En la mayoría de los casos, aseguraba
el instituto internacional con sede en la capital austríaca, las muertes nunca
son esclarecidas por las autoridades.
Según el director general del IPI,
Johann P. Fritz, en muchos casos las investigaciones "son entorpecidas por no
haber entrevistado a testigos, por la incapacidad de seguir pistas, por
evidencias perdidas, por el deseo de encubrir, por la corrupción, la parcialidad
jurídica, la inercia o simplemente por apatía".
"En otras ocasiones, las razones (de
no esclarecer) son más claras: el Gobierno no quiere que los asesinos o la razón
del asesinato salga a la luz del día", señala el responsable del IPI.
"De esta forma, las autoridades y los
asesinos se juntan en una causa común, es decir, asegurar que los periodistas
son silenciados y que información embarazosa y desagradable nunca llegue a la
opinión pública", añade Fritz.
Según el informe emitido por el IPI,
el ejemplo más palpable de ese tipo de impunidad es Filipinas.
También en América Latina y en Europa
del Este los sistemas jurídicos son incapaces de hacer justicia en estos casos.
Rusia, donde tres periodistas
perdieron la vida el año pasado, tiene un largo historial de intentos
fallidos de investigar la muerte de miembros de la prensa, señalaba el
IPI.
Una excepción de última hora ha sido
Ucrania, donde bajo el nuevo presidente, Víctor Yúschenko, se inició el
esclarecimiento del asesinato del periodista Gueorgui Gongadze, que conmocionó a
esta ex república soviética en el 2000.
Así, cinco años después de su muerte,
"las autoridades (de Kiev) han llevado a cabo una investigación para
satisfacción de la comunidad internacional", señalaba el informe del IPI.
América
Latina
En América Latina, donde
murieron 15 periodistas en el 2004, el IPI también observa la incapacidad de las
autoridades de investigar los asesinatos de periodistas.
El instituto hace especial referencia
a México y Haití, mientras que destaca el fuerte descenso de asesinatos
ocurridos en Colombia, que tradicionalmente había sido con diferencia el
país con más muertes violentas de miembros de la profesión, con nueve en el 2003
y 15 en el 2002.
No obstante, el IPI señalaba (en su
informe de marzo) que "Colombia sigue siendo uno de los países más
peligrosos del mundo para ejercer el periodismo".
En las regiones de ese país, los
periodistas que investigan la corrupción o informan sobre el conflicto armado,
corren peligro de ser secuestrados, atacados o intimidados por miembros
de la guerrilla, de grupos paramilitares, narcotraficantes o funcionarios
corruptos, indica el IPI.
En México la corrupción y la
violenta presión de los carteles del narcotráfico en el norte del país hacen
imposible realizar periodismo de investigación, asegura el IPI.
Mientras, en Haití, donde el
año pasado falleció el reportero español Ricardo Ortega por dos disparos, "la
indiferencia gubernamental ha oscurecido la verdad", señala el documento y añade
que no ha habido detenciones en los casos de dos informadores haitianos
asesinados en el 2000 y el 2001, respectivamente.
"En una época en la que muchos países
hablan de democracia, sus autoridades deberían darse cuenta de los daños
causados por la impunidad y asegurar que aquellos que cometen la forma última de
censura sean castigados", advierte Johann Fritz.
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