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(IAR-Noticias)
25-Jul-05
Informe especial
 Los
nuevos "incidentes" terroristas, con pánico y evacuaciones del metro, ocurrieron
24 horas después de que Tony Blair presentara ante el parlamento británico un
nuevo proyecto de "ley antiterrorista", en respuesta a los sangrientos
atentados del pasado 7 de julio en Londres.
Como en el 11-S en EEUU, el proyecto instaura una
especie de "Ley Patriota" británica que cercena derechos constitucionales
y otorga superpoderes a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia
para perseguir y apresar a sospechosos, sobre todo de origen islámico.
También en "curiosa coincidencia",
y en pleno desarrollo de la nueva "psicosis de miedo" en Londres, la Cámara de
Representantes de EEUU aprobó la renovación de la Ley Patriota,
uno de los principales instrumentos legales en la llamada "guerra contra el
terrorismo".
Esta legislación represiva,
introducida como respuesta a los ataques producidos el 11 de septiembre
de 2001, otorga poderes sin precedentes a los aparatos de seguridad para
investigar y detener indiscriminadamente a "sospechosos" de actos
relacionados con el "terrorismo".
En una sesión que se prolongó hasta
altas horas de la noche del jueves, y que -no por casualidad- estuvo plagada de
referencias a los incidentes ocurridos en Londres, la renovación fue
aprobada por una votación de 257 a 171.
Todavía es necesario, sin embargo, que la Ley Patriota sea aprobada por el
Senado donde los republicanos también cuentan con mayoría.
Algunas de las disposiciones legales expiraban a finales de este año, razón por
la cual el presidente (o comandante supremo de la "guerra contraterrorista" )
George W. Bush había instado al legislativo a renovar los dispositivos de la ley
represiva.
"La Ley Patriota es fundamental en nuestros esfuerzos para combatir el
terrorismo y proteger a los estadounidenses", señaló el mandatario
estadounidense, quien recibió con beneplácito la decisión de la Cámara de
Representantes del Congreso.
Varios de los parlamentarios de oposición que votaron en contra expresaron
"preocupación" por la medida.
"Ese texto que tenemos frente a nosotros falla al no ofrecernos suficiente
confianza", comentó Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara.
Grupos opositores y organizaciones de derechos humanos también manifestaron su
inconformidad argumentando que el instrumento legal infringe y avasalla las
libertades civiles.
La Ley Patriota
 Cuando
fue aprobada la Ley Patriota los ciudadanos norteamericanos y
residentes en el país vieron vulnerados y pisoteados sus
más elementales derechos humanos y libertades civiles.
Las
metodologías represivas utilizadas por las autoridades
y los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría, en plena euforia del
"anticomunismo" paranoico, volvieron a ser implementadas por
la administración Bush utilizando como pretexto el ataque
terrorista del 11-S en EEUU.
Al igual que la criminal Ley McCarthy-Walter,
empleada durante la Guerra Fría, la USA Patriot socavó las libertades públicas y
civiles en EEUU, desató una "cacería de brujas " contra la
comunidad islámica, y convirtió al país en una orgía desatada del espionaje
represivo.
Desde la arbitraria detención de los
ciudadanos sin una acusación formal, la persecución de inmigrantes, procesos
judiciales sin garantías y en secreto, sin excluir la detención indefinida
sin juicio, hasta la más feroz persecución de
"sospechosos" sin pruebas, volvieron a predominar en
el panorama político norteamericano.
La Ley Patriota otorga
al gobierno la potestad de imponer "orden mordaza" a las personas e
instituciones que son obligadas a dar registros e información bajo pena de
cárcel si se niegan.
Amparado en esta ley, desde
mediados del año 2004 el FBI ha puesto en práctica planes
y operaciones de espionaje interno orientados a intimidar y agredir a
los adversarios de la política belicista
del gobierno de Bush.
La metodología de persecución, acopio de información y
procedimientos operativos se basan en postulados de la "guerra
contraterrorista" externa. Se identifica a los adversarios de Bush como
incursos dentro de un "eje del mal" interno que amenaza la seguridad nacional
de EEUU.
La metodología "contraterrorista" del FBI
aplicada contra los activistas "antiguerra" busca
crear cierta mentalidad para confundir al terrorismo
externo con toda oposición que pueda producirse dentro del
país.
La premisa básica es que toda persona
que se oponga a la política extranjera o interna del gobierno es, por
obligación, culpable de auxiliar e incitar a los terroristas.
Creada
a partir del "atentado terrorista"
a las Torres Gemelas, la legislación avasalla y quebranta
el derecho de amparo otorgado por la Constitución, la
cual impedía las persecuciones arbitrarias así como los
registros y arrestos ilegales.
La
Patriot USA de Bush permite que,
sin autorización expresa, todas las dependencias
represivas (policiales o de inteligencia)
tengan acceso a correos electrónicos, conversaciones por teléfono y
hasta videos de las actividades cotidianas de cualquier ciudadano.
Todo este
espionaje lanzado sobre cualquier ciudadano, puede ser presentado sin más
trámite como
prueba y testimonio ante un gran jurado.
