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(IAR-Noticias)
16-Nov-05
Si es hallado culpable,
Libby podría ser condenado a hasta 30 años de prisión,
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Según el semanario Newsweek, la semana pasada el vicepresidente estadounidense,
Dick Cheney, citó a los republicanos del Senado a una reunión a puertas
cerradas.
Cheney,
a diferencia de su habitual carácter moderado y tranquilo, lucía nervioso, casi
enojado, y sus palabras irradiaban una vehemencia desacostumbrada.
Cheney dijo a los parlamentarios
republicanos estar muy molesto por la aprobación de una enmienda que
prohíbe el tratamiento inhumano a terroristas detenidos.
Aseguró a los legisladores que esta
ley ataría las manos del Presidente y terminaría costando “miles de
vidas” y dramatizó el punto estableciendo un escenario en el que un operativo
capturado de Al Qaeda, otro Khalid Shaikh Mohammed, rehúsa dar a sus
interrogadores los detalles de un ataque inminente.
“Debemos ser capaces de hacer lo que
sea necesario”, dijo el vicepresidente, de acuerdo con lo dicho por uno de los
senadores presentes.
Según
Newsweek, los legisladores
escuchaban, pero no actuaron ni pronunciaron palabra.
El senador John McCain, autor de la
"enmienda anti-tortura", afirmó: “Esto nos está matando en todo el
mundo.” Se espera que la Cámara, que probablemente votará pronto al respecto,
apruebe la enmienda por un amplio margen.
Antes de la reunión de Cheney con los senadores, y pese a la presión sobre
la Casa Blanca para que revele detalles del llamado sistema
encubierto de prisiones de la CIA, George W. Bush justificó
enérgicamente el lunes los programas de interrogatorio en la "guerra antiterrorista" y
se
opuso a la iniciativa del Congreso para proscribir la tortura.
"Hay un enemigo al acecho que
confabula, planea y desea volver a
herir a Estados Unidos'', dijo Bush. "Por lo tanto pueden estar
seguros de que vamos a perseguirlos agresivamente, pero lo haremos
dentro de la ley''.
No obstante el apoyo y la
confianza de los Bush (es un viejo amigo y compañero de
andanzas imperialistas del ex presidente George Bush, y se dice que
por encargo de su padre ejerce una especie de "tutoría política"
sobre el actual presidente George W.) todos en Washington coinciden
en que estos son tiempos "difíciles" para Cheney.
 Lewis
Libby, que según estimaciones de juristas podría ser condenado hasta a 30
años de prisión, dimitió minutos después de que los cargos fueran entregados
a un tribunal federal en Washington.
Karl Rove, el máximo asesor estratégico del presidente George W. Bush, aunque
también está en la primera línea de fuego con el "CIAgate", no fue
imputado junto con Libby, pero el fiscal Patrick Fitzgerald ha dejado claro
que Rove continuaba siendo investigado y estaba en aprietos legales,
dijeron los abogados.
La acusación judicial contra
Libby es un duro golpe para la administración Bush-Cheney, que ya se encuentra atacada
en varios frentes y a la defensiva por las críticas que despertó su respuesta al
huracán Katrina, la creciente oposición a la guerra en Irak y la retirada de la
nominación de Harriet Miers para el Tribunal Supremo de Justicia.
Los Angeles Times señalaba que la Casa Blanca y los líderes
republicanos del Congreso también enfrentan el descontento de los segmentos
más conservadores del partido, opuestos a algunas políticas y decisiones del
gobernante, entre ellas la nominación de Harriet Miers para la Corte Suprema,
quien acaba de renunciar a sus postulación.
"Estos conflictos internos complican el desafío que tienen ante sí tanto Bush
como el Partido Republicano, para recobrar la iniciativa en Washington y
prepararse para los comicios parciales de 2006", indicaba el diario
opositor.
Hasta hace muy poco
la propia autoridad de Cheney se había mantenido incólume en
el Washington republicano.
Pero una parte de los senadores
republicanos, conscientes del giro de desgaste que han experimentado el
presidente y el vicepresidente, comienzan a desafíar abiertamente su política de
línea dura, como sucedió con la presentación de la "enmienda anti-tortura".
Varias figuras poderosas, en la Casa
Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono, ahora se están alejando,
preocupados por el escándalo que envuelve a Bush y a Cheney en varios frentes.
Todo este proceso, y la encarnizada
campaña mediática llevada a cabo por los medios opositores a Bush con los
influyentes The New York Times y The Washington Post a la cabeza, agrega
combustible a la guerra por el poder lanzada por los demócratas
aprovechando la caída pronunciada del presidente George W Bush en las encuestas.
Para la la mayoría de los expertos en
Washington el "CIA-gate", o el "caso Plame" , trasciende lo judicial y se
convierte en un ajuste de cuentas post-electoral para los sectores
demócratas y grupos del establishment que se vieron postergados, tras las
elecciones de noviembre pasado, de acceder a la Casa Blanca con la reelección de Bush.
