|
(IAR-Noticias)
15-Jun-05
AFP
El
catalán, el vasco y el gallego serán lenguas de "uso
oficial" en las instituciones europeas, aunque no estarán
reconocidas específicamente como idiomas oficiales de la
UE, según el acuerdo alcanzado este lunes en Luxemburgo
por los ministros de Exteriores de los Veinticinco.
"La puerta de Europa se ha abierto para el uso oficial de
estas lenguas. Es un gran día para los ciudadanos
españoles, porque más de diez millones de ellos que
utilizan estas lenguas en su vida diaria verán aumentados
sus derechos", afirmó el secretario de Estado para Asuntos
Europeos, Alberto Navarro, al referirse a lo que consideró
un "logro" del Gobierno español.
La inclusión del gallego, el vasco y el catalán como
lenguas oficiales de la UE había sido reclamado por España
el pasado 13 de diciembre, hace exactamente seis meses, y
dio lugar a una dura batalla a nivel diplomático que
rindió sus frutos el lunes en Luxemburgo.
La iniciativa
adoptada por los cancilleres prevé la publicación en estas
lenguas de las principales decisiones adoptadas por las
instituciones europeas, su utilización en el
Europarlamento y algunas reuniones del Consejo Europeo
bajo ciertas condiciones, y la posibiliad de que los
ciudadanos concernidos puedan utilizarlas en sus
comunicaciones escritas a las instituciones europeas.
De todos modos, el texto deja en claro que el catalán, el
gallego y el vasco no serán lenguas oficiales de la UE.
Para esto se requería la modificación de una
reglamentación sobre lenguas de la Unión Europea que data
de 1958, y para la cual se exige el voto unánime de los 25
miembros de la UE.
A pesar de que
no se logró este reconocimiento jurídico, es la primera
vez en la historia de la Unión Europea que un país
consigue incluir el uso dentro de las instituciones
europeas de lenguas cooficiales en su Constitución, según
explicó Navarro.
Sólo Irlanda, que incluyó al gaélico como segunda "lengua
oficial" al entrar a la UE en 1972, había logrado un
reconocimiento de este tipo. Tras la adopción de la
iniciativa, España deberá negociar ahora acuerdos
administrativos con las diferentes instituciones europeas
y elaborar una norma jurídica a nivel nacional, antes de
lograr que la medida tenga uso efectivo.
Según estimó Navarro, esto podría ocurrir a partir de
octubre próximo y tendría un costo máximo de 1,5 millones
de euros anuales para las tres lenguas en cuestión, que
será asumido por el gobierno español como parte de las
concesiones que asumió Madrid para convencer a sus socios
más reticentes, como Holanda, que hasta el domingo por la
noche trababa el tema.
Para evitar una
avalancha de pedidos similares de otros países de la Unión
Europea, el texto adoptado por los cancilleres establece
una serie de rigurosos criterios a cumplir.
Entre estos criterios se menciona la necesidad de que la
lengua en cuestión esté reconocida en la Constitución del
país que realice el reclamo con estatuto oficial en todo
su territorio o en parte, o que su empleo a nivel nacional
sea autorizado por la ley. Esta última cláusula fue
incluida a pedido de Luxemburgo, que planea realizar una
demanda similar a la de España para que se reconozca el
"uso oficial" del luxemburgués a nivel comunitario.
|