La suspensión de los
derechos civiles, tanto como la manipulación masiva de la
psicosis
"antiterrorista" a través de
los medios de comunicación, fueron utilizados por la
administración Bush como argumento principal para
justificar las invasiones y ocupaciones militares
en Afganistán e Irak.
En el
presente se la sigue utilizando para justificar las persecuciones represivas
contra los opositores internos, y constituye la piedra basamental de las
"guerras contraterroristas" (doctrina de la Guerra Preventiva) lanzadas por
el Imperio norteamericano para apoderarse de recursos estratégicos en todo el
planeta.
La
imposición de la "Ley Patriot" a los gobiernos latinoamericanos
constituye el "marco legal" de la "Guerra Contraterrorista" que la CIA, el
Pentágono y el Departamento de Estado ya están aplicando en Latinoamérica.
El ex Fiscal
de la nación, John Ashcroft, compareció ante el Comité Judiciario del
Senado en diciembre, 2001, para explicar
la lógica en la que el gobierno se basaba para
adoptar las medidas dictatoriales de "seguridad interna".
Ashcroft defendió las acciones del
gobierno para crear tribunales militares secretos en los cuales enjuiciar a
individuos acusados de ser terroristas y puntualizó que todo el
que criticara esas medidas "le estaba dando munición a los
enemigos de Estados Unidos".
Luego formuló una
advertencia: "A aquellos que les gusta asustar a la gente que aman la
paz con el fantasma de las libertades que han desaparecido les tengo este
mensaje: las tácticas de ustedes sólo ayudan a los terroristas, pues socavan
la unidad nacional y disminuyen nuestra determinación". [Ver en inglés
“Ashcroft
defends Bush’s war against the Constitution: Tells Senate hearing that critics
‘aid terrorists’”]
La acción
represiva
 Durante
la Convención Nacional Demócrata, celebrada en Boston
en agosto del año 2004, y la Convención del Partido
Republicano en la ciudad de Nueva York a principios de septiembre, la
Fuerza de Tarea Conjunta Contra el Terrorismo (JTTF])
del FBI movilizó a sus agentes para que
espíen, interroguen y amenacen a los manifestantes contra la guerra,
inclusive interferir con sus actividades para rendirlas obsoletas.
Violando los
derechos democráticos básicos y constitucionales, la JTTF actualmente
mantiene bajo vigilancia y en varios casos ha interrogado a docenas de personas
en por lo menos seis estados acerca de sus acciones y opiniones en contra de
la guerra de Irak.
La JTTF ha visitado los
hogares y lugares de trabajo de opositores a la guerra,
así como también a amigos y a parientes. En ninguno de los casos
se comprobó evidencia de actividad delictiva—ni perpetrada ni
calculada—por parte de los individuos interrogados, no obstante
lo cual el grupo especial del FBI los tiene fichados e identificados como
"terroristas.
Siguiendo las pautas establecidas por
la política del gobierno de Bush tras los ataques terroristas del 11 de
septiembre, el FBI argumenta que se ve obligado a poner
en práctica estas medidas debido al estado de "guerra
contra el terrorismo", la que -según el criterio oficial-
está por encima a todas las libertades civiles fundamentales, inclusive
la Primera Enmienda a la Constitución, que garantiza la libertad de expresión y
la asociación libre.
Para las víctimas,
este espionaje no es más que la resucitación del maccartismo,
cuyo objetivo es silenciar a los los grupos, activistas
y dirigentes que se oponen a la estrategia belicista y las distintas políticas
represoras de la administración Bush.
La Unión pro
Derechos Civiles de Estados Unidos (ACLU)
informó en varias oportunidades el año
pasado, que agentes del FBI vigilaban constantemente
las actividades de los activistas políticos
que planeaban manifestarse en
varios acontecimientos políticos protagonizados por Bush,
inclusive la Convención Nacional Republicana en septiembre de 2004.
El mismo esquema
"preventivo" repitieron antes de la gran fiesta de asunción del segundo
mandato de Bush en Washington, oportunidad en que fueron detenidas centenares de
personas fichadas como "terroristas" en los archivos del
JTTF.
El 16 de octubre
pasado,The New York Times reportó que tres
hombres en el Estado de Missouri, fueron perseguidos por agentes federales
por varios días durante el período previo a la realización de
la convención Demócrata.
Según el diario, agentes del FBI visitaron los hogares de
los padres de los jóvenes y los interrogaron acerca de las actividades y
creencias políticas de sus hijos.
Los tres jóvenes habían planeado
participar con un grupo activista en una manifestación
contra Bush durante la convención, pero no pudieron salir
del estado debido a una orden jurídica
que los obligó a comparecer ante un gran jurado federal el 29 de julio.
Denise Lieberman, directora de
asuntos jurídicos de la ACLU en la sección oriental de Missouri,
señaló: "La experiencia de ser vigilados por la JTTF debido a sus
actividades de protesta han dejado a estos tres jóvenes muy aterrorizados. Las
interrogaciones del FBI han tenido un efecto escalofriante sobre la
libre expresión."
