Desde la arbitraria detención de los ciudadanos sin una acusación formal, la persecución de inmigrantes, procesos judiciales sin garantías y en secreto, sin excluir la detención indefinida sin juicio, hasta la más feroz "cacería de brujas", predominan actualmente en  el panorama político y social norteamericano.

Las organizaciones de prensa y de defensa de la libertad de expresión vienen señalando desde hace mucho que la "Ley Patriot" avasalla y quebranta el derecho a la información  otorgado por la Constitución norteamericana.

"Mientras hace la guerra en nombre de la democracia, el Gobierno de Estados Unidos está siendo acusado de recortar la libertad de prensa, ya que algunos periodistas se enfrentan la cárcel por unos principios que dicen que están consagrados en la Constitución", señaló el domingo la agencia Reuters.

Organizaciones y periodistas vienen denunciando que -y a caballo de la legislación "antiterrorista"-  la libertad de prensa en EEUU ha sufrido destacables retrocesos, creciendo en cambio la manipulación informativa y la difusión de falsas noticias que hace la Casa blanca con periodistas pagos.

La organización especializada Freedom House, destaca que a pesar de que cierta leyenda convencional  indica que los medios estadounidenses son los "más libres del mundo", la libertad de prensa en este  país ha sufrido ”destacables retrocesos” en la materia.

La polémica sobre el  "secretismo informativo" y la censura oficial cobró nuevamente vigencia la semana pasada cuando la Corte Suprema estadounidense rechazó los recursos de dos periodistas que se negaron a declarar sobre la filtración de la identidad de una agente de la CIA.

Los informadores habían pedido al Alto Tribunal que examinara una cuestión que se discutió hace más de 30 años: si los reporteros pueden ser encarcelados por negarse a revelar sus fuentes.

Judith Miller, del diario The New York Times, y Matthew Cooper, del semanario Time, habían llegado a la máxima instancia por negarse a revelar sus fuentes confidenciales  que en 2003 filtraron a la prensa el nombre de la espía de la CIA, Valerie Plame.

Los fiscales exigieron a esos dos periodistas que entregaran toda la información que poseían, y  Miller y Cooper perdieron sus casos en los tribunales de primera instancia en que se trató el tema. Luego elevaron sus alegatos a la Corte Suprema de Justicia.

La negativa del alto Tribunal llevó a que Matthew Cooper, de la revista Time, y Judith Miller, del diario The New York Times, que presentaron los recursos de apelación, se enfrentan a 18 meses de cárcel por negarse a revelar las fuentes como parte de una investigación en la que fue divulgado el nombre de la funcionaria de la CIA Valerie Plame.

En un comunicado, el director del New York Times , Arthur Sulzberger, afirmó que es "increíble que Judy esté a punto de tener que cumplir una condena en la cárcel por reunir de manera rutinaria informaciones sobre un caso público relevante (y) mantener su palabra ante las fuentes.

Un total de 34 estados y varias organizaciones periodísticas pidieron la intervención del Tribunal Supremo, indicando que la preservación de fuentes confidenciales es importante en la recolección de noticias.

"Al tiempo que los medios luchan para recuperar la confianza del público tras diversos escándalos mediáticos, los periodistas sufren la presión de no permitir que sus principios dejen de lado la seguridad, en un momento en que el Gobierno ha declarado la "guerra al terrorismo", señaló el domingo la agencia Reuters.

La revista Time, por su parte,  informó la semana pasada  que entregará a un jurado el ordenador portátil del periodista Cooper (quien mantuvo el desacato frente al Tribunal) a pesar del deseo del reportero de ser encarcelado para mantener su promesa de proteger a sus fuentes.

La iniciativa de Time fue condenada por la Federación Internacional de Periodistas, que tiene 500.000 miembros en más de 100 países y que la calificó como una "profunda traición" de los principios de la libertad de prensa.

"Se les ha declarado la guerra a los periodistas y, por extensión, a la información que el Gobierno no quiere que la gente conozca", expresó en su editorial el diario The Seattle Times.

Lucy Dalglish, líder del Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa, manifestó que el poder judicial se ha vuelto más agresivo para solicitar información a los periodistas desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

"Estamos viendo más citaciones en las cortes federales en los meses recientes de las que tuvimos en los últimos 35 años. Estamos viendo más y más secretos guardados por el Gobierno federal desde el 11 de septiembre", explicó Dalglish.

El Comité de Protección de Periodistas (CPJ por su sigla en inglés) dijo que los casos de los reporteros de Time y The New York Times sientan un mal precedente para los medios de los países con gobiernos represivos.

"El presidente George W. Bush planteó la necesidad de una mayor libertad de prensa en Rusia, Oriente Medio y Asia, pero el mensaje de los fiscales y las cortes de Estados Unidos es escuchado más claramente en las regiones del mundo en las que hay represión", manifestó el CPJ.

Algunos especialistas sostienen que las visiones de la mayoría del público estadounidense y de los medios se están desarrollando de forma separada.

"Para la mayoría de la gente es muy difícil ver por qué el derecho de un periodista a proteger a sus fuentes atentaría contra la seguridad nacional", expresó Rodney Smolla, decano de la Universidad de Leyes de Richmond.

Calificación de EEUU

En mayo pasado Freedom House, institución con sede en Nueva York, divulgó su informe anual en vísperas del Día Internacional de la Libertad de Prensa señalando  los periodistas que en 2004 trabajaron con menos trabas a la información fueron los de Finlandia, Islandia y Suecia.

En cambio, las peores restricciones se registraron en Corea del Norte, Birmania, Cuba y Turkmenistán.

Estados Unidos se posicionó, junto con Barbados, Canadá, Dominica, Estonia y Letonia, en el lugar 25 entre los 194 países analizados en el informe.

Los países -según la organización- fueron calificados de acuerdo con la observación de tres parámetros: el ámbito legal en que operan los medios, las influencias políticas sobre el reportaje periodístico y el acceso a la información, y las presiones económicas para determinar el contenido y la divulgación de noticias.

Freedom House consideró que la calificación de Estados Unidos cayó, en parte, debido a ”varios casos legales en que los fiscales procuraron obligar a los periodistas a revelar sus fuentes o entregar sus notas u otros materiales recogidos por ellos en el curso de investigaciones”.