Soldado de EEUU hace
señal de
victoria sobre el cadáver de un torturado conservado en
hielo. (AP)
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No por casualidad, quien acompañaba a Cheney en sus reunión con los senadores de la
semana pasada, era el remplazante de Lewis Libby en la jefatura del
gabinete vicepresidencial: David Addington.
Al estar Libby "fuera del tablero de
jugada", el vicepresidente ascendió a David Addington, un asesor leal, para que
reviste como su nueva mano derecha y Jefe de Estado Mayor.
Addington, un halcón de ultraderecha,
ha estado al lado de Cheney desde la década de 1980, cuando Cheney
era miembro del Congreso y Addington revistaba como abogado del comité de
Inteligencia de la Cámara.
Cuando Cheney fue nombrado Secretario
de Defensa, bajo el mandato del primer presidente Bush, Addington estuvo a su
lado, y desde entonces se convirtió en uno de sus hombres de máxima confianza y
vivió a la sombra del vicepresidente.
Considerado un hábil y
astuto lobbysta, que utiliza su fuerte carácter de manera estratégica para
doblegar a sus enemigos, Addington, ahora de 48 años, se convirtió en
consejero de Cheney y en uno de los hombres más influyentes de Washington.
Addington, considerado un "adicto al
trabajo", quien, al contrario de Libby, luce bajo perfil y rehuye a los
reporteros, es, aparte de Cheney, el principal defensor de la utilización de
programas de tortura contra los "sospechosos de terrorismo".
Luego se conoció que
David Addington fue el verdadero autor de uno
de los "memorandos
sobre tortura" de la Casa Blanca, en los que se sostenía que el presidente George Bush tenía la
autoridad de violar las Convenciones de Ginebra sobre el
trato a prisioneros de guerra, en la "guerra contra el terrorismo".
La revelación de que Addington fue el
autor del borrador del memorando del 25 de enero de 2002 dirigido al Presidente,
apareció el 3 de julio en un reportaje de internet del semanario Newsweek.
Un asistente anónimo del entonces
asesor jurídico de la Casa Blanca, Alberto González, le dijo a Daniel Klaidman
de Newsweek que "el memorando en realidad no lo escribió González, sino el principal abogado de Dick Cheney,
David Addington, un halcón
muy agresivo".
El memorando que firmó Alberto
González decía que la lucha contra el terrorismo es una "guerra de nuevo tipo",
que "hace obsoletas" y hasta "peregrinas" las provisiones de Ginebra.
Fue Addington el "verdadero autor"
del memorando de Alberto González de enero de 2002, que argumentaba que los
combatientes talibanes y de Al Qaeda capturados no deberían ser amparados por la
Convención de Ginebra.
 Según Newsweek
fue Addington quien estuvo detrás de la orden
presidencial que establecía los tribunales militares y fue él quien argumentó
apasionadamente que el Presidente posee poderes casi ilimitados en tiempos de
guerra, un punto de vista que fue deletreado en el “Memorando sobre torturas”, y
del que la administración Bush se vio forzada, en su momento, a retractarse bajo la
presión pública.
La
semana pasada The Washington Post reveló que la CIA mantiene prisiones
secretas en países de Europa Oriental y de Asia para interrogar a sospechosos de
ser miembros de Al Qaeda.
Considerando
las torturas, abusos, vejaciones y maltratos a los prisioneros de Abu Ghraib y
de la Base Naval de Guantánamo es obvio que la crueldad extrema tiene asiento en
las cárceles de la CIA.
Entre
sus
ejecutores están agentes del espionaje y la guerra sucia, militares, policías
militares, interrogadores de empresas contratistas y, según testimonios, hasta
personal médico para facilitar el trato vejaminoso y la obtención de información
en los interrogatorios.
En otro flanco, el dictamen que
emitió el Departamento de Justicia de John Ashcroft el 1 de agosto de 2002,
sobre cómo tratar a los "combatientes enemigos" y a los prisioneros de guerra
(según los lineamientos de los "memorandos de la tortura" de Bush) reza: "Concluimos que para que un acto
constituya tortura como se le define en la Sección 2340, debe inflingir un dolor
que sea díficil de soportar.
Para que constituya tortura, el dolor
físico tiene que equivaler en intensidad al dolor que acompaña a una herida
física seria, tal como la paralización de un órgano, el deterioro de una función
corpórea, o aun la muerte"; de otra forma el dolor que se le inflija a un
prisionero de guerra no es tortura.
Según la agencia IPS, Addington trabajó para Cheney en
diversos "puestos" desde mediados de los 80, cuando éste era miembro del Comité
de Inteligencia de la Cámara de Representantes, defendiendo al presidente Ronald
Reagan (1981-1989) en el escándalo "Irán-Contras", la venta encubierta de
armas a Irán y el uso de esas ganancias para financiar la contrarrevolución
nicaragüense.
El nuevo jefe de gabinete del vicepresidente es un fuerte defensor del
unilateralismo en la política exterior de Washington y de la extensión del
poder presidencial, sobre todo en tiempos de "guerra".
