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(IAR-Noticias) 31-Mar-05
En
febrero pasado un escándalo promovido por un falso
reportero excesivamente "condescendiente" con el
presidente puso al
descubierto un sistema de corrupción imperante en la Casa
Blanca, donde periodistas y medios son sobornados para favorecer a
las políticas de Bush.
Jeff Gannon, el falso reportero de la Casa Blanca
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A mitad de marzo más de
50 organizaciones periodísticas de EEUU se sumaron a la "Semana de la Luz",
una campaña cuyo objetivo era luchar contra el
"secretismo informativo" de la administración republicana
de George W. Bush.
Esos mismos periodistas y
organizaciones denuncian ahora que la Casa Blanca utiliza fondos
públicos para producir ”noticias” falsas
o manipuladas, y distribuirlas entre los medios de comunicación, a pesar
de las crecientes críticas de organizaciones de defensa de la libertad de
prensa.
Periodistas, activistas y expertos se han
rebelado contra lo que consideran la
"propagación encubierta de propaganda" por
parte de agencias gubernamentales o de usinas privadas que pasan
por "medios independientes".
La piedra del
escándalo había saltado en enero con el llamado "periodista topo de Bush",
Jeff
Gannon, quien era un periodista "afortunado" que en
repetidas ocasiones conseguía el privilegio de preguntar en la Casa Blanca
(pasando por sobre
el resto de sus colegas) y que en repetidas
ocasiones desvió preguntas incómodas dirigidas al presidente.
Su excesivo protagonismo en las ruedas de prensa de
la Casa Blanca y sus preguntas edulcoradas a Bush desataron las sospechas
de sus compañeros, que terminaron acusándolo de ser
un topo del Partido Republicano utilizado para desviar la atención
de los temas más incómodos para el presidente.
En una Casa Blanca
que, desde los atentados del 11-S,
es una auténtica prueba de obstáculos,
donde los periodistas se someten a una serie de comprobaciones
exhaustivas, Gannon podía moverse con una comodidad que empezó a
llamar la atención.
Finalmente el falso reportero renunció,
pero las organizaciones y los periodistas siguieron indagando e investigando
sobre lo que se revelaba como un sistema de corrupción y manipulación
informativa organizado que tenía muchas vías y canales de desarrollo.
A esa metodología desinformativa se suma
el retaceo de acceso a la
información a los medios y
periodistas que no integran la troyka de divulgadores de "noticias oficiales"
rentados de la Casa Blanca.
"El secretismo que ha rodeado a los prisioneros de Guantánamo -base militar
estadounidense en Cuba- y los problemas para documentar los abusos en Abu Graib
-prisión en Irak-" ejemplifican, según Theresa Medoff, presidenta de la
Asociación de la Prensa de Delaware, los nuevos tiempos que corren.
Medoff ha explicado que la política de acceso informativo de EEUU sufrió un
lamentable giro tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
"Antes del 11-S, la información gubernamental era accesible, a menos que
existiese un buen motivo para mantenerla en secreto", apuntó Medoff, a lo que
añadió que "ahora la información gubernamental es secreta, a menos que se
demuestre lo contrario".
La gravedad de la situación ha llevado a Tom Curley, presidente de la agencia de
noticias Associated Press, a afirmar que "el Gobierno Bush ha revocado el
espíritu de libertad de información en EEUU".
Las usinas
de "las buenas noticias"

En enero se conoció la noticia -difundida por los mismos
periodistas y organizaciones- de que el gobierno de George W. Bush le
pagó 240.000 dólares al columnista Armstrong Williams,
para que promoviera un plan educativo oficial en su programa de televisión,
de alcance nacional, y en su columna publicada en una
cadena de periódicos.
Williams, casi una réplica del "caso Gannon" pidió
disculpas públicamente por no haber advertido el conflicto de intereses, también
tuvo la misión de convencer a otros periodistas negros de participar en su
cruzada.
Otros dos periodistas conocidos en todo el país, Maggie Gallagher y Michael
McManus, también admitieron haber aceptado pagos de miles de
dólares para promover desde
sus columnas a diversos programas gubernamentales.
La columnista Maggie Gallagher, por su
parte, reconoció un
contrato de 21.500 dólares con el Departamento de Sanidad para promocionar un
iniciativa de Bush a favor del matrimonio.
Asimismo trascendieron diversos canales
oficiales que emplean a reporteros y corresponsales para trasmitir a la opinión
pública sólo "buenas noticias"
relacionadas con las diversas
áreas ejecutivas de la administración Bush.
A sí por ejemplo, el Servicio de Noticias de la Marina y la Fuerza Aérea
contrató desde 2001, al principio del gobierno de Bush,
a 40 reporteros, productores y relacionistas públicos para que crearan
”buenas noticias militares” con miras a su difusión en radios y televisoras
locales.
Las organizaciones de prensa estiman que los segmentos de
”buenas noticias” han sido vistos u oídos
por unos 41 millones de telespectadoresy radioescuchas,
en la mayoría sin que las emisoras de radio y televisión
citen sus fuentes.
