos y las detenciones sin límite de tiempo de ciudadanos y no
ciudadanos, acusados de ser "combatientes enemigos" que no tienen derecho a
obtener defensa jurídica—representan el armazón de una dictadura militar".
Este artículo fue
elaborado con información publicada en:
http://www.wsws.org/
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