El marco de la nueva estrategia

En todo su desarrollo un documento del Departamento de Estado, recientemente difundido, explicita y deja en claro que la estrategia de EEUU  en 2004 y 2005 "es de promoción de la democracia y los derechos humanos en el mundo, así como las políticas y los programas concebidos con ese fin".

Pero para apreciar en toda su dimensión este flagrante "doble discurso democrático" de una potencia imperialista basada en la fuerza militar, es preciso contar con un marco referencial de la nueva estrategia que Washington comenzó a implementar tras la derrota de los movimientos revolucionarios armados en América Latina.

Con la desaparición de la guerra por áreas de influencia con la URSS, las viejas consignas "anticomunistas" de las  dictaduras militares formadas en la Escuela de las Américas fueron sustituídas gradualmente por las banderas de la lucha contra el terrorismo, las drogas y el crimen organizado con las que hoy EEUU justifica su injerencia intervencionista militar en la región latinoamericana.

 

Ya desaparecido el "peligro rojo" con la URSS, y sin movimientos armados abocados a la toma del poder en América Latina,  la "guerra contraterrorista" sustituyó en el tiempo a la "guerra antisubversiva" aplicada por las dictaduras militares de la década del setenta.

 

Las nuevas hipótesis de conflicto regional y las coordenadas de control militar-estratégico se trazaron a partir de la "guerra contra el terrorismo", que reemplaza en la lógica doctrinaria de dominio a la "guerra contra el comunismo" de la década del setenta en Latinoamérica.

 

Paralelamente, y en el plano político, en la década del 80 los gobiernos "democráticos" fueron sustituyendo a los viejos y gastados gobiernos militares mediante elecciones, procesos constitucionales, y banderas de defensa de los derechos humanos.

 

Por supuesto -y como está demostrado hasta el hartazgo- que no se trata de una democracia entendida en el sentido histórico del término, sino de una cáscara vacía con simulacro de participación popular, donde las minorías siguen conservando el poder real y los accesos a cargos ejecutivos y parlamentarios por medio de la financiación de los candidatos y sus campañas.

 

En otras palabras, la estrategia del control político y social por medios militares, fue sustituida gradualmente por administraciones civiles, poderes ejecutivos, parlamentos y cortes de justicia totalmente maleables a los intereses y objetivos de Washington en la región.

 

En los 80, salvo en Colombia, los militares de la "seguridad nacional" ya habían terminado con la resistencia armada en América Latina, había desaparecido la URSS como punto de referencia logística y organizativa de los movimientos revolucionarios, y Washington resolvió  imponer un orden regional basado en el pacifismo, la democracia y los derechos humanos.

 

El nuevo sistema de control político y social se situaba en las antípodas del anterior (basado en gobiernos  y dictaduras represivas), y explotaba el consenso masivo que despertaba la apertura de procesos constitucionales después de largos años de dictaduras militares con supresión de elecciones y parlamentos.

 

Pero fuera del maquillaje democrático (del formalismo del estado de derecho y del régimen electivo-parlamentario), Washington siguió ejerciendo el control sobre los recursos estratégicos y el sistema económico-productivo de los países mediante la asociación con las elites de poder y las clases políticas locales, quienes se reservan para sí los controles ejecutivos, parlamentarios y judiciales del Estado.

 

De tal manera, que del gerenciamiento militar del dominio se pasó al gerenciamiento civil del mismo, sin alterar para nada el proceso de control económico por medio del cual los bancos y empresas transnacionales continuaron transfiriendo recursos y ganancias a EEUU y a las metrópolis europeas.

 

En ese nuevo escenario de poder geopolítico-estratégico, legitimado por gobiernos satélites elegidos en elecciones populares, Washington consolidó su dominio regional en un teatro latinoamericano sin lucha armada y sin estallidos revolucionarios, y con las organizaciones populares y de izquierda participando como "minorías" en los parlamentos dependientes.