Las investigaciones de las
organizaciones de prensa arrojaron
que más de 20 diferentes
agencias federales emplearon fondos públicos para
producir programas televisivos orientados
a promocionar las políticas de la administración Bush en
distintos sectores sociales, incluidos los tradicionalmente opositores al
oficialismo imperante en la Casa Blanca.
Dos organizaciones de defensa de la libertad de
prensa, Free Press y el Centro para Medios y Democracia,
emplazaron, la semana pasada, a
la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
para que investigue a las emisoras
radiales y canales televisivos que difunden noticias producidas
clandestinamente por el gobierno,
sin identificar la fuente.
Miles de ciudadanos firmaron una petición elaborada
por las dos organizaciones, en que exigieron a la FCC, al Congreso legislativo y
a emisoras locales a poner fin a las prácticas de elaboración de
falsas noticias por parte de las agencias
gubernamentales.
El director ejecutivo de Free Press, Josh Silver, señaló
a varias agencias que la petición implica que la FCC debe ”actuar
de inmediato y erradicar el fraude noticioso, así como hacer cumplir las leyes
vigentes sobre la "payola”. La payola es la práctica por parte de empresas
discográficas de pagar a las radios por la difusión de sus productos.
”El Congreso debe aprobar leyes que pongan fin a la difusión sin aclaraciones de
noticias fraguadas financiadas por el gobierno”, añadió
Silver.
Steven Aftergood, del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación
de Científicos de Estados Unidos, consideró que el ”apoyo clandestino de
comentaristas” y la difusión de paquetes de noticias en video ”refuerza las
sospechas en que lo que pasa por noticia hoy es, en realidad, comprado y
pagado”.
El "caso Gannon" fue el detonante de la polémica
que se sigue desarrollando en torno a la política
de manipulación informativa del Gobierno,
y día tras día -a través de nuevas investigaciones- aparecen nuevas revelaciones
sobre periodistas y medios que cobran para promocionar masivamente las
políticas de la administración Bush.
Atajándose del escándalo que se desató con su
periodista topo, en rueda de prensa del 26 de enero, el
presidente se manifestó en contra de este tipo de
prácticas y solicitó que se terminara con las mismas.
"Tiene que haber independencia", dijo Bush sin más
explicación.
El "secretismo informativo"
En
la otra punta, el impedimento del acceso a la información a los
medios y periodistas independientes se presenta como la cara inversa de
las "buenas noticias" difundidas por los profesionales asalariados de la Casa
Blanca
Los medios que participaron
en la "Semana de la Luz", entre los que figuran The
Miami Herald, The Sun Sentinel y Associated Press, entre otros, creen que los
cambios realizados durante los últimos años atentan contra la primera
enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad de
información.
"Con la excusa de la seguridad y la amenaza terrorista cada vez hay menos
información disponible", señaló Michelle Rea, directora de la Asociación de
la Prensa de Nueva York.
Lidiar con el "secretismo" en boga exige unos nervios de hierro, según Dave Warner,
quien fracasó en su intento de obtener información sobre las actividades del
vicepresidente Dick Cheney al frente del Grupo Nacional de Trabajo sobre
Política Energética.
Judicial Watch, organización para la que trabajaba Warner, tiene
constancia de que Cheney se reunió con firmas como Enron cuando estaba al frente
del citado grupo. Esas reuniones en sí no son irregulares, lo que es
cuestionable, según la legislación estadounidense, es que el acceso fuese
selectivo.
Las leyes de EEUU establecen que si se permite el acceso de individuos ajenos a
una comisión gubernamental, como ocurrió con Enron, todo el mundo tiene derecho
al acceso.
Para Warner, lo que demuestra esta situación es que Cheney estaba decidiendo, "a
puertas cerradas y con representantes del sector privado", medidas energéticas
que afectan a todos los estadounidenses. Judicial Watch ha llevado el
caso a los tribunales que todavía no han dictaminado al respecto.
Pese a este cuadro de situación, Paul McMasters, representante del Centro
Foro Libre, con sede en Virginia, indicó que el creciente activismo
de las organizaciones y periodistas
en las campañas de denuncia está dando frutos.
McMasters destacó la iniciativa puesta en marcha por
los senadores John Cornyn y Patrick Leahy -que han propuesto crear una comisión
que evalúe formas de acelerar la entrega de información pública- como "un buen
indicio".
En estos momentos,señala, puede llevar meses e incluso años obtener los documentos
solicitados a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA),
mecanismo que permite a los ciudadanos obtener información en manos del
Gobierno.
El "secretismo" ha impregnado los distintos estratos públicos, según un informe.
El estudio, de los profesores Bill Chamberlin y Joel Campbell de la Universidad
de Florida, indica que Carolina del Norte, Florida, Michigan e Indiana son los
estados que hacen la vida más fácil a los ciudadanos en busca de información
gubernamental.
En el otro extremo se sitúan Alaska, Dakota del Sur, Arizona y Wyoming, los estados que han salido peor parados en el informe.
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