A su vez, medios de comunicación, analistas y activistas estadounidenses advierten que la libertad de prensa cotiza en baja en EEUU sumergida por una ola gubernamental de secretismo y propaganda,

En marzo pasado más de 50 organizaciones periodísticas de EEUU se sumaron a la "Semana de la Luz", una campaña cuyo objetivo es luchar contra el "secretismo informativo" de la administración republicana de George W. Bush.

"El secretismo que ha rodeado a los prisioneros de Guantánamo -base militar estadounidense en Cuba- y los problemas para documentar los abusos en Abu Graib -prisión en Irak-" ejemplifican, segúún Theresa Medoff, presidenta de la Asociación de la Prensa de Delaware, los nuevos tiempos que corren.

Los periodistas estadounidenses, a trtavés de sus asociaciones, se quejan de que el acceso a la información gubernamental, se ha convertido en una carrera cada vez más llena de obstáculos.

Tehresa Medoff de la APD ha explicado que la política de acceso informativo de EEUU sufrió un lamentable giro tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Antes del 11-S, la información gubernamental era accesible, a menos que existiese un buen motivo para mantenerla en secreto", apuntó Medoff, a lo que añadió que "ahora la información gubernamental es secreta, a menos que se demuestre lo contrario".

La gravedad de la situación ha llevado a Tom Curley, presidente de la agencia de noticias Associated Press, a afirmar que "el Gobierno Bush ha revocado el espíritu de libertad de información en EEUU".

"Con la excusa de la seguridad y la amenaza terrorista cada vez hay menos información disponible", señaló Michelle Rea, directora de la Asociación de la Prensa de Nueva York.

Lidiar con el secretismo en boga exige unos nervios de hierro, según Dave Warner, quien fracasó en su intento de obtener información sobre las actividades del vicepresidente Dick Cheney al frente del Grupo Nacional de Trabajo sobre Política Energética.

Según un informe de los profesores Bill Chamberlin y Joel Campbell de la Universidad de Florida, el secretismo ha impregnado los distintos estratos públicos.

El estudio indica que Carolina del Norte, Florida, Michigan e Indiana son los estados que hacen la vida más fácil a los ciudadanos en busca de información gubernamental. En el otro extremo se sitúan Alaska, Dakota del Sur, Arizona y Wyoming, los estados que han salido peor parados en el informe.

En general, el estudio demuestra que "los estados están haciendo menos de lo que podrían a la hora de facilitar el acceso a la información", ha afirmado Chamberlin.

El informe de Freedom House

Freedom House, institución con sede en Nueva York, indicó, divulgó su informe anual en vísperas del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que se celebró el martes, en el que se señala  los periodistas que en 2004 trabajaron con menos trabas a la información fueron los de Finlandia, Islandia y Suecia.

En cambio, las peores restricciones se registraron en Corea del Norte, Birmania, Cuba y Turkmenistán.

Estados Unidos se posicionó, junto con Barbados, Canadá, Dominica, Estonia y Letonia, en el lugar 25 entre los 194 países analizados en el informe.

Los países -según la organización- fueron calificados de acuerdo con la observación de tres parámetros: el ámbito legal en que operan los medios, las influencias políticas sobre el reportaje periodístico y el acceso a la información, y las presiones económicas para determinar el contenido y la divulgación de noticias.

Freedom House consideró que la calificación de Estados Unidos cayó, en parte, debido a ”varios casos legales en que los fiscales procuraron obligar a los periodistas a revelar sus fuentes o entregar sus notas u otros materiales recogidos por ellos en el curso de investigaciones”.

Se señala el caso de Judith Miller, de The New York Times, y Matthew Cooper, de la revista Time, quienes se han arriesgado a condenas de prisión por negarse a identificar a sus fuentes de reportajes que derivaron en la identificación pública de una agente secreta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Ni Miller ni Cooper escribieron informes para sus publicaciones por el caso, pero el columnista Robert Novak identificó a la agente. De todos modos,

Los fiscales exigieron a esos dos periodistas que entregaran toda la información que poseían. Miller y Cooper perdieron sus casos en los tribunales de primera instancia en que se trató el tema, y ahora elevarán sus alegatos a la Corte Suprema de Justicia.

Desinformación y manipulación

A esta cada vez mayor restricción a las fuentes y a la libertad de informar que vienen padeciendo los periodistas estadounidenses, se suma la cada vez mayor desinformación y manipulación de noticias oficiales que realiza la Casa Blanca.

A fines de marzo varias organizaciones de Prensa denunciaron que en  la Casa Blanca existe un sistema organizado de desinformación y manipulación de noticias financiado con fondos públicos de EEUU.

Los periodistas y sus organizaciones comenzaron a desentrañar una trama de "divulgadores de noticias oficiales" cuyas redes se integran con medios y columnistas conocidos que cobran altas cifras en dólares para difundir masivamente la "cara positiva" del gobierno de Bush.

Por otra parte, las dudas sobre la influencia gubernamental sobre los medios se multiplicaron  cuando se supo que el gobierno de George W. Bush pagaba a periodistas para que respaldaran desde sus espacios posiciones oficiales sin aclarar que eran empleados encubiertos de Washington.

En febrero pasado un  escándalo promovido por un falso reportero excesivamente "condescendiente" con el presidente puso al descubierto un sistema de corrupción imperante en la Casa Blanca, donde periodistas y medios son sobornados para favorecer a las políticas de Bush.

A mitad de marzo más de 50 organizaciones periodísticas de EEUU se sumaron a una campaña cuyo objetivo era luchar contra el "secretismo informativo" de la administración republicana de George W. Bush.

Esos mismos periodistas y organizaciones denunciaron que la Casa Blanca utiliza fondos públicos para producir ”noticias” falsas o manipuladas, y distribuirlas entre los medios de comunicación, a pesar de las crecientes críticas de organizaciones de defensa de la libertad de prensa.

Luego se descubrió  el gobierno de George W. Bush le pagó 240.000 dólares a un columnista negro, Armstrong Williams, para que promoviera un plan educativo oficial en su programa de televisión, difundido en todo el país, y en su columna publicada en una cadena de periódicos.

Williams, que pidió disculpas públicamente por no haber advertido el conflicto de intereses, también tuvo la misión de convencer a otros periodistas negros de participar en su cruzada.

Otros dos periodistas famosos, Maggie Gallagher y Michael McManus, también admitieron haber aceptado miles de dólares para manifestar desde sus tribunas su adhesión a diversos programas gubernamentales.

Otros comunicadores conocidos masivamente en todo el país confesaron haber aceptado miles de dólares para mostrar su complacencia con los programas de gobierno.

Steven Aftergood, del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos de Estados Unidos, consideró que el ”apoyo clandestino de comentaristas” y la difusión de paquetes de noticias en vídeo ”refuerza las sospechas en que lo que hoy pasa por noticia es, en realidad, comprado y pagado”.