 

En ese contexto (y más allá de la voluntad de las facciones reaccionarias y conservadoras), desde hace más de veinte años la estrategia de dominio de Washington y del Departamento de Estado en América Latina consiste en impulsar los regímenes y gobiernos electos en las urnas, más allá de que asuman o ganen elecciones con discursos de "izquierda", "progresistas" o "neoliberales".

 

De manera tal, que hasta los golpes de Estado ahora son "constitucionales y democráticos", como ya se demostró claramente en la Argentina con el Cacerolazo que derrocó a De La Rúa, y en Ecuador con el "golpe popular" que destituyó a Lucio Gutiérrez.

 

Como una extraña paradoja, esta estrategia está claramente explicitada en un documento del Departamento de Estado titulado: "Apoyo a los Derechos Humanos y la Democracia: Antecedentes de Estados Unidos 2004-2005", divulgado el 28 de marzo, y que el lector puede consultar en inglés en: http://www.state.gov/g/drl/rls/shrd/2004

 

La promoción de gobiernos democráticos

 

En todo su desarrollo el documento del Departamento de Estado explicita y deja en claro que la estrategia de EEUU  en 2004 y 2005 "es de promoción de la democracia y los derechos humanos en el mundo, así como las políticas y los programas concebidos con ese fin".

 

En el capítulo titulado Estrategia estadounidense de derechos humanos y democracia, señala: "Los programas sobre la democracia promueven el estado de derecho y los derechos humanos, las elecciones transparentes y justas vinculadas a un proceso político competitivo, un entorno abierto y libre para los medios informativos, una sociedad civil más fuerte, mayor participación ciudadana en el gobierno y estructuras gubernamentales eficaces, responsivas y responsables".

Y en otro tramo sostiene que Estados Unidos "podrá retirar el apoyo o suspender su ayuda" a países que no hagan reformas en derechos humanos". Estados Unidos dedica energía y recursos significativos a la promoción mundial de la democracia. El Departamento de Estado asume el papel de líder en la integración de nuestras iniciativas de promoción de la democracia en todos los aspectos de nuestra política exterior".

En relación a la situación en América Latina, el informe dice que la región "se ha transformado a sí misma durante las dos últimas décadas, pasando de una región dominada por regímenes represivos y autoritarios a una en la que 34 de los 35 países (el 35 es Cuba) tienen gobiernos democráticamente elegidos y sociedades civiles cada vez mayores".

También afirma que "en las décadas recientes América Latina ha experimentado una ola de democratización a medida que la región se aleja de las dictaduras del pasado (gobiernos militares sustituidos por gobiernos democráticos) . Sin embargo, el proceso democrático sigue siendo frágil. Muchos ciudadanos en América Latina consideran que los partidos políticos no están al corriente del pueblo, se dejan guiar por los intereses de la élite, están plagados por la corrupción y son incapaces de cumplir sus promesas o de demostrar liderazgo. Para contrarrestar estas preocupaciones, el Instituto Nacional Democrático (NDI) ha emprendido un proyecto cuyo propósito es rejuvenecer y fortalecer los partidos políticos en Argentina, Bolivia y Perú".

En el Prefacio con la firma de Condoleezza Rice, el documento señala que el "el año transcurrido ha experimentado lo que esperamos sea un cambio espectacular en el panorama mundial. La participación de palestinos, afganos e iraquíes en elecciones y la "Revolución Naranja" en Ucrania han sido ejemplos de la aspiración universal de todos los pueblos para hacerse oír y gobernarse por sí mismos".

Y agrega: "Hoy, más de cincuenta millones de personas que vivían bajo regímenes brutales en Afganistán e Iraq están encaminados hacia la democracia".

Reafirma la ocupación militar de Afganistán señalando que "Luego de 23 años de conflicto e inestabilidad, el presidente afgano Hamid Karzai lleva hacia delante su nación arrasada por la guerra".

En cuanto a Irak el informe sostiene que "ha dado pasos iniciales para sumarse a la creciente comunidad de democracias del mundo. Vimos votar a los ciudadanos de ese país, que se hicieron oír por primera vez en décadas pese a la amenaza de la violencia terrorista. En otros lugares, los votantes palestinos reemplazaron una dirigencia anticuada con otra que busca la paz con sus vecinos, y celebraron sus primeras elecciones municipales desde el año 1976".

