Miller, del diario The New York Times, y Matthew Cooper, del semanario Time, habían llegado a la máxima instancia por negarse a revelar sus fuentes confidenciales  que en 2003 filtraron a la prensa el nombre de la espía de la CIA, Valerie Plame.

Los fiscales exigieron a esos dos periodistas que entregaran toda la información que poseían, y  Miller y Cooper perdieron sus casos en los tribunales de primera instancia en que se trató el tema. Luego elevaron sus alegatos a la Corte Suprema de Justicia.

Karl Rove, asesor estratégico y llamado el "cerebro" de Bush, aparece en varios emails como una de las fuentes que había revelado  a la prensa la identidad de la agente de la CIA en medio de una investigación muy crítica con el gobierno republicano tras la invasión a Irak.

Wilson había sido enviado por la Casa Blanca un año antes a Niger para investigar si Saddam Hussein buscó comprar uranio en esa nación africana para fabricar armas prohibidas. A su regreso, el diplomático dijo que nada de lo que la Casa Blanca afirmaba sobre Saddam y Niger era cierto.

Después de que el nombre de su esposa apareciera en la prensa, Wilson dijo que ese hecho ponía en riesgo su vida por tratarse de una agente de inteligencia y acusó a Rove de haber revelado el nombre como venganza. Después, Wilson se retractó.

Tanto Miller como su colega Cooper se negaron a revelar sus fuentes en una historia sobre ese operativo de la CIA.

Miller y Cooper invocaron el derecho al secreto profesional que les permitiría respetar el anonimato de sus fuentes, por lo que desafiaron la orden.

Finalmente  La revista Time y Cooper accedieron a entregar e-mails y algunas notas.  "Nosotros no estamos por encima de la ley", comentó Norman Pearlstine, el editor en jefe de esa publicación al anunciar que cooperarían con la investigación.

Pero Miller se negó a revelar sus fuentes en protección a su secreto profesional, afirmando  que prefería ir a la cárcel antes que revelar sus fuentes.

La polémica sobre el  "secretismo informativo" y la censura oficial cobró nuevamente vigencia cuando la Corte Suprema estadounidense rechazóel recurso de la periodista que se negó a declarar sobre la filtración de la identidad de la agente de la CIA.

Los informadores habían pedido al Alto Tribunal que examinara una cuestión que se discutió hace más de 30 años: si los reporteros pueden ser encarcelados por negarse a revelar sus fuentes.

En un comunicado, el director del New York Times , Arthur Sulzberger, afirmó entonces que es "increíble que Judy esté a punto de tener que cumplir una condena en la cárcel por reunir de manera rutinaria informaciones sobre un caso público relevante (y) mantener su palabra ante las fuentes.

Un total de 34 estados y varias organizaciones periodísticas pidieron la intervención del Tribunal Supremo, indicando que la preservación de fuentes confidenciales es importante en la recolección de noticias.

"Al tiempo que los medios luchan para recuperar la confianza del público tras diversos escándalos mediáticos, los periodistas sufren la presión de no permitir que sus principios dejen de lado la seguridad, en un momento en que el Gobierno ha declarado la "guerra al terrorismo", señalaba  la agencia Reuters al conocerse que Miller iría a la cárcel .

Hoy la periodista Miller es una de 475 personas detenidas en el Centro de Detención de Alexandria.

Entre ellas hay algunos de los más famosos sospechosos de "espionaje y terrorismo".

Zacarias Moussaoui, la única persona acusada en vinculación con los ataques del 11 de septiembre del 2001, ha estado en esa cárcel durante más de tres años.

Se ha permitido al detenido que utilice seis cuartos, para poder alojar una enorme cantidad de documentos que piensa presentar en el 2006, cuando se inicie su proceso en una corte federal.

También en la cárcel de Alexandria está Ahmed Omar Abu Ali, acusado de ser miembro de la red terrorista al-Qaida y de complotar para asesinar al presidente George W. Bush.

Entre los previos detenidos se hallaba el ex agente del FBI Robert Hanssen, que entregó secretos a los soviéticos durante dos décadas, y el "talibán estadounidense" John Walker Lindh, capturado en un campo de batalla en Afganistán en el 2001.

"Se les ha declarado la guerra a los periodistas y, por extensión, a la información que el Gobierno no quiere que la gente conozca", expresó en su editorial el diario The Seattle Times en relación a la prisión de Miller .

Lucy Dalglish, líder del Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa, manifestó que el poder judicial se ha vuelto más agresivo para solicitar información a los periodistas desde los ataques del 11 de septiembre de 2001.

"Estamos viendo más citaciones en las cortes federales en los meses recientes de las que tuvimos en los últimos 35 años. Estamos viendo más y más secretos guardados por el Gobierno federal desde el 11 de septiembre", explicó Dalglish.

El Comité de Protección de Periodistas (CPJ por su sigla en inglés) dijo que la prisión para la periodista de The New York Times sienta un mal precedente para los medios de los países con gobiernos represivos.

"El presidente George W. Bush planteó la necesidad de una mayor libertad de prensa en Rusia, Oriente Medio y Asia, pero el mensaje de los fiscales y las cortes de Estados Unidos es escuchado más claramente en las regiones del mundo en las que hay represión", manifestó el CPJ.