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(IAR-Noticias)
23-Dic-05
En
una votación sobre el filo del receso de fin de año, el Senado de EEUU extendió
por sólo cinco semanas la vigencia a la "Ley Patriota", promulgada tras
los atentados del 11-S, causándole otra derrota estrepitosa a la
administración Bush que confiaba en conseguir por lo menos 6 meses de prórroga
hasta emprender una nueva negociación.
La prórroga de cláusulas clave de la
ley antiterrorista que expiraban el 31 de diciembre fue decidida el jueves en la
última sesión del Senado antes de su receso de fin de año.
La decisión del Senado que mantiene
en vigencia la "Ley Patriota" hasta el 3 de febrero fue tomada después de que la
Cámara de Representantes rechazara una prórroga de seis meses aprobada el
miércoles por la Cámara Alta (Diputados).
La Cámara
Alta aprobó el miércoles extender durante seis meses
disposiciones clave del Acta Patriótica, la principal herramienta de la "guerra
contra el terrorismo" del presidente Goerge W. Bush que había sido rechazada por
el cuerpo la semana pasada, y que expiraban en 10 días.
La suerte de la Casa
Blanca comenzó a ir de mal en peor
cuando, sorpresivamente, el viernes de la semana pasada, utilizando una táctica
de dilación parlamentaria llamada "filibusterismo" legisladores
demócratas y republicanos lograron momentáneamente paralizar en el
Congreso de EEUU la prórroga y renovación de la llamada "Ley Patriota"
sancionada después de los ataques terroristas de septiembre de 2001.
El día anterior,
republicanos y demócratas habían alcanzado un convenio, por medio del
cual se extendería la vigencia de la polémica "Ley Patriota", sancionada después
de los ataques terroristas de septiembre de 2001 para espiar y controlar los
movimientos de "sospechosos de terrorismo" en territorio estadounidense.
Luego de meses de caldeados debates,
representantes de ambas bancadas en el Congreso norteamericano habían consentido
confirmar 16 estatutos del Acta Patriótica que expiraban en seis semanas,
indicaron fuentes parlamentarias.
En total, 14 de estos capítulos tendrían carácter permanente,
mientras que los dos restantes estarían vigentes por otros siete años.
Pero sorpresivamente, descontentos
con la ley, que, a su juicio, no contiene suficientes salvaguardas para los
derechos civiles, más de una decena de senadores de ambos partidos consiguió
torpedear la votación final, a través de lo que se conoce como
"filibusterismo'".
Esa táctica consiste en prolongar
de forma indefinida un debate y así impedir la votación definitiva de un
proyecto impopular.
Esta semana la Casa Blanca volvió a
presionar al Congreso y consiguió que la Cámara Alta votase la prórroga por 6
meses, el miércoles, de la polémica ley, hasta que el jueves el Senado rebajó
a solo cinco semanas su vigencia.
 Aprobada
en un principio tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, el Acta
Patriótica ampliaba la autoridad del Gobierno federal para organizar
búsquedas secretas, obtener grabaciones privadas, interceptar llamadas
telefónicas y aplicar otras medidas para encontrar a personas sospechosas de ser
"terroristas".
La mayoría de las disposiciones de la ley facultan al Gobierno a llevar a cabo
medidas policiales, entre ellas registros y redadas, pero habían sido puestas en
tela de juicio por grupos de defensa de los derechos humanos que argumentaban
que violan las libertades civiles.
Luego del rechazo a la ley en el
Congreso, George W. Bush, el viernes pasado, arremetió contra
los senadores que obstruyeron la renovación de la Ley Patriótica, asegurando que
su acción es inexcusable y supone poner en riesgo al país ante la amenaza de un
nuevo atentado terrorista.
La expiración de la Ley Patriótica pone en peligro a Estados Unidos y colocará
al país en una situación de debilidad", aseguró el miércoles el presidente estadounidense
en una alocución pronunciada desde la Casa Blanca.
"La Ley Patriota nos ha ayudado a desbaratar conspiraciones terroristas y romper
células terroristas en EEUU. Los terroristas están decididos a atacar nuevamente
a EEUU y causarle todavía más daño que el del 11 de septiembre de 2001", señaló
el miércoles Bush antes de viajar a Camp David (Maryland), donde pasará las
festividades.
"Trabajaré estrechamente con la
Cámara y con el Senado para asegurar que no estemos sin esta ley ni por un día",
añadió.
La exigua extensión por solo cinco
semanas pone nuevamente a Bush y a la Casa Blanca en otra carrera contra reloj
para conseguir que el Congreso les aprube la "Ley Patriota" en lso términos
negociados la semana pasada.
Respondiendo a la guerra por el poder
y en una clara politización del tema ante los comicios de 2006,
los republicanos defensores del polémico texto dejaron entrever que harán
responsables a los demócratas si no se llega a un acuerdo en los próximos
días, y la ley caduca a finales de diciembre.