Consigna que "Al poner en práctica su estrategia de derechos humanos y democracia, Estados Unidos emplea una amplia gama de herramientas diplomáticas, informativas y económicas para adelantar sus objetivos de política exterior. Los funcionarios estadounidenses comprometen a gobiernos, instituciones multilaterales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales e individuos de todo el mundo para alentar las prácticas mejoradas de derechos humanos y la transición a la democracia".

Luego afirma que "Los programas sobre democracia y gobernabilidad ofrecen ayuda técnica y otro tipo de apoyo para fortalecer la capacidad de gobierno y desarrollar instituciones y estados democráticos responsivos y responsables ante sus ciudadanos".

Y precisa: "El presidente Bush anunció hace poco en sus discursos de toma de posesión y del Estado de la Unión una política de ayuda a los movimientos democráticos de cada país, cuyo objetivo final es acabar con la tiranía en nuestro mundo".

El emergente social

Para contar con una apreciación sobre el emergente social que han producido estos movimientos y gobiernos  democráticos impulsados por Washington y el Departamento de Estado durante más de dos décadas, basta con leer el último informe de la ONU sobre la pobreza en América Latina.

En el mismo se consigna que en América Latina hay 222 millones de personas (el 43% de la población regional) en estado de pobreza, 96 millones de personas (un 18,6 por ciento de la población) en estado de indigencia, y cuyos ingresos no les alcanzan ni para comer.

Y como se sabe (así lo demuestran muchos estudios económicos)  las causas estructurales de la pobreza en los países dependientes de América Latina residen en la concentración de riqueza y en la transferencia de recursos que realizan los bancos y trasnacionales que controlan los recursos estratégicos y el sistema económico-productivo, queda en claro cuales son los verdaderos beneficiarios de los procesos democráticos impulsados por el Departamento de Estado.

Desde Bolivia para adelante, ese nuevo mecanismo de dominio, con los bancos y empresas transnacionales controlando los recursos estratégicos y las economías, está estadísticamente demostrado en toda la geografía de América latina.

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Traducción de algunos fragmentos del informe presentado por el Departamento de Estado:

Prefacio

El año transcurrido ha experimentado lo que esperamos sea un cambio espectacular en el panorama mundial. La participación de palestinos, afganos e iraquíes en elecciones y la "Revolución Naranja" en Ucrania han sido ejemplos de la aspiración universal de todos los pueblos para hacerse oír y gobernarse por sí mismos.

Hoy, más de cincuenta millones de personas que vivían bajo regímenes brutales en Afganistán e Iraq están encaminados hacia la democracia.

Luego de 23 años de conflicto e inestabilidad, el presidente afgano Hamid Karzai lleva hacia delante su nación arrasada por la guerra.

Iraq ha dado pasos iniciales para sumarse a la creciente comunidad de democracias del mundo. Vimos votar a los ciudadanos de ese país, que se hicieron oír por primera vez en décadas pese a la amenaza de la violencia terrorista. En otros lugares, los votantes palestinos reemplazaron una dirigencia anticuada con otra que busca la paz con sus vecinos, y celebraron sus primeras elecciones municipales desde el año 1976.

En otra región del mundo los ucranianos demostraron que no aceptarían que una elección fuera manipulada o robada. En última instancia, hubo una elección presidencial que reflejó verdaderamente la voluntad del pueblo.

Estos dramáticos acontecimientos ilustran vivazmente que ciudadanos de todo el mundo comparten el deseo de vivir en sociedades libres cimentadas en un profundo compromiso con la dignidad de cada individuo y el respeto por los derechos humanos. Aunque los regímenes autoritarios y corruptos pueden reprimir durante un tiempo las libertades y los derechos individuales, la historia nos demuestra que el avance hacia la democracia es inevitable y alienta nuestro apoyo a los derechos inalienables de los pueblos que aman la libertad.

