SECCIONES

(IAR-Noticias)  26-Dic-05                                                       

Según el diario The New York Times el volumen de información recogido en escuchas y espionaje clandestino -tanto telefónico como en  Internet- por la Agencia Nacional de Seguridad fue muy superior del que admitió oficialmente la Casa Blanca.

El diario estadounidense -citando fuentes de autoridades actuales y ex funcionarios- señaló señaló que la información fue recogida interviniendo en forma directa algunas de las principales arterias del sistema de telecomunicaciones de EEUU.

El Times cita autoridades gubernamentales e industriales que, con conocimiento del programa secreto, dijeron que la ANS buscaba analizar patrones de comunicación para reunir pruebas de detalles como quién llama a quién, cuánto dura una llamada telefónica y en qué hora del día se realiza, así como el origen y el destino de las llamadas y de los mensajes de correo electrónicos.

Para la ejecución de ese programa de espionaje la  ANS obtuvo la cooperación de empresas de telecomunicaciones por la cual accedió a las comunicaciones locales e internacionales sin requerir órdenes judiciales.

Dentro de los marcos constitucionales -violados por la ANS-  este llamado "análisis de patrones" sobre comunicaciones dentro de EEUU requeriría una orden judicial si el Gobierno quisiera saber quién llamó a quién.

Un ex director de telecomunicaciones tecnológicas señaló al diario que empresas líderes industriales estuvieron almacenando información sobre llamadas de "muestra" y entregándolas al Gobierno federal para ayudar a rastrear a posibles "terroristas" desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Según The New York Times, las llamadas hacia y desde Afganistán eran de particular interés para la ANS.

Esta semana el  presidente estadounidense George W. Bush y sus más importantes funcionarios dijeron que sus órdenes para escuchas clandestinas sin permisos judiciales estaban limitadas al seguimiento de llamadas y mensajes electrónicos con el exterior, relacionados exclusivamente con personas que mantienen "vínculos con el grupo Al Qaeda".

Sin embargo, lo que no dijeron Bush y los funcionarios de la Casa Blanca , según el Times, es que los expertos y técnicos de la ANS revisaron minuciosamente -e indiscriminadamente- grandes cantidades de llamadas y tráfico de Internet de particulares buscando señales que apuntaran a "sospechosos extremistas".

Según el Times, sus fuentesseñalaron que altas autoridades del Gobierno se valieron de las grandes compañías de telecomunicaciones para obtener acceso a llaves que actúan como entrada entre EEUU y las rutas de comunicaciones internacionales.

Las fuentes del Times describieron el programa como una "enorme operación de extracción de información", asegurando que fue mucho más grande de lo que admitió la Casa Blanca.

Según técnicos y expertos consultados por el Time,  llamadas de un país extranjero a otro pueden ser  desviadas a través de llaves en Estados Unidos.

 Expertos en comunicaciones que  trabajaron con la ANS señalaron que en años recientes los funcionarios del Gobierno estuvieron alentando a la industria del sector a traer más tráfico internacional a través de esas llaves.

The New York Times aclara que los responsables que hablaron con el periódico pidieron el anonimato, dado que  los detalles del programa son "confidenciales".

Aunque el diario requirió detalles técnicos de la operación, los funcionarios del área en la Casa Blanca se negaron a proporcionarlos, señala The New York Times.

El accidentado debate sobre la "Ley Patriota" (ley madre del espionaje "contraterrorista")  coincidió con la revelación la semana pasada de que el presidente había autorizado espiar sin permiso judicial las comunicaciones de estadounidenses sospechosos de tener vínculos terroristas.

Esa decisión fue duramente criticada por legisladores demócratas y republicanos, pero el jueves el Gobierno defendió el programa y señaló que la seguridad del país está por encima de las preocupaciones por la privacidad que puedan tener los individuos objetos del espionaje.

En una carta dirigida a los presidentes de los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado, el Departamento de Justicia afirmó que Bush permitió la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial en un esfuerzo por impedir ataques terroristas contra Estados Unidos.

"Hay en juego un importante y legítimo interés por la privacidad con respecto a las actividades reveladas por el presidente", señaló en la carta el subsecretario de Justicia, William Moschella.

Moschella afirmó que Bush actuó en el marco de la legalidad cuanto autorizó a la Agencia Nacional de Seguridad para que se intervinieran las comunicaciones internacionales de presuntos terroristas con miembros de la organización Al Qaeda.

Añadió que Bush basó el programa de espionaje interno en una resolución del Congreso de 2001 y afirmó que las facultades del presidente como comandante en jefe le dan "la responsabilidad de proteger a la nación".

Esa resolución "claramente contempla acciones dentro de Estados Unidos" e incluyen la facultad del presidente de impedir el terrorismo dentro del país, añadió.

Esta semana  el diario The New York Times, que cita documentos oficiales ahora desclasificados, señaló que agentes del FBI  especializados en "contraterrorismo" realizaron numerosas operaciones de espionaje e inteligencia que incluyeron a grupos de activistas en causas tan diversas como combate a la pobreza, medio ambiente y protección de animales.

Funcionarios del Federal Bureau of Investigations, por su parte,  salieron a defenderse al asegurar que sus agentes no tienen interés en monitorear actividades sociales o políticas y que las investigaciones que tocaron a grupos de activistas estuvieron siempre respaldadas por pruebas de que había actividades criminales o violencia política.

Según Ther New York Times, así se investigó no sólo a organizaciones que podrían tener actividades terroristas sino a grupos y ONG que, según la Casa Blanca, podría servir a aquellas aunque sea indirectamente.

The New York Times accedió a estas pruebas gracias a que el grupo ACLU, Unión de Libertades Civiles, invocó la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act) para desclasificar documentos de entes públicos, en este caso el FBI.
 

 VOLVER A HOME