En medio de la guerra (los demócratas quieren echar a Bush de la Casa
Blanca como sea) senadores demócratas como Harry Reid y Patrick Leahy
insistieron, en nombre de la oposición, en que debe haber un equilibrio entre
la seguridad nacional y los derechos civiles.
Edward Kennedy denunció que la ley
establecía un "Gran Hermano" para espiar al ciudadano común explotando la figura
de la "sospecha" de actividades terroristas".
George W. Bush y funcionarios de alta jerarquía de la Casa Blanca , entre ellos
el secretario de Justicia, Alberto Gonzáles, han insistido en que el Congreso
debe prorrogar la ley por ser una herramienta clave en la "lucha contra el
terrorismo".
Para el conjunto de los medios norteamericanos, la votación en el Senado pone
en peligro el futuro inmediato de la denominada "Ley Patriota" ('Patriot Act'),
promulgada por el presidente Bush poco después de los atentados del 11 de
septiembre de 2001.
La ley amplió los poderes de los
servicios de inteligencia (principalmente del FBI) para espiar a presuntos
terroristas y controlar las comunicaciones y los archivos secretos de los
ciudadanos comunes sometidos a los decálogos de la "guerra contraterrorista" de
Bush aplicados al territorio estadounidense.
Cuando fue aprobada la Ley
Patriota los ciudadanos norteamericanos y residentes en el país vieron
vulnerados y pisoteados sus más elementales derechos
humanos y libertades civiles.
Las
metodologías represivas utilizadas por las autoridades
y los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría, en plena euforia del
"anticomunismo" paranoico, volvieron a ser implementadas por
la administración Bush utilizando como pretexto el ataque
terrorista del 11-S en EEUU.
Al igual que la criminal Ley McCarthy-Walter,
empleada durante la Guerra Fría, la USA Patriot socavó las libertades públicas y
civiles en EEUU, desató una "cacería de brujas " contra la
comunidad islámica, y convirtió al país en una orgía desatada del espionaje
represivo.
Siguiendo las pautas establecidas por la política del gobierno de Bush tras los
ataques terroristas del 11 de septiembre, el FBI argumenta
que se ve obligado a poner en práctica estas medidas debido al
estado de "guerra contra el terrorismo", la que
-según el criterio oficial- está ppor encima a todas las libertades
civiles fundamentales, inclusive la Primera Enmienda a la Constitución, que
garantiza la libertad de expresión y la asociación libre.
El espionaje telefónico
 El
accidentado debate sobre la ley coincidió con la revelación la semana pasada de
que el presidente había autorizado espiar sin permiso judicial las
comunicaciones de estadounidenses sospechosos de tener vínculos terroristas.
Esa decisión fue duramente criticada
por legisladores demócratas y republicanos, pero el jueves el Gobierno defendió
el programa y señaló que la seguridad del país está por encima de las
preocupaciones por la privacidad que puedan tener los individuos objetos del
espionaje.
En una carta dirigida a los
presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del
Senado, el Departamento de Justicia afirmó que Bush permitió la intervención de
las comunicaciones sin autorización judicial en un esfuerzo por impedir
ataques terroristas contra Estados Unidos.
"Hay en juego un importante y
legítimo interés por la privacidad con respecto a las actividades reveladas por
el presidente", señaló en la carta el subsecretario de Justicia, William
Moschella.
Moschella afirmó que Bush actuó en el
marco de la legalidad cuanto autorizó a la Agencia Nacional de Seguridad para
que se intervinieran las comunicaciones internacionales de presuntos terroristas
con miembros de la organización Al Qaeda.
Añadió que Bush basó el programa de
espionaje interno en una resolución del Congreso de 2001 y afirmó que las
facultades del presidente como comandante en jefe le dan "la responsabilidad
de proteger a la nación".
Esa resolución "claramente contempla
acciones dentro de Estados Unidos" e incluyen la facultad del presidente de
impedir el terrorismo dentro del país, añadió.
Esta semana
el diario The New York Times, que cita documentos oficiales ahora
desclasificados, señaló que agentes del FBI especializados en
"contraterrorismo" realizaron numerosas operaciones de espionaje e
inteligencia que incluyeron a grupos de activistas en causas tan diversas como
combate a la pobreza, medio ambiente y protección de animales. Funcionarios del Federal Bureau of Investigations,
por su parte, salieron a defenderse al
asegurar que sus agentes no tienen interés en monitorear actividades sociales o
políticas y que las investigaciones que tocaron a grupos de activistas
estuvieron siempre respaldadas por pruebas de que había actividades criminales o
violencia política.
Según Ther New York Times, así se investigó no sólo a organizaciones que podrían tener actividades
terroristas sino a grupos y ONG que, según la Casa Blanca, podría servir a
aquellas aunque sea indirectamente.
The New York Times accedió a estas pruebas gracias a que el grupo ACLU, Unión de
Libertades Civiles, invocó la Ley de Libertad de Información (Freedom of
Information Act) para desclasificar documentos de entes públicos, en este caso
el FBI.
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