Este tomo esclarece nuestra estrategia en 2004 y 2005 de promoción de la democracia y los derechos humanos en el mundo, así como las políticas y los programas concebidos con ese fin. Los programas sobre democracia y gobernabilidad ofrecen ayuda técnica y otro tipo de apoyo para fortalecer la capacidad de gobierno y desarrollar instituciones y estados democráticos responsivos y responsables ante sus ciudadanos. El presidente Bush anunció hace poco en sus discursos de toma de posesión y del Estado de la Unión una política de ayuda a los movimientos democráticos de cada país, cuyo objetivo final es acabar con la tiranía en nuestro mundo.

Reconocemos que cada país tiene una historia única y tradiciones que conformarán su propia búsqueda de la libertad. Sin embargo, sea cual fuere el camino o el ritmo, Estados Unidos está dispuesto a alistarse junto a aquellos que buscan la libertad para sí mismos y para sus conciudadanos.

La defensa de los derechos humanos es una responsabilidad universal. Todos debemos ser defensores de los derechos humanos. Aprovecho esta oportunidad para rendir homenaje a todos aquellos que luchan por la libertad individual, dondequiera que estén. Cada uno de ustedes desempeña un papel importante en construir un mundo que respete la dignidad de cada persona y la igualdad de derechos inalienables para todos. Su labor nos inspira a todos.

Condoleezza Rice
Secretaria de Estado

Estrategia estadounidense de derechos humanos y democracia

Estados Unidos, bajo el liderato del presidente Bush y el Congreso, ha hecho de la promoción de la libertad la base fundamental de su política exterior. La perspectiva presidencial de un mundo en el que reine la libertad ha sido formulada claramente a lo largo de su gobierno, pero nunca más vívidamente que en su reciente discurso de toma de posesión y en el Mensaje al Congreso sobre el Estado de la Unión. Esta misma perspectiva se refleja en la legislación sobre asuntos exteriores, que nos da las herramientas necesarias para convertirla en realidad.

La libertad y la dignidad humana son indivisibles. De ahí se desprende que nuestras políticas estén dirigidas a ampliar las libertades. Nuestra política de fomento de la democracia y los derechos humanos brota de los ideales estadounidenses y de nuestro interés nacional. Seguimos esta política porque es justa y porque se ocupa del miedo, el odio y la desigualdad que contribuyen a la injusticia, al terrorismo, a la violencia y a la inestabilidad.

Estados Unidos dedica energía y recursos significativos a la promoción mundial de la democracia. El Departamento de Estado asume el papel de líder en la integración de nuestras iniciativas de promoción de la democracia en todos los aspectos de nuestra política exterior.

Al poner en práctica su estrategia de derechos humanos y democracia, Estados Unidos emplea una amplia gama de herramientas diplomáticas, informativas y económicas para adelantar sus objetivos de política exterior. Los funcionarios estadounidenses comprometen a gobiernos, instituciones multilaterales, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales e individuos de todo el mundo para alentar las prácticas mejoradas de derechos humanos y la transición a la democracia.

Los Informes anuales por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos, el Informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional y este informe son ejemplos del uso de tales herramientas informativas. Estados Unidos ofrece también ayuda económica, financiera y técnica a países y organizaciones que desean ayudar a encarar los retos a los derechos humanos y la democracia, inclusive mediante programas bilaterales y multilaterales, al igual que a través de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Los programas sobre democracia y gobernabilidad ofrecen ayuda técnica y otro tipo de apoyo para fortalecer la capacidad y desarrollar estados e instituciones democráticas responsivos y responsables ante sus ciudadanos. Los programas se organizan en torno a conceptos fundamentales que se consideran los elementos básicos de construcción de la democracia. Los programas sobre la democracia promueven el estado de derecho y los derechos humanos, las elecciones transparentes y justas vinculadas a un proceso político competitivo, un entorno abierto y libre para los medios informativos, una sociedad civil más fuerte, mayor participación ciudadana en el gobierno y estructuras gubernamentales eficaces, responsivas y responsables.

