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Saturday, 30 de April de 2005

Bush en "positivo"

La trama desinformativa de las "buenas noticias" de la Casa Blanca

En la Casa Blanca existe un sistema organizado de desinformación y manipulación de noticias financiado con fondos públicos de EEUU. Periodistas y organizaciones de prensa comienzan a desentrañar una trama de "divulgadores de noticias oficiales" cuyas redes se integran con medios y columnistas conocidos que cobran altas cifras en dólares para difundir masivamente la "cara positiva" del gobierno de Bush.

(IAR-Noticias) 31-Mar-05 

En febrero pasado un  escándalo promovido por un falso reportero excesivamente "condescendiente" con el presidente puso al descubierto un sistema de corrupción imperante en la Casa Blanca, donde periodistas y medios son sobornados para favorecer a las políticas de Bush.

Jeff Gannon.

Jeff Gannon, el falso reportero de la Casa Blanca

A mitad de marzo más de 50 organizaciones periodísticas de EEUU se sumaron a la "Semana de la Luz", una campaña cuyo objetivo era luchar contra el "secretismo informativo" de la administración republicana de George W. Bush.

Esos mismos periodistas y organizaciones denuncian ahora que la Casa Blanca utiliza fondos públicos para producir ”noticias” falsas o manipuladas, y distribuirlas entre los medios de comunicación, a pesar de las crecientes críticas de organizaciones de defensa de la libertad de prensa.

Periodistas, activistas y expertos se han rebelado contra lo que consideran la "propagación encubierta de propaganda" por parte de agencias gubernamentales o de usinas privadas que pasan por "medios independientes".

La piedra del escándalo había saltado en enero con el llamado "periodista topo de Bush", Jeff Gannon,  quien era un periodista "afortunado" que  en repetidas ocasiones conseguía el privilegio de preguntar en la Casa Blanca (pasando por sobre el resto de sus colegas) y que en repetidas ocasiones desvió preguntas incómodas dirigidas al presidente.

Su excesivo protagonismo en las ruedas de prensa de la Casa Blanca y sus preguntas edulcoradas a Bush desataron las sospechas de sus compañeros, que terminaron acusándolo  de ser un topo del Partido Republicano utilizado para desviar la atención de los temas más incómodos para el presidente.

En una Casa Blanca que, desde los atentados del 11-S, es una auténtica prueba de obstáculos, donde los periodistas se someten a una serie de comprobaciones exhaustivas, Gannon podía moverse con una comodidad que empezó a llamar la atención.

Finalmente el falso reportero renunció, pero las organizaciones y los periodistas siguieron indagando e investigando sobre lo que se revelaba como un sistema de corrupción y manipulación informativa organizado que tenía muchas vías y canales de desarrollo.

A esa metodología desinformativa se suma el retaceo de acceso a la información a los medios y periodistas que no integran la troyka de divulgadores de "noticias oficiales" rentados de la Casa Blanca.

"El secretismo que ha rodeado a los prisioneros de Guantánamo -base militar estadounidense en Cuba- y los problemas para documentar los abusos en Abu Graib -prisión en Irak-" ejemplifican, según Theresa Medoff, presidenta de la Asociación de la Prensa de Delaware, los nuevos tiempos que corren.

Medoff ha explicado que la política de acceso informativo de EEUU sufrió un lamentable giro tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Antes del 11-S, la información gubernamental era accesible, a menos que existiese un buen motivo para mantenerla en secreto", apuntó Medoff, a lo que añadió que "ahora la información gubernamental es secreta, a menos que se demuestre lo contrario".

La gravedad de la situación ha llevado a Tom Curley, presidente de la agencia de noticias Associated Press, a afirmar que "el Gobierno Bush ha revocado el espíritu de libertad de información en EEUU".

Las usinas de "las buenas noticias"

En enero se conoció la noticia -difundida por los mismos periodistas y organizaciones- de que el gobierno de George W. Bush le pagó 240.000 dólares al columnista Armstrong Williams, para que promoviera un plan educativo oficial en su programa de televisión, de alcance nacional, y en su columna publicada en una cadena de periódicos.

Williams, casi una réplica del "caso Gannon" pidió disculpas públicamente por no haber advertido el conflicto de intereses, también tuvo la misión de convencer a otros periodistas negros de participar en su cruzada.

Otros dos periodistas conocidos en todo el país, Maggie Gallagher y Michael McManus, también admitieron haber aceptado pagos de miles de dólares para promover desde sus columnas a diversos programas gubernamentales.

La columnista Maggie Gallagher, por su parte,  reconoció un contrato de 21.500 dólares con el Departamento de Sanidad para promocionar un iniciativa de Bush a favor del matrimonio.

Asimismo trascendieron diversos canales oficiales que emplean a reporteros y corresponsales para trasmitir a la opinión pública sólo "buenas noticias" relacionadas con las diversas áreas ejecutivas de la administración Bush.

A sí por ejemplo, el Servicio de Noticias de la Marina y la Fuerza Aérea contrató desde 2001, al principio del gobierno de Bush, a 40 reporteros, productores y relacionistas públicos para que crearan ”buenas noticias militares” con miras a su difusión en radios y televisoras locales.