Addington, cercano colaborador del embajador estadounidense en la Organización
de las Naciones Unidas, John Bolton, muestra un abierto desprecio hacia el
derecho internacional.
El funcionario fue criticado por organizaciones de derechos humanos como
Amnistía Internacional y Human Rights Watch por defender dentro del gobierno de
George W. Bush la exclusión de todos los detenidos en el marco de la "guerra
contra el terrorismo" de todo derecho a proceso justo y de las protecciones
de la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra.
Según la publicación National Journal, Addington se ha resistido en forma
constante -y hasta ahora exitosa, pese a las objeciones de algunos consejeros de
Bush- a entregar al parlamento la información de inteligencia que manejó la Casa
Blanca antes de lanzar la guerra contra Iraq, en marzo de 2003.
Según
informes noticiosos y testimonios ante el Congreso, altos funcionarios del
Pentágono, incluyendo a Rumsfeld y al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general
de la Fuerza Aérea estadounidense Richard Myers, fueron informados de la
existencia de fotografías y videocintas de las torturas en Abu Ghraib en una
llamada que les hizo por la línea confidencial el general John Abizaid, jefe del
Comando Central, a mediados de enero de 2004.
Ya desde el 1 de julio de 2003, cuando Amnistía
Internacional dio a conocer un informe en el que acusaba al Ejército
estadounidense de someter a los prisioneros iraquíes a condiciones "crueles,
inhumanas o degradantes", se sabía de las torturas.
Cuando el Pentágono nombró el 31 de enero al
general Antonio M. Taguba para que dirigiera una investigación formal sobre las
torturas en Abu Ghraib, altos funcionarios militares y civiles del departamento
de Defensa intentaron evitar que la historia llegara al público.
Dentro del gabinete de Bush, el
vicepresidente Cheney y sus dos inmediatos consejeros,
Libby y Addington, fueron los
impulsores y sostenedores de que los programas de interrogatorios no se
modificaran.
Cuando Bush comenzó su segundo
período en 2005, un grupo de funcionarios de alto nivel, dirigido por la
secretaria de Estado, Condoleezza Rice, impulsaron el abandono de algunos
de esos métodos de detención e
interrogación aduciendo que "dañaban la imagen y credibilidad de EEUU en todo el
mundo".
Rice llegó a expresar en la Casa
Blanca su preocupación de que después de Abu Ghraib,
“esas políticas amenazaran con el legado del Presidente”, según afirmaron medios
estadounidenses.
La línea de los "moderados" proponía cerrar
la prisión en Guantánamo, permitir a los inspectores de ONU recorrer la misma, y
la petición de atenerse al Artículo III de la Convención de Ginebra, que prohíbe
un tratamiento “cruel, degradante e inhumano” hacia los prisioneros.
Tanto Cheney como Addington (ahora su jefe de gabinete) , utilizaron su influencia posteriormente para aplastar
las ideas de cambio.
Nesweek afirma que
los abogados de la
administración intentaron sin suerte convencer a Cheney y Addington de que se retractaran
de la política de negar a los “combatientes enemigos” el acceso a apoyo legal.
Tanto Cheney como Addington
se siguen rehusando, y el vicepresidente,
utilizando su influencia, sigue proyectando su voluntad personal en las
decisiones presidenciales de George W. Bush.
En el centro de la tormenta:
Valerie Plame y su esposo, Joseph Wilson.
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En los últimos días el llamado "CIA-Gate"
, desatado tras la revelación del nombre de la espía encubierta
de la CIA, ya ha salpicado a los principales funcionarios de la administración Bush,
terminó con la carrera política de Lewis Libby como jefe del gabinete
vicepresidencial, y ahora
amenaza al propio
vicepresidente Cheney, de quien The New York Times dice que tuvo una
participación en el escándalo.
"La acusación a Libby muestra
cómo la administración fabricó y manipuló información de inteligencia para
vender la guerra en Iraq e intentar destruir a aquellos que se atrevieron a
desafiar sus acciones", afirmó el líder de la minoría demócrata en el Senado,
Harry Ried, en un directo ataque al presidente del comité, Pat Roberts, de
estrechos vínculos con Cheney y Addington.
En su acusación, el fiscal Fitzgerald reveló que el propio Cheney fue
informado de la relación de Wilson con Plame por el entonces director de la
CIA, George Tenet. Cheney entregó luego ese dato a Libby, quien a su vez lo
habría filtrado a la prensa.
La estrecha relación entre Cheney y Libby --llegaban juntos a la oficina por las
mañanas, y el segundo era huésped frecuente del rancho del primero en el
noroccidental estado de Wyoming-- lleva a sospechar que el vicepresidente
autorizó o estuvo por lo menos al tanto de la filtración.
A pesar de que la acusación del
fiscal al renunciante Lewis Libby, convierte a éste en un fusible para que el escándalo
no alcance al vicepresidente y al principal asesor de Bush, los analistas y
medios estadounidenses coincidían el viernes en que los opositores "van por
la cabeza de Cheney".
Y por supuesto, de su escriba de torturas, su
flamante nueva "mano derecha",
David Addington.
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