A los gobiernos que han demostrado la voluntad de reformar, Estados Unidos les ofrece ayuda financiera, técnica y política para sus esfuerzos. A los gobiernos que carecen de la voluntad de reformar, Estados Unidos -- como uno de los pilares más antiguos de su política exterior -- les puede retirar su apoyo o suspender tal ayuda cuando un país deja de dar los pasos suficientes para lograr progresar en sus prácticas de derechos humanos. En cualquier caso, Estados Unidos colaborará y brindará ayuda a aquellos que, dentro de una sociedad, trabajan pacíficamente en pro de los procesos democráticos.

La oportunidad y selección de los usos de estas herramientas se ajustan a cada situación. Escogemos la herramienta o combinación de herramientas que creemos adelantará mejor los objetivos de política exterior del presidente. En www.state.gov/g/drl/rls/42314.htm puede encontrarse una lista, en inglés, de algunas de las leyes significativas acerca de este tema.

Nuestra lucha por los derechos humanos continuará en tanto haya regímenes que infrinjan la libertad de sus ciudadanos y hasta que los ciudadanos sean capaces de crear instituciones democráticas fuertes, de su propia concepción, que sean capaces de proteger esas libertades en el futuro. Aunque este reto es formidable, nos hemos comprometido a sostener el elemento principal y la práctica de la democracia. Colaborando como estadounidenses y con nuestros amigos y aliados de la comunidad de democracias, podemos abrir un camino hacia la libertad para todos los hombres del mundo.

La libertad y la dignidad humanas son inseparables.

Apoyo a los derechos humanos y la democracia
Historial estadounidense 2004-2005
Hemisferio Occidental

El Hemisferio Occidental se ha transformado a sí mismo durante las dos últimas décadas, pasando de una región dominada por regímenes represivos y autoritarios a una en la que 34 de los 35 países tienen gobiernos democráticamente elegidos y sociedades civiles cada vez mayores. A pesar de esa tendencia favorable, muchos de los países del hemisferio continúan esforzándose por consolidar las reformas democráticas y asegurar el respeto por los derechos humanos fundamentales.

En el curso del año, Haití afrontó la agitación política y el conflicto interno. Tras la renuncia y partida del ex presidente Aristide a fines de febrero, se nombró un gobierno interino por mandato de la constitución (IGOH) el 17 de marzo. Con ayuda de la comunidad internacional, el IGOH emprendió en el curso del año medidas importantes para volver a construir la democracia y el imperio de la ley.

En Bolivia, donde los ciudadanos siguen sin confiar en la habilidad de su gobierno de ofrecer una dirección responsable y sensible, la inquietud del público disminuyó en el 2004 comparada con años anteriores. En Cuba, la represión constante contra los disidentes en pro de la democracia y los activistas de derechos humanos siguió siendo un problema grave. Los ciudadanos de Venezuela, enfrentados a un régimen de gobierno cada vez más autoritario, acudieron a las urnas en agosto en un intento de resolver de forma pacífica y democrática el estancamiento político de la dirigencia del país.

Reconociendo estos desafíos, Estados Unidos prosiguió en 2004 sus iniciativas para fortalecer las instituciones democráticas, promover la buena gobernabilidad y la transparencia, respaldar el imperio de la ley y fomentar un mayor respeto por los derechos humanos. Los esfuerzos de Estados Unidos se centraron tanto en el compromiso diplomático a altos niveles como el trabajo de base con las partes interesadas de la sociedad civil.

Estados Unidos proporcionó asimismo apoyo a las instituciones democráticas claves de la región, incluidos los partidos políticos y la sociedad civil. Las iniciativas para partidos políticos se enfocaron en la democratización interna, la extensión a grupos marginados, la sensibilidad a las necesidades de los votantes y una mayor rendición de cuentas. La asistencia a civiles y la capacitación promovieron una mayor inclusión en el proceso democrático. Como resultado de los programas auspiciados por Estados Unidos, en muchos países los ciudadanos estuvieron en condición de exigir una mayor transparencia y rendición de cuentas en el gobierno.

