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miércoles, 25 de enero de 2006

Bolivia: ¿Quién controla al ejército?

Morales jubiló a 28 generales y nombró a un Ministro de Defensa de las transnacionales

Evo Morales da señales contradictorias: jubila a 28 generales por la entrega de misiles a EEUU y su apoyo a gobiernos neoliberales, pero designa como ministro de Defensa a una ficha de las transnacionales.
 

(IAR-Noticias) / Econoticias Bolivia 26-En-06 

Informe especial

En medio de escándalos y una dura lucha por el control del poder coercitivo del Estado, el presidente Evo Morales jubiló a 28 generales y posesionó esta mañana a un nuevo Alto Mando Militar y al Comandante de la Policía.

Las nuevas autoridades militares son el general de División Wilfredo Vargas Valdez, comandante en Jefe de Fuerzas Armadas; el general de Brigada Aérea Carlos Antelo Lenz, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de Brigada Freddy Bersatti Tudela, comandante General del Ejército, el general de Brigada Aérea Luis Trigo Antelo, comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, y el contralmirante José Alba, comandante General de la Fuerza Naval.

El nuevo comandante de la Policía Nacional es el general Isaac Pimentel.

La posesión se realizó en Palacio, donde algunos militares de alta graduación y sus familiares fueron sacados a empellones, tras protagonizar incidentes menores cuestionando la decisión de Morales de eliminar de la carrera militar a 28 generales, que pasan a la reserva activa, y elegir como jefes a otros.

Los afectados acusaron a Morales de violentar las normas internas de las Fuerzas Armadas, pero desde Palacio se deslizó la versión de que éstos habían sido pasados al retiro por estar vinculados con la entrega de misiles a Estados Unidos y con las masacres y represión durante el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en febrero y octubre del 2003.

Los acusados replicaron, sin embargo, que el nuevo mando elegido por Morales estaba conformado por generales que participaron de estas dos acciones.

En esta lucha por el control de las Fuerzas Armadas, la designación del nuevo ministro de Defensa, Walker San Miguel Rodríguez, contribuyó a generar una mayor desazón, ya que esta autoridad que tiene la misión institucional de dirigir y controlar a los uniformados fue cuestionada por sectores sociales y parlamentarios.

Algunos sectores del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) acusaron a San Miguel de ser militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido del ex presidente Sánchez de Lozada y un fiel defensor del neoliberalismo y de la entrega de las empresas públicas a las transnacionales.

Según el diputado del MAS, Iván Canelas, el nuevo ministro sería un "movimientista arrepentido". La designación de San Miguel se produce a los pocos días que el MNR viabilizara, con el voto de su único parlamentario, la elección del masista Santos Ramírez en la presidencia de la Cámara de Senadores, por lo que algunos sindicalistas como Roberto de La Cruz interpretaran que hubo una tácita y coyuntural alianza entre los partidarios de Sánchez de Lozada, actualmente refugiado en Estados Unidos, y la nueva administración gubernamental. El gobierno negó la acusación.

Sin embargo, las organizaciones sociales y familiares de las víctimas de Sánchez de Lozada advirtieron que con San Miguel en el gobierno podría haber un mayor encubrimiento e impunidad para los militares que dispararon contra el pueblo en las masacres de febrero y octubre del 2003.

Sobre Walker San Miguel Rodríguez pesan otros cuestionamientos por su vinculación con la política de destrucción y saqueo de la ex línea área bandera de Bolivia.

Este abogado es director secretario del directorio del Lloyd Aéreo Boliviano, controlado ilegal, aviesa y fraudulentamente por el empresario cochabambino, Ernesto Asbún. Se cuestiona que San Miguel avaló y dejó sin sanción el irregular accionar de Asbún para tomar el control de la ex línea aérea estatal que estaba en manos del brasileño Wagner Canedho de la VASP.

Según la documentación remitida por el Parlamento Nacional, la administración brasileña, tras saquear y llevar a la bancarrota a la línea bandera, entregó a precio simbólico sus acciones a Asbún para evitar que la justicia boliviana se las confisque, en un acto irregular y oscuro.

Actualmente la Asociación de Pilotos del LAB ha pedido que el Estado intervenga la empresa para detectar las irregularidades y delitos que fueron pasadas por alto por San Miguel.

 

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