En Denver,
Estado de Colorado, en el mismo periodo agentes
policiales visitaron el hogar de Sarah Bardwell, estudiante de 21 años de edad
que estaba haciendo un cursillo con el Comité de Servicio de los Amigos Americanos, grupo
cuáquero contra la violencia.
La joven fue
interrogada por cuatro agentes del FBI y dos oficiales de la policía de
la ciudad de Denver, oportunidad en que, (según
denunció la estudiante a la
ACLU)
los agentes le dijeron a ella y a sus compañeras de casa que
"estaban tomando ciertas medidas de precaución e investigatorias".
Según la ACLU, las preguntas que los
agentes le hicieron a Sarah fueron muy similares a las que se le hicieron a
otros que la JTTF había previamente interrogado: "¿Tiene usted planes para
perpetrar actos criminales en la convención nacional? ¿Conoce a alguien que
tenga esos planes? ¿Sabe usted que es un crimen tener conocimiento de, o
prestarle ayuda a, alguien que tiene planes para perpetrar dicho delito y no
denunciarlos?"
Los "planes" de los
activistas contra el belicismo de Bush consisten simplemente en expresar
públicamente su descontento con la política oficial de la Casa Blanca.
La cacería de musulmanes
 Para las organizaciones de derechos humanos y los grupos de
activistas la persecución que el FBI ha puesto en marcha es un elemento
muy importante de la
"guerra contra el terror" del gobierno de Bush.
Y es con esta "guerra"
-señalan- que el gobierno ha buscado, desde un principio,
la manera de sembrar el pánico proveniente de peligros externos y así justificar
las medidas dictatoriales puestas en práctica por el
estado mismo. Inmediatamente tras los ataques del 11 de septiembre, el blanco
principal de estos ataques fueron inmigrantes árabes y musulmanes.
Varias redadas terminaron en el
encarcelamiento de miles de personas por el solo hecho de su
militancia contra el gobierno de Bush, o por pertenecer a la comunidad árabe
o musulmana.
Muchos permanecieron detenidos por
meses sin imputárseles ningún cargo. Otros fueron
deportados sólo por haber infringido ciertos reglamentos
insignificantes de inmigración. Este ataque contra los derechos básicos cada vez
más se dirige contra los propios ciudadanos de Estados Unidos,
denuncian las organizaciones de derechos humanos.
Para esas
organizaciones, Bush y los Republicanos, con el apoyo de la gran mayoría
de los Demócratas en el Congreso de EEUU, se aprovecharon
de los eventos del 11 de septiembre, 2001, para socavar, de una manera sin
precedente, derechos civiles muy antiguos: el derecho
a la privacidad, la protección contra los registros y las incautaciones
ilegales, la presunción de la inocencia y el derecho de habeas corpus.
A instituciones del Estado,
tales como el FBI y la CIA, se les ha concedido poderes sin paralelo para
compartir información por medio de enormes bases de datos
computarizados, en tanto que el Acta Patriota de Estados Unidos de
América y el Ministerio para la Seguridad de la Patria han integrado estas
medidas anticonstitucionales a la estructura jurídica del país.
La paranoia
persecutoria de la administración Bush se puso de manifiesto el día de la
asunción del segundo turno presidencial enmarcado por el despliegue de
más
de 6.000 efectivos policiales, 10 mil soldados
de fuerzas especiales (sin contar un número no
especificado de agentes del servicio secreto y policías sin uniforme),
mientras el área era vigilada por helicópteros
y
sistemas electrónicos de última generación.
Según el corresponsal de la BBC, unas cien cuadras del
centro de Washington fueron cerradas al tráfico,
en otras cien
había restricciones a la circulación, y,
a diferencia de ceremonias anteriores, esta vez se han establecido
controles estrictos para presenciar el desfile.
En esa oportunidad
los grupos operativos del
JTTF practicaron. antes y durante la ceremonia, centenares de
detenciones que fueron cuidadosamente omitidas por la gran prensa en su
cobertura de información.
Un titular de The New
York Times justificó ímplicitamente las
detenciones realizadas por el gobierno y pintó de "agitadores
políticos" a las víctimas del espionaje del FBI.
En distintas ediciones, el influyente diario estadounidense
críticó a estas "investigaciones burdas" del FBI,
llamándolas ineficaces y un desvío de la verdadera "lucha contra nuestros
enemigos extranjeros".
Las organizaciones de derechos humanos
sostienen que existe una similitud
muy nefasta entre esta política "preventiva" contra ciudadanos
y residentes que respetan las leyes y, por otra, la política
oficial por la cual
el gobierno de Bush lanza "guerras
preventivas contra otros países, pretextando
la "amenaza a la seguridad nacional".
La reciente
aprobación de una extensión de la Ley Patriota, aprovechando los sucesos
terroristas de Londres, indica que la administración Bush está dispuesta a
reinstalar la "guerra contraterrorista" y a lanzar una nueva cacería contra la
oposición interna bajo pretexto de combatir a los que atentan contra la
seguridad nacional de EEUU.
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En
pleno "pánico" en Londres, El Congreso aprobó una extensión de la Ley Patriota