En Jamaica, la asistencia de Estados Unidos aumentó la habilidad de la sociedad civil para influir en el gobierno, lo que resultó en políticas más enérgicas para combatir crímenes violentos. En la República Dominicana, el sostén diplomático y programático estadounidense fue decisivo en allanar el camino para las elecciones, que fueron reconocidas internacionalmente como libres y justas. En preparación de las elecciones nacionales y municipales en Haití, Estados Unidos proporcionó fondos para la inscripción de votantes, el desarrollo de partidos políticos y la educación de los votantes.

Estados Unidos apuntaló los esfuerzos regionales para resolver los conflictos internos, fortalecer el imperio de la ley, proteger los derechos humanos y promover los derechos de los trabajadores. El Programa estadounidense de Paz en Colombia fue desarrollado en 2004 en respuesta a los esfuerzos del gobierno para ampliar las negociaciones de paz con los grupos armados ilegales.

Estados Unidos estableció centros de coexistencia pacífica en siete municipalidades colombianas plagadas por el conflicto. Estados Unidos asistió también las gestiones del gobierno para reformar los códigos y procedimientos judiciales en toda la región, lo que resultó en mayor eficacia y acceso a la justicia.

Estados Unidos coordinó proyectos en la región para fortalecer los sistemas y mercados laborales mediante el fomento de la libertad de asociación, la negociación colectiva y la protección de normas laborales esenciales. Al abordar la trata de personas, los esfuerzos estadounidenses fueron a menudo regionales, reflejando el hecho de que la trata de personas es un problema que por definición se extiende más allá de las fronteras nacionales.

Las gestiones contra la trata de personas financiadas por Estados Unidos fueron particularmente robustas en Brasil, Perú, Guatemala, República Dominicana y Honduras. La lucha contra el trabajo infantil muchas veces procede de acuerdo con la lucha contra la trata de personas, puesto que los niños son frecuentemente víctimas de la explotación en ambas situaciones. Con el fin de abordar esta amenaza conjunta, Estados Unidos apoya proyectos concebidos para aumentar la conciencia y reducir los casos de trata de personas y trabajo infantil en la región.

El fortalecimiento de los partidos políticos en América Latina

En las décadas recientes América Latina ha experimentado una ola de democratización a medida que la región se aleja de las dictaduras del pasado. Sin embargo, el proceso democrático sigue siendo frágil. Muchos ciudadanos en América Latina consideran que los partidos políticos no están al corriente del pueblo, se dejan guiar por los intereses de la élite, están plagados por la corrupción y son incapaces de cumplir sus promesas o de demostrar liderazgo. Para contrarrestar estas preocupaciones, el Instituto Nacional Democrático (NDI) ha emprendido un proyecto cuyo propósito es rejuvenecer y fortalecer los partidos políticos en Argentina, Bolivia y Perú.

El NDI, utilizando una metodología interactiva y de participación que enseña "mejores prácticas" para la gobernabilidad democrática, ofreció en febrero talleres regionales en los que participaron 18 representantes de organizaciones que se especializan en capacitar a partidos políticos. La iniciativa del NDI, financiada por Estados Unidos, pidió a cada participante que elaborara y pusiera en práctica un proyecto que mejorara entre sus clientes la democracia interna, la transparencia y la divulgación al electorado. Si bien este proyecto enfrentó objeciones en Bolivia -- lo cual alude a la necesidad de redoblar los esfuerzos de revitalización de los partidos políticos en ese país -- la iniciativa tuvo un éxito visible en Argentina y Perú.

Los participantes se tomaron el modelo de "capacitación del capacitador" a pecho y adaptaron el programa del NDI para uso local. En las sesiones del seminario el NDI proporcionó metodologías y materiales de capacitación para ayudar a los participantes a llevar a cabo sus proyectos, entre los que figuraron la instrucción sobre resolución de problemas políticos, la provisión de recomendaciones acertadas sobre políticas y las actividades de divulgación a la juventud. Como un recurso más para los reformadores de partidos políticos, el NDI publicó en su sitio web una serie de estudios de caso, en español, que representan mejores prácticas que han tenido gran éxito.

Versión completa en inglés:
http://www.state.gov/g/drl/rls/shrd/2004