Las organizaciones de prensa estiman que los segmentos de ”buenas noticias”  han sido vistos u oídos por unos 41 millones de telespectadoresy radioescuchas, en la mayoría sin que las emisoras de radio y televisión citen sus fuentes.

Las investigaciones de las organizaciones de prensa arrojaron que más de 20 diferentes agencias federales emplearon fondos públicos para producir programas televisivos orientados a promocionar las políticas de la administración Bush en distintos sectores sociales, incluidos los tradicionalmente opositores al oficialismo imperante en la Casa Blanca.

Dos organizaciones de defensa de la libertad de prensa, Free Press y el Centro para Medios y Democracia, emplazaron, la semana pasada,  a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para que investigue a las emisoras radiales y canales televisivos que difunden noticias producidas clandestinamente por el gobierno, sin identificar la fuente.

Miles de ciudadanos firmaron una petición elaborada por las dos organizaciones, en que exigieron a la FCC, al Congreso legislativo y a emisoras locales a poner fin a las prácticas de elaboración de falsas noticias por parte de las agencias gubernamentales.

El director ejecutivo de Free Press, Josh Silver, señaló a varias agencias que la petición implica que la FCC debe ”actuar de inmediato y erradicar el fraude noticioso, así como hacer cumplir las leyes vigentes sobre la "payola”. La payola es la práctica por parte de empresas discográficas de pagar a las radios por la difusión de sus productos.

”El Congreso debe aprobar leyes que pongan fin a la difusión sin aclaraciones de noticias fraguadas financiadas por el gobierno”, añadió Silver.

Steven Aftergood, del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos de Estados Unidos, consideró que el ”apoyo clandestino de comentaristas” y la difusión de paquetes de noticias en video ”refuerza las sospechas en que lo que pasa por noticia hoy es, en realidad, comprado y pagado”.

El "caso Gannon" fue el detonante de la polémica que se sigue desarrollando en torno a la política de manipulación informativa del Gobierno, y día tras día -a través de nuevas investigaciones- aparecen nuevas revelaciones sobre periodistas y medios  que cobran para promocionar masivamente las políticas de la administración  Bush.

Atajándose del escándalo que se desató con  su periodista topo, en rueda de prensa del 26 de enero, el presidente se manifestó en contra de este tipo de prácticas y solicitó que se terminara con las mismas. "Tiene que haber independencia", dijo Bush sin más explicación.

El "secretismo informativo"

En la otra punta, el impedimento del acceso a la  información a los medios y periodistas independientes se presenta como la cara inversa  de las "buenas noticias" difundidas por los profesionales asalariados de la Casa Blanca

Los medios que participaron en la "Semana de la Luz", entre los que figuran The Miami Herald, The Sun Sentinel y Associated Press, entre otros, creen que los cambios realizados durante los últimos años atentan contra la primera enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad de información.

"Con la excusa de la seguridad y la amenaza terrorista cada vez hay menos información disponible", señaló Michelle Rea, directora de la Asociación de la Prensa de Nueva York.

Lidiar con el "secretismo" en boga exige unos nervios de hierro, según Dave Warner, quien fracasó en su intento de obtener información sobre las actividades del vicepresidente Dick Cheney al frente del Grupo Nacional de Trabajo sobre Política Energética.

Judicial Watch, organización para la que trabajaba Warner, tiene constancia de que Cheney se reunió con firmas como Enron cuando estaba al frente del citado grupo. Esas reuniones en sí no son irregulares, lo que es cuestionable, según la legislación estadounidense, es que el acceso fuese selectivo.

Las leyes de EEUU establecen que si se permite el acceso de individuos ajenos a una comisión gubernamental, como ocurrió con Enron, todo el mundo tiene derecho al acceso.

Para Warner, lo que demuestra esta situación es que Cheney estaba decidiendo, "a puertas cerradas y con representantes del sector privado", medidas energéticas que afectan a todos los estadounidenses. Judicial Watch ha llevado el caso a los tribunales que todavía no han dictaminado al respecto.

Pese a este cuadro de situación, Paul McMasters, representante del Centro Foro Libre, con sede en Virginia, indicó que el creciente activismo de las organizaciones y periodistas en las campañas de denuncia está dando frutos.

McMasters destacó la iniciativa puesta en marcha por los senadores John Cornyn y Patrick Leahy -que han propuesto crear una comisión que evalúe formas de acelerar la entrega de información pública- como "un buen indicio".

En estos momentos,señala,  puede llevar meses e incluso años obtener los documentos solicitados a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA), mecanismo que permite a los ciudadanos obtener información en manos del Gobierno.

El "secretismo" ha impregnado los distintos estratos públicos, según un informe. El estudio, de los profesores Bill Chamberlin y Joel Campbell de la Universidad de Florida, indica que Carolina del Norte, Florida, Michigan e Indiana son los estados que hacen la vida más fácil a los ciudadanos en busca de información gubernamental.

En el otro extremo se sitúan Alaska, Dakota del Sur, Arizona y Wyoming, los estados que han salido peor parados en el informe.

 

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